EL GOBIERNO ESPAÑOL Y EL SAHARA

Heraldo de Aragón.

La Rotonda.

Opinión.

 

El 19 de marzo, el Gobierno español publicó un comunicado, seguido de rueda de prensa del Ministro de Exteriores, como respuesta a otro del Gabinete Real marroquí que afirmaba que «España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo» sobre el Sáhara “marroquí”. La noticia es un cambio de la posición española y la especial gravedad es que lo hace en un momento de retorno a la guerra entre las partes. El propio Albares abogaba, en diciembre, por relanzar el diálogo e «impulsar la búsqueda de una solución política mutuamente aceptable» y basada en las resoluciones del Consejo de Seguridad.
En el críptico comunicado español no aparecen las palabras Sáhara Occidental ni plan de autonomía. Pero no hay duda, como señaló el ex-presidente Zapatero: “la propuesta de autonomía fue propuesta a mi Gobierno en 2007, yo la apoyé en 2008 públicamente”. La transparencia que señala el comunicado del viernes debería empezar respecto a los españoles. Cuando se firmaron en 1975 los acuerdos tripartitos de Madrid estos contenían una parte secreta que “destapó” la revista Interviú. La militancia del PSOE también está afectada; en una resolución de su 40º Congreso Federal celebrado el pasado octubre se afirmaba: “desde el PSOE seguiremos defendiendo todos los esfuerzos para encontrar una solución entre las partes en el marco de las negociaciones dirigidas por la ONU, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En el PSOE estamos comprometidos con una solución política que respete la legalidad internacional”. Al interior del Gobierno, no es que pueda haber fricciones con Unidas Podemos es que, al no haberse debatido, ni tan siquiera el Ministro de Interior, Marlasca, pudo recordar que España es la potencia administradora, tal y como aparece en una sentencia firmada por él en la Audiencia Nacional.
La Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado establece que “la Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas” y la Carta la obligación de fomentar la libre determinación de los pueblos. En definitiva, el reconocimiento de ese plan de autonomía sería nulo.
La reacción del portavoz de la ONU, Dujarric, instando a apoyar los esfuerzos del Enviado Personal para el Sáhara, Mistura, para reanudar el proceso político de negociación entre las partes del conflicto y que «reitera la importancia de mantener el pleno compromiso con el proceso político facilitado por la ONU, en línea con la resolución 2602 (2021)» en la que se incluye que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la carta de Naciones Unidas no son un respaldo a Sánchez-Albares.
El Frente Polisario ha realizado un llamamiento urgente a las fuerzas políticas españolas y a todos los pueblos de España, para que presionen al Gobierno con el fin de corregir este grave error, afirmando que es el resultado de intensos meses de chantaje marroquí; las reacciones de los partidos políticos españoles, incluida una petición de comparecencia del Presidente ante el Congreso, no se han hecho esperar.
Nadie cree que Marruecos respetaría una autonomía para los saharauis. De igual manera que no respeto las contrapartidas a España de los acuerdos tripartitos del 75: delimitación de las aguas y otorgamiento de licencias pesqueras. En cambio, implicaría reconocer la soberanía alauí y convertiría a los saharauis en súbditos del Rey de un régimen que les reprime y que casi consiguió su genocidio, incluyendo bombardeos contra la población civil indefensa. Lo anterior, legitimaría finalmente la anexión y ocupación producto de la invasión marroquí y, eso sí, eliminaría el conflicto del escenario internacional. La rectificación escrita y terminante se impone.


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