El respeto de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental: Cuestiones de Derecho Internacional

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Javier A. González Vega

Catedrático de Derecho Internacional público y Relaciones internacionales de la Universidad de Oviedo

Presidente del Observatorio Asturiano para los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (OAPSO)

SUMARIO.- 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA: MEMORIA HISTÓRICA Y CRÍMENES INTERNACIONALES. 3. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUALIDAD. 3.1. El respeto de los derechos humanos por Marruecos: los compromisos internacionales asumidos y su aplicación en el Sáhara occidental. 3.2. El respeto de los derechos humanos por la RASD: los compromisos internacionales asumidos. 4. EL CONTROL DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS: DE LA PLURALIDAD DE MECANISMOS A LA DEBILIDAD DE SUS RESULTADOS. 4.1. Los mecanismos de carácter universal: De los mecanismos convencionales al Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos. 4.2. El control en el ámbito regional: la Liga Árabe y la Unión Africana. 4.3. El control interno a través de las jurisdicciones penales de “terceros Estados”: el principio de jurisdicción universal. 5. EN BUSCA DE OTRAS ALTERNATIVAS ¿UNA IMPLICACIÓN DE LA MINURSO EN LA SUPERVISIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS?

  1. INTRODUCCIÓN

Aunque desde una perspectiva jurídica internacional la cuestión del Sáhara occidental ha centrado tradicionalmente la atención en los aspectos relacionados con el derecho a la libre determinación y su constante denegación por parte de la potencia ocupante, Marruecos, los problemas relativos a la protección de los derechos humanos también poseen una importancia significativa[2].

De un lado, porque es innegable que existe una relación estrecha, íntima, entre el derecho a la libre determinación y los derechos humanos, dado que el primero es el presupuesto para el disfrute de los segundos. Y es que –como se ha señalado- se trata de un principio democrático que opera como una garantía del respeto de los derechos humanos[3]. De suerte que la vulneración de aquél conlleva, inexcusablemente, el desprecio de éstos.

Ese el sentido de las afirmaciones contenidas en el art. 1 común a los Pactos Internacionales de Derechos civiles y políticos y de Derechos económicos, sociales y culturales, de 16 de diciembre de 1966, en donde se establece que:

“1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

  1. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.
  2. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.”[4]

De otro lado, porque, con arreglo a las normas del Derecho internacional contemporáneo, la vulneración sistemática de los derechos humanos de la población del Sáhara occidental es susceptible de poner en juego mecanismos de diversa entidad –sobre los que incidiremos en la exposición que sigue- para hacer frente a esas situaciones.

Estas consecuencias se derivan de las características que, como hemos señalado en otro lugar, poseen los derechos humanos en el ordenamiento jurídico internacional contemporáneo. Señaladamente, su universalidad, que impone a todos los Estados el deber de promoverlos y respetarlos al margen de particularismos regionales o nacionales, culturales o religiosos, y su general obligatoriedad (erga omnes) de donde se deriva el interés de todos los Estados por ver asegurada su observancia, estando cualquiera de ellos facultado para reclamar su respeto frente a su violación grave, ocurra donde ocurra y afecte o no a sus nacionales[5].

Sentado lo anterior, la cuestión de los derechos humanos en el Sáhara occidental puede ser encarada desde diferentes perspectivas. En primer término, desde una aproximación histórica, repasando la situación de los derechos humanos en el territorio en los sucesivos periodos: colonización española (1884-1976), ocupación mauritana y marroquí (1976-1979) y ocupación por Marruecos (1979-…). Este análisis no se agota en la simple consideración erudita de los hechos, sino que depara aún hoy en día importantes consecuencias ya que permite abordar desde la perspectiva de la denominada “Memoria histórica” acontecimientos que tuvieron lugar en un pasado no muy lejano y que no han sido esclarecidos hasta la fecha: es el caso de la “desaparición” –aún bajo dominación española- del primer “activista” de la lucha del pueblo saharaui por su emancipación del yugo colonial, Bassir Mohamed uld Hach Brahim (alias “Basiri”)[6]. También lo es el del asesinato o “la desaparición” de un conjunto significativo de personas en las acciones bélicas coetáneas y subsiguientes al proceso de ocupación del territorio por parte de las fuerzas marroquíes y mauritanas, en “aplicación” de los denominados Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975. Aunque conviene advertir que, en este último caso, la gravedad de los hechos trasciende a esta perspectiva para situarnos en presencia de situaciones cuya consideración desde un enfoque jurídico puede hacer entrar en juego las normas del Derecho internacional penal, planteándose la posibilidad de activar –aún hoy en día- mecanismos para depurar la responsabilidad penal de sus autores, en razón de imprescriptibilidad de los crímenes cometidos.

En segundo lugar, la cuestión puede ser abordada en clave “contemporánea” examinando la situación de los derechos humanos en la actualidad. En esta aproximación, sin duda, el centro de atención debe ser la situación de los derechos humanos en el territorio del Sáhara occidental ocupado por Marruecos -los denominados “territorios ocupados”[7]– pero también ha de ser objeto de consideración la situación existente en los “territorios liberados” y, particularmente, en los campamentos de refugiados del área de Tinduf. En esta perspectiva de análisis, obviamente, el enfoque no debe reparar sólo en los mecanismos existentes en el plano puramente interno –cuestión que como tal no interesa al Derecho internacional, sino a los ordenamientos constitucionales respectivos- sino en los instrumentos existentes a nivel internacional, prestando atención a las acciones desarrolladas por parte de los diferentes organismos de control eventualmente competentes. En esta rúbrica también deben considerarse las alternativas que ofrece un control –en apariencia interno- pero de indudable naturaleza internacional, instrumentado en aplicación del principio de jurisdicción universal a través de las jurisdicciones penales de terceros Estados.

Finalmente, la cuestión del control de los derechos humanos por parte de los organismos internacionales y -lo anticipamos ya- la endeble eficacia de los mecanismos allí existentes lleva necesariamente a plantearse la necesidad del eventual establecimiento de mecanismos específicos de control: se trata en este caso, particularmente, de la debatida cuestión de la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para asumir las competencias relativas a la protección de los derechos humanos en el territorio.

  1. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA: MEMORIA HISTÓRICA Y CRÍMENES INTERNACIONALES

Como ya hemos apuntado, las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el Sáhara occidental se remontan a los años de la colonización española. En lo que respecta a nuestro país, sus responsabilidades se subsumen en la categoría más amplia de lo que cabe denominar como “crímenes del franquismo” y por lo mismo se encuentran afectadas por la vigencia de la denominada “Ley de Amnistía” (1977)[8], cuyos efectos ha tratado de paliar muy levemente la posterior “Ley de Memoria histórica” (2007)[9].

En todo caso, la cuestión –o por mejor decir, la desatención que la reparación de estos hechos ha merecido- ha concitado la atención de los órganos de control internacional, dando lugar –como se ha recordado- a severas críticas por la pasividad de nuestro Estado al encarar la elucidación de las pertinentes responsabilidades y su consiguiente reparación[10]. En concreto, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que:

“… está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977. El Comité recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señala a la atención del Estado parte sus observaciones generales Nº 20, según la cual las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto y Nº 31, sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto. El Comité, aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas.”[11]

Por otra parte, el tema también ha sido suscitado ante el Consejo de Derechos Humanos en el curso de la participación de nuestro Estado en el Examen Periódico Universal (2010) desarrollado ante esta instancia, cuestionando diferentes países la deficiente implementación por parte de España de sus obligaciones internacionales y de la propia Ley de Memoria histórica[12]. Pese a ello, la situación no se ha modificado; bien al contrario cuando escribimos estas líneas (octubre de 2013) el actual Ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón insiste en la plena acomodación de la actuación de nuestras autoridades a las exigencias impuestas por las normas internacionales.

A tenor de todo lo anterior, no debe extrañar que la iniciativa planteada en el caso de la desaparición de “Basiri”, en la que se exigía al Gobierno el esclarecimiento de los hechos, la reparación de su memoria y la eventual repatriación de sus restos, encontrara el rechazo del Grupo Parlamentario Popular, mayoritario en la Cámara[13].

De forma un tanto diferente, en el caso de Marruecos, los acontecimientos pasados –tanto en el conjunto de Marruecos como en las “provincias del sur” han tratado de ser abordados en el marco de un mecanismo de justicia de transición: la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), establecida en enero de 2004. El proceso, inserto en el marco de la “apertura” promovida con el acceso al trono de Mohamed VI constituía en la época una experiencia inédita en el mundo árabe. Sin embargo, sus resultados –a los que se ha dado amplia difusión[14]– y que pueden valorarse como notables (instrucción de 16.000 expedientes, difusión de sus sesiones por los medios de comunicación, indemnización a más de 11.000 víctimas o familiares, etc.), distan de satisfacer los parámetros establecidos por las orientaciones internacionales en la materia, además de marginar de forma ostensible las reivindicaciones formuladas por la población saharaui[15].

Por otra parte, la responsabilidad por los hechos acaecidos en el territorio en el curso de la ocupación marroquí puede ser examinada en el marco de las normas del Derecho internacional que sancionan la comisión de actos tales como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la solución que se plantea ab initio como más idónea –la intervención de la Corte Penal Internacional- tiene que ser descartada dadas las limitaciones de orden personal y temporal -e incluso material- que impone el Estatuto de Roma, de 17 de julio de 1998 y que hacen en todo punto inviable establecer su competencia sobre tales hechos. Fundamentalmente, se trata, de un lado, del no reconocimiento de la competencia de la Corte por parte de Marruecos, lo que impide que la CPI pueda llegar a conocer de los crímenes cometidos por sus nacionales en un espacio, además, sometido a su control[16]; de otro, de la irretroactividad inherente al establecimiento de su competencia –que excluye con carácter general el conocimiento de los hechos anteriores al 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor de su Estatuto[17].

Dejemos señalado, no obstante, que se abren otras vías para afrontar la responsabilidad penal, a través de la implicación de las jurisdicciones penales internas; posibilidad efectivamente llevada a efecto, tal como revelan diferentes procedimientos en curso en nuestro país. La cuestión, no obstante, será abordada más adelante[18].

