Los tribunales españoles y el Sahara Occidental -algunas sentencias-

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Eduardo FUNGAIRIÑO

Fiscal de Sala del Tribunal Supremo
Colaborador de la Liga Española Pro Derechos Humanos

Trato de atender con este trabajo a lo pedido por Francisco PALACIOS para la publicación de un libro sobre el Sahara Occidental (hasta 1975 Sahara Español). Tomo como base una intervención que tuve el 22 de febrero de 2013 en Zaragoza en unas Jornadas sobre el mismo tema y a las que me invitó el Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental; con lo que repetiré datos e ideas que ya conocen los que tuvieron la paciencia de escucharme en aquella ocasión. Por otra parte, temo que lo que exponga, mucho de ello ya conocido, se solape con lo que escriban otros –catedráticos, magistrados, sociólogos- con mucha mejor fortuna.

El legislador establece las normas (carácter general) y el juez las interpreta, dictando sentencias con relación al caso concreto (aplicación particular de la norma) que a veces imponen una solución distinta a la que el legislador previó. Pero el juez no puede crear una política, sino solo decidir entre los términos que le plantea –en cualquiera de los órdenes, civil, penal, contencioso administrativo y social1– el actor o demandante.

Es difícil conjeturar cuál era la política del Gobierno español entre 1973 y 1975, si alguna política existió. No estaba exenta España en aquellas fechas de presiones internacionales de todo tipo (ataques de bandas de irregulares marroquíes y del Frente Polisario a nuestras tropas2, injerencias y entorpecimientos de Marruecos3 descaradamente sustentadas por los EE.UU. de América4, etc.) que hacían muy difícil llevar a cabo con un mínimo de sosiego el proceso de descolonización que –tras una inicial renuencia- España se había avenido a completar. Pero no pretendo hacer una historia de aquellos momentos. Sí solo bosquejar los antecedentes de hecho que luego dieron lugar a los pronunciamientos judiciales, dictados luego mucho más tarde, cuando ya dichos hechos se habían borrado de la memoria del pueblo español –no de la memoria del pueblo saharaui- y no tenían otro soporte que el sufrido expediente administrativo o judicial.

PROCEDIMIENTOS EN EL ÁMBITO PENAL.

Es sabido que a partir de la ilegal ocupación del Sahara Español por Marruecos5 se produce una auténtica ocupación colonial, reiteradamente condenada por las Naciones Unidas y que no es reconocida por la comunidad internacional6. Una de las consecuencias de la ocupación colonial es que se quebranta la identidad territorial del Sahara Occidental y se pretende por el ocupante integrar todo el territorio sahariano en la jurisdicción de Marruecos7, y desconociendo su sistema judicial tribal, que siempre fue respetado por España.8 La mayor parte de los procedimientos judiciales en que se ven involucrados los saharauis que protestan por la ocupación son llevados –acusados de traición- ante Tribunales Militares que actúan fuera del Sahara.

La vulneración de Derechos Humanos en el Sahara Occidental es constante. Las Fuerzas de Seguridad marroquíes (Policía, Gendarmería Real, Fuerzas Auxiliares) llevan a cabo -especialmente en perjuicio de los que se oponen pacíficamente a la ocupación- detenciones arbitrarias (a veces transformadas en desapariciones forzadas), allanamientos sin orden judicial, impiden las concentraciones y manifestaciones, etc. Todo ello ante la impavidez de la MINURSO9, que carece de un componente de vigilancia o monitorización del respeto a los DD.HH.

Existen, por tanto, razonables dudas acerca de que la función judicial en el Sahara Occidental esté desarrollándose conforme a las pautas de imparcialidad, objetividad y publicidad que cabría esperar de un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que tiene importancia no sólo para la población titular del territorio, los saharauis, sino también cuando las víctimas de los delitos y de las vulneraciones de los Derechos Humanos son o ha sido españoles. Se han producido muchos crímenes sin investigar, especialmente en los primeros años de la ocupación (asesinatos, desapariciones forzadas, crímenes de guerra por bombardeo de poblaciones civiles, cegamiento de pozos, desplazamientos forzosos de personas, etc.). Y en el propio Marruecos no se ha abierto proceso a los responsables (ni a los mandos policiales inductores ni a los ejecutores materiales) de dichos crímenes.

A falta de persecución por parte de la autoridad ilegítimamente ocupante (Marruecos) ¿qué autoridad debería perseguir los citados crímenes? Para ello es necesario examinar cuáles son los criterios para el ejercicio de la jurisdicción.

Es sabido que la Jurisdicción que un Estado miembro de la comunidad internacional puede ejercitar puede basarse en la territorialidad, en la personalidad activa, en la personalidad activa, en la protección de intereses esenciales, o en la universalidad. La ley española admite los criterios de territorialidad (art. 8 del CC y 23.1 de la LOPJ), de personalidad pasiva (art. 23.2 de la LOPJ), de protección de intereses esenciales o protección real (art. 23.3 de la LOPJ) y de persecución universal (art. 23.4 de la LOPJ y Tratados sobre los delitos a que dicho artículo se refiere. Pero no admite el principio de personalidad pasiva, al contrario que Francia, Alemania, Finlandia, Italia, Bélgica, Portugal y Grecia, entre otros.

En el momento actual, la Justicia española, y específicamente los Juzgados Centrales de Instrucción, tienen abiertos procesos en dos casos por crímenes ocurridos en el Sahara. En el Juzgado Central de Instrucción nº 5 se tramitan desde octubre de 2007 diligencias por delitos de genocidio y tortura cometidos en el Sahara Occidental entre los años 1976 y 1987 en perjuicio de los pobladores saharauis (se cifran en más 500 los desaparecidos). El procedimiento, iniciado por querella de diversas asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de las víctimas, se dirige contra 10 responsables de la Gendarmería Real y de la Policía marroquí10.

