La Unión Europea y el Sahara Occidental: (Verdaderos) Principios y (falsos) intereses

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Carlos Ruiz Miguel

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela (España)

SUMARIO : Propósito de este trabajo I. Los principios de la Unión Europea: el Parlamento Europeo y la defensa internacional pionera de los derechos humanos (con algunas carencias): I.1. La Unión Europea: un actor internacional con principios; I.2. La aplicación de los principios de la UE en relación con el Sahara Occidental: I.2.A. El período vanguardista y comprometido (1987-1995); I.2.B. El período de acercamiento y complicidad UE-Marruecos (1996-2005); I.2.C. El período realista (2005-). II. Los intereses de la Unión Europea: entre los intereses particulares y el interés general: II.1. Los (caros) acuerdos pesqueros UE-Marruecos y la cuestión del Sahara Occidental; II.2. La “asociación” euromediterránea UE-Marruecos: la ilusión de la condicionalidad. III. La relación UE-ACP: III.1. La solución de controversias UE-ACP, el modelo que no se quiso para los acuerdos euromediterráneos; III.2. La prometedora y decepcionante posición de la Asamblea Paritaria UE-ACP. IV. El Consejo de Europa y los derechos humanos: un perfil demasiado bajo. V. Conclusión.

PROPÓSITO DE ESTE TRABAJO

Es un lugar común afirmar que en las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos existe una tensión entre la afirmación de los principios y la defensa de los intereses. La tesis que quiero defender en este trabajo es que ni es cierto que siempre la UE se haya mostrado diligente en la afirmación y defensa de sus “principios” en relación al Sahara Occidental, ni es cierto que la UE haya actuado siempre en defensa de sus “intereses” entendiendo por tales, naturalmente, los intereses generales y no los intereses particulares de ciertos grupos en detrimento del interés general.

  1. LOS PRINCIPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA: EL PARLAMENTO EUROPEO: DEFENSA INTERNACIONAL PIONERA DE LOS DERECHOS HUMANOS (CON ALGUNAS CARENCIAS).

I.1. La Unión Europea: un actor internacional con principios.

La Unión Europea (comprendiendo en la expresión a las Comunidades Europeas de las que trae causa) se ha autoidentificado, durante mucho tiempo, como un actor internacional que ha actuado más apoyado en su “auctoritas” que en su prácticamente inexistente “potestas” política. Esta autoidentificación primero se hallaba implícita, pero se ha explicitado progresivamente desde el Acta Única Europea de 1986 y el Tratado de la Unión Europea (TUE) de 1992 con sus ulteriores modificaciones hasta la redacción actual tras la firma del Tratado de Lisboa (2007).

El Preámbulo del TUE declara que la UE se inspira “en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho” y coherentemente con ellos confirma “su adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho”.

Esas declaraciones se concretan en el articulado del TUE. Así, el artículo 2 TUE establece que “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos”. Estos fundamentos no sólo rigen para la política dentro de la UE, sino que el Tratado, y esto es lo importante, prescribe que estos principios deben también regir la política exterior de la Unión. Así queda claramente reflejado en el 3.5 TUE[1]

Ahora bien, las relaciones exteriores de la UE no sólo se rigen por el respeto de los “derechos humanos”, sino también por el respeto de los demás valores que constituyen el fundamento de la Unión Europea: democracia, Estado de Derecho y Derecho Internacional, tal y como se desprende del importante art. 21 del TUE[2].

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por su parte, considera que los objetivos fijados en el TUE (como los referidos en el art. 21.2 TUE) resultan vinculantes en el ejercicio de las competencias delegadas por los Estados miembros a la UE, tal y como se desprende del art. 7 TFUE[3].

I.2. La aplicación de los principios de la UE en relación con el Sahara Occidental.

La UE ha desempeñado un papel pionero en la defensa de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Más precisamente, ha sido el Parlamento Europeo (PE) el primer órgano internacional que ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en el territorio, incluso antes de que se aprobara el “Plan de Arreglo”. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos “clásicos” (civiles y políticos) durante mucho tiempo no ha ido acompañada de la defensa de los derechos humanos “socio-económicos” que también resultan sistemáticamente violados en el Sahara Occidental.

El Parlamento Europeo ha sido, probablemente el primer órgano internacional que ha denunciado las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Así ha sido desde 1987. Se han sugerido varias explicaciones de ello[4]. En primer lugar, se ha dicho que la intervención del Parlamento Europea (PE) aparece facilitada una vez que el “Acta Única Europea” entró en vigor (julio de 1987) pues dicho tratado otorgó varias competencias PE en materia de asuntos exteriores[5]. En segundo lugar, la implicación del PE se puede explicar también porque desde la adhesión de España a las Comunidades Europeas (1 de enero de 1986) se produce la presencia en el PE de diputados españoles, que entonces manifestaban gran compromiso con la causa saharaui. Son precisamente los eurodiputados españoles los que promovieron la creación del Intergrupo “Paz para el pueblo saharaui”.

Ahora bien, las resoluciones del PE no se han caracterizado por la continuidad y se pueden distinguir varios períodos. El primero sería el más vanguardista y comprometido, desde su primera toma de decisión hasta la negociación del acuerdo de asociación de la UE con Marruecos (1987-1995). El segundo período sería el del acercamiento a Marruecos y abarcaría desde el momento en que va tomando cuerpo el acuerdo de asociación UE-Marruecos hasta que estalla la “Intifadha” saharaui de 2005 (1996-2005). El tercer período, es el de la verificación, período en el que el PE examina de cerca el grado de cumplimiento de sus compromisos con Marruecos en función de ciertos intereses de algunos Estados europeos (2005-).

I.2.A. El período vanguardista y comprometido… con matices (1987-1995).

El período en el que el PEO se ha mostrado más vanguardista y comprometido con los derechos humanos discurre entre 1987 y 1995.

Antes de 1987, el PE había aprobado una única resolución sobre el Sahara Occidental, pero prestando atención sólo a la cuestión de la guerra y del proceso político para la resolución del conflicto, defendiendo un enfoque próximo a las posiciones oficiales marroquíes. Se trata de la resolución de 12 de marzo de 1981[6].

La resolución de 14 de mayo de 1987[7] es el primer texto que se hace eco de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Este documento trata de la “suerte de la familia del general Ufkir y de las centenas de desaparecidos en Marruecos”, pero también incluye una referencia a los desaparecidos saharauis pues el PE exige “informaciones sobre los centenares de desaparecidos marroquíes y saharauis”.

La resolución de 17 de diciembre de 1987[8] se hace eco de una ola de represión desencadenada por el Estado marroquí contra civiles saharauis que se habían manifestado pacíficamente a raíz de que la ONU y la OUA decidieran enviar una misión técnica al Sahara Occidental en el marco de sus esfuerzos para aplicar las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental. El PE se hizo eco de la detención de “decenas” de hombres y mujeres saharauis por las fuerzas policiales marroquíes y expresa el “riesgo de tortura” que sufren los detenidos. El PE en esta resolución protesta contra estas detenciones de personas que sólo se manifestaban pacíficamente e insiste en la liberación inmediata de los detenidos y en el respeto de sus derechos. Desafortunadamente, el llamamiento del PE no tuvo eco ante los gobiernos de los Estados europeos. En efecto, con ocasión de esta oleada de represión desencadenada en 1987, muchos saharauis “desaparecieron” hasta 1991, sufriendo torturas y algunos incluso asesinato. Entre los saharauis desaparecidos y torturados en ese período se encuentran las famosas defensoras saharauis de los derechos humanos Aminatu Haidar y Galia Yimi.

La resolución de 15 de marzo de 1989[9], es un documento que se centra en la cuestión política y no insiste en la cuestión de los derechos humanos “clásicos”. Ahora bien, esta resolución es importante porque, por primera vez, el PE reconoce expresamente el derecho a la “independencia” del pueblo saharaui. El PE en esta resolución reconoce que la cuestión del Sahara Occidental debe resolverse en función del “derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia”.

La resolución de 15 de febrero de 1990[10], tercera que el PE dedica a los derechos humanos en el Sahara Occidental, retoma la línea de la resolución de 1987 y denuncia las violaciones de derechos humanos “clásicos”. Esta resolución denunció que la ola de represión de 1987 había provocado “varios centenares de detenidos en noviembre de 1987” entre hombres, mujeres y niños, cuya suerte permanecía ignorada. Asimismo, esta resolución denunciaba la ausencia de información sobre l80 “desaparecidos” en el territorio ocupado desde 1976.

La resolución de 11 de octubre de 1990[11], aprobada algunos meses más tarde que la anterior, versa sobre el Derecho humanitario y, en especial, sobre los derechos de los prisioneros de guerra. A este respecto, el PE denunciaba que Marruecos no quería repatriar a 200 soldados marroquíes que habían sido liberados por el Frente Polisario y que rechazaba dar informaciones sobre los prisioneros de guerra saharauis.

En 1991, el Consejo de Seguridad da su aprobación definitiva al Plan de Arreglo[12]. Ese año el PE aprobó dos resoluciones sobre el Sahara Occidental que tenían relación con el citado Plan y menos con los derechos humanos. La resolución de 18 de abril de 1991[13], aprobada poco antes de que el Consejo de Seguridad adoptara el Plan de Arreglo, no contiene referencias a los derechos humanos. Por su parte, la resolución de 12 de septiembre de 1991[14], aprobada unos días después de la entrada en vigor del alto el fuego y el comienzo del período transitorio previsto para la celebración del referéndum, incluye un párrafo que acusa a Marruecos de violar un derecho fundamental, la libertad de conciencia, al condicionar la liberación de los prisioneros de guerra saharauis a que « reconozcan » que el Sahara Occidental « es parte integrante de Marruecos ».

La resolución de 29 de octubre de 1992[15], se produce después de que el régimen marroquí hubiera desencadenado una nueva oleada represora contra la población saharaui de los territorios ocupados. En este contexto, el PE denunció la sangrienta represión del derecho a manifestarse pacíficamente en varias ciudades del Sahara Occidental y el encarcelamiento y desapariciones subsecuentes.

La resolución de 27 de mayo de 1993[16] es probablemente la más enérgica de todas las aprobadas por el PE. No sólo denuncia las violaciones de derechos humanos, sino que de forma expresa denomina “territorios ocupados” a los territorios del Sahara Occidental controlados por Marruecos y exige, también expresamente, la aplicación de los Convenios de Ginebra al territorio ocupado. Su tenor se explica por la represión marroquí tras el bloqueo de la aplicación del Plan de Arreglo aprobado por el Consejo de Seguridad. De acuerdo con el citado Plan, el referéndum de autodeterminación debía haberse celebrado a finales de 1992. Sin embargo, Marruecos consiguió aplazarlo y como consecuencia de estas tácticas dilatorias, hubo manifestaciones saharauis de protesta en los territorios ocupados. Este es el contexto de esta resolución que en términos contundentes denuncia la violación por el régimen marroquí de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Esta resolución recuerda que desde 1976 “han ‘desaparecido’ más de mil saharauis” y de que “el número de saharauis todavía detenidos clandestinamente se eleva a 500 personas aproximadamente”. La resolución en su parte dispositiva:

1. Condena las detenciones arbitrarias, los actos de ‘desaparición’ y de tortura y la detención en régimen de incomunicación[17], así como cualquier otra forma de violación de los derechos humanos.