  1. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUALIDAD

Lamentablemente, la situación de los derechos humanos en el Sáhara occidental –y las frecuentes violaciones de éstos- no constituye un episodio histórico. Los medios de comunicación se hacen eco periódicamente de los hechos que vienen produciéndose en el territorio. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales (en lo sucesivo, ONGs) competentes en materia de derechos humanos difunden regularmente informes en los que deja constancia de la precaria situación existente. E incluso, algunos Estados, organizaciones e instituciones internacionales vienen llamando regularmente la atención sobre ello.

Paradójicamente, el Sáhara occidental no es un “limbo jurídico”. Y sus habitantes deben disfrutar de unos derechos inherentes a todo ser humano. Derechos que –no sólo garantiza la Declaración universal de derechos humanos[19]– sino que formalmente reconocen tanto la potencia ocupante del territorio, Marruecos, como la República Árabe Saharaui Democrática (en lo sucesivo, RASD) al asumir obligaciones jurídico-internacionales en la materia al participar en los tratados internacionales que garantizan aquéllos.

  • El respeto de los derechos humanos por Marruecos: los compromisos internacionales asumidos y su aplicación en el Sáhara occidental

Una de las cuestiones aparentemente más delicadas se plantea a la hora de determinar la competencia y la eventual responsabilidad de Marruecos en relación con las posibles violaciones de los derechos humanos cometidas en el territorio del Sáhara occidental, toda vez que cabría suponer que asumir la competencia de Marruecos implicaría al mismo tiempo reconocer la legitimidad del control que ejerce sobre el territorio. Afortunadamente, la cuestión encuentra una respuesta en el Derecho internacional sin deparar esas complicaciones toda vez que en relación con los derechos humanos el criterio operativo se centra en la noción de jurisdicción –no en la de soberanía- y en la idea del control efectivo, sin parar mientes en la legalidad o legitimidad de las acciones de los agentes estatales. De hecho, esta idea está presente desde antiguo en la “jurisprudencia” de los órganos internacionales de control y ha sido reforzada en recientes decisiones que parecen haber puesto fin a una jurisprudencia renuente (como era el caso de la seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos)[20].

Sentado lo anterior se sigue de ello que los compromisos asumidos por Marruecos en materia de derechos humanos son exigibles en cualquier caso respecto de las personas residentes en el territorio del Sáhara occidental, en razón del control efectivo que ejerce sobre significativas áreas de dicho territorio, sin que esa exigibilidad suponga en modo alguno reconocimiento de la ilegal ocupación del mismo.

Entrando en el examen de la participación de Marruecos en los tratados de derechos humanos hay que decir que la impresión inicial sugiere un comportamiento modélico[21]. Su favorable disposición –si se exceptúa la cuestión de la pena de muerte (no es parte en el Protocolo facultativo núm. 2 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a su abolición, de 15 de diciembre de 1989)- llega hasta el punto de que incluso recientemente se ha adherido a la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de 20 de diciembre de 2006[22]. De hecho, la política jurídica exterior marroquí en la materia se asemeja sobremanera a la desarrollada por los Estados occidentales como revela incluso el hecho de que no participe en algún instrumento en materia de derechos humanos con claras connotaciones “tercermundistas”[23].

Cuestión distinta son las implicaciones que se derivan de este “activismo” convencional. Valga como referencia el hecho de que también nuestro país es parte en este último convenio –ratificado el 24 de septiembre de 2009 y en vigor desde el 23 de diciembre de 2010- sin que ello haya supuesto un cambio significativo en la política de nuestro Estado ni en la acción de nuestras autoridades respecto de las desapariciones producidas en el periodo franquista[24].

Por otro lado, es harto significativo que su compromiso con el respeto de los derechos humanos no llegue sin embargo al punto de reconocer a los individuos –salvo supuestos anecdóticos- el acceso a los mecanismos de las reclamaciones individuales, privándoles del acceso a una vía de denuncia alternativa a los simples remedios ofrecidos por el Derecho interno[25]. Tampoco, participa en el mecanismo preventivo ideado por el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura[26]. De esta suerte, el control de los compromisos asumidos por Marruecos discurre en la práctica totalidad de los casos por la apacible vía de la simple remisión de informes periódicos a los correspondientes órganos de control[27].

Frente a esta realidad, sin embargo, se yerguen los hechos que demuestran un panorama no tan idílico. Más aún, desde hace ya muchos años las violaciones de los derechos humanos vienen relacionándose estrechamente con la ocupación del territorio del Sáhara occidental por Marruecos[28]. Así lo corroboran las observaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos desde 1999 o el Comité de Derechos económicos, sociales y culturales desde 2006. En la misma línea cabe situar los informes y Resoluciones adoptados por otras instituciones como el Parlamento Europeo desde el año 1987[29] o los informes procedentes de ONGs como Amnistía Internacional[30], Human Rights Watch (HRW)[31], la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)[32], la Comisión Internacional de Juristas (ICJ)[33] o el Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights[34].

  • El respeto de los derechos humanos por la RASD: los compromisos internacionales asumidos

En el caso de la RASD[35] la cuestión se centra en su vinculación por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. En este orden, como es sabido, su reducida proyección internacional –dado su reconocimiento limitado- restringe las posibilidades de ésta para obligarse por los instrumentos normativos internacionales más relevantes –es el caso de los elaborados en el seno de las Naciones Unidas.

Sin embargo, la RASD ha sido reconocida por buena parte de los Estados africanos y lo ha sido “colectivamente” en el seno de la antigua OUA-actual Unión Africana (en lo sucesivo, UA)[36]– de la que es miembro, por lo que puede devenir parte en los tratados internacionales en materia de Derechos humanos concluidos en su seno. Con todo, su participación en este ámbito puede tildarse de modesta[37]. En efecto, su compromiso en estas cuestiones se cifra hasta la fecha en su participación en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos –lo que no tiene en sí nada de excepcional si se piensa en que la participación en este convenio es generalizada, siendo partes de él la práctica totalidad de los Estados miembros de la UA[38].

Entrando en detalle en la cuestión conviene señalar que la RASD ha firmado la Carta Africana de Derechos y Bienestar de los Niños de 1990 –en vigor desde 1999-, el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativa al establecimiento del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los pueblos de 1998-en vigor desde 2004-, el Protocolo a la Carta Africana sobre derechos humanos y de los pueblos sobre derechos de la mujer en África de 2003 –en vigor desde 2005- y la Carta de la Juventud Africana de 2006 –en vigor desde 2009-, pero no ha ratificado hasta la fecha ninguno de estos instrumentos. Por otra parte, no participa en la Convención de la OUA reguladora de aspectos específicos de los refugiados en África, de 1969 y ha firmado –aunque no ratificado- la Carta Africana sobre la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza (2007) y la Convención de la Unión Africana para la protección y asistencia de las personas internamente desplazadas en África (Convención de Kampala) (2009), todas ellas aún no en vigor[39]. Por otra parte, no ha firmado siquiera el Protocolo sobre el Estatuto de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos (2008), pendiente de entrar en vigor.

Cuestión diferente –y también polémica- es la relativa a la responsabilidad efectiva de la RASD respecto al disfrute de los derechos humanos por parte de la población situada en los campamentos de Tinduf, toda vez que éstos se hallan en territorio argelino. En este punto, si bien Argelia y la RASD comparten la idea de que ésta última es la única responsable, la condición de Argelia como soberano territorial puede sembrar dudas sobre tal afirmación[40].

  1. EL CONTROL DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS: DE LA PLURALIDAD DE MECANISMOS A LA DEBILIDAD DE SUS RESULTADOS

El aspecto crítico en relación con el respeto de los derechos humanos se cifra en la existencia de mecanismos de control que garanticen efectivamente su observancia. En efecto, la general aceptación de aquéllos por parte de los Estados no garantiza en absoluto su efectivo cumplimiento. De un lado, porque la corrección política imperante impone la “moda de los derechos humanos”[41]. De otro, porque resulta mucho más práctico aparentar que cumplir, pues como se ha advertido:

“So too in the field of human rights, rights ritualism is a more common response that an outright rejection of human rights standards and institutions. Rights ritualism can be understood as a way of embracing the language of human rights precisely to deflect real human rights scrutiny and to avoid accountability for human rights abuses. Countries are often willing to accept human rights treaty commitment to earn international approval, but they resist the changes that the treaty obligations require”[42]

En suma, poco importa que los Estados se comprometan a respetar los derechos humanos si no existen mecanismos que aseguren adecuadamente este objetivo. En este orden, al margen de los mecanismos nacionales que puedan contribuir a ello, las garantías más efectivas se concretan en el control externo –internacional- ante el cual puedan considerarse las eventuales violaciones de los derechos humanos. Así las cosas, sin duda, el procedimiento más adecuado lo constituyen las instancias jurisdiccionales internacionales. No obstante, como veremos, esta opción está descartada por el momento en el caso del Sáhara Occidental.

  • Los mecanismos de carácter universal: De los mecanismos convencionales al Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos

En cuanto al ámbito universal Marruecos participa en los mecanismos de los informes periódicos relativos a los tratados en los que es parte. En ellos, su posición ha tendido a eludir o minimizar las cuestiones relacionadas con la situación de los derechos humanos en el Sáhara occidental: así, ante el Comité de Derechos Humanos[43] o ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[44].

Asimismo, Marruecos participa en el mecanismo del Examen Periódico Universal establecido en el seno del Consejo de Derechos Humanos y en el curso del cual se evalúan las trayectorias de los Estados miembros de las Naciones Unidas en relación con el respeto de los derechos humanos[45]. En el primer ciclo de control desarrollado (2008)[46], el Consejo de Derechos Humanos adoptó una actitud complaciente para con Marruecos, declinando considerar la situación específicamente existente en el Sáhara occidental y formulando unas conclusiones de “blando talante” en relación con la situación general de los derechos humanos en Marruecos, guiadas por el informe de la troika de relatores en las que figuraba un Estado -Francia- dudosamente imparcial a la hora de evaluar la situación[47].

En el más reciente proceso de evaluación (2012), en cambio, si han aflorado las cuestiones de derechos humanos en relación con el Sáhara. De hecho, en su desarrollo Marruecos ha insistido en la protección que dispensa al conjunto de “su población”, incluida la de las “provincias del Sur”[48], considerando satisfactorios los mecanismos existentes para garantizar adecuadamente la protección de los derechos humanos[49]. Dentro de ellos ha llegado a mencionar incluso la propuesta de autonomía para el territorio saharaui[50].