¿Por qué la jurisdicción es ejercida por un Juez de Instrucción español si los hechos tuvieron lugar fuera de España (siempre que se considere que el Sahara Occidental ya no es España)? Lo mejor sería que las investigaciones las realizara el Juez del lugar, el judex loci delicti commissi, que puede examinar el locus in quo, recibir declaración a los inculpados que todavía se encuentren en la región, recibir declaración a los familiares de las víctimas y otros testigos, localizar los enterramientos, llevar a cabo las inhumaciones, etc. Como decíamos antes, Marruecos no ha iniciado procedimiento judicial alguno y es impensable que lo haga. Tratándose de delito de genocidio ¿Podría pedirse la intervención de la Corte Penal Internacional? No es posible. En primer lugar, Marruecos no es parte en el Estatuto de Roma, de 17.7.1998 (art. 12.1). En segundo lugar, la Corte Penal Internacional, que entiende de los delitos de genocidio, de lesa humanidad, y de crímenes de guerra, no puede juzgar crímenes cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Estatuto (v. art. 11.1), que tuvo lugar en 2002. Si ni Marruecos quiere investigar esos hechos (por falta de interés) ni la Corte Penal Internacional puede (por limitación temporal), veamos muy esquemáticamente qué justifica la intervención de un juzgado español en la instrucción de esos crímenes, en este caso el Juzgado Central de Instrucción nº 5. Los crímenes de genocidio y tortura que se atribuyen a las Fuerzas de Seguridad marroquíes en el procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 se cometen fuera de España11 (por lo que no procede la aplicación del criterio de territorialidad), por ciudadanos marroquíes (por lo que no procede la aplicación del criterio de personalidad activa), contra ciudadanos que hasta ese momento tenían la nacionalidad española y que la mantuvieron, por lo menos hasta la entrada en vigor del Real Decreto 2258/1976 de 10 de agosto12 (por lo que no procede la aplicación del criterio de personalidad pasiva, inoperante en la ley española).

En realidad, el procedimiento a que nos referimos se sustenta en el criterio de persecución universal o internacionalidad (art. 23.4 de la LOPJ), que permite ejercer la jurisdicción española en los casos –entre otros varios13– de genocidio y tortura cometidos en el extranjero, siempre que pueda constatarse algún vínculo de conexión relevante con España (lo que concurre en grado sumo, al tratarse de una colonia española, transformada en provincia, recién abandonada). España es parte en el Convenio para la prevención y la sanción del delito del Genocidio14. También es parte en el Convenio contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes15. Otro requisito para la operatividad de la jurisdicción universal es la inexistencia de una persecución seria y efectiva en el otro país competente, Marruecos16.

Cabe ahora plantearse alguna cuestión en el procedimiento seguido en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, desde el punto de vista del principio de legalidad. Los crímenes objeto de querella (genocidio y torturas) fueron cometidos entre 1976 y 1987. El delito de genocidio ya había sido introducido en nuestro Código Penal por Ley 44/1971, de 15 de noviembre, como art. 137 bis)17, por lo que no podría oponerse tacha alguna de irretroactividad. Otro tanto puede decirse del delito de torturas, que fue introducido en nuestro Código Penal por Ley 31/1978, de 17 de julio, como art. 204 bis)18. Por tanto, salvo las torturas perpetradas antes del 17.7.1978 y en la medida que no formaran parte de los actos que integran el delito de genocidio19, las torturas perpetradas sobre la población saharaui serían también perseguibles. En definitiva, que ningún obstáculo parece existir cuanto a la efectividad y prosperabilidad de la acción penal ejercida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5.

Otro procedimiento se sigue en el Juzgado Central de Instrucción nº 2. Es más reciente y, aparentemente, más simple en cuanto que se refiere a la investigación de un asesinato, pero de un ciudadano español. Se formuló querella el 16.11.2010 por delito de lesa humanidad (el desmantelamiento violento del campamento de Gdeim Izdik el 8.11.2010 en el que, entre otros, murió un ciudadano español, Baby HAMDAI BUYENA) y uno de los querellados es el Ministro del Interior marroquí Taieb CHERKAUI.

Los hechos ocurridos son públicamente conocidos y se cometieron entre los meses de Octubre y Noviembre de 2010, cuando las Fuerzas de Seguridad marroquíes, arramblaron violentamente contra todo lo existente en el Campamento de Gdeim Izik (Campamento de la Dignidad), cercano a la ciudad de El Aaiun. Las personas que se encontraban en este campamento se vieron obligadas a levantarse en protesta ciudadana contra las condiciones de vida y de trabajo impuestas en todo el territorio del Sahara Occidental por las autoridades de Marruecos. Durante el desalojo del Campamento se produjeron desapariciones, agresiones físicas, torturas y otros desmanes contra cientos de personas, así como varios asesinatos, entre ellos el del ciudadano español D. Baby HAMDAY BUYEMA20.

El Juzgado no se pronunció sobre la admisión de la querella y dejó en suspenso dicha admisión hasta tener conocimiento de si las autoridades marroquíes estaban llevando a cabo una persecución efectiva, como exige el art. 23.4 párrafo penúltimo de la LOPJ. El Juzgado dictó Auto el 29.11.2010 por el que decidió, antes de admitir la querella, librar Comisión Rogatoria Internacional a Marruecos para conocer si existía algún procedimiento en curso sobre tales hechos. Los querellantes (los familiares de Baby HAMDAN BUYENA y la LIGA ESPAÑOLA PRO DERECHOS HUMANOS) recurrieron la decisión21 pero a la fecha de hoy la querella sigue sin ser objeto de pronunciamiento.

