Crónica de una defección continuada. El Sáhara Occidental y los gobiernos democráticos españoles

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Bucharaya Hamudi Beyun

Miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y Delegado Saharaui para España.

Mohamed Ali Ali Salem

Responsable de asuntos políticos y cultura en la Delegación Saharui para España.

 El Sáhara Occidental -hasta 1976 más conocido como el Sáhara Español- es un territorio no autónomo según Naciones Unidas cuya potencia administradora de iure es España. Cada año es tratada esta cuestión en el Comité de descolonización junto a otros 16 territorios pendientes de descolonización.

La presencia española en el Sáhara Occidental duró alrededor de un siglo, siendo interrumpida por la invasión perpetrada por Marruecos y por el régimen de Uld Dadah de Mauritania. En una tentativa para «legitimar« dicha ocupación España firma con estos países los llamados acuerdos tripartitos de Madrid donde cede ilegalmente el territorio a «una administración provisional« en espera de la celebración de un referéndum de autodeterminación. Estos acuerdos son ilegales desde una perspectiva jurídica internacional y nunca han sido reconocidos por Naciones Unidas. En este sentido es clarificador el veredicto del Hans Correl (jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas) que en su informe de 2002 dice al respecto:

“Los Acuerdos de Madrid no transfirieron la soberanía sobre el Territorio ni confirieron a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora. Un estado solo, España, no podía transferir unilateralmente la administración del territorio. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional de territorio no autónomo del Sáhara Occidental”.

 La entrega del Sáhara Occidental a los dos ocupantes se efectúa en los últimos meses del régimen franquista, cuestión que desencadenó una larga y dolorosa guerra que aún perdura; sin enfrentamiento bélico desde 1991 pero con los demás componentes de esta contienda latentes y cruentos, tal como la violación sistemática de los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos.

El fin del franquismo dio paso a la transición en España hacia la democracia con el triunfo de UCD liderada por Adolfo Suarez, cuyos gobiernos (1977-82) no toman ninguna decisión relevante con respecto al Sáhara Occidental.

En diciembre de 1982 se celebran las 3º elecciones generales con el triunfo del PSOE y se inicia un periodo aparentemente esperanzador para los saharauis y su causa dado que el partido ganador de las elecciones -y en concreto su líder Felipe González- había apoyado la causa saharaui, visitando los campamentos de refugiados en noviembre de 1976, al año de cumplirse la entrega del Sáhara a los nuevos ocupantes. En esa ocasión pronunció un discurso donde se comprometía con la Historia hasta la victoria del pueblo saharaui. Felipe González afirmaría en esa alocución:

“Hemos querido estar aquí hoy 14 de noviembre de 1976 para demostrar con nuestra presencia, nuestra repulsa y nuestra reprobación por el acuerdo de Madrid de 1975(…)Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final(…)Como parte del pueblo español, estimo de vergüenza que el Gobierno no haya sólo hecho una mala colonización sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania(…)Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”.

Esta responsable, consecuente y preciosa alocución expresada por un Felipe González aun en la oposición pronto sería desatendida. Con la llegada de los socialistas liderados por Felipe González en diciembre de 1982 se preveía un posicionamiento acorde a la legalidad internacional que salvaguardara el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, que hiciera que España cumpliera con sus compromisos y responsabilidades para con el pueblo saharaui. Sin embargo Felipe González durante sus 14 años (1982-96) en el poder renegó de lo afirmado en un sinfín de ocasiones, contradijo la legalidad internacional, no cumplió con los compromisos de España como potencia administradora del Sáhara Occidental, contravino los loables principios del partido Socialista Obrero Español y traicionó, no solo a los saharauis sino a los socialistas, a las amplias bases de izquierdas y a la mayor parte de los españoles. Como colofón de todo ha quedado muy evidente su apoyo al régimen absolutista y reaccionario marroquí. Después de dejar la presidencia del gobierno, Felipe González, ha seguido prestando numerosos servicios a Marruecos convirtiéndose en« el mejor embajador de Marruecos«, fundamentalmente en América Latina. Tal vez lo más grave venga a ser su inmensa influencia en las políticas de su partido respecto al Sáhara Occidental, lo que conlleva que el partido vaya contra corriente de la legalidad, e incluso contra las posiciones de muchos dirigentes, alcaldes, diputados y de las propias bases del partido.