Lo cierto es que este planteamiento sólo ha sido cuestionado por muy concretos Estados que han dirigido críticas a la situación existente en el Sáhara occidental[51]. Así, Suecia, que expresaba su preocupación por que “la población no gozara de una plena libertad de expresión, asociación y reunión en las cuestiones relativas al Sáhara Occidental”[52]; el Reino Unido que contemplaba con inquietud “el encarcelamiento de periodistas y estudiantes y la prolongada privación de libertad sin juicio de saharauis detenidos durante las protestas de Gdim Izik” y “seguía preocupado por la situación de los derechos humanos en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental”[53]; Canadá que reclamaba la adopción de medidas “para proteger a los defensores de los derechos humanos, en particular en el Sáhara Occidental, ante el acoso, la represión, las detenciones y la privación de libertad, entre otras cosas acreditando oficialmente a las asociaciones que trabajan en esa esfera”[54], Irlanda que urgía a prestar “especial atención a todas las medidas destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, en concreto desarrollar y aplicar medidas independientes y creíbles para velar por el pleno respeto de los derechos humanos y garantizar derechos básicos como la libertad de asociación y de expresión”[55] o Noruega que exigía “garantizar que los procedimientos que regulan el registro de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que defienden el derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, cumplen las normas internacionales”[56]. Por su parte, nuestro país felicitaba a Marruecos “por su empeño en el ámbito de los derechos humanos”[57], si bien se permitía recomendar la adopción de “medidas para garantizar la adecuada protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental a la luz de las denuncias de desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y de restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes”[58]; ¡sugerencia que contaba con el apoyo de Marruecos, al considerar que ya se había puesto en práctica[59]!. Con todo, Marruecos se comprometía a remitir al Consejo de Derechos Humanos un informe en el año 2014 en el que se detallaran “los avances logrados en la aplicación de las recomendaciones aceptadas”[60].

Dado el clima distendido en que se desarrolló el proceso de examen, la Decisión final del Consejo –adoptada por consenso- fue aprobada sin salvedad alguna[61]. En todo caso, la cuestión tiene que ver con el “carácter cooperativo” del mecanismo del Examen Periódico Universal, el cual ha sido concebido para evitar la confrontación política entre los Estados participantes, pero que ha derivado en un instrumento eminentemente político a través del cual los Estados cobran un especial relieve a lo largo de todo el desarrollo del procedimiento y eluden la consideración de las cuestiones consideradas problemáticas[62]. No ha de extrañar por ello que se haya insistido en que la credibilidad del mecanismo de cara al futuro dependa de “la necesidad de encontrar un balance entre la noción de diálogo cooperativo y el ejercicio de una crítica justa y constructiva”, con el riesgo, de otro modo, de favorecer políticas deliberadas de violación de los derechos humanos[63].

4.2. El control en el ámbito regional: la Liga Árabe y la Unión Africana

La existencia de mecanismos de control de carácter universal no es incompatible con la existencia de procedimientos de ámbito regional. Antes al contrario, la complementariedad entre unos y otros tiende a garantizar de forma más efectiva el respeto de los derechos humanos, pues, como ha destacado la Conferencia mundial de derechos humanos:

“Los acuerdos regionales desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos y deben reforzar las normas universales de derechos humanos contenidas en los instrumentos internacionales y su protección.”[64]

En este caso, la situación del Sáhara occidental resulta a priori especialmente idónea para la articulación de mecanismos regionales de control pues la doble condición, árabe y africana, del territorio permitiría la entrada en juego de los instrumentos normativos y los procedimientos de control específicos de ambas áreas regionales establecidos a través de la Liga de Estados Árabes y la Unión Africana, respectivamente[65].

En el primer caso, la Liga Árabe, presenta un nutrido conjunto de mecanismos[66], de entre los cuales descuella la Carta Árabe de derechos humanos y su órgano específico de control, el Comité Árabe de derechos humanos (CADH). Sin embargo, su operatividad debe de ser descartada de plano dado que aunque Marruecos es miembro de la Liga de Estados Árabes[67], no es parte aquel tratado, no siendo pues el CADH competente para conocer –ni siquiera en el marco limitado de sus facultades[68]– de las posibles violaciones de los derechos humanos producidas[69].

En el segundo caso, se trata de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de sus órganos de control, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) y el Tribunal Africano. No obstante, su operatividad se ve limitada por el hecho de que Marruecos no es miembro de la Unión Africana –ni por consiguiente parte en el instrumento normativo correspondiente. En cambio sí lo es la RASD que además es parte en la Carta Africana, hallándose sometida a las consiguientes obligaciones establecidas en la misma. En este supuesto, sin embargo, el ejercicio de un hipotético control se ve lastrado por una serie de inconvenientes de orden práctico que pasamos a enumerar.

En primer término, por una cuestión de efectividad. En efecto, dejando de lado los Informes estatales[70], las denuncias susceptibles de plantearse al amparo de lo previsto en el art. 55 de la Carta Africana serían sólo las interpuestas por la población situada en los “territorios liberados” y en los campamentos. En cambio, posibles denuncias procedentes de los “territorios ocupados” encontrarían notorias dificultades para su planteamiento y en la hipótesis de que llegaran a ser conocidas por la CADHP –y resueltas favorablemente por ésta- no depararían la más mínima eficacia, dado que Marruecos –que ejerce el control efectivo sobre sustanciales partes del territorio saharaui- no se halla vinculado por los mecanismos de la UA, no existiendo para él obligación alguna en relación con éstos[71].

En segundo lugar, conviene destacar la propia ineficiencia de los mecanismos de control existentes pues ni la CADHP ni el Tribunal –que no han tenido ocasión por lo demás de conocer asunto alguno relativo al Sáhara occidental[72]– han desempeñado un papel sustancial en relación con las numerosas violaciones de los derechos humanos registradas en el territorio africano. Tratando de huir de todo prejuicio “eurocéntrico”, baste decir que –con carácter general- la actividad de la Comisión Africana se ha revelado muy limitada en orden a la tutela de los derechos supuestamente protegidos en el área africana, a la vista del crónico incumplimiento que ha caracterizado a las decisiones adoptadas respecto de las comunicaciones de las que ha conocido[73].

En el caso del Tribunal Africano, los obstáculos, sin embargo, son insuperables toda vez que su operatividad se ciñe estrictamente a los Estados Partes en el Protocolo facultativo por el que se ha establecido y ni lo es –obviamente- Marruecos, pero tampoco lo es la RASD. Además, su competencia –aunque amplia- excluye a priori la presentación de demandas por los individuos afectados, salvo que el Estado parte formule una declaración facultativa de aceptación de la jurisdicción con tal propósito[74]. Por otra parte, ha de advertirse que el Tribunal –sumido en la actualidad en un proceso de reestructuración (al convertirse ahora en una mera sección de la Corte Africana de justicia y derechos humanos)- ha desarrollado hasta la fecha una muy modesta actividad en materia de protección de los derechos humanos[75].

4.3.El control interno a través de las jurisdicciones penales de “terceros Estados”: el principio de jurisdicción universal

Como se ha destacado, paradójicamente, la “profunda connivencia entre el derecho internacional de los derechos humanos y la soberanía estatal” limita sobremanera la operatividad de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos[76]. Así, subsidiariedad, margen de apreciación, deferencia estatal, inmunidades o límites territoriales, son, entre otros, conceptos a través de los cuales las instancias internacionales de control tienden a fijar límites a la operatividad de las garantías internacionales existentes en materia de derechos humanos[77].

Frente a ello, el control interno ejercido a través de las jurisdicciones de terceros Estados respecto de la violación de los derechos humanos nos sitúa frente a nuevas dinámicas –se habla de “contenciosos transnacionales”- y puede abrir escenarios inesperado a través de los cuales sancionar las violaciones de los derechos humanos y –prospectivamente garantizar su respeto[78]. Este es el caso de la implicación de actores privados en presuntas violaciones y las eventuales demandas de responsabilidad civil contra ellas admisibles, en ciertas circunstancias, en algunos ordenamientos jurídicos. El caso más notorio lo plantea la competencia extraterritorial afirmada por la jurisdicción estadounidense en ciertas causas por violación de los derechos humanos desde los años 80 del pasado siglo; evolución acentuada a raíz de la implicación de compañías estadounidenses –el supuesto más conocido es la siniestra compañía Blackwater– en ciertas acciones armadas en el exterior[79].

No obstante, la eficacia de estas vías alternativas –concretadas en la afirmación del principio de “jurisdicción penal universal”- requieren del concurso del conjunto de los Estados, introduciendo en sus respectivos ordenamientos las oportunas modificaciones para hacerla operativa[80]. Desafortunadamente, la tendencia imperante apunta en un sentido diametralmente contrario pues los pocos Estados que se han embarcado en este proceso han adoptado medidas que pese a incrementar su competencia material sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en otros Estados al mismo tiempo han incrementado los obstáculos para posibilitar su efectiva puesta en marcha, acentuando su discrecionalidad, so pretexto de evitar una manipulación política de estos mecanismos[81]. De hecho, las restricciones introducidas en la operatividad de la justicia universal en nuestro país a partir de la reforma introducida en el año 2009 son un buen ejemplo de ello[82].

Como resultado, las posibilidades de activar este control extraordinario para enfrentar la situación existente en el Sáhara occidental se revelan difíciles[83]. Con todo, conviene destacar que en nuestro país se han iniciado diferentes acciones judiciales para deducir la responsabilidad penal frente a violaciones de los derechos humanos producidas en el Sáhara[84]. En concreto, el entonces Magistrado del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, B. Garzón acordaba en el año 2007 aceptar la competencia para la instrucción de los hechos denunciados y presunto delito de genocidio y torturas, incoando las correspondientes diligencias previas[85]. Desde entonces, sin embargo, no se han registrado progresos significativos en el curso de la instrucción, habida cuenta de las notables dificultades a las que se enfrenta la investigación de los hechos y la nula colaboración prestada por las autoridades marroquíes.

Finalmente, conviene consignar que las actuaciones judiciales también han incidido en la situación existente en los territorios controlados por el Frente Polisario: todavía en agosto de 2012 el mismo Juzgado admitía a trámite una querella presentada por la denominada Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos en relación con supuestos delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones por hechos producidos a partir de 1979[86].

  1. EN BUSCA DE OTRAS ALTERNATIVAS ¿UNA IMPLICACIÓN DE LA MINURSO EN LA SUPERVISIÓN DEL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS?