Resulta llamativo que ni el Juzgado Central de Instrucción nº 2 ni la Sala de lo Penal en la apelación se hayan pronunciado sobre la operatividad del criterio de territorialidad invocado en la querella. De admitirse ese criterio la querella debería haber sido inmediatamente aceptada sin necesidad de preguntar a Marruecos si allí se seguía procedimiento; ello sin perjuicio de las dificultades que luego hubiesen surgido para luego llevar a cabo las diligencias de investigación (examen del lugar de los hechos, declaración de los inculpados marroquíes, declaración de los testigos residentes en los Territorios Ocupados, etc.).

En todo caso, la duda razonable sobre la imparcialidad de la justicia marroquí a la hora de enjuiciar los hechos llegó hasta el Parlamento
Europeo, que el 25.11.2010 expresó el deseo de que fueran las NN.UU. las que investigaran lo ocurrido.

La tramitación de los dos procedimientos descritos, de incierto futuro procesal, se ve además frenada por la imposibilidad de desarrollar una cooperación judicial efectiva, tanto con Marruecos (bajo cuya ocupación ilegal está el locus in quo, donde se encuentran los querellados responsables de los delitos, donde se encuentran los archivos, etc.) como con la República Árabe Saharaui Democrática (sea en los Territorios Liberados, sea en los campamentos de Tinduf) donde se encuentran la mayor parte de los testigos, precisamente testigos huidos de la invasión y de la ocupación marroquí.

Ni que decir tiene que Marruecos no quiere oír hablar de una investigación judicial iniciada fuera de Marruecos y en la que aparecen implicadas sus autoridades militares y policiales, por más atroces que hayan sido los crímenes. El silencio ante los exhortos librados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 es absoluto, a pesar de existir un Convenio entre el España y Marruecos relativo a la asistencia judicial en materia penal, hecho en Rabat el 24 de junio de 2009. Como por otra parte la vía de tramitación del exhorto internacional es la gubernativa (no se ha alcanzado la independencia y la fluidez existente entre los Estados miembros de la Unión Europea22) y es un hecho conocido que la Justicia marroquí está controlada por el Majzén, no puede preverse una pronta terminación del procedimiento.

Los testigos, directos o referenciales, de los hechos que se pretende investigar se encuentran o en los Territorios Ocupados o en los Territorios Liberados, incluido Tinduf. Ya sabemos que en el primer caso las Comisiones Rogatorias Internacionales que se envían no son atendidas.Pero en el segundo caso tampoco tienen mayor éxito, pues el Ministerio de Justicia español las remite al Ministerio de Justicia argelino, y éste se niega a tramitarlas porque entiende que no es el destinatario y que deben remitirse a su destinataria, la República Árabe Saharaui Democrática. Pero España no reconoce a la RASD, a pesar de que es un Estado independiente que ejerce soberanía en su limitado territorio.

La RASD no es solo Tinduf; es también Bir Lehlu, Tifariti, Mehaires, Aguenit, etc. El que España no reconozca a la RASD resulta hoy llamativo, porque, por otra parte, numerosas autoridades españolas mantienen contactos institucionales con autoridades saharauis: Ministros del Gobierno y Presidentes regionales que reciben visitas del Presidente de la RASD; contactos de la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo y del Instituto Cervantes con las autoridades de la RASD en Tinduf para coordinar la ayuda que llega desde España; existencia de un Delegado de la RASD que es reconocido oficialmente en España; existencia de un Delegado de la RASD ante las NN.UU.; existencia de un Delegado de la RASD ante la UE, etc. También las autoridades marroquíes han mantenido contactos bilaterales con autoridades saharauis en las conversaciones de Manhasset y Viena bajo los auspicios de las NN.UU. Incluso mantienen contactos bajo los auspicios del ACNUR23 para que los saharauis de los campamentos de Tinduf y de los Territorios Liberados puedan viajar a losTerritorios Ocupados y viceversa. En definitiva, una cosa es que no existan relaciones diplomáticas con un Estado y otra cosa es que ese Estado no exista, como si fuera un Estado fallido. La RASD es algo más que Kosovo, la Trasniestria o la República Turca del Norte de Chipre. Y quizá no debiera ser menos que Palestina, con la que tenemos constantes contactos institucionales y de cooperación, a favor de cuyo ingreso en las Naciones Unidas acaba de votar España en laAsamblea General24.

La imposibilidad de librar exhortos internacionales ha determinado que los testigos tengan que trasladarse desde Marruecos o desde el Sahara o desde Argelia a Madrid, a prestar declaración ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 (el JCI nº 2 no tiene hasta este momento abierto el procedimiento), con el coste procesal y económico que ello supone. Al existir una absoluta negativa de Marruecos a colaborar con nuestras autoridades judiciales, la única posibilidad de enjuiciar en España a los responsables de los crímenes es la de que éstos sean entregados a España por un tercer país si son en ese país detenidos en virtud de Órdenes Internacionales de Detención cursadas por el Juez español25.

Faltan pronunciamientos judiciales en el ámbito penal sobre otros crímenes en el Sahara en el que también las víctimas fueron españolas, mucho antes del asesinato de Baby HAMDAN BUYENA, ya referido más arriba y del secuestro de los cooperantes Ainhoa FERNÁNDEZ, Enric GONYALONS y Rossella URRU (secuestrados el 22.10.2011 en los propios campamentos de Tinduf)26. Nos referimos al ataque con bombas a las instalaciones de la empresa FOS-BUCRAA (10.1.1976); a los salvajes asesinatos de las tripulaciones de los pesqueros Cruz de Mar (28.11.1978) y Mencey de Abona (3.1.1980); al ataque al patrullero Tagomago (P-22) el 21.8.198527, etc. Ataques terroristas todos ellos con resultados mortales cuya autoría el Frente Polisario ha insistido en negar, atribuyéndola a grupos marroquíes. El que tales crímenes puedan estar hoy día prescritos desde el punto de vista del Código Penal no resta un ápice a la necesidad de su investigación y esclarecimiento, desde la perspectiva de la Justicia histórica y –lo que no es poco importante- en cuanto al pronunciamiento administrativo y, acaso, contencioso-administrativo sobre reconocimiento de la condición de víctima del terrorismo28 y consecuente indemnización.