  1. Pide al Gobierno marroquí que libere inmediata e incondicionalmente a todos los saharauis detenidos en Marruecos y en el Sahara Occidental y que rompa el silencio que pesa sobre la suerte de los cientos de ‘desaparecidos’ saharauis;
  2. Pide a las autoridades comunitarias y a los Gobiernos de los Estados miembros que hagan todo lo posible por garantizar la protección del pueblo saharaui;
  3. Pide de nuevo al Gobierno marroquí que autorice la entrada de observadores internacionales y de las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental;
  4. Pide de nuevo a la Cooperación Política Europea que exija a Marruecos el respeto de los derechos humanos y los acuerdos internacionales, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y los Convenios de Ginebra;
  5. Reitera su solicitud de que Marruecos libere a todas las personas que se encuentran encarceladas a causa de sus actividades sindicales o políticas”.

La resolución de 10 de febrero de 1994[18] se enmarca en la misma línea que la anteriormente citada de 1993. En esta nueva resolución se reitera la dureza de la resolución anterior para condenar las violaciones de derechos humanos y se solicita, con firmeza, la aplicación del Plan de Arreglo aprobado por el Consejo de Seguridad. Esta resolución no habla del “derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia” (como la resolución de 1989) ni se refiere al Sahara Occidental controlado por Marruecos como “territorios ocupados” (como la resolución de 1993), pero introduce una importante novedad y es que, por primera vez, hace un llamamiento a la utilización de presiones políticas, económicas y comerciales para obligar a Marruecos a cumplir con sus compromisos y sus obligaciones internacionales. En efecto, la resolución dice que el PE:

“(…) F. Preocupado por las permanentes maniobras del Gobierno marroquí para impedir la aplicación del proceso de paz de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental.

(…)

  1. Pide a las autoridades de la Unión y a los Gobiernos de los Estados miembros que hagan todo lo posible, en el marco de sus relaciones políticas, económicas y comerciales con Marruecos, para obligar al Gobierno marroquí a poner fin al sistema de ‘desapariciones’ y a aplicar el plan de paz de las Naciones Unidas en el Sahara Occidental”.

La resolución de 16 de marzo de 1995[19] sobre el Sahara Occidental vuelve a dar el mayor peso a la cuestión del proceso de solución auspiciado por Naciones Unidas pero sin olvidar referencias al respeto de ciertos derechos humanos. Esta resolución que vuelve a denunciar el bloqueo del Plan de Arreglo, pide al gobierno marroquí “que no prohíba el acceso al Sahara Occidental a los observadores extranjeros, en particular a los observadores parlamentarios, juristas y periodistas” y reitera su petición, en los términos de la resolución de 1994, para que presionen “para que el Gobierno marroquí respete sus compromisos y aplique sin reservas el Plan de paz de las Naciones Unidas”.

La resolución de 13 de julio de 1995[20], se aprueba después de que Marruecos impusiera severas penas a ciertos estudiantes saharauis que se manifestaron en El Aaiún el 11 de mayo de 1995. El PE reclama a Marruecos la liberación inmediata de los estudiantes aprisionados e invita al gobierno marroquí a que respete “los convenios internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos”.

Estas resoluciones reflejan ciertamente una posición inequívoca de apoyo a los derechos “clásicos” del pueblo saharaui internacionalmente reconocidos. Sin embargo, en esta fase, el Parlamento Europeo mostró poca o nula atención a los derechos socio-económicos del pueblo saharaui como se pone de manifiesto en su ausencia de críticas a los acuerdos pesqueros con Marruecos para explotar las aguas del Sahara Occidental. Sobre esta cuestión se tratará más adelante.

I.2.B. El período de acercamiento y complicidad UE-Marruecos (1996-2005).

Después de un primer período (1987-2005) de fuerte compromiso con los derechos del pueblo saharaui internacionalmente reconocidos, el Parlamento Europeo conoció un segundo período, muy diferente del anterior, donde los derechos humanos en el Sahara Occidental quedan muy marginados y donde se omiten los reconocimientos del derecho del pueblo saharaui a la independencia o la calificación de la presencia marroquí en el Sahara Occidental como una ocupación. Este segundo período se explica por un considerable acercamiento y complicidad de la UE con Marruecos.

Este período se inicia con el proceso de negociación de un acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos. Según avanza este proceso de negociación se constata que el PE afloja su presión sobre el gobierno marroquí que se traduce en un lenguaje más suave que o bien se centra sólo en llamar la atención sobre el proceso de solución del conflicto o en el uso de términos muy “matizados” al referirse a la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

En 1996 la UE y Marruecos firmaron un acuerdo de asociación. Ese mismo año, en la misma fecha, el PE aprobó dos resoluciones de alguna forma contradictorias que tratan de compensarse entre sí.

La primera resolución de 6 de junio de 1996[21], es una resolución legislativa en la que el PE dio su opinión favorable (en esa época aún no vinculante) a la conclusión del acuerdo de asociación euro-mediterráneo de asociación con Marruecos, que otorgó importantes ventajas comerciales a Marruecos.

La segunda resolución de 6 de junio de 1996[22], es una resolución ordinaria y, por tanto, no legislativa (como todas las del primer período) que trata “sobre la situación de los derechos humanos en Marruecos y el Sahara Occidental”. Esta resolución llama la atención sobre el bloqueo del plan de arreglo aprobado por el Consejo de Seguridad y sobre la situación de los derechos humanos, pero se produce una diferencia sustancial con las anteriores resoluciones. Ahora, el PE no “pide a Marruecos” el “respeto” de los derechos humanos o el apoyo al Plan de Arreglo; antes bien, pide a Marruecos “diálogo”, ya sea con el Frente Polisario (para desbloquear el plan de Arreglo) ya sea con la UE para “fomentar el respeto” de los derechos humanos omitiendo cualquier referencia a la posibilidad de hacer una presión económica. Esta omisión resulta comprensible si tenemos en cuenta que la firma del Acuerdo de asociación es un acto que se inscribe en la línea opuesta a lo patrocinado por las resoluciones del PE de 1994 y 1995.

La recomendación del 10 de marzo de 1998[23] hace más visible aún esta nueva fase de la relación del PE con el Sahara Occidental. Estamos ante un texto que ni siquiera tiene la forma de “resolución” y es sólo una “recomendación” y donde los derechos humanos han desaparecido pues sólo versa sobre el proceso de paz auspiciado por Naciones Unidas.

La resolución de 14 de enero de 1999[24], en la línea de la anterior recomendación, también trata del proceso de paz, pero no contiene ninguna referencia a los derechos humanos.

La resolución de 16 de marzo de 2000[25] asume un lenguaje algo más comprometido que los textos de 1996, 1998 y 1999, sin llegar al nivel del período 1987-1995. Aunque la parte central de la resolución se refiere a la cuestión del proceso de paz auspiciado por Naciones Unidas, se vuelve otra vez a hablar de derechos humanos en términos intermedios. El PE “demanda la garantía de plena libertad de expresión, asociación y manifestación para los habitantes del Sáhara Occidental”. Ya no se pide un “diálogo” para “fomentar el respeto” de los derechos humanos (como en la resolución de 1996), sino que se vuelve a pedir el respeto de algunos de esos derechos “clásicos”. Ahora bien, se omite la mención expresa del destinatario de esa demanda que en las resoluciones anteriores a 1996 no ofrecía dudas: el gobierno marroquí. El PE además, manifiesta su voluntad de enviar una misión encargada de evaluar la evolución de la situación sobre el terreno.

La resolución de 20 de noviembre de 2003[26], ejemplifica el distanciamiento del PE respecto al Sahara Occidental. En primer lugar, esta resolución se dicta después de tres años y medio de silencio en que el PE no aprobó ningún documento relativo al Sahara Occidental. En segundo lugar, esta resolución no es específica sobre el Sahara Occidental sino que trata sobre este tema en el contexto de las relaciones mediterráneas de la UE. En tercer lugar, el espacio dedicado al Sahara Occidental es muy breve, apenas un párrafo de la resolución (el nº 22) en el que se solicita la aplicación del plan de paz de Naciones Unidas.

La resolución de 14 de abril de 2005[27], da un paso más en la línea de acercamiento y complicidad entre la UE y Marruecos pues ni habla de la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental ni tampoco siquiera sobre el proceso de paz de Naciones Unidas y se limita a tratar de la ayuda humanitaria a los refugiados saharauis en Tinduf.

La resolución de 28 de abril de 2005[28], se expresa en términos igualmente suaves hacia Marruecos. Esta resolución, como la de 2003, no trata específicamente sobre el Sahara Occidental, sino que se refiere a este territorio en el contexto de “los derechos humanos en el mundo y la política de la UE”. Esta resolución contiene un parágrafo (el nº 15) donde se dice que el PE “Observa con preocupación los informes sobre violaciones de derechos humanos en el Sahara occidental, incluido en el ámbito de la libertad de expresión y de circulación” y “alienta a Marruecos y al Frente Polisario a que avancen sobre la base del plan Baker, internacionalmente reconocido; pide a Marruecos y al Frente Polisario que liberen a todos los prisioneros de guerra”. Adviértase que, si bien el PE “observa con preocupación” los informes sobre violaciones de derechos humanos, no “pide” a Marruecos, como hacía antes de 2006 (y como en esta misma resolución se hace con otros Estados) que “respete” los derechos humanos.

I.2.C. El período realista (2005-).

El desencadenamiento de la Intifadha de 21 de mayo de 2005, y la ola de represión subsiguiente (muertes, torturas, detenciones arbitrarias, procesos injustos), tuvieron más eco que nunca antes porque coincidieron con la gran expansión de internet y las nuevas tecnologías. Estas circunstancias hicieron que el PE no pudiera seguir dando la espalda a la realidad. Por lo demás, tras la Intifadha de 2005, se produjeron hechos de enorme gravedad y repercusión mediática (deportación de Aminatu Haidar en 2009, destrucción del campamento de Akdeim Izik en 2010) que hicieron imposible al PE mantener su postura de complicidad con Marruecos.

La realidad del conflicto va a condicionar las posiciones del PE sobre el Sahara Occidental. El proceso de autodeterminación auspiciado por Naciones Unidas quedó bloqueado tras la dimisión de James Baker, Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, en junio de 2004. Desde entonces, la atención va a centrarse cada vez más en los derechos humanos.

La resolución de 27 de octubre de 2005[29] constituye el documento que pone de manifiesto esta nueva fase. Esta resolución recuerda la cuestión de los más de 500 “desaparecidos” por Marruecos y pide al gobierno marroquí la liberación de los detenidos y prisioneros por la Intifadha de mayo de 2005. Esta resolución introduce una novedad importante y es que no sólo muestra su preocupación por los derechos humanos “clásicos”, pues introduce una referencia a la cuestión de los “recursos naturales energéticos”. Por lo demás, esta resolución vuelve a insistir en un punto señalado ya en la resolución de 2000, a saber, la necesidad de enviar de que el PE envíe una Misión para indagar sobre la situación en el Sahara Occidental.