La insatisfacción que depara el examen de los diferentes mecanismos disponibles para garantizar el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental lleva necesariamente a plantearse la conveniencia de articular nuevos mecanismos para hacer frente a la situación.

Existen ciertamente otros medios. En este orden, cabría imaginar el establecimiento de un procedimiento específico de control en el marco de los denominados “procedimientos públicos especiales”, al modo del ya existente en el caso de Palestina[87]. Es indudable que la opción por este mecanismo, confiado a expertos independientes en materia de derechos humanos, posibilitaría un tratamiento de la cuestión al margen de componendas políticas. No obstante, no parece previsible que tal solución llegue a buen puerto, había cuenta de la necesidad de disponer –una nueva paradoja- de un amplio apoyo político en el seno del Consejo de Derechos Humanos que es el órgano responsable de su creación[88].

Una solución más factible podría llegar de la mano de la implicación del dispositivo de Naciones Unidas existente en el Sáhara Occidental, la MINURSO, para asumir las tareas relacionadas con la supervisión del respeto de los derechos humanos.

Ya hemos mencionado que tal posibilidad ha sido rechazada por Marruecos en sucesivas ocasiones, insistiendo en la idoneidad de los mecanismos existentes[89]. Frente a ello, no obstante, los sucesos de Gdeim Izik (2010) han puesto de relieve la necesidad de incorporar la cuestión de los derechos humanos en el ámbito del proceso de solución del conflicto. Así, la inclusión del tema de los derechos humanos a partir en la Resolución 1979 (2011) del Consejo de Seguridad de 27 de abril –que ha venido a romper con los rutinarios textos consensuados hasta entonces- es un “efecto directo” de aquéllos y supone sin duda un cambio cualitativo en el desarrollo del proceso[90].

Abundando en esta idea, cabe imaginar un replanteamiento de la situación. En este sentido, los acontecimientos ocurridos este año permiten alimentar esta esperanza. Baste recordar que en el curso de las negociaciones que precedieron a la aprobación de la vigente Resolución 2099 (2013) del Consejo de Seguridad, de 25 de abril, a iniciativa de EEUU se consideró seriamente la ampliación del mandato de la MINURSO para abordar la situación de los derechos humanos en el Sáhara. Lamentablemente, como es conocido, el texto finalmente aprobado –en el que ha tenido una directa responsabilidad nuestro país- no ha incorporado esta previsión[91].

Confiemos en que el próximo año a las orillas del East River la primavera depare un mensaje distinto para el pueblo saharaui.

 


 

 

 

 

[1]La presente contribución se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación MICINN-09-DER-2009-14238-C2-02, La política mediterránea de la UE en perspectiva: El proceso de Barcelona, la Unión para el Mediterráneo y los intereses españoles.

 

[2]Eludiremos la cuestión del concreto contenido de los derechos humanos y los recurrentes debates sobre las diferentes percepciones de éstos. Para una aproximación al tema, incidiendo particularmente en la concepción islámica vid. GUTIÉRREZ CASTILLO, V.L., “Estados árabes y derechos humanos: La recepción y aplicación de la norma internacional”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LIV, 2012, núm. 2, pp. 105-131; MOTILLA DE LA CALLE, A., “Islam y derechos humanos: Aproximación conceptual, evolución histórica y situación actual”, en Islam y Derechos humanos, (A. Motilla de la Calle, dir.), Trotta, Madrid, 2006, pp. 13-25; ORTEGA TEROL, J.M., “Una perspectiva sobre las relaciones entre Islam y Derecho internacional (de las zonas de encuentro a las eventuales contradicciones)”, Cursos de Derechos humanos de Donostia-San Sebastián, vol. 9, 2008, pp. 137-150; PARARAS, P., “L’impossible universalité des droits de l’homme”, Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 22, núm. 85, 2011, pp. 3-22.

 

[3]KAMTO, M., “Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes: entre fétichisme idéologique et glissements juridiques”, African Yearbook of international Law, vol. 14, 2006, pp. 219-243, en p. 232. Por otra parte, la preferencia de la doctrina del Tercer Mundo por el concepto de derecho a la libre determinación en detrimento del “derecho a la democracia” es resaltada por BENCHIKH, M., “Souveraineté des ‘États post-coloniaux’ et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”, Revue Québecoise de Droit international, 2012 (fuera de serie), pp. 73-99. En todo caso, las relaciones entre derechos humanos y libre determinación no son siempre fluidas y coherentes pues si bien ésta ha prefigurado históricamente aquéllos, su realización puede conllevar la vulneración de éstos –así en el caso de las minorías (REISMAN, W.M., “The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty-first Century: Constitutive Process and Individual Commitment. General Course on Public International Law”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, t. 351, 2010, pp. 9-382, en pp. 208-209).

 

[4] BOE, núm. 103, de 30 de abril de 1977.

 

[5]ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., GONZÁLEZ VEGA, J.A., (Col.), Sistema de Derecho Internacional público, 2ª ed., Civitas, Cizur Menor, 2012, pp. 411-412.

 

[6]Las circunstancias que rodearon su detención y “desaparición” son relatadas en BÁRBULO, T., La historia prohibida del Sáhara Español. Las claves del conflicto que condiciona las relaciones entre España y el Magreb, 7ª ed., Destino, Barcelona, 2011, pp. 77-102.

 

[7]En el análisis que sigue, por razones de orden práctico, obviaremos la cuestión de la posible consideración del Sáhara occidental como territorio sometido a “ocupación militar” –la cual ha sido ya convenientemente analizada por la doctrina (Cfr. CHINKIN, Ch., “Laws of Occupation”, en Conference on Multi-lateralism and International Law with Western Sahara as a Case Study. Western Sahara Conference Proceedings, (N. Botha, M. Olivier, D. van Tonder, eds.), University of South Africa (VerLoren van Themaat Centre), Pretoria, 2008, pp. 196-221; DAWIDOWICZ, M., “Trading fish or human rights in Western Sahara? Self-determination, non-recognition and the EC-Morocco Fisheries Agreement”, en Statehood and Self-Determination. Reconciling Tradition and Modernity in International Law, (D. French, ed.,), Cambridge UP, Cambridge, 2013, pp. 250-276, esp. pp. 272-274) – toda vez que es generalmente admitido que uno u otro status no afecta en términos generales al disfrute de los derechos humanos por parte de la población, tal como ha afirmado la Corte Internacional de Justicia en el asunto de las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, Opinión consultiva de 9 de julio de 2004 (Sobre la cuestión vid. AIVO, G., “Convergences entre Droit international humanitaire et Droit international des droits de l’homme: Vers une assimilation des deux corps de règles”, Revue Trimestrielle des droits de l’homme, vol. 21, núm. 82, 2010, pp. 341-370; CAMPANELLI, D., “The Law of Military Occupation put to the test of Human rights Law», International Review of the Red Cross, vol. 90, núm. 871, 2008, pp. 653-668; LUBELL, N., “Human Rights obligations in military occupation”, International Review of the Red Cross, vol. 94, núm. 885, 2012, pp. 317-337; VITÉ, S., “The Interrelation of the Law of Occupation and Economic, Social and Cultural Rights: The Examples of Food, Health and Property”, International Review of the Red Cross, vol. 90, núm. 871, 2008, pp. 629-651).

 

[8]La eventual validez jurídico-internacional de estos procedimientos es analizada por VRIEZEN, V., Amnesty Justified? The need for a case by case approach in the interests of human rights, Intersentia, Cambridge-Amberes-Portland, 2012.

 

[9]El tema ha dado lugar a una copiosa literatura. De entre ella merecen destacarse las recientes aportaciones de CAPELLÀ ROIG, M., “El problema de los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo como una cuestión jurídica y social sin respuesta”, en Trauma y Transmisión. Efectos de la guerra del 36, la posguerra, la dictadura y la transición en la subjetividad de los ciudadanos, Xoroi Edicions/Fundació CCSM, Barcelona, 2013, pp. 39-57; CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., El tratamiento judicial de los crímenes de la Guerra civil y el franquismo en España. Una visión de conjunto desde el Derecho internacional, Universidad de Deusto, Bilbao, 2012, las recogidas en la obra colectiva Desapariciones forzadas, represión política y crímenes del franquismo, (R. Escudero Alday, C. Pérez González, eds.), Trotta, Madrid, 2013, así como nuestra contribución “Memoria histórica vs. Impunidad: Las obligaciones impuestas por el Derecho internacional”, en la obra colectiva Memoria histórica: ¿Se puede juzgar la historia?, Fundación Antonio Carretero, Madrid, 2009, pp. 67-84.

 

[10]Cfr. CHINCHÓN ÁLVAREZ, J., “Derecho internacional y transformaciones del Estado. Del desuso, uso y abuso del Derecho internacional cuando de ciertas ‘transformaciones que afectan a la forma de Gobierno’ se trata”, en La eficacia del Derecho internacional de los derechos humanos (Cursos de Derechos humanos de Donostia-San Sebastián, vol. IX), (J. Soroeta Liceras, ed.), Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2011, pp. 75-121, en p. 119.

 

[11]Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los Estados
partes con arreglo al artículo 40 del Pacto, Proyecto de observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, España, Doc. CCPR/C/ESP/CO/5/, 27 de octubre de 2008, pp. 2-3. Texto accesible en < www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.ESP.CO.5_sp.doc>.

 

[12] Cfr. ARP, B., “Lessons learned from Spain’s practice before the United Nations Human Rights Reporting Mechanisms: treaty Bodies and Universal Periodic Review”, Spanish Yearbook of International Law, vol. XV, 2009, pp. 1-37, en pp. 27-29.

 

[13] La iniciativa, intentada previamente en la precedente Legislatura donde no pudo ser abordada al disolverse las Cámaras parlamentarias, se concretó en la Proposición no de Ley 161/000271 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Diputado: Sr. J. Tardà i Coma) sobre la recuperación de la memoria del activista saharaui Basiri para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2012, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, X Legislatura, Serie D: General, 27 de febrero de 2012, núm. 43, pp. 14-15. El rechazo de la iniciativa en nombre del Grupo parlamentario Popular, por parte de la Diputada Sra. Miguélez Pariente, se justificaba en que “El papel de España como potencia y antigua metrópoli pide una neutralidad activa, lo cual sería incoherente con el inicio en la actualidad de una investigación policial en un territorio en el que están implicados no solamente España sino también Marruecos, Argelia, Francia y Naciones Unidas” (sic). Cfr. Cortes Generales, Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, año 2012, X Legislatura, núm. 139, Asuntos Exteriores, Presidencia del Excmo. Sr. D. Josep Antoni Duran i Lleida, sesión núm. 7 celebrada el miércoles 27 de junio de 2012, p. 35.