PRONUNCIAMIENTOS EN EL ÁMBITO CIVIL.

Ya poco después de la retirada de España de su provincia sahariana la Sala 1ª del Tribunal Supremo dictó una Sentencia, el 22.2.1977. Dicha Sentencia casaba otra de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valladolid, dictada en apelación otra del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Zamora. La Audiencia Territorial negaba que pudiera ser inscrito como español un niño nacido en El Aaiún el 22.12.1972. La inscripción en el Registro Civil de Zamora tuvo lugar el 26.12.1972. Y la impugnación de la inscripción se planteó el 22.5.1973; se impugnaba la legitimidad del nacimiento de niño y su inscripción en el registro, por entender que al estar el niño en el momento del nacimiento en el Sahara no podía ser considerado español.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estimó el recurso y reconoció la nacionalidad española del niño pues aunque es bien cierto que nació en El Aaiún (Sahara español), en los tiempos del nacimiento esta provincia formaba parte del territorio español. Se basaba el Tribunal Supremo en una interpretación geográfica del concepto de territorio español, que comprendía no solo la España peninsular sino también el territorio sahariano, pues del contenido del Decreto de 10.1.195829 se desprendía con claridad que en la fecha del nacimiento e inscripción el Sahara Occidental era una provincia española, y la palabra España comprende todo el territorio nacional.

Llama la atención el que una autoridad judicial española pudiera decir que en 1972, año de nacimiento del menor, el Sahara Español no era España y que los nacidos en esa provincia no eran españoles. Pero así fue. Luego, otras autoridades españolas, judiciales y administrativas han dicho lo mismo, pero pueden alegar, por lo menos, que ya se había publicado el infausto y ya citado Real Decreto 2258/1976 de 10 de agosto.

Como ya se apuntó más arriba, el Real Decreto reconocía (art. 1) el derecho a optar por la nacionalidad española a los naturales del Sahara que residiendo en territorio nacional estén provistos de documentación general española, o que encontrándose fuera de él se hallen en posesión del documento nacional de identidad bilingüe expedido por las Autoridades españolas, sean titulares del pasaporte español o estén incluidos en los Registros de las representaciones españolas en el extranjero.

El reconocimiento del derecho a optar por la nacionalidad española parece intachable, pero a la hora de ejercer dicho derecho se presentaban dificultades a veces insuperables. El plazo para optar era de un año, mientras que el plazo de opción concedido con carácter general en el art., 20 del Código Civil es de dos años. Se exigía, además (art. 2), una comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia o el Cónsul español de la demarcación correspondiente, aportando la documentación española de que se hallen provistos y expresado su voluntad de optar por la nacionalidad española.

Cabe preguntarse cómo podían los saharauis, cuya máxima preocupación era en esos momentos ponerse a salvo de la invasión marroquí (que incluía el bombardeo con napalm) y huir a Argelia, comparecer ante el Juez encargado del Registro Civil del lugar de su residencia30. Viajar a Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote, las islas Afortunadas más próximas al continente africano, no era tarea fácil máxime cuando la costa estaba ocupada por marroquíes y mauritanos y los saharauis eran empujados hacia el interior. Era también impensable que pudieran acudir a algún consulado español en Marruecos o en Mauritania, precisamente los estados invasores.En Argelia el consulado español más próximo al Sahara es el de Orán, a 1.479 Km. por carreteras que bordean la frontera marroquí. Y no existe autoridad consular española alguna en el propio Sahara; no puede existir, precisamente porque España no reconoce formalmente la ocupación marroquí, pese a haberla tolerado con el precipitado abandono del territorio31. Ciertamente, quien redactó el Real Decreto 2258/1976 tenía in mente poner las cosas lo más difícil posible a los saharauis.

¿Cuántos saharauis con documentación ejercieron la opción a la nacionalidad española? ¿Cuántos querrían haber mantenido su condición de españoles y no pudieron por los insalvables obstáculos puestos por nuestra claudicante Administración? ¿Cuántos tuvieron oportunidad de hacerlo y no lo hicieron? No hay forma de saberlo. Desde luego, un número significativo de saharauis está instalado en Mauritania (particularmente los Imeraguen), aunque el carácter nómada de la población32 hace difícil fijar una residencia fija a efectos censales. Lo mismo puede decirse de los saharauis (particularmente los Ait Bu Amarani) residentes en la antigua colonia de Cabo Juby33, entregada a Marruecos en 1958 al finalizar el Protectorado y conocida desde la independencia del Sultanato como Tarfaya. Es posible que los saharauis de estas dos zonas no hayan tenido un acendrado interés en optar por la nacionalidad española (en el caso de que alcanzaran los requisitos necesarios de localidad y documentación) y se encuentren más integrados en Mauritania o en Marruecos.

Ello lleva no al análisis sino simplemente al comentario de por qué vías jurídicas algunos saharauis han podido obtener la nacionalidad española, además del tempranamente utilizado y referido más arriba (invocación del ius soli) entendiendo que el nacimiento en territorio español da derecho a ser registrado como español; teniendo en cuenta que invoco principalmente Sentencias del Tribunal Supremo. Ello implica que dejo sin comentar Sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia y por las Audiencias Territoriales34 que no fueron objeto de recurso ante el Tribunal Supremo porque acaso los solicitantes de la nacionalidad española obtuvieron la satisfacción de su pretensión en niveles judiciales inferiores.

A medida que pasa el tiempo desde el abandono del Sahara por España se hace más difícil (si no lo era ya antes) para los saharauis obtener la nacionalidad española. Si los padres no lo consiguieron menos lo pueden conseguir los hijos, que ya no pueden invocar siquiera el ius soli -pues no han nacido en territorio español-. Tampoco pueden invocar el ius sanguinis pues no son hijos de padres españoles.