El proyecto de resolución de 16 de diciembre de 2009[30] constituye otro documento importante en este proceso. Después de la resolución de 2005, las presiones del gobierno marroquí y de sus aliados consiguieron que el PE no adoptara ninguna nueva resolución en los años siguientes. Sin embargo, la deportación a mediados de noviembre de 2009 de Aminatu Haidar (defensora saharaui de los derechos humanos antigua desaparecida entre 1987 y 1991 y encarcelada entre 2005 y 2006) va a producir una grave crisis. La señora Haidar, deportada ilegalmente del Sahara Occidental a España con la complicidad del gobierno español (siendo entonces Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno y Moratinos Cuyaubé ministro de Exteriores), protestó contra esta deportación con una huelga de hambre que despertó un apoyo masivo en España y en Europa. El PE se disponía a votar una importante resolución que utilizaba durísimos términos de condena contra Marruecos. La presión del PE tuvo una extraordinaria importancia. El gobierno marroquí autorizó la entrada de la Sra. Haidar en el Sahara Occidental ocupado para evitar que la resolución del PE pudiera ser votada, lo que hubiera constituido una derrota muy importante para las pretensiones del gobierno marroquí.

La resolución de 25 de noviembre de 2010[31], sólo un año después de que se abortara la aprobación de la resolución sobre el Sahara Occidental tras la deportación de Haidar, el Parlamento europeo aprobó una nueva e importante resolución. Un año después se produjo un hecho importantísimo en la historia del conflicto del Sahara Occidental. Entre octubre y noviembre de 2010 más de 20000 saharauis salieron de la capital del Sahara Occidental, El Aaiún, y decidieron realizar una protesta pacífica en un lugar cercano, Akdeim Izik. Entre los principales motivos de la protesta se hallaba la denuncia de la violación de los derechos económicos y sociales de los saharauis y el expolio de las riquezas naturales del territorio. En este lugar, por cierto, fue enterrado Hamdi Lembarki, víctima mortal en octubre de 2005 de la represión de la Intifadha saharaui. Este modelo de protesta, que tuvo gran eco mediático, fue poco después imitado en Bahrein (plaza de la Perla de Manama), Egipto (plaza de la Liberación de El Cairo) o Palestina. El régimen marroquí procedió, en la madrugada del 8 de noviembre de 2010, a destruir completamente el campamento de protesta pacífica. Tras estos hechos, el PE aprobó su resolución de 25 de noviembre de 2010, en la que introdujo dos importantes novedades en el tratamiento de la cuestión saharaui. El primer aspecto novedoso fue la petición del PE de que se amplíe el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO) para incluir un componente relativo a la protección de los derechos humanos. El segundo punto fue la exigencia de que la explotación de los recursos naturales del Sahara Occidental (y no sólo los “energéticos” a los que se refería la resolución de 27 de octubre de 2005) se haga de conformidad con el Derecho Internacional.

La resolución de 18 de abril de 2012[32] es la primera de las dos que se adoptan ese año con referencias al Sahara Occidental. Esta resolución trata sobre los derechos humanos en el mundo y la política de la UE en la materia y en la misma se encuentra un párrafo (el nº 91) dedicado al Sahara Occidental donde se utiliza un lenguaje más contundente que el usado en la resolución homónima de 28 de abril de 2005) pues se pide la liberación de las personas encarceladas tras la destrucción del campamento de protesta de Akdeim Izik y se reitera la petición de que se establezca un mecanismo internacional de vigilancia de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

La resolución de 13 de diciembre de 2012[33] reitera el contenido de la resolución de abril de ese mismo año.

La resolución de 7 de febrero de 2013[34], sobre el 22 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contiene un párrafo (el nº 22) en el que el PE establece la línea que deben seguir los Estados miembros en la reunión del Consejo de Derechos Humanos. En ese párrafo se dice que el PE:

Manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos humanos en el Sáhara Occidental; pide que se protejan los derechos fundamentales del pueblo del Sáhara Occidental, incluidos la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho de manifestación; exige la liberación de todos los presos políticos saharauis; saluda el nombramiento de un enviado especial para el Sahel y destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental; apoya una solución justa y duradera del conflicto basada en el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas”.

2. LOS INTERESES DE LA UNIÓN EUROPEA: ENTRE LOS INTERESES PARTICULARES Y EL INTERÉS GENEAL.

II.1. Los (caros) acuerdos pesqueros UE-Marruecos y la cuestión del Sahara Occidental.

Entre 1988 y 2005, Europa y Marruecos firmaron cuatro acuerdos de pesca (1988, 1992, 1995 y 2005). Ahora bien, la particularidad fundamental de esos acuerdos de pesca era que el objeto fundamental de dichos acuerdos, aunque no se dijera explícitamente, eran las aguas del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, que son las más ricas en pesca.

El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos[35] de 1988 se firmó apenas dos años después de la adhesión de España a las Comunidades Europeas y es el primero que se firmó con Marruecos. Este acuerdo, de una duración de 4 años, preveía un máximo de 800 licencias (en su mayoría para barcos españoles y portugueses) sin restricción en cuanto a las cantidades pescadas o las especies capturadas, a cambio de 281’5 millones de ecus. No obstante, Marruecos podía imponer, en contrapartida, un plazo de un mes de reposo “biológico” para “proteger” “sus” recursos pesqueros. Este reposo sin embargo, y es muy importante advertirlo, no regía para la flota marroquí ni para la flota de otros Estados distintos de los de la UE lo que revela que el supuesto “reposo biológico” impuesto a los barcos europeos era simplemente una restricción cuantitativa a la pesca. Además, Marruecos obtenía directa e indirectamente más dinero por la obligación de desembarcar en puertos marroquíes parte de las capturas y por la obligación de emplear y formar a pescadores marroquíes.

El artículo 1 del Acuerdo afirma que el objeto del acuerdo son “las aguas sometidas la soberanía o a la jurisdicción del Reino de Marruecos”. Esta fórmula está inspirada en el acuerdo pesquero que, antes de su entrada en las Comunidades Europeas, firmó con el Reino de Marruecos el gobierno español presidido por Felipe González que definía el objeto del tratado como la pesca en “aguas bajo jurisdicción marroquí” (art. 1) [36].

Existe una idea tópica, recogida por algún autor, según la cual esta referencia a las aguas bajo “jurisdicción” marroquí constituía una forma de incluir las aguas del Sahara Occidental[37]. A mi juicio esta conclusión es equivocada por varios motivos. En primer lugar, el texto de esos acuerdos en ningún momento menciona el territorio del Sahara Occidental. Es más, en la delimitación de la “zona sur” de pesca nunca se llega a mencionar una localización al sur del paralelo 27º40’, que fija la frontera internacionalmente reconocida del Sahara Occidental. Los tratados hablan de la zona “al sur de 28º40’”[38].

En segundo lugar, dado que es obvio que ni la UE ni ninguno de sus Estados miembros reconoce al Reino de Marruecos la “soberanía” sobre el Sahara Occidental habría que aclarar en qué concepto ese Reino puede tener una “jurisdicción” sobre ese territorio y sus aguas que legitime la pesca. La “jurisdicción” no soberana puede basarse bien en una ocupación o en un dominio colonial. La ocupación, regida por los Convenios de Ginebra, no legitimaría la explotación de la pesca. El dominio colonial permitiría la explotación a la potencia administradora cumpliendo una serie de requisitos. En este segundo caso habría que invocar ese título de potencia administradora cosa que, como veremos, hasta 2006 no se hizo.

En tercer lugar, la distinción entre aguas bajo “soberanía” y bajo “jurisdicción”, de acuerdo con el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional Público se conecta con la distinción entre el “mar territorial” (aguas bajo soberanía stricto sensu del Estado[39]) y “zona económica exclusiva” (aguas adyacentes al “mar territorial” que no son de “soberanía” plena, sino de “soberanía” lato sensu que permite gozar de ciertos derechos económicos). En este sentido se puede interpretar que se distinguen aguas de “soberanía” (plena o stricto sensu) y aguas de “jurisdicción” (o de “soberanía” limitada a derechos de tipo económico o lato sensu). En efecto, algunas de las cláusulas de este y de los acuerdos siguientes establecían el límite de las 12 millas marinas para la realización de algunas actividades pesqueras. Esta interpretación parece apoyada por la consulta del texto del acuerdo pesquero ruso-marroquí de 2013 que tiene por objeto únicamente las aguas en la “zona económica exclusiva del Reino de Marruecos” en el Atlántico.

En consecuencia, la fórmula de aguas “bajo jurisdicción marroquí” en ningún caso significa, de acuerdo con el texto de los tratados en cuestión y el Derecho Internacional, una referencia al Sahara Occidental a menos que se reconozca que Marruecos es la “potencia administradora” del Sahara Occidental, algo que sólo fue alegado en 2006 y sobre lo que luego trataremos. En definitiva, creo que conviene dejar claro que bajo ningún concepto la pesca en las aguas del Sahara Occidental quedaba contemplada en el TEXTO de los acuerdos. Cuestión distinta es que en la PRÁCTICA la pesca se realizara en las aguas del Sahara Occidental pero, insisto, conviene desterrar la idea equivocada de que la expresión “aguas bajo jurisdicción marroquí” constituye una referencia a las aguas del Sahara Occidental.

El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos[40] de 1992 se firmó también para un período de 4 años, pero con unas condiciones sensiblemente peores para Europa que el anterior de 1988. Por un lado, el coste económico del acuerdo aumentó para Europa (pasó de 281’5 a 390’4 millones de ecus) al mismo tiempo que la posibilidad de pescar disminuyo (el “reposo biológico” aumentó de 1 mes a 3 meses para los cefalopoderos y a 2 meses para las demás especies en las mismas condiciones que en 1988, es decir, que sólo regía para los barcos europeos). Este acuerdo, aunque firmado para 4 años, se finalizó un año antes (en abril de 1995) en razón de los desacuerdos entre ambas partes sobre la utilización de las licencias de pesca.

En 1992, el Parlamento Europeo rechazó, en una resolución común de 15 de enero, los protocolos financieros firmados con Siria, Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, Jordania, Líbano e Israel porque no contenían ninguna cláusula relativa al respeto de los derechos humanos[41]. La resolución declaraba que “en algunos de estos países, en especial en Siria y en Marruecos, no se cumplen estos criterios y que las violaciones de los derechos humanos son allí particularmente graves”. Además, afirma que el PE está “especialmente atento al respeto de las Resoluciones 242 y 338 de las Naciones Unidas acerca de los territorios ocupados, en lo que atañe a Israel, y de la Resolución 690 sobre el Sáhara Occidental, en lo que se refiere a Marruecos”. Además, pide que “en el futuro, todos los protocolos de acuerdo prevean una ‘cláusula democrática y de respeto de los derechos humanos’”.

El Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad europea y el Reino de Marruecos[42] de 1995, también se firmó para un período de 4 años en un momento en el que también se negociaba el acuerdo euro-mediterráneo de asociación UE-Marruecos. El nuevo acuerdo contiene importantes modificaciones. Una vez que, gracias a las enormes “compensaciones financieras” otorgados por la UE al Reino de Marruecos, éste desarrolló su propia industria pesquera, se preveía una reducción progresiva de las licencias otorgadas por las autoridades marroquíes, así como una restricción cuantitativa de las pesca para ciertas especies particularmente rentables (principalmente cefalópodos). Además, el período de “reposo biológico” (que, insisto, sólo se aplica a los barcos europeos) aumenta a 4 meses (para los cefalópodos y otras especies) reduciendo aún más la cantidad de la pesca que pueden obtener los barcos europeos. La compensación financiera aparentemente se reduce ligeramente (355 millones de ecus, frente a los 390 millones del acuerdo de 1992), pero en realidad aumenta pues a la misma se añade una ayuda de 145 millones de ecus para el desarrollo del sector de la pesca industrial, la investigación marítima y la formación de pescadores marroquíes, lo que suma en total una cantidad de 500 millones de ecus. Además se establecía la obligación de desembarcar en los puertos “marroquíes” parte del pescado capturado[43],

Tras la expiración de este acuerdo, en 1999, Marruecos hizo saber oficialmente que no quería su renovación. Sin embargo, esta declaración era poco creíble. En primer lugar, la supuesta voluntad de no renovación del acuerdo parecía ser (a la luz de los hechos subsiguientes) una peculiar forma de presión sobre España en el conflicto del Sahara Occidental; y, en segundo lugar, el valor del acuerdo para Marruecos no era puramente económico, sino sobre todo político en cuanto pudiera utilizar la práctica de esos acuerdos (ya que no el texto) como medio de legitimación de la ocupación marroquí de las aguas del Sahara Occidental.

El Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos[44] de 2005 (en vigor desde febrero de 2007) se firmó a pesar de las supuestas dificultades en la negociación[45] para renovar el acuerdo expirado en 1999. Este acuerdo es menos importante que los anteriores en términos económicos. Prevé la posibilidad de otorgar 119 licencias (en 1988 eran 800 licencias) con una contrapartida financiera de 144 millones en 4 años (recordemos que la cantidad recibida en otros acuerdos fue: 281’5 millones en 1988; 390 millones en 1992; 500 millones en 1995). Ahora bien a esas cantidades, como en los casos anteriores, hay que añadir los ingresos que se obtienen por la obligación de desembarcar en los puertos “marroquíes” parte del pescado capturado, así como la obligación de emplear y formar a pescadores marroquíes, lo que suponía una fuente adicional de ingresos.

El acuerdo de 2005 presenta una importante singularidad. Al igual que los otros acuerdos, su texto no contenía referencias al Sahara Occidental. Ahora bien, en los momentos de su negociación la cuestión del Sahara Occidental fue planteada por algunos actores políticos y sociales. A fin de evitar las sospechas de ilegalidad del mismo, por primera vez (que me conste) el gobierno del Reino de España (siendo su presidente Rodríguez Zapatero y su ministro de Exteriores Moratinos Cuyaubé) adujo que el Reino de Marruecos era la “potencia administradora” del Sahara Occidental[46]. Ahora bien, como en los tratados anteriores, el texto del acuerdo de 2006 no se refiere en ningún momento al Sahara Occidental ni menciona ningún lugar al sur de la frontera internacionalmente reconocida entre Marruecos y el Sahara Occidental (27º40’).

Sin embargo, el hecho de que esos tratados en la práctica fueran utilizados para pescar en las aguas del Sahara Occidental suscitó serias dudas jurídicas. E l 25 de enero de 2006, el vice-presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, Van den Berg, solicitó un dictamen a los servicios jurídicos del Parlamento Europeo sobre la legalidad de la aplicación al Sahara Occidental del acuerdo firmado en 2005. El servicio jurídico del PE emitió su dictamen, el 20 de febrero de 2006[47]. El dictamen reconoce que el acuerdo no prevé expresamente las aguas del Sahara Occidental. Ahora bien, en caso de que Marruecos procediera a incluir las aguas del Sahara Occidental en el acuerdo, el dictamen sostiene que este Estado deberá cumplir con sus “obligaciones internacionales hacia el pueblo del Sahara Occidental” que no detalla, si bien alude a que sería útil que el Parlamento recibiera información de la Comisión y el Consejo sobre el modo en que Marruecos extiende los beneficios del acuerdo a la “población local.”

El acuerdo provisional de 2011[48] tuvo corta existencia y es, hasta el momento, el último de los firmados. En este acuerdo se decidió la prórroga del acuerdo de 2006 por un período de un año. Sin embargo, el 14 de diciembre de 2011, el Parlamento Europeo por una mayoría de 326 votos contra 296 y 58 abstenciones, rechazó la prórroga por motivos económicos (el acuerdo, siendo el más “barato” de todos los firmados con Marruecos no era rentable para la UE), ecológicos y jurídicos (exigencia de respeto del Derecho Internacional en relación con el Sahara Occidental. Como consecuencia del rechazo del PE (el segundo que el Parlamento Europeo hacía de un tratado internacional después de que el Tratado de Lisboa le diera derecho de veto en materia de negociación de tratados internacionales), la UE decidió derogar la aplicación provisional del acuerdo de pesca[49].

Después del rechazo del acuerdo de prórroga de 2011, la Comisión Europea ha iniciado nuevas negociaciones con el Reino de Marruecos para intentar firmar un nuevo acuerdo que cumpla con las exigencias impuestas por el Parlamento Europeo. Sin embargo, la exigencia europea de que el acuerdo respete el Derecho Internacional en relación con el Sahara Occidental no ha sido aceptada por el Reino de Marruecos lo que ha llevado a una situación de bloqueo.

II.2. La “asociación” euro-mediterránea UE-Marruecos: la ilusión de la condicionalidad.

El acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos de 27 de abril de 1976[50] constituye el primer acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos. Como ocurre con los acuerdos firmados en esas fechas, la cooperación que pretende “contribuir al desarrollo económico y social de Marruecos” no se condiciona al cumplimiento de compromisos políticos. El interés de este acuerdo es que contiene un sistema de resolución de controversias (art. 44 ss.) que es muy similar al que se establecerá después en el acuerdo de 1996.

No obstante, como ya se ha visto, en 1992 expresó claramente la exigencia de “condicionalidad” en las relaciones entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos. Ese año el Parlamento Europeo rechazó, en una resolución común de 15 de enero, los protocolos financieros firmados con Marruecos y otros países porque no contenían ninguna cláusula relativa al respeto de los derechos humanos[51]. La resolución, como se ha referido ya, declaraba que “en Marruecos, no se cumplen estos criterios y que las violaciones de los derechos humanos son allí particularmente graves”. Además, afirmaba que el PE iba a estar especialmente atento “al respeto (…) de la Resolución 690 sobre el Sáhara Occidental, en lo que se refiere a Marruecos” y exigía que “en el futuro, todos los protocolos de acuerdo prevean una ‘cláusula democrática y de respeto de los derechos humanos’”.

El acuerdo de asociación de 26 de febrero de 1996[52] , en vigor desde el año 2000, trata de enmarcarse en esas coordenadas, aunque como veremos, de forma bastante cuestionable. El modelo del “acuerdo mediterráneo de asociación” aparece en los tratados firmados con Túnez e Israel un año antes (1995) y se prosigue con otros tratados posteriores (Jordania, Egipto, Argelia, Líbano). Son tratados que aparentemente responden al modelo de “condicionalidad” en virtud del cual la Comunidad Europea (en aquel entonces definida tópicamente como “gigante económico y enano político”) utilizaba su fuerza comercial para presionar a los Estados vecinos del Mediterráneo para mejorar su situación política en términos de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Todos estos acuerdos euro-mediterráneos de asociación contienen una cláusula común que trata de dar cuerpo a la mencionada “condicionalidad”. El art. 2 del acuerdo de asociación entre las Comunidades Europeas y Marruecos dice, textualmente:

El respeto de los principios democráticos y de los Derechos Humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas interiores y exteriores de la Comunidad y de Marruecos y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”.

El problema que se plantea es qué ocurre cuando la parte no europea no respeta este compromiso que constituye un elemento “esencial” del acuerdo. Para ello hay que indagar en el sistema de resolución de disputas que prevé el acuerdo y que es la clave de su fracaso. El acuerdo de cooperación contempla el establecimiento de un “Consejo de asociación” con una configuración muy similar a la que tenía el “Consejo de Cooperación” en el acuerdo euro-marroquí de 1976. Este Consejo de Asociación “examinará las cuestiones importantes que se planteen en el marco del presente Acuerdo y cualquier otra cuestión bilateral o internacional de interés mutuo” (art. 78). Cada una de las partes puede someter a este Consejo de Asociación “cualquier conflicto relativo a la aplicación o interpretación” del Acuerdo (art. 86.1). Una vez presentada la demanda, el Consejo resuelve “mediante decisión” (art. 86.2). Ahora bien, el Consejo de Asociación “redactará sus decisiones y recomendaciones mediante acuerdo entre las Partes” (art. 80), o lo que es lo mismo, por unanimidad de las dos partes.

El acuerdo euromediterráneo incluye un procedimiento para la eventualidad de que no haya unanimidad. El problema es que este nuevo procedimiento en última instancia también depende de la unanimidad de ambas partes. Cuando no hay unanimidad en el Acuerdo de Asociación cada una de las dos partes (la Comunidad Europea y los Estados miembros se consideran “una parte”, art 86.4) puede nombrar un árbitro para solucionar la disputa. El problema es que el tercer árbitro debe ser designado… ¡por el Consejo de Asociación! Que, como sabemos sólo puede resolver por unanimidad de las dos partes.

Esto significa que cuando una parte (evidentemente, el Reino de Marruecos) no respeta el núcleo “esencial” del acuerdo de asociación (democracia, Estado de Derecho, derechos humanos) lo único que parece que puede hacer la UE para presionar es denunciar el acuerdo de asociación (art. 93). Ahora bien, aquí surge un nuevo problema porque para que la UE tome la decisión de denunciar el acuerdo se requiere la misma mayoría que para aprobarlo, es decir, una mayoría cualificada. Lo que significa que en caso de que el Reino de Marruecos viole los derechos humanos o no respete la democracia o el Estado de Derecho, basta con que una minoría de bloqueo en el Consejo se oponga a la denuncia del tratado para que el Reino alauita pueda seguir gozando de los beneficios económicos del acuerdo euromediterráneo sin que por ello tenga que cumplir sus compromisos políticos. Dado que es evidente la dificultad de conseguir una mayoría cualificada del Consejo para denunciar un tratado de este tipo (pues precisamente el acuerdo ya se firmó con el apoyo de una mayoría cualificada en un momento en el que el Reino de Marruecos no respetaba la democracia, los derechos humanos o el Estado de Derecho), el acuerdo de asociación se podría decir que casi blinda a la parte no europea en caso de no cumplimiento de sus compromisos.