 

[14] Además de publicitar ampliamente esta iniciativa en sus Informes periódicos ante los órganos de control de Naciones Unidas (vid. infra, 4.1), se libraba a una vibrante defensa de sus resultados en su réplica al Informe sobre la visita al país del Relator especial sobre la Tortura (Cfr. Mission au Maroc: commentaires de l’Etat sur le rapport du Rapporteur spécial, Doc. NU, A/HRC/22/53/Add.5, 4 de marzo de 2013, pp. 4-7). Por otra parte, de ese afán por magnificar la obra de la IER es revelador que aparezcan publicados en castellano en el portal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marruecos; texto accesible en < http://www.ccdh.org.ma/spip.php?rubrique211 >. En general, sobre los mecanismos de justicia transicional vid. BONET PÉREZ, J., ALIJA FERNÁNDEZ, R.A., Impunidad, derechos humanos y justicia transicional, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009; MÉNDEZ, J.E., “”Justicia de transición”, en Desapariciones forzadas, represión política…, cit., pp. 13-30

 

[15] CUBERTAFOND, B., “Le démo-despotisme de Mohamed VI”, Annuaire Français de Relations internationales,, 2010, pp. 185-206, en p. 193; GIMENO, S., “Situación de los derechos civiles y políticos en el Sáhara Occidental: de 1999 a la actualidad”, en Fundación Seminario de Investigación para la Paz, Zaragoza, 30 de mayo de 2013, pp. 19-22; texto accesible en < http://www.seipaz.org/documentos/SAHARA_SantiGimeno.pdf >.

 

[16] Cfr. art. 12, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998; BOE, núm. 126, 27 de mayo de 2002.

 

[17] Cfr. art. 11, Estatuto de Roma… Dejamos de lado otras limitaciones de orden material, así como alambicadas hipótesis harto improbables –acción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eventual declaración presentada por la República Árabe Saharaui Democrática, etc- sobre la base de los cuales pudiera llegar a establecerse una competencia en todo caso limitada e irrelevante a los efectos que aquí consideramos. Estas posibilidades han sido exploradas –a propósito del caso palestino- en nuestra contribución “¿Misión imposible? La competencia de la Corte Penal Internacional para enjuiciar los crímenes cometidos en el curso de las acciones israelíes sobre Gaza (diciembre de 2008-enero de 2009”, en La responsabilidad penal por la comisión de crímenes de guerra: El caso de Palestina, (C. Pérez González, R. Escudero Alday, eds.), Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pp. 105-130.

 

[18] Vid. infra, 4.3.

 

[19] Un texto, conviene recordarlo, que no es un tratado internacional pero que obliga a todos los Estados, como magistralmente afirmara J.A. CARRILLO SALCEDO en su obra Dignidad frente a Barbarie: La Declaración Universal de derechos humanos, cincuenta años después, Trotta, Madrid, 1999.

 

[20] Sobre la cuestión con carácter general vid. MILANOVIC, M., Extraterritorial application of Human Rights Treaties. Law, Principles and Policy, Oxford UP, Oxford, 2011. El tema, además, ha sido analizado en nuestra contribución “¿Colmando los espacios de no Derecho en el Convenio Europeo de Derechos Humanos? Su eficacia extraterritorial a la luz de la jurisprudencia”, Anuario Español de Derecho internacional, vol. XXIV, 2008, pp. 141-175. Por otra parte, la más reciente evolución de la jurisprudencia europea del TEDH puede percibirse en los casos Al-Skeini c. Reino Unido, Sentencia TEDH de 7 de julio de 2011 y Hirsi Jamaa y otros c. Italia, Sentencia TEDH de 23 de febrero de 2012 (asunto 27765/09). Sobre el primero vid. LAVAL, P.F., “A propos de la juridiction extraterritoriale de l’Etat. Observations sur l’arrêt Al-Skeini de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 juillet 2011”, Revue Générale de Droit International Public, t. 116, 2012, pp. 61-88; NIGRO, R., “The notion of ‘jurisdiction’ in article 1: Future scenarios for extra-territorial Application of the Europoean Convention on Human Rights”, The Italian Yearbook of International Law, vol. XX, 2010, pp. 11-30; PANOUSSIS, I.K., “L’application extraterritoriale de la Convention Européenne des droits de l’homme en Irak. Cour Européenne des droits de l’homme, arrêts Al-Skeini et Al-Jedda c. Royaume Uni, 7 juillet 2011”, Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 23, núm. 91, 2012, pp. 647-670; en cuanto a este último vid. GIUFFRÈ, M.”Wattered-down rights on the High Seas: Hirsi Jamaa and other vs. Italy (2012)”, ICLQ, vol. 61, 2012, pp. 728-750; McNAMARA, F., “Member State Responsibility for Migration Control within Third States –Externalisation Revisited”, European Journal of Migration and Law, vol. 15, 2013, pp. 319-335. Sobre la actitud renuente de la jurisprudencia anterior del Tribunal Europeo vid. JIMÉNEZ GARCÍA, F., “La responsabilidad directa por omisión del Estado más allá de la diligencia debida: Reflexiones a raíz de los crímenes de feminicidio de Ciudad Juárez”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. LXIII, 2011, núm. 2, pp. 11-50, en pp. 29-31; ROMAINVILLE, C., “Contentieux iraquien et extra-territorialité: De la nécessité de dépasser Bankovic”, Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 20, núm. 80, 2009, pp. 1007-1036, así como nuestra contribución “¿Colmando los espacios de no Derecho…”, cit., pp. 148-164. Por otra parte, el propio TEDH ha tenido ocasión de incidir en cuestiones de extraterritorialidad en relación con demandas planteadas por ciudadanos marroquíes, tal como revela el asunto Ben El Mahi y otros c. Dinamarca, sentencia de 11 de diciembre de 2006. Al respecto vid. PASTOR RIDRUEJO, J.A., “La reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos: temas escogidos”, en Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 2007, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2008, pp. 239-276, en p. 273.

 

[21] Es parte en el Convenio para la prevención y castigo del crimen de genocidio, de 9 de diciembre de 1948, al que se adhirió en 1958; del Convenio para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, de 7 de marzo de 1966, ratificado el 18 de diciembre de 1970; del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales, de 16 de diciembre de 1966, ratificado el 3 de mayo de 1979; del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1979, ratificado también el 3 de mayo de 1979; del Convenio internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, enmendado el 22 de diciembre de 1995, al que se adhirió el 21 de junio de 1993 y el 31 de marzo de 2010; del Convenio contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de 10 de diciembre de 1984, enmendado el 8 de septiembre de 1992, ratificado el 21 de junio de 1993 (adhesión de 11 de septiembre de 2012); del Convenio de derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, enmendado el 12 de diciembre de 1995, ratificado el 21 de junio de 1993 (adhesión de 27 de enero de 1997) y de sus Protocolos facultativos de 25 de mayo de 2000 (participación en conflictos armados y tráfico de niños, prostitución infantil y pornografía infantil), ratificados respectivamente el 22 de mayo de 2002 y el 2 de octubre de 2001 y del Convenio sobre derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, que ha ratificado el 8 de abril de 2009. Todos ellos vigentes. Los datos proceden de la base de datos de Naciones Unidas, accesible en < http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>. Incluso lo es en un tratado con una limitada participación –no es parte en él nuestro Estado- el Convenio internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias, de 18 de diciembre de 1990, ratificado el 21 de junio de 1993; datos accesibles en < http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en>.

 

[22] Había firmado la Convención el 6 de febrero de 2007, habiéndola ratificado el 14 de mayo de 2013 (Cfr. United Nations Treaty Collection, datos accesibles en < http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en>. Este texto, por otra parte, es exponente, una vez más, de la fructífera interacción entre desarrollos regionales y universales, toda vez que la normativa internacional primigenia fue elaborada en el ámbito regional americano, propiciando luego la elaboración de este tratado de ámbito universal, donde descuella el derecho a conocer las verdad. Sobre la Convención vid. VERMEULEN, M.L., Enforced Dissapearance. Determining State Responsibility under the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, Intersentia, Cambridge-Amberes-Portland, 2012

 

[23] Nos referimos al Convenio para la supresión y castigo del crimen de apartheid de 30 de noviembre de 1973, del que tampoco son parte los Estados árabes de orientación conservadora. Cfr. United Nations Treaty Collection; estadillo accesible en <http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-7&chapter=4&lang=en>.

 

[24] El paralelismo del comportamiento marroquí en estas cuestiones llega hasta el punto de que ni España ni Marruecos son parte el Convenio sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad de 26 de noviembre de 1968, estrechamente vinculado con esta materia. Cfr. United Nations Treaty Collection; accesible en < http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-6&chapter=4&lang=en>.

 

[25] De hecho, Marruecos tan sólo reconoce la competencia del Comité para la eliminación de la discriminación racial para conocer de comunicaciones individuales, en los términos previstos por el artículo 14 del Convenio, habiendo depositado la pertinente declaración el 19 de octubre de 2006 (<http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CERD&Lang=en>), la del Comité contra la Tortura, así como el mecanismo de denuncias individuales instaurado por el Protocolo facultativo al Convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, al que se adhirió el 8 de abril de 2009. Con todo, esta participación resulta escasamente significativa y anecdótica: la única denuncia presentada hasta la fecha lo ha sido en el marco del Convenio contra la tortura, ¡por un ciudadano ruso respecto a un procedimiento de extradición! (Cfr. Comité contra la Tortura, Comunicación Nº 428/2010, Doc. NU, CAT/C/47/D/428/2010, 18 de enero de 2012): una situación que contrasta vivamente con los resultados que se desprenden del Informe emitido por el Relator Especial sobre la Tortura tras su visita a Marruecos –incluido el territorio del Sáhara Occidental (Cfr. Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, Addendum, Mission to Morocco (unedited version), Doc. NU, A/HRC/22/53/Add.2, 28 de febrero de 2013). En cambio, Marruecos no es parte ni en el Protocolo facultativo al Pacto internacional de derechos civiles y políticos, de 16 de diciembre de 1966, ni el Protocolo al Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, de 10 de diciembre de 2008, ni en el Protocolo facultativo a la Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 6 de octubre de 1999, ni en el Protocolo facultativo al Convenio contra la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, de 18 de diciembre de 2002; tampoco lo es, por el momento en el Protocolo facultativo al Convenio de derechos del niño sobre un procedimiento de comunicaciones, de 19 de diciembre de 2011 –aún no en vigor- aunque lo ha firmado el 28 de febrero de 2012. Datos procedentes de United Nations Treaty Collections Database accesible en <http://treaties.un.org/pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en>.