La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 28.10.1998 (nº 1026/1998) reconoció la nacionalidad española de un saharaui que había recurrido en casación la Sentencia que apreció falta de jurisdicción -de la jurisdicción del orden civil- en relación a la demanda de reclamación de la nacionalidad española presentada por un saharaui nacido en territorio del Sáhara Occidental. La Sala afirma la competencia del orden civil para conocer de la demanda al tratarse de un problema de nacionalidad de origen, pese a la intervención administrativa en la organización y documentación de los registros sobre el estado civil de las personas. De una valoración conjunta de las pruebas practicadas, considera la Sala que resulta acreditada la posesión del estado de nacional español por recurrente, posesión que junto con su utilización continuada durante diez años, lleva a la Sala a apreciar la desigualdad discriminatoria que se ha producido al omitirse la aplicación del art. 18 del Código Civil, y reconoce la nacionalidad española del recurrente al amparo de este precepto.

Efectivamente, uno de los medios de adquisición de la nacionalidad española (además del nacimiento -art. 17 del CC-, la residencia -art. 22 del CC-, la opción -art. 20 del CC- y la carta de naturaleza -art. 21 del CC-) es la posesión, por 10 años y de buena fe.

En el presente caso, se trataba de una demanda que el recurrente, el saharaui Badadi Mohamed Mulud, planteaba ante el Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid, al amparo de la Ley de 26.12.1978 de protección jurisdiccional de los derechos de la persona, contra el Estado Español y el Ministerio Fiscal. El recurrente solicitaba se declarase que había existido violación del derecho fundamental a la igualdad ante la Ley por parte del Estado español a través de la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado consistente en desconocer su nacionalidad española de origen, así como la certificación de su nacimiento en los Registros españoles; y que se declarase su nacionalidad española de origen,

El Juzgado desestimó la demanda porque entendía que no tenía jurisdicción (orden civil). La Audiencia Provincial de Madrid desestimó la apelación y precisó que el orden jurisdiccional competente era el contenciosoadministrativo.

El Tribunal Supremo acogió el recurso y declaró la nacionalidad española del recurrente. Muy sintéticamente podemos resumir que, como se trataba de un recurso de protección de derechos fundamentales en relación con la nacionalidad, la jurisdicción correspondía al orden civil. Pero sobre todo –y ya en el fondo- tenía en cuenta que el saharaui recurrente tenía pasaporte español expedido el 21.9.1973 en El Aaiún, capital provincial que constaba como lugar de nacimiento y domicilio; y DNI español bilingüe, que acreditaba haber nacido en El Aaiún el 19.3.1950; y había inscrito su nacimiento en el Registro Civil (aunque luego el Registro no pudiera expedir certificación, al parecer por extravío) y podía acreditar una continuidad en el ejercicio de una nacionalidad española de hecho; pues, además, de la expresada documentación había desempeñado la función de ordenanza e intérprete en el Juzgado Territorial de El Aaiún y luego la de auxiliar administrativo en la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo. Finalmente, fue designado Jefe Territorial de la Organización Juvenil del Sahara. Y entre las «promesas» que hizo, en tal condición, figuran las de «sentir la responsabilidad de ser español dentro de la necesaria comunidad de los pueblos»;»honrar con la lealtad de «su» conducta la memoria de todos los que ofrecieron su vida por una España mejor» y la de «servir a su Patria» (España) y «procurar la unidad entre sus tierras y entre sus hombres».

Ese cúmulo de datos, valorados en su conjunto, determinan que se tenga como «hecho probado» la posesión del estado de nacional español por el actor; así como su utilización continuada, durante diez años, como mínimo.

El Tribunal Supremo valora la efectiva posesión de buena fe de la condición de español del recurrente y le reconoce la nacionalidad española. Como es obvio, se trata de un caso singular y no existe otro pronunciamiento jurisprudencial de adquisición de la nacionalidad española por un saharaui por posesión de hecho de nacionalidad española de buena fe. Creemos que muy pocos saharauis han podido encontrarse en una situación parecida.

Ya propugnábamos en otro foro35 una solución que creemos sencilla y equitativa. Se trata de modificar el art. 22 del CC, relativo a la adquisición de la nacionalidad española por residencia, e incluir a los saharauis entre los ciudadanos de otros países que tienen derecho a obtener la nacionalidad española por residencia de dos años.

El actual art. 22 del CC privilegia a los nacionales por origen, de países iberoamericanos o de Filipinas, Portugal, Andorra, Guinea Ecuatorial y sefardíes, a los que requiere solo un plazo de residencia de 2 años para conseguir la nacionalidad española. El propósito de este privilegio, pomposamente proclamado en la Exposición de Motivos de la Ley de 15.7.1954, era rendir tributo a la honda realidad social derivada de la peculiar condición de la persona por pertenecer a la comunidad de los pueblos iberoamericanos y filipino. Y en fortalecimiento de sus vínculos. Así, queda puesta de manifiesto la predilección y la simpatía con que España, fiel a su pasado y esperanzada en un alto designio espiritual mira a aquellos países a los que, por razones bien conocidas y superiores a toda suerte de contingencias, se considera inextinguiblemente unida.

Resultaba curioso -desde el estilo retórico y declamatorio del momento político- que España se considerase inextinguiblemente unida –al mismo tiempo- a ciudadanos que rompieron sus lazos políticos –que no raciales, lingüísticos ni culturales- en fechas tan lejanas (sefardíes desde 1492, portugueses desde 1640, iberoamericanos desde entre 1816 y 1898, filipinos desde 1898) y en fechas tan recientes (ecuatoguineanos, desde 1968).