Lo antes dicho queda perfectamente ilustrado en el caso de Marruecos respecto al Sahara Occidental. Después de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, el PE ha aprobado importantes resoluciones que denuncian un gravísimo incumplimiento por Marruecos de los compromisos asumidos en el art. 2 del acuerdo euromediterráneo de asociación. Se trata, en especial de las resoluciones de 27 de octubre de 1995[53] y de 25 de noviembre de 2010[54]. Ante las graves violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental responsables de la UE afirman haber planteado la cuestión en el marco del “diálogo político” entre ambas partes y en el marco del Acuerdo de Asociación. Sin embargo, es notorio que no se ha tomado ninguna decisión precisamente porque el procedimiento exige la unanimidad.

No puede, por ello, extrañar que los acuerdos euromediterráneos de asociación hayan sido un rotundo fracaso político. Las crisis políticas desencadenadas en varios Estados firmantes de los mismos (Túnez y Egipto, en especial) ponen de relieve que el proceso de eliminación de las dictaduras existentes se ha hecho no “gracias a”, sino “a pesar de” la UE.

El acuerdo de liberalización de productos agrícolas y pesqueros de 13 de diciembre de 2010[55], en vigor desde 2012, y que en realidad es una modificación del acuerdo de 1996, constituye la prueba más flagrante de las relaciones económicas de la UE con el Reino de Marruecos no sólo no se condicional al respeto de los principios que se consideran “esenciales”, sino que tampoco responden a los verdaderos intereses. El momento en que este acuerdo se firmó (13 de diciembre de 2010) no podía ser más significativo sobre el desdén hacia los principios: tres semanas después de que el PE aprobara (el 25 de noviembre de 2010) una importante resolución condenando las graves violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos en el Sahara Occidental al destruir el campamento de protesta de Akdeim Izik.

A mi juicio, sería erróneo interpretar los acuerdos de 1996 y de 2010 como un triunfo de los “intereses” europeos si por tales entendemos los intereses generales. En primer lugar, estos acuerdos de liberalización ponen en peligro el nivel de empleo en Europa. Ello es así por dos razones: por un lado, porque los productos que exporta Marruecos se generan con una competencia desleal en materia de derechos sociales de los empleados marroquíes; y, en segundo lugar, porque como han denunciado algunas organizaciones políticas Marruecos incumple, con impunidad, las cuotas máximas de exportación[56]. Alguien podría aducir, muy cínica y cuestionablemente, que esto son intereses “particulares” de los trabajadores de los sectores afectados por la competencia marroquí. Pero además, en segundo lugar, parece menos discutible que pueda resultar de interés “general” a competencia desleal en materia sanitaria. Un sindicato agrícola español (COAG) ha denunciado que el reino de Marruecos utiliza para el tratamiento de los tomates que exporta a Europa gracias a los acuerdos de 1996 y 2010 hasta 56 sustancias prohibidas en la UE[57].

El acuerdo de 2010 ha sido impugnado por el Frente Polisario ante el Tribunal de Justicia de la UE. Se trata de un hecho de significación histórica pues es, que a mí me conste, la primera vez que el Frente Polisario presenta una demanda ante un tribunal internacional. El Frente Polisario ha sido reconocido expresamente por la Asamblea General de Naciones Unidas como “representante del pueblo saharaui”[58]. Pero además, tanto el Consejo de Seguridad (en sus resoluciones[59]) como el propio Reino de Marruecos (negociando directamente con el Frente Polisario[60]) lo han reconocido como la otra parte del conflicto. El Frente Polisario introdujo una demanda el día 19 de noviembre de 2012[61] con varias alegaciones: en primer lugar, se alegaba que el Frente Polisario no había sido oído en la conclusión de este acuerdo; en segundo lugar, que el acuerdo violaba los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 6 TUE y 67 TFUE y, en concreto, el derecho a la autodeterminación; en tercer lugar se alegaba una infracción del principio de coherencia establecido en el artículo 7 TFUE por la falta de respeto del principio de soberanía; en cuarto lugar, se consideraba que se violaban los valores que deben guiar la acción exterior de la UE tal y como se fijan en los artículos 2, 3.5 y 21 TUE y en el artículo 205 TFUE; en quinto lugar, se alegaba infracción de la Convención Internacional de Derecho del Mar; en sexto lugar, se alega la infracción de las normas del Derecho Internacional Público (incluido el derecho a la autodeterminación) y del Derecho Internacional Humanitario; en séptimo lugar, se alega que los actos son ilegales debido a la naturaleza ilícita de los actos de la UE en este asunto de acuerdo con el Derecho Internacional.

3. LA RELACIÓN UE-ACP

El examen de las relaciones UE-ACP tiene un doble interés para el estudio de la posición de la UE en relación con el Sahara Occidental. Por un lado, la cooperación UE-ACP ofrece un sistema de solución de controversias en torno al incumplimiento de los elementos esenciales de la cooperación que contrasta llamativamente con el que existe en los acuerdos euromediterráneos. Por otro, es llamativa la posición que, durante un tiempo mantuvo la Asamblea UE-ACP en relación con el conflicto del Sahara Occidental.

III.1. La solución de controversias UE-ACP, el modelo que no se quiso para los acuerdos euromediterráneos.

La cooperación entre la Comunidad/Unión Europea y el grupo de países “ACP” (Africa, Caribe, Pacífico) ha evolucionado en un sentido parecido, pero no igual, al mantenido por la UE con otros Estados como los mediterráneos. De una cooperación puramente económica se ha ido pasando a una cooperación de mayor contenido político. La cooperación europea con los países “ACP” tiene su primer antecedente en los Convenios de Yaundé (1964, 1971). En 1975 se firmó el primer convenio de Lomé, al que siguieron el segundo (1979), el tercero (1984) y el cuarto (1989, modificado en 1995). Este último incluye entre los objetivos fundamentales del desarrollo el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, económicos y culturales[62]. En 1995 ese Acuerdo modificó la “cláusula de derechos humanos” en un sentido similar a las de los acuerdos euromediterráneos[63]. y para introducir una cláusula (artículo 366 bis) para regular el supuesto de incumplimiento de los compromisos asumidos por los países ACP. Esta cláusula que establece la posibilidad de suspender la ayuda a un Estado que contravenga el artículo 5 del Convenio (derechos humanos, democracia, Estado de Derecho). El examen de esta cláusula es importante si la contrastamos con el mecanismo previsto en el acuerdo de asociación euro-marroquí. El art. 366 bis dispone que:

si, a pesar de todos los esfuerzos, no se hubiera hallado ninguna solución, o de forma inmediata en caso de urgencia o rechazo de las consultas, la Parte que haya aducido el incumplimiento de una obligación podrá tomar las medidas adecuadas, incluida, en su caso, la suspensión parcial o total de la aplicación del presente Convenio a la Parte interesada. Queda entendido que la suspensión constituirá el último recurso”.

Esta cláusula llama poderosamente la atención por dos motivos.

En primer lugar, esta cláusula ofrece la prueba de que el modelo de solución de conflictos en los acuerdos de asociación euromediterráneos (como el existente con Marruecos) constituye una ilusión deliberadamente diseñada. En efecto, antes de que se firmara el acuerdo euromediterráneo con Marruecos ya existía otro modelo de solución de conflictos diferente que permitía a Europa la adopción unilateral de sanciones, lo que revela que la elección del modelo de “solución” de conflictos mediante la unanimidad de los litigantes no era la única fórmula posible y se eligió, precisamente, para evitar la posibilidad de tomar medidas de presión contra el Reino de Marruecos. Resulta por ello resultan erróneas las afirmaciones que hace Niedrist al tratar del conjunto de los tratados comerciales de la UE incluyendo los acuerdos de asociación euromediterránea. No es cierta respecto a los acuerdos euromediterráneos, como hemos visto, la afirmación de Niedrist según la cual “esta multitud de tratados comerciales … comparten una cláusula democrática de derechos humanos… (y) de no respetarse, los tratados podrán ser suspedidos de forma inmediata”. Tampoco es cierto en relación a los susodichos acuerdos que “lo que distingue el modelo de la Unión Europea es que no requiere un consenso mutuo” y que “cuenta con una posibilidad efectiva de toma de decisiones en el caso de una violencia de los derechos humanos”[64]. Sin embargo, Niedrist ofrece la prueba de que la regulación de la cláusula de derechos humanos en los tratados diferentes de los acuerdos euro-mediterráneos sí ha sido eficaz y son varios los casos en que las violaciones de derechos humanos han fundamentado la suspensión unilateral del acuerdo por parte de la UE[65]. Por eso, aunque diga Niedrist que la cláusula de derechos humanos de los acuerdos euromediterráneos (se refiere, en concreto a Israel) sea “la misma” que con los demás tratados[66], la realidad es que el mecanismo de garantía de la misma es sustancialmente diferente en los tratados euromediterráneos. Por eso, sus argumentos sobre por qué en el caso de las violaciones de derechos humanos por Israel no se activó la cláusula[67] omiten lo fundamental: porque el mecanismo de garantía es sustancialmente diferente a los demás acuerdos de cooperación.

Pero además, en segundo lugar, esta cláusula demuestra que la verdadera defensa de los “intereses” europeos radica en dar a la UE, y no a la parte no europea, la posibilidad de adoptar medidas unilaterales. Esto significa que el modelo de asociación euromediterráneo podrá ser cualquier cosa, pero no un modelo que proteja los “intereses” europeos. Por qué en los tratados de asociación euromediterráneos se aprueba un mecanismo que no protege los “intereses generales” europeos sino los intereses de los gobernantes de los socios no europeos es ya una cuestión que nos lleva a otro plano. Es notorio, hoy en día, que varios de los dirigentes de esos países (algunos depuestos o fallecidos, otros en el poder aún) han sobornado a dirigentes políticos europeos, mayormente de Francia[68]. No puede excluirse, por tanto, la hipótesis de que los acuerdos euromediterráneos responden a intereses particulares de algunos dirigentes europeos o no europeos.

III.2. La prometedora y decepcionante posición de la Asamblea Paritaria UE-ACP

Los Convenios UE-ACP disponen la creación de una “Asamblea UE-ACP” de tipo paritario compuesta por miembros del Parlamento Europeo y por parlamentarios de los países ACP. Durante un breve período, durante la vigencia del Cuarto Convenio de Lomé[69], la Asamblea Paritaria UE-ACP[70] mostró un extraordinario compromiso con el derecho del pueblo saharaui, pero después el asunto desapareció de la agenda de esta Asamblea.

La resolución de 22 de marzo de 1996[71], adoptada en Windhoek, capital de Namibia, por la Asamblea Paritaria ACP-UE tiene una gran importancia por su alcance político y económico. Por un lado, declaró que los “acuerdos tripartitos de Madrid” constituían una “violación del Derecho Internacional” y, por otro, pidió a la UE que “tomara en cuenta los intereses del pueblo saharaui en los acuerdos celebrados con el Reino de Marruecos”. Es importante recordar, en relación a la vertiente económica de esta resolución que dos años antes, el PE aprobó su resolución de 10 de febrero de 1994[72] en la que pedía a la UE que presionara a Marruecos mediante medidas económicas o comerciales para que cumpliera la legalidad internacional en el Sahara Occidental. Adviértase que en 1995 se había firmado un acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos que, como se ha visto, aunque no menciona al Sahara Occidental fue utilizado para explotar la pesca en las aguas de ese territorio.