 

[26] La razón de ser de este mecanismo introducido por el Protocolo facultativo de 18 de diciembre de 2002 deriva de las insuficiencias y limitaciones advertidas en la operatividad de los procedimientos tradicionales (Informes estatales, denuncias, etc), estableciendo un enfoque proactivo para atajar esta lacra. Al respecto vid. SARRE, M., “El Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura: un instrumento generador de cambios estructurales necesarios para prevenir la tortura”, en La creación del mecanismo español de prevención de la tortura, (F.M. Mariño Menéndez, A. Cebada Romero, dirs.), Iustel, Madrid, 2009, pp. 99-116.

 

[27] Es cierto que Marruecos ha aceptado los procedimientos de investigación previstos tanto en el Convenio contra la tortura (art. 20) como en el Convenio de personas con discapacidad (arts. 6 y 7), los cuales, sin embargo, no se han activado en ningún caso. Más recientemente, este mismo año (2013) ha asumido igualmente idéntico mecanismo respecto al Convenio internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzosas. Información extraída de la Oficina del Comisionado para los Derechos humanos de Naciones Unidas, accesible en <http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx>.

 

[28] RIQUELME CORTADO, R., “Marruecos frente a la (Des)colonización del Sáhara Occidental”, en Unión Europea-Marruecos ¿Una vecindad privilegiada?, (A. Remiro Brotóns, Dir.; C. Martínez Capdevila, Coord.), Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid, 2012, pp. 409-531, en p. 442.

 

[29] Así, desde la Resolución de 17 de diciembre de 1987 (DO núm,. C 13, de 18 de diciembre de 1987, p. 102) hasta el Proyecto de Informe de 21 de mayo de 2013 sobre la situación de los derechos humanos en la región del Sahel, Doc. PE, (2013/2020(INI)), Comisión de Asuntos Exteriores, Ponente: Charles Tannock, pp. 12-15, accesible en <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-510.774%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES>.. El caso del PE contrasta con la actitud mantenida por otras instituciones de la UE -en concreto, el Consejo y la Comisión- los cuales lejos de valorar las cuestiones de los derechos humanos en el marco de su relación con el Reino alauí, las han eludido conscientemente, fortaleciendo más aún su apoyo a éste al dotarle de un estatuto avanzado (Sobre el mismo, vid. BEURDELEY, L., “Un renforcement inédit des relations bilatérales Maroc-Union Européenne: l’octroi du statut d’État avancé”, en La Politique Méditerranéenne de l’Union Européenne, (Ph. Icard, Dir.), Bruylant, Bruselas, 2012, pp. 45-76; MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., “UE-Marruecos: Un balance de 40 años de relación”, en Unión Europea-Marruecos ¿Una vecindad privilegiada?”, cit., pp. 185-241, en pp. 209-225). Como recuerda RIQUELME todo ello en abierta contradicción con las previsiones del marco convencional existente -el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE -Marruecos, de 26 de febrero de 1996- que condiciona en su art. 2 su aplicación, inter alia, al respeto de los derechos humanos (Cfr. RIQUELME, “Marruecos frente a…”, cit.,, p. 460). En este orden, sin embargo, ha de convenirse que este mecanismo -y otros ideados con posterioridad en el marco de la denominada Política Europea de Vecindad- han constituido meros elementos estéticos, carentes de la más mínima funcionalidad (Cfr. BLANC ALTEMIR, A., La Unión Europea y el Mediterráneo. De los primeros Acuerdos a la Primavera Árabe, Tecnos, Madrid, 2012, pp. 99-100; SOROETA LICERAS, J., “La posición de la Unión Europea en el conflicto del Sáhara Occidental, una muestra palpable (más) de la primacía de sus intereses económicos y políticos sobre la promoción de la democracia y de los derechos humanos”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 34, 2009. pp. 823-864).

 

[30] Cfr. el Informe anual 2012, accesible en <http://www.amnesty.org/es/region/moroccowestern-sahara/report-2012>.

 

[31] Así su Informe Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps (Morocco/Western Sahara/Algeria), de 19 de diciembre de 2008, accesible en <http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wsahara1208web.pdf> o el más reciente “Just Sign Here”. Unfair Trials Based on Confessions to the Police in Morocco, de 21 de junio de 2013, accesible en < http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/morocco0613webwcover.pdf>.

 

[32] Expresivo de ello es el informe emitido sobre el proceso contra los detenidos por los acontecimientos en Gdeim Izik y las graves violaciones de los derechos humanos registradas. Cfr. <http://www.fidh.org/fr/maghreb-moyen-orient/Maroc,135/Verdict-du-tribunal-de-Sale-contre-12914>.

 

[33] Cfr. sus observaciones a Marruecos en el curso del primer ciclo del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos humanos, accesibles en <http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/04/Morocco-ICJ-UPR-Analysis-briefs-2007.pdf>.

 

[34] Así, su Informe Western Sahara. Accounts of human rights abuses persist in wake of november unrest, de 18 de diciembre de 2011; accesible en < http://rfkcenter.org/attachments/757_RFK_Center_Western_Sahara_Report_FINAL.pdf>.

 

[35] Se plantea la cuestión respecto de la RASD pues los aspectos que abordamos aquí interesan a los Estados –y la RASD lo es. Cuestión distinta es la “fortaleza” de su “estatalidad”. Al respecto vid. NALDI, G., “Western Sahara: Suspended Statehood or Frustrated Self-Determination”, African Yearbook of International Law, vol. 13, 2005, pp. 11-41, en pp. 31-35.

 

[36] Sobre la transformación operada en el seno de esta organización regional vid. BEN ACHOUR, R., “Les restructurations de l’Union Africaine”, en Studi in Onore di Claudio Zanghi, vol. III, t. I (Organizzazione internazionali), (L. Panella, E. Spatafora, coords..), G. Giappichelli, Turín, 2011, pp. 41-64.

 

[37] Máxime si se repara en que la RASD participa en un número significativo de instrumentos de la OUA/UA que comprenden –además de la Carta Africana de Derechos humanos y de los pueblos (vid. infra)- el Tratado por el que se establece la Comunidad Económica Africana, de 1991, la Convención de la OUA para prevenir y combatir el terrorismo, de 1999, el Protocolo al Tratado por el que se establece la CEA relativo al Parlamento panafricano, de 2001, la Convención sobre la Comisión Africana de la Energía, de 2001, el Protocolo sobre el establecimiento del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 2002 y el Pacto de No Agresión y Defensa común de la Unión Africana de 2005.

 

[38] De hecho la única excepción –que se antoja transitoria- es la de Sudán del Sur, independiente desde el año 2011 y que ya ha firmado –aunque no ratificado- dicho texto. Sobre la Carta y su evolución vid. BERMEJO GARCÍA, R., “Los derechos humanos en África”, Anuario Español de Derecho Internacional, vol. 28, 2012, pp. 7-58.

 

[39] Sobre estos desarrollos vid. TCHIKAYA, B., “La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance”, Annuaire Français de Droit international, vol.54, 2008, pp. 515-528; FICORILLI, G., “La Convenzione dell’Unione Africana per la protezione ed assistenza degli sfollati interni in Africa”, en Studi in Onore di Claudio Zanghi, vol. III, t. I (Organizzazione internazionali), (L. Panella, E. Spatafora, coords..), G. Giappichelli, Turín, 2011, pp. 213-220.

 

[40] En este sentido, el ya mencionado Informe de HRW cuestiona la supuesta exclusividad de las competencias de la RASD. Cfr. Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps…, cit., pp. 21-22.

 

[41] Como destaca W. REISMAN existe la percepción general de que los Estados donde no se garantizan aquéllos son Estados “desviados y atrasados” (REISMAN, W.M., “The Quest for World Order and Human Dignity…”, cit., p. 296); como consecuencia de ello se deriva un efecto “emulativo” con perversas implicaciones, tal como se ha advertido a propósito de la participación generalizada en la CADHP en donde “even states that do not necessarily follow up the ratification with appropriate legislative measures to domesticate the treaty or to ensure compliance with their obligations do not see any problem in ratifying it. Simply put, the reputational cost of remaining a non-ratifying state explains the universal acceptance and ratification of the Human and Peoples’Rights Charter although implementation and compliance remain a problem among some of the parties” (MALUWA, T., “Ratification of African Union Treaties by Member States: Law, Policy and Practice”, Melbourne Journal of International Law, vol. 13, 2012, pp. 636-684, en p. 658, n. 106).

 

[42] CHARLESWORTH, H., “Swimming to Cambodia. Justice and ritual in human rights after conflict”, Australian Yearbook of International Law, vol. 29, 2010, pp. 1-16, en pp. 12-13.

 

[43] En este sentido, respecto al Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, el último de los informes remitidos minimiza la entidad de las cuestiones relativas al Sáhara occidental, que sólo es evocado a propósito de la favorable disposición de Marruecos para resolver el conflicto respetando “la soberanía nacional sobre todo el territorio marroquí” (Cfr. Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, Quinto informe periódico, Marruecos, 10 de marzo de 2004, Doc. NU, CCPR/C/MAR/2004/5, 11 de mayo de 2004, pp. 8-9). Frente a ello el Comité –con respecto al art. 1 del Pacto (derecho de libre determinación)- expresaba su preocupación por la irresolución de la situación en el Sáhara, en relación con el art. 12 se mostraba preocupado por la restricción de la libertad de movimientos de los activistas saharauis, (Cfr. Comité de derechos humanos, 82º período de sesiones, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, Marruecos, Doc. NU, CCPR/CO/82/MAR, 1º de diciembre de 2004, pp. 2 y 4).