Si el criterio del legislador español fue el de privilegiar la residencia de los integrantes de los pueblos que en una época u otra formaron una comunidad con España ¿por qué no se incluye a los saharauis, cuya condición de españoles era predicable incluso hasta 1975? No son ni fueron marroquíes (según el Dictamen Consultivo del Tribunal Internacional de Justicia de 1975). El Sahara era una provincia española con representación en las Cortes de la Dictadura y los saharauis tenían, como hemos visto, DNI español. Los lazos lingüísticos persisten y el uso del español es un timbre de orgullo para los ciudadanos saharauis, vivan en los Territorios Ocupados, en los Territorios Liberados (Bir Lehlou, Tifariti, Aguenit, Zug, etc.) o en los campamentos de Tinduf (en Argelia). Los saharauis sirvieron en nuestro Ejército36. No se comprende por qué los saharauis deben ser de peor condición que los ecuatoguineanos o que los sefardíes, a los que recientemente los Ministros españoles de Asuntos Exteriores y Justicia han anunciado (21.11.2012) que se va a conceder directamente la nacionalidad española mediante el otorgamiento de carta de naturaleza previsto en el art. 21.1 del Código Civil.

La acreditación de la condición de saharaui no tiene por qué plantear más problemas que la demostración de la condición de sefardí; no debiera existir problema en tal acreditación si se cuenta con libros del Registro Civil que debieran conservarse en la Dirección General de los Registros y del Notariado37, si se cuenta con el censo elaborado por España que debe estar a disposición de la MINURSO, si se cuenta con todos los datos que pueden proporcionar las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática sobre los campamentos de Tinduf, sobre los Territorios Liberados, sobre los saharauis que viven en Mauritania y aun sobre los que habitan en los Territorios Ocupados38.

PRONUNCIAMIENTOS EN EL ÁMBITO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO.

Ha habido una Sentencia, de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, de 7.11.1999, que reconoce la nacionalidad española de un saharaui a quien la DGRN se lo había denegado. Había recurrido el solicitante la Resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sin éxito. Y es frente a dicha Sentencia contra la que se interpone recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo.

Los hechos revelan que el recurrente, llamémosle Ahmed, había nacido en Bir Enzaran, al sur del Sahara, el 5.5.1952 y había ejercitado el 26.7.1977 en el Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria -acreditando los datos mediante DNI- la opción prevista en el Real Decreto 2258/1976. La DGRN denegó la solicitud el 19.9.1978 por razones de interés u orden público que no especifica. Ahmed presenta recurso de reposición ante la propia DGRN, que no es objeto siquiera de respuesta. Ahmed planteó demanda de juicio contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Este Tribunal desestima el recurso porque argumenta que el Sahara no es territorio español, y porque la denegación de la DGRN de 19.9.1978 era firme por silencio administrativo.

El Tribunal Supremo argumenta, de modo lapidario, que Que la resolución de que se trata carecía de motivación y que era absolutamente arbitraria es patente hasta para el profano en derecho. Que la Ley de Procedimiento Administrativo, vigente desde hacía ya casi veinte años por esas fechas había sido torpemente conculcada no cabe duda alguna….Además, la Sentencia del Tribunal Supremo descarta que la Resolución de la DGRN sea firme, pues no puede inferirse que la desestimación de la petición del administrado se produzca automáticamente al cumplirse los tres meses desde la denuncia de mora y que los recursos procedentes hayan de partir de tal momento para el cómputo de su periodo de interposición, ya que la ficción legal en que consiste el silencio administrativo referido (la desestimación de la petición) tiene por objeto, a través de los remedios legales, es decir de los recursos procedentes, obtener en definitiva una resolución justa de aquélla, la tutela efectiva de que se habla en el art. 24.1 de la Constitución, evitando la indefensión del administrado ante la pasividad de la Administración…..

En definitiva, el Tribunal Supremo casa la Sentencia de la Audiencia Nacional, confirma que el Sahara era territorio español (aunque no era territorio nacional) y reconoce el derecho del recurrente a obtener la nacionalidad española, debiendo la Administración adoptar cuantas medidas sean necesarias para llevar a puro y debido efecto el mentado derecho.

Es difícil comprender por qué la DGRN rechazó una de las pocas solicitudes de la adquisición de la nacionalidad española ejercidas, precisamente, al amparo de la única norma –muy restrictiva, por otra parte que les habilitaba para ello. No se especificaba en qué consistían las razones de interés u orden público. Fue un porque sí? Aunque se trate de un ejemplo aislado ¿puede inferirse de él que haya existido una particular vesania administrativa contra los saharauis? Nos faltan estadísticas.

La sentencia citada ha sido invocada en otras, de menor nivel jurisdiccional.

Así, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estableció el 12.5.2005 que quien había residido en España durante un año tenía derecho a obtener la nacionalidad española por haber nacido en territorio español, como era el Sahara. El Ministerio de Justicia había denegado la nacionalidad española al recurrente porque no había residido en España durante 10 años. La Audiencia Nacional estima íntegramente el recurso. Considera que, acreditado que el recurrente nació en el Sahara Occidental en el tiempo en que estaba bajo administración española y cumpliendo los demás requisitos establecidos, le es aplicable el plazo de un año de residencia legal, efectiva e inmediatamente anterior a su solicitud de un año del Art 22-2 b) del CC y, habiéndose acreditado el cumplimiento de tal requisito, procede el reconocimiento del derecho solicitado.

La misma Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó una Sentencia el 23.3.2006. Dicha Sentencia estimaba el recurso interpuesto por quien llamaremos Hafez contra la resolución del Ministerio de Justicia de 17.12.2003 que denegó la nacionalidad española al solicitante, por no llevar diez años de residencia legal en España en el tiempo inmediatamente anterior a la petición y no poder acogerse al plazo de un año por haber nacido en territorio español, ya que el Sahara no era verdadero territorio español. Y obligaba al Ministerio de Justicia (DGRN) a reconocer la nacionalidad española del solicitante, por residencia.