La resolución de 26 de septiembre de 1996[73], continúa la senda de la anterior resolución pero con algunos cambios. En primer lugar, se omite la referencia a la ilegalidad de los “acuerdos de Madrid”. En segundo lugar, presta atención a la cuestión de los derechos humanos, omitidos en la precedente resolución, insistiendo en que la UE utilice medios de presión contra Marruecos. En este documento, la Asamblea declara que “considerando las violaciones flagrantes de los derechos humanos perpetradas por las autoridades marroquíes e el Sahara Occidental”, pide a los órganos de la UE y a sus Estados miembros que usen “todo su poder para hacer cesar las violaciones de derechos humanos y obtener la libración de las centenas de saharauis aún encarcelados por sus opiniones políticas”. En tercer lugar, y a diferencia de la anterior, en esta resolución se alude ya no al respeto de los “intereses” saharauis en las relaciones euro-marroquíes, sino al de sus “derechos”. En este sentido, la Asamblea “pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que tengan en cuenta los derechos inalienables del pueblo saharaui en los acuerdos celebrados con Marruecos”.

La resolución de 20 de marzo de 1997[74], es, que me conste, la última de las resoluciones sobre el Sahara Occidental aprobadas por la Asamblea Paritaria ACP-UE. Esta resolución vuelve a recordar, como la primera de las resoluciones, que los acuerdos de Madrid violan el Derecho Internacional. Sin embargo, llama la atención que en esta resolución ya no se hable ni de los derechos humanos “clásicos” ni de los derechos económicos del pueblo saharaui.

4. EL CONSEJO DE EUROPA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL : UN PERFIL DEMASIADO BAJO.

Aunque el objeto de este trabajo es el estudio de la posición de la Unión Europea en relación con el conflicto del Sahara Occidental, parece conveniente incluir también una referencia a otra importante organización internacional europea, el Consejo de Europa, que además tiene entre sus misiones más destacadas la defensa de los derechos humanos. Una aproximación a este asunto conduce a la perplejidad ante el silencio del Consejo de Europa ante las violaciones de derechos humanos en el Sahara Occidental. Esta perplejidad se explica por dos tipos de razones: en primer lugar, porque uno de los fines principales (el principal, de hecho) es la defensa de los derechos humanos; y en segundo lugar, porque uno de sus Estados miembros (el Reino de España) es aún la potencia administradora de iure del territorio del Sahara Occidental. A la vista de lo anterior parece justificable la perplejidad al constatar que la primera aprobación por el Consejo de Europa de una resolución específica sobre el Sahara Occidental se produce sólo en 2004 y prestando una atención marginal a la cuestión de los derechos humanos y que todas las proposiciones de resolución sobre los derechos humanos en el Sahara Occidental han sido rechazadas.

La resolución 678, de 29 de septiembre de 1978, aprueba el informe sobre la política general del Consejo de Europa-Situación en África, de 28 de septiembre de 1978[75], constituye el primer documento en que el Consejo trata de la cuestión del Sahara Occidental. Sin embargo, en este informe se trata sólo sobre la situación política del conflicto sin contener menciones a los derechos humanos.

La propuesta de resolución relativa a la descolonización del Sahara Occidental, de 9 de octubre de 1979 fue transmitida por la Comisión Permanente el 22 de noviembre de 1979 a la Comisión de Cuestiones Políticas para que fuera informada[76], sin embargo, no resultó aprobada. Esta resolución como su nombre indica, recordaba la necesidad de proceder a la descolonización del Sahara Occidental de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas.

La propuesta de directiva sobre el Sahara Occidental, de 7 de febrero de 1992[77], pedía a la Comisión de Asuntos políticos y a la de cuestiones jurídicas y derechos humanos que enviara una misión al Sahara Occidental para examinar el estado de preparación del referéndum de autodeterminación previsto por las Naciones Unidas. Esta propuesta, presentada 13 años después de la anteriormente tratada (en 1979) fue reenviada a las dos citadas comisiones para ser dictaminada. Sin embargo, no fue finalmente aprobada.

La propuesta de recomendación sobre el Sahara Occidental de 7 de febrero de 1992[78] corrió un destino parejo. Esta recomendación incluía un párrafo según el cual la Asamblea Consultiva recomendaba al Comité de Ministros que iniciara una campaña europea a favor del libre ejercicio de los derechos humanos y de los derechos de los ciudadanos del Sahara Occidental, debiendo asociarse para ello con las organizaciones implicadas en la defensa de los derechos humanos. Esta propuesta de resolución era la primera que trataba la cuestión de los derechos humanos.

La proposición de recomendación sobre el Sahara Occidental, de 1 de junio de 2001[79], se presenta tras un largo silencio de 9 años sobre este asunto en el Consejo de Europa. Esta proposición incluía un párrafo pidiendo que se notificara al Forum de Derechos Humanos la situación en el área en lo relativo a los derechos humanos. Esta proposición, tampoco fue aprobada.

La proposición de recomendación sobre el Sahara Occidental de 14 de octubre de 2002[80] presentada por un grupo de parlamentarios de la Asamblea Consultiva parece ser el primer documento en el que el Consejo de Europa se preocupa de la cuestión del Sahara Occidental. Esta proposición llama la atención sobre la necesidad de que se aplique el Plan de Arreglo, aprobado por ambas partes y se celebre el referéndum de autodeterminación, pero además contiene un párrafo en el que “la Asamblea pide a sus miembros que subrayen con insistencia que los derechos humanos deben ser respetados en los territorios ocupados del Sahara Occidental”. Esta proposición, que fue reenviada a la Comisión de Cuestiones Políticos, sin embargo, no fue aprobada.

La resolución 1408 (2004) de 23 de noviembre[81], adoptada por la Comisión Permanente de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa trata del arreglo político de la cuestión del Sahara Occidental e incluye sólo un párrafo relacionado con los derechos humanos que versa sobre las personas “aún desaparecidas en el marco del conflicto”. No obstante, el informe que sirvió de base para la resolución incluía un extenso capítulo sobre la situación de los derechos humanos (parágrafos 98-118) y referencias a las riquezas del territorio (parágrafos 9 y 19).

La proposición de resolución sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental, de 11 de junio de 2009[82] resulta especialmente significativa porque hubo que esperar hasta el año 2009 para que se presentara ante el Consejo de Europa una proposición de resolución que tratara específicamente sobre los derechos humanos en el Sahara Occidental. Esta propuesta se hacía eco de los alarmantes informes sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental (desde el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hasta los de organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty Interational, Organización Mundial contra la Tortura, Front Line). A la vista de la gravedad de la situación, la propuesta de resolución pedía que el Consejo de Europa elaborara un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Por asombroso que parezca, el Consejo de Europa archivó sin más esta propuesta.

La proposición de resolución sobre la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y su reflejo en Europa, de 5 de febrero de 2010[83]corrió una suerte parecida a la anterior, pese a su indudable pertinencia. Haciéndose eco del caso producido por la deportación a España de Aminatu Haidar por las autoridades marroquíes, así como de las violaciones de derechos humanos, consideraba que la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental podía tener graves consecuencias sobre el territorio de los Estados miembros, por lo que resultaba conveniente una toma de posición y otras iniciativas (“persuasión moral”) de la Asamblea Consultiva para aumentar la presión sobre las dos partes en el conflicto para alcanzar una solución.

La proposición de resolución sobre la contribución parlamentaria a la resolución del conflicto del Sahara Occidental, de 19 de abril de 2011[84], pretende que una vez que el reino de Marruecos ha presentado su solicitud para ser “socio por la democracia” del Consejo de Europa resulta posible explotar las nuevas posibilidades de diálogo con el Parlamento marroquí. La proposición sostiene que en este nuevo escenario el Consejo de Europa puede hacer un seguimiento de la situación de Marruecos a la luz de los valores esenciales defendidos por el Consejo de Europa y la Asamblea Consultiva está llamada a interesarse sobre el respeto de los derechos humanos en el contexto del conflicto no resuelto del Sahara Occidental. Esta proposición está siendo actualmente tramitada en la Comisión de Cuestiones Jurídicas.

En el marco de este proceso la parlamentaria Maury Pasquier está preparando un informe. De momento la relatora se ha encontrado con miembros de la delegación marroquí (el 27 de junio de 2012) y argelina ante el Consejo de Europa, si bien no ha recibido a ningún representante de una delegación del Frente Polisario. El 14 de noviembre de 2012, la subcomisión sobre la prevención de conflictos mediante el diálogo y la reconciliación ha organizado una audición sobre este asunto con la representación de una delegación marroquí y otra argelina[85], pero nuevamente sin presencia de una delegación oficial saharaui. Por lo demás, en esas audiciones han participado representantes de Naciones Unidas[86] y de la sociedad civil[87]. El presidente de la sub-comisión, Patrick Moriau, ha tomado nota (pero no ha aprobado) de la intención de la relatora de invitar a representantes del pueblo saharaui a un cambio de pareceres con la Comisión en una de sus próximas reuniones y ha aprobado la petición de la relatora de viajar al Sahara Occidental en visita informativa. Esta visita se ha producido el 24 de mayo de 2013.

5. CONCLUSIÓN

El estudio del Derecho gestado en la Unión Europea (y en el Consejo de Europa) en relación con el conflicto del Sahara Occidental muestra que la calificación del mismo como una contradicción entre “principios” e “intereses” constituye una aproximación superficial al problema.

El estudio revela que los “principios”, cuya proclamación es aparentemente “gratuita” no se han mantenido de forma constante por parte de la Unión Europea (donde se aprecian tres períodos en el tratamiento del problema) y que la organización internacional europea aparentemente más “moral” y que, por cierto, no trata prácticamente de cuestiones económicas (el Consejo de Europa) ha sido especialmente renuente a proclamar los principios que le dan su razón de ser cuando se trata del Sahara Occidental sin que haya razones económicas que lo expliquen.

El análisis revela que los “intereses” invocados en el marco de la Unión Europea no responden a los intereses reales. Una aproximación más profunda al problema revela que el tratamiento de la cuestión del Sahara Occidental por parte de la Unión Europea ha estado y sigue estando condicionado por “intereses” sí, pero de tipo particular, y no precisamente por los “intereses generales europeos”. Una aproximación más profunda al problema revela que quienes defienden esos determinados intereses particulares tratan de impedir (y muchas veces consiguen) que se proclamen los “principios” que la UE ha determinado que deben vincular sus relaciones exteriores. Una aproximación más profunda al problema revela que la defensa no sólo de los “principios”, sino de los “intereses” europeos está en parte bloqueada (en los acuerdos de 1996 y 2010) por un mecanismo que prácticamente deja desarmada a la Unión Europea.

La observación cuidadosa de la cuestión revela, a mi juicio, que en el conflicto del Sahara Occidental, la defensa de los “principios” resulta convergente con la de los “intereses” generales europeos y que quienes reniegan de esos “principios” están actuando al servicio de intereses particulares (europeos y no europeos) en perjuicio de los verdaderos intereses generales europeos.


[1]En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

El artículo 6.3 TUE precisa claramente cuales son los “derechos humanos” que forman parte de los “principios generales” del Derecho de la Unión y que, por tanto, rigen la política exterior de la UE):

Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”.