 

[44] En su informe al CDESC Marruecos ha reiterado su compromiso con el respeto del derecho a libre determinación –art. 1 del Pacto- en el conflicto del Sáhara reiterando el que se garantice su integridad territorial y aludiendo al Plan de autonomía presentado en su día como cauce para ello (Cfr. Período de sesiones sustantivo de 2005, Aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, Tercer informe periódico presentado por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Adición, Marruecos, 27 de octubre de 2004, Doc. NU, E/1994/104/Add.29, 17 de enero de 2005, p. 6). Frente a ello el Comité expresaba su preocupación por el “hecho de que todavía no se haya aportado una solución clara a la cuestión de la libre determinación de las poblaciones del Sáhara Occidental” y tomaba nota “con preocupación de los informes acerca de la precaria situación de los desplazados tras el conflicto del Sáhara Occidental, que al parecer son víctimas de múltiples violaciones de los derechos que les reconoce el Pacto, en particular las mujeres y los niños” al tiempo que le instaba, una vez más, a que hiciera “todo lo posible por encontrar una solución clara y definitiva a la cuestión de la libre determinación de las poblaciones del Sáhara Occidental” pidiéndole que adoptara “medidas para proteger los derechos de los desplazados tras el conflicto del Sáhara Occidental” y garantizarles “la seguridad” (Cfr. Comité de derechos económicos, sociales y culturales, 36º período de sesiones, Ginebra, 1º a 19 de mayo de 2006, Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto, Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Marruecos, Doc. NU, E/C.12/MAR/CO/3, 4 de septiembre de 2006, párrs. 13.b) y 35, pp. 2 y 3).

 

[45]Esta circunstancia impide que la RASD pueda someterse a dicho procedimiento dado que no es miembro de la organización.

 

[46]El Informe de Marruecos correspondiente a este primer ciclo puede consultarse en <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MASession1.aspx>.

 

[47] Cfr. RIQUELME, “Marruecos frente a…”, cit., pp. 449-450.

 

[48] Así. aludía a la preservación de la cultura “saharaui hasaní” (Cfr. Consejo de Derechos Humanos, 21º período de sesiones, Tema 6 de la agenda, Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Marruecos, Doc. NU, A/HRC/21/3, 6 de julio de 2012, p. 6, párr. 23; texto accesible en < http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/150/41/PDF/G1215041.pdf?OpenElement>). Previamente, en su Informe, limitaba las referencias al Sáhara al mencionar el papel complementario en materia de promoción de los derechos humanos desempeñado por el Real Consejo Consultivo de Asuntos Saharianos (Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 13º período de sesiones, Ginebra, 21 de mayo a 4 de junio de 2011, Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, Marruecos, Doc. NU, A /HRC/WG.6/13/MAR/1, 8 de marzo de 2012, p. 6, párr. 25; accesible en <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/81/PDF/G1211681.pdf?OpenElement>) y al mencionar el reforzamiento de los derechos culturales, incluida la preservación del hasaní “comme partie intégrante de l’identité culturelle marocaine” (sic) (Ibid., p. 12, n. 31).

 

[49] En este orden, Marruecos no dudaba en aceptar la inmensa mayoría de las recomendaciones formuladas en relación con el Sáhara que afirmaba cumplir, si bien frente a las sugerencia planteadas por Costa Rica (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p.10, párr. 63) y Uruguay (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 27, Recomendación 132.1), consideraba inadecuado e innecesario el incorporar un mandato en materia de derechos humanos en el ámbito de la MINURSO, destacando el, en su opinión, juicio satisfactorio que merece a las Naciones Unidas –apud Resolución 2044 (2012) del CS- “la inauguración de las Comisiones del Consejo Nacional de derechos humanos en el Sáhara” (sic) (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 11, párr. 73) y oponiéndose a una posible decisión en tal sentido al considerar que no entraba “en el ámbito del mandato del Consejo de Derechos Humanos” (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 27, párr. 132).

 

[50] En concreto mencionaba las previsiones de regionalización introducidas por el nuevo texto constitucional destinadas particularmente a posibilitar la instauración de un futuro régimen de autonomía como solución definitiva al “diferendo sobre el Sáhara” (Cfr. Consejo de Derechos Humanos, 21º período de sesiones, Tema 6 de la agenda, Examen Periódico Universal, Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Marruecos, Doc. NU, A/HRC/21/3, 6 de julio de 2012, p. 5, párr. 16). Por otra parte, en otro lugar Marruecos ha defendido esta propuesta como concreción de los derechos humanos de tercera generación (derechos políticos, económicos y socioculturales colectivos) reconocidos en favor de la población saharaui (Cfr. Carta del Embajador de Marruecos en Madrid de 23 de junio de 2011, reprod. en OLIVÁN LÓPEZ, F., “El Programa de regionalización de Marruecos: Una esperanza para un conflicto eterno”, en Cursos de Derecho internacional de Vitoria-Gasteiz 2011, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 503-534, en p. 533. Frente a estos planteamientos baste recordar que la fórmula de la autonomía –que no deja de ser una variante de la modalidad de la integración en un Estado- no garantiza la plena realización del derecho a la libre determinación si no es a condición de plantearse en el proceso de consulta a la población junto con la alternativa de la independencia (Cfr. SOROETA LICERAS, J.F., “El derecho a la libre determinación de los pueblos en el siglo XXI: Entre la realidad y el deseo”, Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2011, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 451-502, en p. 500).

 

[51] Ha habido otros Estados que se han limitado a interesarse por la situación existente en el territorio y los planes de Marruecos: así, Ucrania (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 7, párr. 36) o a diferenciar nítidamente la situación de Marruecos respecto del Sáhara a propósito de la programada visita del Relato de Naciones Unidas sobre la tortura –caso de Austria (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 8, párr. 48). De forma aún más obtusa EEUU aludía veladamente a la situación al reclamar la legalización de las organizaciones de la sociedad civil “que defienden a las poblaciones minoritarias” (¿cristianos?¿judíos?¿bereberes?¿saharauis? (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 22, Recomendación 129.83).

 

[52] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 6, párr. 30.

 

[53] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 7, párr. 38; temor que también era compartido por Irlanda (Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 13, párr. 88).

 

[54] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., pp. 25-26, Recomendación 130.3.

 

[55] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 26, Recomendación 130.11.

 

[56] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 26, Recomendación 131.4. Esta petición no era aceptada por Marruecos (Ibid., párr.. 131).

 

[57] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 16, párr. 124.

 

[58] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 26, Recomendación 130.12.

 

[59] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 25, párr. 130.

 

[60] Cfr. Doc. NU, A/HRC/21/3, cit., p. 27, párr. 134.

 

[61] Cfr. Consejo de Derechos Humanos, 21º período de sesiones , Tema 6 de la agenda , Examen Periódico Universal, Decisión adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, 21/104, Resultado del Examen Periódico Universal: Marruecos, 19 de septiembre de 2012; Doc. NU, A/HRC/DEC/21/104, 5 de octubre de 2012; texto accesible en < http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/175/31/PDF/G1217531.pdf?OpenElement>.

 

[62] FASSASSI, I., “L’Examen périodique universal devant le Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies”, Revue trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 20, núm. 79, 2009, pp. 739-761, en pp. 753-754. Estos riesgos ya habían sido esbozados por la doctrina que además había resaltado la primacía del nivel político, desconectado de las labores desempeñadas por los expertos independientes, cuando aquel debería limitarse a supervisar el cumplimiento de las recomendaciones de éstos pues sólo así aporta valor añadido al conjunto del sistema, pp. 260-261. Al respecto vid. FROUVILLE, O. de, “Building a Universal System for the Protection of Human Rights: The way forward”, en New Challenges for the UN Human Rights Machinery. What future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council Procedures?, (M.Ch. Bassiouni, W.A. Schabas, eds.), Intersentia, Cambridge-Amberes-Portland, 2011, pp. 241-266; GAER, F.D., “A Voice not an Echo: Universal Periodic Review and the UN Treaty Body System”, Human Rights Law Review, vol. 7, 2007, pp. 109-139, en pp. 128-137.

 

[63] VIEGAS E SILVA, M., El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Tesis doctoral), Universidad Carlos III, Madrid, 2011, p. 481 (texto accesible en < http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/12939/marisa_viegas_tesis.pdf;jsessionid=C6018CC0BEC9AFB5171E42A1A5FD0A58?sequence=1>).

 

[64] Conferencia Mundial de derechos humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993, Doc. NU, A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993, Declaración final, p.13, párr. 37; documento accesible en < http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement >.

 

[65] Por no mencionar la común identidad musulmana que haría entrar en juego a la Organización de Cooperación Islámica, con competencias bien es cierto que muy limitadas en el ámbito de los derechos humanos: si bien es autora de sucesivos Proyectos de Documentos sobre derechos humanos en el Islam y ha concluido en su seno una Convención sobre los derechos del niño en el islam. Al respecto vid. MOTILLA DE LA CALLE, A., “Las declaraciones de derechos humanos de organismos internacionales islámicos”, en Islam y Derechos humanos, (A. Motilla de la Calle, dir.), Trotta, Madrid, 2006, pp. 27-52, en pp. 106, n. 2 y 126, así como el portal web de la organización <http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=40&p_ref=16&lan=en>.

 

[66] Se trata de la Comisión permanente árabe de los derechos humanos, el Grupo de expertos árabes de los derechos humanos, el grupo gubernamental de expertos del Plan árabe para la educación en materia de derechos humanos, la organización de la mujer árabe y el Comité árabe de Derechos humanos; órganos susceptibles de incrementarse con la entrada en vigor de la Carta de los derechos del niño árabe que prevé la existencia de órganos específicos de control. Al respecto vid. QUILLÈRE-MAJZOUB, F., MAJZOUB, T., “Le Comité Arabe des Droits de l’homme: Un organe nécessaire au sein de la Ligue des États árabes”, Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 23, núm. 92, 2012, pp. 773-797, en p. 776.

 

[67] Huelga decir que la RASD no es miembro de la Liga Árabe por lo que las cuestiones que suscitamos a continuación no tienen ninguna incidencia en ella ni en su “población”.

 

[68] Queda para otro lugar evaluar la eficacia del control ejercido por el CADH –apenas iniciado- que se limita en todo caso a examinar los Informes remitidos periódicamente por los Estados partes. Señalemos tan sólo que en función de los Estados participantes en el sistema, de la composición del órgano y de su propia actividad esta parece bastante cuestionable. Sobre el particular vid. QUILLÈRE-MAJZOUB, F., MAJZOUB, T., “Le Comité Arabe des Droits de l’homme: Un organe nécessaire au sein de la Ligue des États árabes”, Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 23, núm. 92, 2012, pp. 773-797; MAJZOUB, T., QUILLÈRE, F., “Le statut du Comité arabe des droits de l’homme: un organe sous influence?”, Revue Générale de Droit International public, t. 116, 2012, pp. 31-59.