La Audiencia Nacional señalaba en dicha sentencia que consta acreditado el nacimiento del recurrente en Aaiun, Sahara Occidental, el 11.8.1971 en tiempo en el que dicho territorio estaba bajo administración española, figurando tal condición de saharaui de origen en la certificación de inscripción del nacimiento expedida por el Registro Civil de Aaiun, La Audiencia Nacional razonaba que: ha de significarse en primer lugar que si bien la cuestión de la naturaleza del territorio del Sahara ha sido objeto de respuestas distintas por los Tribunales, la sentencia del Tribunal Supremo de 7.11.1999, analizando la distinción entre territorio español y territorio nacional, considera que el Sahara Occidental ha de considerarse territorio español a los efectos del art. 22 del CC, lo que supone que reconocido por la Administración que el recurrente nació en el Sahara en 1971, le es de aplicación el plazo de un año de residencia establecido en el art. 22-2.a) del Código. Y en segundo lugar, que partiendo de los datos antes señalados, ha de entenderse que ello no impide la aplicación de la previsión contenida en el art. 22-2.b) del CC, según el cual, bastará el tiempo de residencia de un año para: «el que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar», ya que la expresión utilizada tiene un carácter general referido a tal facultad, sin especificar la norma que atribuye la posibilidad de opción, por lo que concurriendo la identidad de causa, que no es otra que la caducidad de la posibilidad de opción legalmente establecida, igual ha de ser la consecuencia jurídica, es decir, la reducción notable del plazo de residencia, que se funda precisamente en referirse a personas que en un determinado momento pudieron acceder a la nacionalidad española con sólo manifestar su voluntad, al encontrarse en determinadas condiciones que legalmente les facultaban para ello.

Creo que merece la pena destacar otra Sentencia, también de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 22.2.2012 que reconoce, frente a la negativa del Ministerio del Interior, la condición de apátrida de un saharaui.

Los hechos del caso son los siguientes: el 9.5.2008 el recurrente (al que llamaremos Abdelkader) formuló solicitud de reconocimiento del estatuto de apátrida alegando los siguientes hechos: nació en El Aaiún (Sahara Occidental) el 7 de noviembre de 1969, donde residió hasta 1976; tras la ocupación por Marruecos del territorio se trasladó con sus padres a los campos de refugiados de Tinduf (Argelia), donde residió hasta 1994; posteriormente se trasladó a España; sus padres, nacidos en Smara (Sahara Español) estaban registrados en el censo español de 1974 y contaban con DNI español.

Abdelkader carecía de nacionalidad pues no había podido optar a la española en los términos del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto. No tenía nacionalidad ninguna pues incluso el pasaporte argelino que se expedía a los saharauis refugiados en Tinduf no le había sido renovado. En España se le deniega la residencia por arraigo por carecer de pasaporte y de cédula de inscripción. La condición de apátrida le es denegada por el Ministerio del Interior de 21.9.2010, porque estima que dicha condición es aplicable a quien es refugiado, pero no a quien no se encuentra refugiado.

El Ministerio entiende que Abdelkader puede obtener la correspondiente protección de las autoridades argelinas, es decir la garantía de no devolución, la asistencia material y la expedición de documentos como el pasaporte. El llamado Abdelkader aportaba documentación consistente en permiso de trabajo expedido en España, donde consta como nacionalidad argelina; pasaporte expedido por España válido para un año para «campamentos saharauis y tránsito», donde consta como nacionalidad de origen el Sahara; documento de identidad y certificado de nacionalidad expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática; y DNI español de sus padres.

El Ministerio del Interior pretende que o bien Argelia le brinda la oportuna protección, pues aporta pasaporte argelino, o bien se la presta la RASD.

La Audiencia Nacional entiende que el apátrida tiene derecho a residir en España y a desarrollar las normales actividades laborales, profesionales y mercantiles que sean conformes con la legislación de extranjería39. También entiende que, de conformidad con la Convención sobre el Estatuto de Apátrida hecha en Nueva York, el 28.9.195440, la competencia para expedir el documento de apátrida se atribuye al Estado en que resida el apátrida, siempre que no posea un documento válido de viaje. Y ese es precisamente el supuesto que afecta al que llamamos Abdelkader: vive en España; carece de documento de viaje o pasaporte, porque Argelia no quiere renovarle el documento que le expidió por razones humanitarias, ello de acuerdo a su propia legislación, y mucho menos puede nacionalizarle argelino, lo que Abdelkader –por otra parte- no quiere pues no quiere ser argelino sino saharaui.

Pero al propio tiempo la Audiencia constata que la RASD no está reconocida por España como estado independiente y soberano; y aunque Argelia reconoce a la RASD –o precisamente por eso- no considera argelinos a los refugiados en Tinduf, ni tiene intención de nacionalizarles, y solo les expide un pasaporte o documento de viaje por razones humanitarias para que puedan salir de los campamentos de Tinduf y viajar a otros países. Si el viaje es a España, el Consulado de España en Argel expide el correspondiente visado.

De forma que podríamos decir que se produce una carambola jurídica. Un saharaui, hijo de saharauis con DNI español, residente y trabajando en España, ve denegada su solicitud de apatridia en España y se le remite o a Argelia –donde no reside- o a la RASD –a la que no se reconoce-. La Audiencia Nacional despeja el problema, anula la Resolución del Ministerio del Interior y ordena que el recurrente sea documentado como apátrida, como pretendía.

COMENTARIO FINAL.

Lo que he escrito no es un análisis ni un estudio. Son unos simples comentarios. Tampoco puede considerarse una búsqueda de jurisprudencia, que debería ser mucho más amplia. Tendrían también que revisarse todas las resoluciones de la DGRN relativas a saharauis que solicitan la nacionalidad española; y sobre ello establecer una hipótesis. Pero faltan datos.