[2]1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.

La Unión procurará desarrollar relaciones y crear asociaciones con los terceros países y con las organizaciones internacionales, regionales o mundiales que compartan los principios mencionados en el párrafo primero. Propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas.

  1. La Unión definirá y ejecutará políticas comunes y acciones y se esforzará por lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales con el fin de:
  2. a) defender sus valores, intereses fundamentales, seguridad, independencia e integridad;
  3. b) consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional;
  4. c) mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como a los principios del Acta Final de Helsinki y a los objetivos de la Carta de París, incluidos los relacionados con las fronteras exteriores;
  5. d) apoyar el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza;
  6. e) fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional;
  7. f) contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para lograr el desarrollo sostenible;
  8. g) ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano; y
  9. h) promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial.
  10. La Unión respetará los principios y perseguirá los objetivos mencionados en los apartados 1 y 2 al formular y llevar a cabo su acción exterior en los distintos ámbitos cubiertos por el presente título y por la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como los aspectos exteriores de sus demás políticas.

La Unión velará por mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior y entre éstos y sus demás políticas. El Consejo y la Comisión, asistidos por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, garantizarán dicha coherencia y cooperarán a tal efecto”.

[3]La Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el principio de atribución de competencias”.

[4] URRUELA, Águeda, “El Parlamento Europeo frente al conflicto del Sahara Occidental”, Papers no. 46 (1995), p. 107-120 (p. 111, 113).

[5] Según el artículo 30.4 del Acta Única Europea (DO L 169, 29-VI-1987, p. 1 ss.): “Las Altas Partes Contratantes asegurarán la estrecha asociación del Parlamento Europeo a la Cooperación Política Europea. A tal fin, la Presidencia informará regularmente al Parlamento Europeo de los asuntos de política exterior examinados en el marco de los trabajos de la Cooperación Política y velará por que en dichos trabajos sean debidamente tomados en consideración los puntos de vista del Parlamento Europeo”.

[6] DO C 77 (6-IV-1981), p. 43-45.

[7] DO C 156 (15-VI-1987), p. 145-146. Ese mismo día, el PE aprobó otra resolución « sobre los derechos humanos en Marruecos » (DO C 156, 15-VI-1987, p. 145).

[8] DO C 13 (18-I-1988), p. 102.

[9] DO C 96 (17-IV-1989), p. 59-61.

[10] DO C 68 (19-III-1990), p. 143-144.

[11] DO C 284 (12-XI-1990), p. 131-132.

[12] S/RES/690 (29-IV-1991).

[13] DO C 129 (20-V-1991), p. 125-126.

[14] DO C 267 (12-IX-1991), p. 129-130.

[15] DO C 305 (23-XI-1992), p. 153.

[16] DO C 176 (28-VI-1993), p. 158.

[17] La versión francesa utiliza una expresión menos eufemística que la versión española y habla de “détention au secret”.

[18] DO C 61 (28-II-1994), p. 177.

[19] DO C 89 (10-IV-1995), p. 159

[20] DO C 249 (25-IX-1995), p. 159-160

[21] DO C 181 (24-VI-1996), p. 15. (“Resolución legislative sobre la propuesta de decision del Consejo relative a la celebración del Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una Asociación entre las Comuidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos,, por otra”).

[22] DO C 181 (24-VI-1996), p. 15-16.

[23] DO C 104 (6-IV-1998), p. 29-30.

[24] DO C 104 (14-IV-1999), p. 112-113.

[25] DO C 377 (29-XII-2000), p. 354-355.

[26] DO C 87 E (7-IV-2004), p. 500-502.

[27] DO C 33 E (9-II-2006), p. 596-597.

[28] DO C 45 E (23-II-2006), p. 107-129.

[29] DO C 272 E (9-XI-2006), p. 582-583.

[30] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P7-RC-2009-0247+0+DOC+XML+V0//FR

[31] DO C 99 E (3-IV-2012), p. 87-88.

[32] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0126&language=ES

[33] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-503

[34] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0055+0+DOC+XML+V0//ES

[35] Reglamento (CEE) n° 2054/88 del Consejo de 23 junio 1988 relativo a la celebración del acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad económica europea y el Reino de Marruecos y por el que se adoptan disposiciones para su aplicación (DO L 181, 12-VII-1988, p. 1-2); Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad económica europea y el Reino de Marruecos (DO L 181, 12-VII-1988, p. 3-13); Protocolo n 1 por el que se fijan las posibilidades de pesca concedidas por Marruecos y las contrapartidas de la Comunidad para el período que va desde el 1 de marzo 1988 al 29 febrero de 1992 (DO L 181, 12-VII-1988, p. 14-16). Cfr. Sobre este acuerdo J. JUSTE RUIZ, « El acuerdo pesquero CEE-Marruecos de 25 de febrero de 1988 », Revista de Instituciones Europeas no. 15/3 (1988), p. 741-764.

[36] Acuerdo de 1 de agosto de 1983, de cooperación sobre pesca marítima entre España y el Reino de Marruecos (BOE 11-X-1983, p. 27588 ss.).

[37] J. SOROETA LICERAS, “La posición de la Unión Europea en el conflicto del Sahara Occidental, una muestra palpable (más) de la primacía de sus intereses económicos y políticos sobre la promoción de la democracia y de los derechos humanos”, Revista de Derecho Comunitario Europeo nº 34 (2009), p. 823 ss. Según este autor, la firma del acuerdo de 1983 que tenía por objeto las aguas “bajo jurisdicción marroquí” “daba al traste con las expectativas saharauis” (p. 834). En relación con el acuerdo euro-marroquí de 1988 el mismo autor, afirma que la distinción entre “pesca en ‘aguas bajo soberanía’ y ‘en aguas bajo jurisdicción” marroquí”, es una referencia a las aguas adyacentes a la costa de Marruecos y del Sahara Occidental, respectivamente” (p. 835). En la conclusión de su trabajo este autor afirma que “en los acuerdos de pesca la CE reconoce implícitamente que actúa ilegalmente, al tratar de separar conceptos como soberanía y jurisdicción, diferenciando de alguna forma las aguas marroquíes de las saharauis, pero dándoles el mismo tratamiento” (p. 857).

[38] El acuerdo pesquero ruso-marroquí de 2013 también busca en realidad explotar la pesca en el Sahara Occidental, pero omite las referencias al Sahara Occidental para no vulnerar la legalidad internacional y establece como zona de pesca la zona situada “al sur del 28º00’”. Cfr. Texto del tratado en ruso y en su traducción no oficial al inglés:

http://wsrw.org/files/dated/2013-04-30/rasporyazhenie-5-fevralya-rossiya-marokko.pdf

http://wsrw.org/files/dated/2013-04-30/russia-morocco_fisheries_agreement_2013.pdf

[39] Artículo 2.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: “La soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores (…) a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial”.

[40] Reglamento (CEE) n° 3954/92 del Consejo de 19 de diciembre de 1992, relativo a la celebración del acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad económica europea y el Reino de Marruecos y por el que se adoptan disposiciones para su aplicación (DO L 407, 31-XII-1992, p. 1-2); Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad económica europea y el Reino de Marruecos (DO L 407, 31-XII-1992, p. 3-14); Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca concedidas por Marruecos y el importe de la contrapartida financiera y de las ayudas financieras concedidas por la Comunidad (DO L 407, 31-XII-1992, p. 15-28).

[41] Resolución de 15 de enero de 1992 sobre los protocolos financieros con Siria, Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, Jordania, Líbano e Israel y el respeto de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales por parte de estos países (DO C 39, 17-II-1992, p. 50-52).

[42] Reglamento (CE) n° 150/97 du Consejo de 12 diciembre de 1996 relativo a la celebración del acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos y por el que se adoptan disposiciones para su aplicación (DO L 30, 30-I-1997, p. 1-4); Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marrueco (DO L 30, 30-I-1997, p. 5-29). El artículo 15 del acuerdo dispone que el mismo “tendrá una duración de cuatro años a partir del 1 de diciembre de 1995”.

[43] En materia de cefalópodos se preveía que el segundo año de vigencia del acuerdo 12 buques deberían desembarcar sus capturas en un puerto marroquí subiendo a 15 buques el tercer año y 25 buques el cuarto año.

[44] Reglamento (CE) no 764/2006 del Consejo de 22 mayo de 2006 relativo a la celebración del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (DO L 141, 29-V-2006, p. 1-3); Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (DO L 141, 29-V-2006, p. 4-37).

Sobre este acuerdo pesquero de 2006, cfr. Enrico MILANO, “The new Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco: fishing too south? “, Anuario de Derecho Internacional vol. 22 (2006), p. 413-457 ; Carlos RUIZ MIGUEL, “El acuerdo de Pesca UE – Marruecos o el intento español de considerar a Marruecos como «potencia administradora» del Sahara Occidental », Anuario de Derecho Internacional vol. 22 (2006), p. 395-412. Resulta sorprendente no ver citados estos dos trabajos en la relación de bibliografía sobre las relaciones UE-Marruecos de Maria Angeles SABIOTE, “Literature Review on the relations between the EU and Morocco “, EUPROX State-of-the-arts Report s no. 3 (2008). Quizás se pueda entender esa omisión si se tiene en cuenta que los textos elegidos para gozar de la inclusión en esa relación son muy favorables a las posiciones defendidas por el régimen marroquí.

[45] No podemos compartir la opinión según la cual Marruecos no quería renovar el Acuerdo de pesca de 1995 porque fue un “mal negocio” (bad deal) para Marruecos. Cfr. Jordi VAQUER I FANES, “The Domestic dimension of EU external policies: the case of the EU-Morocco 2000-01 fisheries negotiations”, Mediterranean Politics vol. 8, no.1 (2003), p. 59-82 (p. 64). Conviene advertir que Vaquer habla siempre de “Moroccan waters” (passim), a pesar del hecho de que las aguas más ricas en pesca se encuentran en el Sahara Occidental ocupado. De hecho, a pesar de haber hablado antes de que el acuerdo era un “mal negocio”, el autor no tiene más remedio que reconocer que en aplicación del acuerdo pesquero Marruecos había recibido “enormous amount of money” (p. 69).

[46] El ministro de Exteriores afirmó en tres ocasiones en junio de 2005 que Marruecos era la “potencia administradora” del territorio. Ese mismo mes, el Asesor Ejecutivo para asuntos parlamentarios del Ministerio hizo la misma afirmación. Cfr. RUIZ MIGUEL, “El acuerdo de pesca UE-Marruecos…”, cit., p. 396.

[47] Legal Opinion. Re: Proposal for a Council Regulation on the conclusión of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco-Compatibility with the principles of International Law, SJ-0085/06, D(2006)7352, de 20 de febrero de 2006.

[48] (2011/491/UE) Decisión del Consejo de 12 de julio de 2011, relativa a la firma en nombre de la Unión Europea y a la aplicación provisional del protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas por el acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (DO L 202, 5-VIII-2011, p. 1-2); Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas por el acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (DO L 202, 5-VIII-2011, p. 3-30).