En 1996 llega al poder el Partido Popular bajo el liderazgo de José María Aznar, y la posición española en cuanto al conflicto del Sáhara Occidental toma un viraje sustancial, sobre todo en la última legislatura (2000-2004), teniendo como titular de exteriores a Josep Piqué. Rompe el Partido Popular con la tendencia entreguista, quebradiza e injusta y empieza a llamar a las cosas por su nombre, es la primera vez que oímos desde un gobierno español hablar de descolonización y de la responsabilidad de España en la cuestión saharaui. Recordamos con gratitud la posición de Aznar para impedir la imposición del “plan marco” que proponía Marruecos como solución al conflicto y que defendían los Presidentes Bush, Blair y Chirac. Aznar, al contrario, apoyaría una solución que permitiera a los saharauis ejercer su derecho a la autodeterminación y lo hizo valer ante el Presidente norteamericano logrando así evitar un grave error que ineludiblemente hubiera arrastrado a la región a la guerra. Las relaciones de España con Marruecos, a raíz de esta posición contraria a su ocupación ilegal al Sáhara Occidental, se deterioran alcanzando momentos muy álgidos, por todos es conocido el episodio de la isla del Perejil. Sin duda alguna en la trastienda de ello estaba el tema del Sáhara. Pero termina la última legislatura de los gobiernos de Aznar sin que se diera un segundo paso en esta buena dirección y orientado a la búsqueda de mecanismos para poner en marcha el proceso refrendario que se encontraba deliberadamente paralizado por Marruecos.

Suceden a los populares en el gobierno los socialistas en el año 2004 -en un clima recién sacudido por los criminales atentados del 11M- y de nuevo llega la política defensora de las tesis ocupantes marroquíes. Era un momento en que se habían levantado renovadas expectativas para los saharauis y para el movimiento solidario con el Sáhara Occidental, ya que era -supuestamente- la izquierda la que históricamente había apoyado la causa saharaui, a pesar de las contradicciones de los gobiernos de González.

La primera intervención del nuevo gobierno en el tema del Sáhara la hace el mismo Zapatero al poco tiempo de llegar a la Moncloa, cuando dijo que iba a proponer una iniciativa que solucionaría el problema en un máximo de seis meses. Luego le siguió su propuesta efectuada en Argel de celebrar una conferencia sobre el conflicto del Sáhara Occidental con la participación de Francia, España, Marruecos y Argelia, excluyendo a los saharauis que en realidad son la parte más concernida. Otra vez con tristeza y profunda decepción constataríamos que el PSOE emprendía de nuevo la política defensora de las tesis invasoras marroquíes. Y si el apoyo a Marruecos en sus anteriores gobiernos había sido altamente patente ahora se recrudece de tal forma que alcanzaría cotas bochornosamente inusitadas. Con Zapatero en el poder, y sus ministros de exteriores (Miguel A. Moratinos y Trinidad Giménez), la política cara al Sáhara Occidental enarbola el estandarte marroquí sin disimulos, se revela sin ropajes la segunda entrega del plan felipista y entra en fase de ejecución la fracasada tentativa de aniquilar el tema del Sáhara Occidental y, por extensión, hacer desaparecer al Pueblo Saharaui. Con ello no solo se pisotea la responsabilidad de España con respecto a este asunto, también se desatiende la defensa del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y se apoya el expolio de los recursos naturales de un territorio pendiente de descolonización, y del que España es potencia administradora. En conclusión, un gobierno de un partido que se llama progresista trabaja en pos de instaurar definitivamente un atropello a los derechos de un pueblo a vivir en paz y libertad, cumpliendo mansamente los dictados de una anacrónica monarquía que siempre ha hecho de la opresión y la vulneración de los derechos fundamentales su seña de identidad. No es baladí el trabajo realizado por Moratinos y Giménez ante gobiernos -sobre todo latinoamericanos- para evitar el reconocimiento de la RASD o, cuando menos, dificultar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la apertura de embajadas saharauis.

Hechos como lo acontecido cuando la huelga de Aminetu Haidar donde vimos a un apurado Moratinos a la deriva, pretendiendo convertir la infamia y la opresión marroquí en ejemplar conducta y apropiado proceder. Trinidad Giménez no ha sido menos que su predecesor en el cargo cuando los saharauis en Gdeim Izik encienden la antorcha del amanecer de la primavera árabe. Entonces se alineó sin ambages con el régimen marroquí amparando su feroz represión cuando el campamento de Gdeim Izik fue desmantelado a sangre y fuego. Alfredo Pérez Rubalcaba, durante esos mismos días, recibía al ministro del interior marroquí, que albergaba en su séquito al jefe de la gendarmería Housni Ben Slimane, imputado por genocidio ante la Audiencia Nacional y reclamado también por la justicia francesa por el “caso Ben Barka”. El Ministerio del Interior no sólo no lo detuvo sino que ni siquiera pondría algún tipo de impedimento para que integrara la delegación. En la misma línea argumental se emplearían otros dirigentes tales como Ramón Jauregui o Marcelino Iglesias.

Se hace necesario recordar el radical antagonismo de las actitudes del partido socialista en los lapsos gobierno-oposición, cuando años atrás, aún en la oposición, Trinidad Giménez y muchos dirigentes iban en la cabecera de las manifestaciones de apoyo al Sáhara y a los saharauis, y prometiendo y jurando que llegados al gobierno defenderían la celebración de un referéndum de autodeterminación según las resoluciones del Consejo de seguridad de Naciones Unidas.

En noviembre de 20011 se celebran elecciones generales que gana el Partido Popular -con Mariano Rajoy a la cabeza- con mayoría absoluta, comienza así una nueva andadura de la democracia española y una posible continuidad de la política de Aznar cara al Sáhara. Estas expectativas se fundamentan en la posición seguida por el gobierno de Aznar y el apoyo que ha ido manifestando el PP en la oposición durante las dos últimas legislaturas donde gobernaba Zapatero. Ahí se desarrollaría el apoyo en intervenciones tanto en el Congreso como en el Senado, la participación de muchos dirigentes de esta formación política en actos y manifestaciones pro saharauis, y el párrafo sobre el Sáhara Occidental en el programa electoral del partido para las elecciones generales de 2011. También aquí constatamos que llegados al poder, la actitud de los nuevos gobernantes populares es en cierta medida dispar a la tomada por los gobiernos de Aznar, aunque es justo reconocer la recuperación, en el inicio de esta legislatura, del apoyo a un referéndum de autodeterminación reflejado en la intervención del Presidente Mariano Rajoy ante la Asamblea General de la ONU. No obstante pronto se empieza a patentizar como, paulatinamente, se desvanecen las esperanzas de retomar posturas tendentes a propiciar una asunción de la responsabilidad de España y favorecedoras de una descolonización en sus justos límites.

En abril de este año 2013, la embajadora estadounidense Susan Rice presenta en Naciones Unidas una propuesta para que la MINURSO monitorice el tema de derechos humanos en el Sáhara Occidental con el propósito de aprobarlo en la nueva resolución del Consejo de Seguridad. Marruecos remueve cielo, mar y tierra para impedir el avance de la propuesta estadounidense. Francia, como es evidente, apoya a Marruecos en su negativa, pero lo que no era esperable es el apoyo a Marruecos de la diplomacia española, llevada a cabo directamente por el ministro de exteriores Sr. Margallo. El Consejo de Seguridad de la ONU, días después, aprueba una resolución sin añadir al mandato de la Minurso la vigilancia de los derechos humanos. Al día siguiente de publicarse la resolución del Consejo, las fuerzas de ocupación marroquíes reprimen brutalmente a manifestantes pacíficos saharauis en las zonas ocupadas. ¿No son cómplices aquellos gobiernos -entre los cuales está el gobierno español- por apoyar a Marruecos en su rechazo a la salvaguarda de los derechos humanos en el Sáhara Occidental? De nada valía ya que, después de ser aprobada la resolución del Consejo de Seguridad, sin contemplar el control y monitoreo de los derechos humanos, el Ministerio de Exteriores de España emitiese un comunicado donde muestra su apoyo a que la MINURSO salvaguarde los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Tampoco podemos obviar el anuncio de la retirada de los cooperantes españoles de los campamentos de Tinduf bajo pretextos totalmente infundados de falta de seguridad, y con base a que el Frente Polisario no ha adoptado medidas de seguridad para garantizar el trabajo de los cooperantes en los campamentos. Bien es sabido por el Ministerio de Exteriores -y en concreto la AECID y las Ongs destacadas en los campamentos- que el Frente Polisario sí ha cumplido con la parte que le corresponde en dichos aspectos. También en Ministro Margallo ha incurrido en el grave error de respaldar el rechazo marroquí a la continuidad del enviado personal del Secretario General de la ONU, Christopher Ross.

Todo lo anterior viene a patentizar la falta de coherencia y de lealtad jurídica y política de este gobierno, sumándose con ello, en cierta medida, a los gobiernos de Felipe González y Rodríguez Zapatero. En este sentido se puede concluir que desde la Transición hasta hoy en día ningún gobierno español ha asumido la responsabilidad que le compete a España en este asunto. Es más, escenifican un juego siniestro consistente en promover activamente el proceso de autodeterminación cuando se está en la oposición y desentenderse de dicha promesa cuando se llega al poder. Nos quieren convencer que la razón de gobierno impone abandonar las posiciones de partido tomadas cuando se está en la oposición. Parece ser que con la alternancia bipartidista (PP-PSOE) no habrá ningún gobierno que asuma las responsabilidades de España, como potencia administradora, con respecto al Sáhara Occidental. No son entendibles los motivos que lo imposibilitan ¿Cuál es la fuerza mayor y al parecer irresistible que impide que un gobierno español cumpla con sus responsabilidades y con ello defienda la legalidad internacional?

Por ello nos preguntamos:

¿Existe una fuerza o hipotética amenaza externa que obliga a España a apoyar las tesis de ocupación marroquíes? Argumento insostenible puesto que España es país de la Unión Europea a la vez que miembro de la OTAN. Atentar contra España es hacerlo contra Europa y la OTAN.

¿Están los intereses políticos y económicos de España vinculados de manera insustraible a Marruecos? Los intereses del Estado español, gobierne quien gobierne, están estratégicamente ligados a un Estado independiente en el Sáhara Occidental por lazos histórico-culturales, empatía social-cultural e incluso también proximidad geográfica.

Son harto conocidos los distintos ardides y artimañas que instrumentaliza Marruecos contra España para contar con su apoyo o su neutralidad, ora la inmigración ilegal ora el tráfico de droga ora las reivindicaciones de Ceuta y Melilla. Pero ¿Hasta cuando España, como Estado de derecho soberano real, estará sometida al chantaje marroquí? Situación que hará a España progresivamente más débil frente a una Estado como Marruecos. Pretextos en definitiva que no convencen y que nos hacen, de nuevo, preguntarnos, ¿Hay en España una fuerza supra gubernamental que obligue al gobierno a hacerle el juego a Marruecos?

Por el contrario los intereses económicos, estratégicos y culturales de España en el Sáhara Occidental habría que vincularlos a un sistema geoeconómico en el que se incluye a Argelia. No se puede sacrificar este sistema de intereses pretendiendo satisfacer las exigencias de Marruecos y mucho menos mimar los intereses de éste en detrimento del derecho colectivo del pueblo saharaui. Marruecos es país vecino de España, pero un vecino incómodo como lo es para el resto de países de su entorno. Independientemente de ello es lógicamente aconsejable tener con él las mejores relaciones y ayudarle, pero no a costa del derecho del pueblo saharaui ni sacrificando los intereses de España. Si España persiste en su parcializada inclinación y colaboración hacia Marruecos en el retraso de una solución que garantice un referéndum de autodeterminación, es posible que llegada la hora de la solución -que ineludiblemente llegara más pronto que tarde- el gobierno de España se encuentre en posición de Estado débil que le ausente de su protagonismo en la solución del conflicto y en la posterior generación de un Estado independiente.

Los acontecimientos del futuro inmediato esclarecerán algunas dudas, mientras tanto los saharauis seguirán luchando por recuperar sus derechos y su patria por vías legitimas -sin excluir ninguna- y no cejaran en su empeño hasta ver colmadas sus aspiraciones con veloz y paciente perseverancia en su lucha por la libertad y la justicia.