 

[69] Se trata de una consecuencia de carácter relativo de los tratados –también de los de derechos humanos- explicitado por el art. 34 del Convenio de Viena sobre Derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969 (BOE, núm. 142, de 13 de junio de 1980), conforme al cual un Tratado del que no es parte un Estado no genera para éste ni derechos ni obligaciones.

 

[70] El mecanismo –previsto en el art. 62 de la Carta Africana- exige la remisión de Informes con periodicidad bienal. Obviamente, vincula a la RASD que –simplificando los trámites (acumulación de Informes)- ha remitido hasta la fecha 2 informes. El primero de ellos corresponde al periodo 1988-2002 (Cfr. Republique Arabe Sahraouie Democratique, Rapport préliminaire a la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, décembre 2002; accesible en <http://www.achpr.org/files/sessions/33rd/state-reports/1st-1988-2002/staterep_sadr_2002_fra.pdf>) y ya fue examinado por la CADHP en su sesión de Niamey, adoptando la pertinente decisión (Cfr. African Commission on Human and Peoples’s Rights, Thirty-Third Ordinary Session, 15 – 29 May 2003, Niamey, Niger, Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 62 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights, Concluding Observations and Recommendations on the Initial Report of the Arab Democratic Sahrawi Republic; texto parcialmente accesible en <http://www.achpr.org/files/sessions/33rd/conc-obs/1st-1988-2002/achpr33_conc_staterep1_saharawi_2003_eng.pdf>). En el último, correspondiente al periodo 2002-2012, a examinar por la CADHP en su 54ª Sesión ordinaria (22 de octubre-5 de noviembre de 2013), se consignan numerosas violaciones de los derechos humanos atribuibles a Marruecos en relación con la población de los “territorios ocupados” (Cfr. Rapport périodique de la République Arabe Sahraouie Démocratique à la Commission Africaine des Droits de l’homme et des peuples cumulant tous les rapports attendus conformément à l’article 62 de la Charte, octubre 2011, pp. 57-77; accesible en < http://www.achpr.org/files/sessions/54th/state-reports/2nd-2002-2012/periodic_report_sahrawi_fr.pdf>).

 

[71] Conforme a lo apuntado ut supra, n. 69.

 

[72] Tal como acredita la propia Comisión Africana a través de su página web <http://www.achpr.org/communications/>.

 

[73] Dado que no existen mecanismos de supervisión –menos aún coercitivos- para asegurar la ejecución de las decisiones, su incumplimiento es crónico. Se estima que no más del 14% de las Decisiones de la CADHP han sido implementadas por los Estados (ODER, J.A., “Litigating the right to Health before the Africa Commission on Human and Peoples’ Rights: The Record so Far”, African Yearbook of International Law, vol. 15, 2007, pp. 129-142, en p. 140). Sobre este decepcionante balance de la CADHP –achacable en buena medida, bien es cierto, a deficiencias estructurales del sistema de entre las que descuella la especial “deferencia” de la Comisión para con los Estados- vid. BEKKER, G., “The African Commission on Human and Peoples’ Rights and Remedies for Human Rights Violations”, Human Rights Law Review, vol. 13, 2013, pp. 499-528, en esp. pp. 503-512.

 

[74] Esta limitación –que afecta también a las ONGs con status de observadoras ante la CADHP- se compensa con una generosa legitimación en favor de la jurisdicción obligatoria respecto a Estados y Organizaciones internacionales africanas, así como con un amplia competencia ratione loci, abierta pues al conocimiento de situaciones de extraterritorialidad. Todo ello revela la “vía media” por la que transita el sistema africano frente al modelo europeo encarnado por el TEDH (Cfr. OUGUERGOUZ, F., “The Establishment of an African Court of Human and Peoples’ Rights: A Judicial premiere for the aAfrican Union”, African Yearbook of International Law, vol, 11, 2003, pp. 79-141, en pp. 108 y 117; NAMOUNTOUGOU, M.A., “La saisine du juge international africain des droits de l’homme”, Revue Trimestrielle des droits de l’homme, vol. 22, núm. 86, 2011, pp. 261-294; NIYUNGEKO, G., “La Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples: Défis et perspectives”, Revue Trimestrielle des Droits de l’homme, vol. 20, núm. 79, 2009, pp. 731-738).

 

[75] De hecho, hasta el año 2012 la Corte sólo había examinado 2 asuntos: Micherlot Yogomnbaye c. República de Senegal (2009) y Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos c. Gran Jamahiriya Árabe Socialista Popular Libia (2011), desestimando el primero y sobreseyendo el segundo (Al respecto vid. PASCALE, G., “La tutela dei diritti umani in Africa: origini, instituzione e attività della Corte Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli”, La Comunità Internazionale, vol. 67, 2012, pp. 567-592; POLYMENOPOULOU, E. “African Court on Human and Peoples Rights, African Commission on Human and Peoples’ Rights V Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, Order for Provisional Measures 25 march 2011”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 61, 2012, pp. 767-775). A partir de entonces, no obstante, se ha agilizado su actividad abordando una decena de casos. De de cara al futuro, empero, los ambiciosos cambios introducidos en su estructura-derivados de la fusión entre ésta y el Tribunal de Justicia de la Unión Africana siembran dudas sobre su eficacia, tal como destacan NALDI, G.J. y MAGLIVERAS, K.D., “The African Court of Justice and Human Rights: A Judicial Curate’s Egg”, International Organizations Law Review, vol. 9, 2012, pp. 383-449.

 

[76] MÉGRET, F., “L’Étatisme spécifique du Droit International”, Revue Québecoise de Droit International, vol. 24, 2011, pp. 105-129, en p. 126.

 

[77] Ibid., pp. 125-127.

 

[78] Para una aproximación a las diversas vías y modalidades existentes vid. FRYDMAN, B., HENNEBEL, L., “Le contentieux transnational des droits de l’homme: une analyse stratégique”, Revue trimestrielle des droits de l’homme, vol. 20, núm. 77, 2009, pp. 73-136.

 

[79] Sobre el particular vid. SHELTON, D., “Normative Evolution in Corporate Liability for Violations of Human Rights and Humanitarian Law”, Austrian Review of international and European Law, vol. 15, 2010, pp. 45-88.

 

[80] CHEMILLIER –GENDREAU, M., “A quelles conditions l’universalité du droit international est-elle posible?”, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, t. 355, 2011, pp. 9-40, en p. 27.

 

[81] LAGERWALL, A,., “Que reste-t-il de la compétence universelle au regard de certaines évolutions législatives”, Annuaire Français de Droit international , vol. 55, 2009, pp. 743-764.

 

[82] Al respecto vid. FERRER LLORET, J., “The principle of universal Criminal jurisdiction in Spanish Practice (2002-2009”, Spanish Yearbook of International Law, vol. 15, 2009, pp. 63-106.

 

[83] Así lo refleja el caso belga (DAVID, E., “L’exercise de la compétence universelle en Belgique dans le cas du Sahara occidental”, RBDI, vol. 43, 2010, pp. 34-62), el caso alemán (BOCK, S., “Western Sahara and Universal Jurisdiction in Germany”, RBDI, vol. 43, 2010, pp. 43-60) o el caso canadiense donde es patente la discrecionalidad y la subordinación a criterios políticos que entraña en la práctica su activación. (LAFONTAINE, F., “The Unbearable Lightness of international Obligations: When and How to Exercise Jurisdiction under Canada’s Crimes against Humanity and War Crimes Act”, Revue Québecoise de Droit international, vol. 23, núm. 2, 2010, pp, 1-50).

 

[84] Sobre el particular vid. PEYRÓ LLOPIS, A., “Le Sahara occidental face à la compétence universelle en Espagne”, RBDI, vol. 43, 2010, pp. 61-74. En este caso, las incoherencias del Ministerio fiscal–descartando la competencia española- frente a otros supuestos planteados ante nuestra jurisdicción son destacadas por FERRER LLORET, J., “The principle of universal Criminal jurisdiction…”, cit., p. 98.

 

[85]Cfr. Auto del Juzgado Central de instrucción núm. 5, 29 de octubre de 2007; accesible en < http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200710/30/internacional/20071030elpepuint_1_Pes_PDF.doc >.

 

[86] Cfr. Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, 16 de agosto de 2012, accesible en <http://www.rtve.es/contenidos/documentos/auto_audiencia_genocidio_sahara.pdf>.

 

[87] Sobre estos mecanismos vid. BALDWIN PASK, T., SCANNELLA, P., “The Unfinished business of a Special Procedure System”, en New Challenges for the UN Human Rights Machinery…, cit., pp. 419-478; DOMÍNGUEZ REDONDO, E., Los procedimientos públicos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005; GIFRÀ DURALL, J., “La reforma de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos ¿Una mejora de los mecanismos extraconvencionales?”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 17, 2009 (accesible en <http://www.reei.org>).

 

[88] Naturalmente, cosa distinta es que los Relatores de los procedimientos temáticos ya establecidos puedan desarrollar sus funciones en el territorio del Sáhara occidental, como puso de manifiesto la misión del Relator especial sobre la tortura, en septiembre de 2012 y a la que nos hemos referido ut supra, n. 25.

 

[89] Vid. supra, n. 49.

 

[90] ECHEVERRÍA JESÚS, C., “El impacto de las revueltas árabes en la región euromediterránea”, Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2011, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 309-381, en p. 336. Además, en su análisis, este autor destaca los acontecimientos como primer exponente de la “primavera árabe” y resalta la dinámica diferenciada que caracteriza desde entonces a los movimientos reivindicativos en el Sáhara occidental respecto a los existentes en Marruecos –señaladamente el “movimiento 20 de febrero” (Ibid., pp. 322, 334-335).

 

[91] De hecho, nuestro Estado ha saludado la adopción de la Resolución con un comunicado no exento de cinismo en el que “reitera su firme compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos en el Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados de Tinduf” y afirma que “seguirá trabajando para avanzar en la plena protección de dichos derechos, y apoyando medidas que conduzcan a la verificación de su respeto efectivo (Cfr. Ministerio de AAEE y Cooperación, Comunicado 78, Resolución CSNU sobre MINURSO, Madrid, 26 de abril de 2013; texto accesible en < http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2013_COMUNICADOS/20130426_COMU078.aspx>).