[49] Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2011, por la que se deroga la Decisión 2011/491/UE del Consejo relativa a la firma en nombre de la Unión Europea y a la aplicación provisional del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos (DO L 6, 10-I-2012, p. 1-2).

[50] Réglement (CEE) nº 2211/78 du Conséil du 26 septembre 1978 portant conclusión de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc (JO L 264, 27-IX-1978, p. 1); Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc (JO L 264, 27-IX-1978, p. 2-34). No existe traducción oficial al español de estas normas. En la misma edición del Diario Oficial figura un acuerdo de cooperación entre la ya extinta Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Reino de Marruecos.

[51] Resolución de 15 de enero de 1992 sobre los protocolos financieros con Siria, Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, Jordania, Líbano e Israel y el respeto de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales por parte de estos países (DO C 39, 17-II-1992, p. 50-52).

[52] (2000/204/EC, ECSC) Decisión del Consejo y de la Comisión de 24 de enero de 2000 relativA a la celebración del acuerdo euromediterráneo de asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte y el Reino de Marruecos, por otra (DO L 70, 18-III-2000, p. 1). El texto del acuerdo en DO L 70, (18-III-2000), p. 2-190.

[53] DO C 272 E (9-XI-2006), p. 582-583.

[54] DO C 99 E (3-IV-2012), p. 87-88.

[55] (2012/497/UE) Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2010, relativa a la firma del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos nos 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (DO L 241, 7-IX-2012, p. 2). El texto del Acuerdo en DO L 241 (7-IX-2012) p. 4-47.

[56] “CC-NC pide al Gobierno y a la CE que exijan a Marruecos el cumplimiento de los cupos de tomate“, Europa Press (17-VI-2013). Cfr.:

http://www.europapress.es/economia/noticia-cc-nc-pide-gobierno-ce-exijan-marruecos-cumplimiento-cupos-tomate-20130617172237.html

[57] COAG: Marruecos podría aplicar en sus tomates 56 sustancias activas prohibidas en la UE (3-X-2012). Cfr.: http://www.coag.org/index.php?s=2&id=c967e7d832e09e2ba5f8806dfa10c86b

[58] A/RES/34-37 (1979), A/RES/35-19 (1980).

[59] Así ocurre desde la resolución 658 (1990) hasta la actualidad

[60] Ha habido negociaciones oficiales indirectas entre Marruecos y el Frente Polisario (como las que dieron lugar al Plan de Arreglo), negociaciones secretas directas (como las que mantuvo el rey Hassán II de Marruecos con una delegación del Frente Polisario en Marrakech en 1988) y negociaciones oficiales directas bajo el auspicio de Naciones Unidas (en 1997 –dando lugar a los Acuerdos de Houston-, en 1999, en 2001 y en 2007-2010). Posteriormente, desde 2011 se han celebrado diversas rondas de “conversaciones informales”. Cfr.: http://www.arso.org/Ref.htm#negociations

[61] Frente Polisario v. Consejo (Caso T-512/12) (2013/C-55/26), DO C 55 (23-II-2013), p. 14-15.

[62] Cuarto Convenio ACP-CEE firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989 (DO L 229, 17-VIII-1991, p. 3-220. El artículo 5.2 del Convenio afirma:

las Partes reiteran su profunda adhesión a la dignidad y a los derechos humanos, que constituyen aspiraciones legítimas de los individuos y de los pueblos. Los derechos que se contemplan son todos los derechos humanos, cuyas diversas categorías son indivisibles e interdependientes y tienen legitimidad propia: un trato no discriminatorio; los derechos fundamentales de la persona; los derechos civiles y políticos; los derechos económicos, sociales y culturales.

Todo individuo tendrá derecho, en su propio país o en un país de acogida, al respeto de su dignidad y a la protección de la ley.

La cooperación ACP-CEE contribuirá a la supresión de los obstáculos que impiden el disfrute pleno y efectivo por parte de los individuos y de los pueblos de sus derechos económicos, sociales y culturales, gracias al desarrollo indispensable para su dignidad, su bienestar y su plena expansión. Para ello, las Partes se esforzarán, conjuntamente o cada una en su esfera de responsabilidad, por contribuir a eliminar las causas de situaciones de miseria indignas de la condición humana y de desigualdades económicas y sociales profundas.”

[63] Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CE de Lomé, firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995 (DO L 156, 29-V-1998, p. 3-78). Nuevo artículo 5.1.3:

El respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho, que sustenta las relaciones entre los Estados ACP y la Comunidad y todas las disposiciones del Convenio y rige las políticas internas e internacionales de las Partes contratantes, constituirá un elemento esencial del presente Convenio”.

[64] Gerhard NIEDRIST, “Las cláusulas de derechos humanos en los Tratados de libre comercio de la Unión Europea”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional vol. XI (2011), p. 463 ss. (p. 465, 466).

[65] NIEDERIST, “Las cláusulas de derechos humanos…”, cit., p. 475. Niedrist menciona, entre otros, los casos de Níger y Comoras (1999), Fiyi y Costa de Marfil (2000), República Centroafricana (2003) y Guinea Bissau (2004).

[66] NIEDERIST, “Las cláusulas de derechos humanos…”, cit., p. 476.

[67] NIEDERIST, “Las cláusulas de derechos humanos…”, cit., p. 477-478.

[68] En el caso de Francia esa corrupción está muy bien estudiada en Ali AMAR y Jean-Pierre TUQUOI, Paris-Marrakech. Luxe, pouvoir et réseaux, Calman-Lévy, París, 2012.

[69] Cuarto Convenio ACP-CE, firmado en LomeÉ el 15 de diciembre de 1989, DO L 229 (17-VIII-1991), p. 3-280. Este convenio fue modificado el “Acuerdo por el que se modifica el Cuarto Convenio ACP-CEE de Lomé, firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995, DO L 156 (29-V-1998).

[70] Según el artículo 32 del Cuarto Convenio de Lomé

1. La Asamblea Paritaria estará compuesta , en número igual, por una parte, por miembros del Parlamento Europeo y, por otra parte, por parlamentarios o, en su defecto, por representantes designados por los países ACP.

  1. a) La Asamblea paritaria, órgano consultivo, tendrá como objetivo, mediante el diálogo, el debate y la concertación:

– promover una mayor comprensión entre los pueblos de los Estados miembros, por una parte, y los pueblos de los Estados ACP, por otra parte;

-sensibilizar a la opinión pública sobre la interdependencia de los pueblos y de sus intereses, así como sobre la necesidad de un desarrollo solidario;

-reflexionar sobre las cuestiones referentes a la cooperación ACP-CEE, y en particular sobre los problemas fundamentales del desarrollo;

-promover investigaciones e iniciativas y formular propuestas para mejorar y reforzar la cooperación ACP-CEE;

-estimular a las autoridades competentes de las Partes contratantes a fin de que apliquen el presente Convenio de la forma mas eficaz para alcanzar plenamente los objetivos del mismo.

  1. b) La Asamblea paritaria organizará regularmente contactos y consultas con los representantes de los medios económicos, culturales y sociales de desarrollo de los Estados ACP y de la Comunidad, para recabar su opinión sobre la consecución de los objetivos del presente Convenio«.

El art. 32.1 fue reformado en el Acuerdo de modificación del Cuarto Convenio ACP-CEE para quedar con el siguiente tenor:

1. La Asamblea Paritaria estará compuesta, en número igual, por una parte, por miembros del Parlamento Europeo en representación de la Parte

comunitaria y, por otra, por parlamentarios o, en su defecto, representantes designados por el Parlamento del Estado ACP interesado. A falta de un Parlamento, la asistencia de un representante estará sujeta a la aprobación previa de la Asamblea Paritaria«.

[71] DO C 254 (2-IX-2996), p. 43-44.

[72] DO C 61 (28-II-1994), p. 177.

[73] DO C 62 (27-II-1997), p. 32-33

[74] DO C 308 (9-X-1997), p. 52.

[75] Rapport sur la politique générale du Conseil de l’Europe-Situation en Afrique, Doc. 4216 (28-IX-2978). Conseil d’Europe, Assemblée Parlementaire. Trentième session ordinaire (Deuxième partie) 27 septembre-4 octobre 1978. Documents de séance, Volume V, Strasbourg, 1978, p. 1 ss.

[76] Proposition de résolution relative à la décolonisation du Sahara Occidental, presentada por Lucien Pignion y varios de sus colegas. Doc. 4435 (9-X-1979).

[77] Propositon de directive sur le Sahara Occidental, presentada por Jean-Pierre Fourré y varios de sus colegas, Doc. 6573 (7-II-1992), reenviada por la Comisión Permanente el 11 de marzo de 1992 a la Comisión de cuestiones políticas y a la comisión de asuntos jurídicos y de derechos humanos para ser informada (Reenvío nº 1775).

[78] Proposition de recommandation sur le Sahara Occidental, presentada por Fourré y varios de sus colegas, Doc. 6574 (7-II-1992), reenviada por la Comisión Permanente el 11 de marzo de 1992 a la Comisión de cuestiones políticas y a la comisión de asuntos jurídicos y de derechos humanos para ser informada (Reenvío nº 1775).

[79] Proposition de récommandation sur le Sahara Occidental, presentada por Clemencia Torrado y varios de sus colegas. Doc. 9082 (1-VI-2001), reenviada por la Comisión permanente el 22 de mayo de 2001 a la Comisión de Cuestiones Políticas (Reenvío nº 2609).

[80] Sahara Occidental. Proposition de récomendation, presentada por la diputada sueca Eva Zettenberg y varios de sus colegas, Doc. 9590 (14-X-2002), reenviada el 18 de noviembre de 2002 por la Comisión Permanente a la Comisión de cuestiones políticas (Reenvío nº 2771).

[81] Resolución 1408 (2004), de 23 de noviembre, que aprueba el informe sobre la situación en el Sahara Occidental presentado por el diputado Gabino Puche (Doc. 10346, de 20 de octubre de 2004).

[82] Proposition de résolution sur la situation des droits de l’homme au Sahara Occidental, presentada por Jean-Paul Lecoq y varios de sus colegas. Doc. 11946 (11-VI-2009), archivada el 2 de octubre de 2009.

[83] Proposition de résolution sur la situation des droits de l’homme au Sahara Occidental et reflets sur l’Europe, presentada por Renato Farina y varios de sus colegas. Doc. 12166 (5-II-2010).

[84] Proposition de résolution sur la contribution parlementaire à la résolution du conflit du Sahara Occidental, presentada por Liliane Maury Pasquier y varios de sus colegas, Doc. 12603 (19-IV-2011), reenviada el 20 de junio de 2011 por la Comisión Permanente a la Comisión de cuestiones jurídicas y derechos humanos (Reenvío nº 3783).

[85] Saïda Brahim Bounab y M. Mohamed Boukhalfa (miembros del Parlemento argelino).

[86] Alexander Ivanko, Consejero político principal de la Misión de Naciones Unidas para la organización del referéndum en el Sahara occidental (MINURSO).

[87] Christine Perregaux (Bureau international pour le respect des droits de l’homme au Sahara occidental – BIRDHSO) ; M. Eric Sottas (Fondation Kennedy, antiguo Secretario General de la Organización Mundial Contra la Torture).