Denunciamos la expulsión de Ana y Pablo del Sahara Occidental por las autoridades de ocupación marroquíes

Ana Sebastian y Pablo Jiménez ya han llegado a Zaragoza y se encuentran bien.

Estos juristas aragoneses han sido expulsados por Marruecos cuando trataban de asistir como observadores internacionales al juicio del un activista saharaui en El Aaiun.

Intentaban participar en el juicio contra el activista saharaui El Fak Khalihenna, siguiendo la práctica habitual que mantienen los abogados miembros del Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental. Una vez que aterrizaron, se les impidió bajar del avión y fueron interpelados por varios policías, disfrazados de Autoridades locales, para impedir que los Juristas bajasen del avión y pudiesen ejercer como juristas en el juicio.

De este modo, Marruecos impide que se garantice el derecho de audiencia pública, puesto que tampoco se ha permitido entrar al juicio a representantes de asociaciones de defensa de los derechos humanos saharauis.

De hecho, se han referido malos tratos y agresiones por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes hacia éstos últimos.

No vamos a cejar en nuestro empeño de vigilar que los procesos judiciales se desarrollen con las garantías mínimas.

Como se pregunta CEAS-Sahara en su comunicado: ¿Por qué no se habla de esta situación en los informativos, en los medios de comunicación de España y del mundo? ¿A qué se debe el silencio informativo impuesto sobre un conflicto sobre el que España mantiene su responsabilidad como Potencia Administradora de iure?

El Ayuntamiento de Zaragoza  reclama asimismo “la liberación de todos los presos políticos saharauis encarcelados por ejercer sus derechos y libertades fundamentales” y denuncia la actitud del Reino de Marruecos por mantener los territorios ocupados del Sahara Occidental “cerrados a la presencia de observadores internacionales y periodistas”.

Así mismo, ALAZ denuncia que Marruecos impide la observación internacional durante los juicios contra activistas saharahuis. Esta asociación de abogados y abogadas denuncia que la expulsión de Sebastián y Jiménez es ilegítima, al igual que las que se vienen produciendo con anterioridad, y que constituye “una maniobra de Marruecos para impedir la labor de defensa de los derechos humanos”