16 Noviembre 2010
Tribuna. La Firma
España abandonó el territorio del Sahara Occidental hace ahora 35 años, incumpliendo sus compromisos de garantizar la descolonización. Aunque aseguró la salida de militares, comerciantes y funcionarios, abandonó a su suerte a los saharauis. La semana pasada Marruecos atacó el campamento de Agdaym Izik, donde más de 20.000 saharauis se encontraban concentrados pacíficamente reclamando mejoras sociales y económicas. La protesta se trasladó a El Aaiún. Hoy la ciudad está sometida a estado de sitio, se desconoce el número de muertos, heridos y el alcance real de los hechos porque Marruecos impide el acceso a la prensa. Entre los muertos figura un español, Babi Hamday Buyema, saharaui con nacionalidad española, su cadáver permanece en una morgue.
Este crimen nos ha recordado la existencia de miles de saharauis con nacionalidad española repartidos entre España, los campamentos de Tinduf y el Sahara ocupado por Marruecos. Seguirán siendo españoles hasta que se ultime el proceso de descolonización en el que decidan su destino. Lo cierto es que no hablamos de un mayor número de “españoles” por los obstáculos que la administración pone a los saharauis que intentan obtener la documentación española en regla y a la que por origen tienen derecho. En el número del pasaporte de los saharauis residentes en Argelia figura el 09, indicativo de que el pasaporte es sólo un título de viaje y que no tienen nacionalidad argelina. En el pasaporte marroquí una SH que los distingue de los marroquíes. El artículo 14 de la Constitución española dice que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza (…) o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Los saharauis españoles, sin embargo, no tienen los mismos derechos que el resto de españoles. El caso de Babi Hamday demuestra que esa igualdad no existe. En estos momentos y bajo la ocupación marroquí otros saharauis españoles se encuentran igualmente desprotegidos y amenazados. La protección de nacionales españoles en el extranjero es una obligación del Estado de acuerdo con la Constitución que afirma que «la voluntad de proteger a todos los españoles (…) en el ejercicio de los derechos humanos». El ejercicio de esta protección corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores (artículo 1 del RD 1124/2008 sobre la estructura y funciones de este Departamento). Frente a los ataques a la libertad de prensa en Marruecos y el Sahara Occidental, agresiones físicas incluidas, el Ministerio de Asuntos Exteriores permanece pasivo. La reacción de la ministra Dª Trinidad Jiménez ante la muerte de un ciudadano español se ha limitado a pedir una “aclaración”. Nadie duda que hoy está ocurriendo una tragedia. A la sociedad española no le es indiferente el destino del pueblo saharaui y su interés es correspondido por los medios de comunicación, a la altura de las circunstancias. Marruecos no quiere testigos y arremete contra periodistas y medios españoles para que no cubran los acontecimientos. El Presidente ha declarado que “los intereses de España son lo que el Gobierno tiene que poner por delante». ¿Qué hay mas importante que la vida, libertad y la integridad física? Las imágenes de colonos marroquíes patrullando El Aaiún machete en mano nos traen a la memoria la limpieza étnica de Ruanda y Timor Oriental.
El ataque al campamento de Agdaym Izik y la posterior represión marcan un punto de no retorno en este conflicto y tendrán dos víctimas colaterales. La primera, la propuesta de autonomía marroquí para la solución del mismo, imposible creer en ella, ahora menos que antes. La segunda, el pretendido compromiso del Gobierno español –y el partido que lo apoya– con los derechos humanos. Zapatero justificaba la retirada de las tropas de Irak en que “no quiere, no puede y no va a actuar en contra ni de espaldas a la voluntad de los españoles”. El PSOE proclama en su programa electoral “la defensa activa y universal de los Derechos Humanos y la condena de todo lo que la degrada, incluida la tortura”. El Gobierno no ha condenado las actuaciones de Marruecos. Este, con la impunidad garantizada por parte de sus aliados, seguirá cometiendo sus crímenes, sin testigos.
Luis Mangrané Cuevas
Vicepresidente del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental