OCHO JURISTAS (cinco españoles, dos franceses y un belga), EXPULSADOS DE MARRUECOS.

Este colectivo internacional de juristas estaba en Rabat en misión de apoyo a los presos políticos saharauis, el grupo de defensores de derechos humanos y activistas saharauis más vulnerable en estos momentos. Los abogados, además de reunirse sus homólogos saharauis, querían visitar a los presos políticos de Gdeim Izik para conocer su estado de salud tras 37 días en huelga de hambre exigiendo justicia, un trato digno y su inmediata liberación.
Alrededor de las cinco de la tarde fueron abordados en el hotel de Rabat donde se habían alojado por un grupo de personas que se identificaron como policías, pidiéndoles sus pasaportes. Fueron conducidos a una comisaría, donde les requisaron sus teléfonos móviles. Se les incomunicó e interrogó por separado durante más de cuatro horas, hasta que por la noche fueron conducidos al hotel. Se negó atención médica a uno de los detenidos que sufrió una caída al entrar en el vehículo policial y se les impidió la comunicación con sus respectivas embajadas. En estos momentos los juristas andaluces están siendo trasladados a Tánger en coches policiales para su expulsión por vía marítima al puerto de Algeciras. El resto del grupo ha sido expulsado vía Casablanca hacia Canarias y vía Rabat hacia Madrid.
Juristas expulsados:
FRANCISCO SERRANO RAMIREZ, abogado español (Sevilla), presidente de AJASAHARA (Asociación de Juristas Andaluces por el Sahara) y ex alcalde de Montellano
JUAN CARLOS GÓMEZ JUSTO, abogado español (Sevilla) y miembro de SAHARUPO
MARÍA NIEVES CUBAS ARMAS, abogada española.
JESÚS MARÍA MARTÍN MORILLO, magistrado-juez español.
ALTAMIRA GUELBENZU GONZALO, abogada española.
M. INGRID METTON, abogada francesa.
ERIC DAVID, abogado belga.
JOELLE TOUTAIN, asistente Francesa
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRESOS DE GDEIM IZIK
El 17 de febrero de 2013 un tribunal militar marroquí condenaba a 25 civiles saharauis por su participación en el campamento de protesta de Gdeim Izik, que se dispersó violentamente por las fuerzas de ocupación marroquíes el 8 de noviembre de 2010 a pesar de que su gobierno negociaba con los portavoces de los 20.000 manifestantes.
El veredicto les imponían penas entre 20 años y cadena perpetua, a excepción de a dos de los activistas que fueron condenados a dos años y puestos en libertad tras dos años y tres meses de prisión preventiva. Hassana Aalia, otro de los juzgados, fue condenado en rebeldía a cadena perpetua. El joven se encontraba en España en el momento de la detención del grupo. Pidió asilo político en nuestro país por el riesgo que corría su vida, denegándoselo el Gobierno; lo que causó una gran protesta del movimiento de solidaridad.
Los 21 detenidos restantes ya llevan cinco años encarcelados. Durante el juicio, denunciaron haber sido torturados y obligados a firmar declaraciones falsas, pero el juez se negó a investigar estas acusaciones de maltrato y abusos. Además el tribunal no llevó a cabo las pruebas de ADN sobre las armas incautadas y la fiscalía no presentó ninguna evidencia convincente de material o testigos que implicaran a los acusados ​​en la violencia. A pesar de los intentos de apelar la decisión del tribunal, las autoridades marroquíes lo han impedido hasta el momento negándole a los presos su derechos esenciales. Marruecos por exigencias de la comunidad internacional emitió una legislación en julio de 2015 que impide que los civiles sean juzgados por tribunales militares, pero no ha revisado este caso hasta el momento.
Los presos políticos saharauis se encuentra en una situación total de indefensión, que además repercute en su familias aumentado su angustia. Precisamente hoy los hijos del preso político Mbarek Daoudi, que denunció la ubicación de las fosas comunes de saharauis asesinados por las autoridades marroquíes, han sido llevado al juez por tratar de llevar comida a su padre.
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