El presidente del Parlamento autonómico, Francisco Pina, ha leído la declaración institucional acordada por unanimidad en la Mesa y Junta de Portavoces recientemente, en la que reiteran su defensa de los valores democráticos, constitucionales y de derechos humanos
NOTA DE PRENSA DE LAS CORTES DE ARAGON
El presidente de las Cortes de Aragón, Francisco Pina, ha sido el encargado de leer la declaración institucional sobre la Defensa de los Derechos Humanos Saharauis -habitantes del Sahara asentados en Marruecos- al inicio de la sesión plenaria de hoy, en la que el Parlamento autonómico ha reiterado, una vez más, su “preocupación por las violaciones de los derechos humanos”.
En la Declaración Institucional, los diputados de las Cortes exigen el respeto a los derechos humanos en “los territorios ocupados del Sahara Occidental, además de al inmediata liberación de todos los presos políticos saharauis, tal como demandan las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Todo ello inscrito en estricto cumplimiento de los Tratados Internacionales”.
Tal y como acordaron por unanimidad la Mesa y Junta de Portavoces el pasado 30 de octubre, la institución legislativa se reafirma, como ya lo hiciera en junio de 2008, en la defensa de los valores constitucionales, democráticos y de derechos humanos y expresa “su firme condena, rechazo a la detención de Ali Salem Tamek, Brahim Dahan, Rachid Sghaïr, Nassiri Hamadt, Yehdih Terruzi, Saleh Loubeihi y Degja Lechgar y exigen su inmediata liberación”.
Además, Francisco Pina ha recordado, durante la lectura de esta declaración institucional, que “el pasado ocho de octubre, siete defensores de derechos humanos saharauis fueron detenidos en el aeropuerto de Casablanca (Marruecos) cuando regresaban de visitar a sus familias y amigos en los campamentos de refugiados saharauis”, una actuación que va en contra de lo recogido en varios tratados internacionales de libertades y derechos civiles y políticos, y que ha motivado a las Cortes de Aragón, como representante del pueblo aragonés, a denunciar estas prácticas y a recalcar, mediante una declaración institucional, su apuesta por los derechos humanos.