Al comentar las sentencias civiles y contencioso-administrativas lo hemos hecho preocupados por la nacionalidad española de los saharauis. Ya sabemos que la mayoría de ellos rechazan la nacionalidad marroquí y la mauritana. Tampoco quieren ser argelinos. Pero es que muy probablemente tampoco quieran ser españoles. Quieren ser, lisa y llanamente, saharauis. Es decir, nacionales de un país y ciudadanos de un Estado soberano e independiente llamado Sahara, Sahara Occidental, República Árabe Saharaui Democrática o como ellos, no otros, quieran llamarlo. Estado al que no se le dejó nacer en 1975 y que en una descolonización frustrada por otros –no por España, ciertamente- pasó a una situación colonial nueva mil veces peor, por represiva y depauperante, que la que pretendía abandonar.
Pero ese problema, el de la independencia del Sahara Occidental y el reconocimiento por España y otros países europeos de la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática está en manos de los políticos, no de los tribunales.


 

1 En absoluto olvido el orden militar, cuya cúpula jurisdiccional está integrada por la Sala 5ª del Tribunal Supremo, con sus Jueces Togados. Lo que ocurre es que sus sentencias abarcan a dos ámbitos ya considerados, el penal –penal militar- y el contencioso –contencioso disciplinario militar-.

2 Estaban desplegados, principalmente, los Tercios Saharianos Juan de Austria y Alejandro Farnesio, 3º y 4º de la Legión, respectivamente; los Grupos Nómadas Saquia el Hamra y Capitán de la Gándara (mandados por oficialidad española, con suboficiales y clases de tropa saharaui); las Banderas Paracaidistas, Roger de Flor y Ortiz de Zárate, I y III, respectivamente; un Batallón del Regimiento de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo nº 61; el XII Grupo de Artillería Autopropulsada; el Regimiento Mixto de Artillería nº 93; y el Regimiento de Ingenieros nº 9.

3 La diplomacia marroquí consiguió instrumentar un dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia que, aunque estableció (16.10.1975) que Marruecos nunca había ejercido soberanía sobre el Sahara, consiguió paralizar el proceso español de descolonización, basado en un referéndum que no llegó a efectuarse por la Marcha Verde y el abandono del territorio por España.

4 Los EE.UU. temían que Argelia, en aquellas fechas simpatizante del bloque soviético (que le proporcionaba armamento), obtuviese una salida al Atlántico. Las presiones norteamericanas sobre el último Gobierno español de la Dictadura de Franco fueron acompañadas de un visible apoyo logístico a la Marcha Verde marroquí.

5 Y hasta el 11.8.1979 también por Mauritania.

6 Ver, entre otras muchas, las Resoluciones de la Asamblea General 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960 y 1541 (XV), de 15 de diciembre de 1960, y Resoluciones del Consejo de Seguridad 658 (1990), de 27 de junio de 1990, 690 (1991), de 29 de abril de 1991, 1359 (2001), de 29 de junio de 2001, 1429 (2002), de 30 de julio de 2002, 1495 (2003), de 31 de julio de 2003, 1541 (2004), de 29 de abril de 2004, 1570 (2004), de 28 de octubre de 2004, 1598 (2005), de 28 de abril de 2005, 1634 (2005), de 28 de octubre de 2005, 1675 (2006), de 28 de abril de 2006, y 1720 (2006), de 31 de octubre de 2006, 1754 (2007), de 30 de abril de 2007, 1783 (2007), de 31 de octubre de 2007, 1813 (2008), de 30 de abril de 2008, 1871 (2009), de 30 de abril de 2009, 1920 (2010), de 30 de abril de 2010, 1979 (2011), de 27 de abril de 2011, y 2044 (2012), de 24 de abril de 2012. Ver también el informe S/2002/161 de enero del 2002 del Secretario General Adjunto de las NN.UU. para Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico, Hans CORELL, dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

7 El Sahara Occidental ha sido fragmentado por la Administración marroquí en tres regiones, a su vez divididas en prefecturas: Guilemin-Smara, El Aaiún-Bojador-Saquia El Hamra, y Uad Ed Dahab-La Güera. Nótese que Guilemin no formaba para de la antigua provincia española, por lo que se mezclan en una sola región territorios marroquíes y saharianos.

8 Mantenido por España, según art. 5 de la Ley 8/1961, de 19 de Abril de organización del régimen jurídico del Sahara.

9 Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental.

10 Entre ellos Hosni Benslimane, antiguo Comandante General de la Gendarmería Real; Abdelhafid Ben Hachem, antiguo Director General de la Seguridad Nacional; y Hariz el Arbi, Jefe de la Policía de Dajla (la antigua Villa Cisneros). En noviembre de 2006 las autoridades francesas solicitaron al gobierno marroquí la posibilidad de interrogar a Benslimane por el secuestro y posterior desaparición del disidente del régimen de Hasan II, Mehdi Ben Barka, ocurrida en 1965 en la capital francesa. En octubre de 2010 recayó sobre Benslimane (que había sido condecorado por el Gobierno español en 2005 con la Gran Cruz de Isabel la Católica) una euroorden de búsqueda y captura emitida por el juez instructor francés Patrick Ramaël.

11 Insistimos, siempre que se considere que el Sahara Occidental ya no es España. Porque si el abandono de dicho territorio por España no ha sido reconocido por las Naciones Unidas al ser nulos los Acuerdos de Madrid firmados por España, Marruecos y Mauritania, España sigue siendo formalmente la Potencia Administradora. Y son nulos porque se trataba de un territorio en proceso de descolonización, territorio cuya población no fue consultada. Los acuerdos deben considerarse además clandestinos, pues ni fueron publicados en el BOE ni fueron registrados en las NN.UU. En tal hipótesis, algún Juez español podría haber declarado su jurisdicción sobre crímenes cometidos en el Sahara invocando el principio de territorialidad (art. 8 del Código Civil -Las Leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español– y 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

12 Como es sabido, dicho Real Decreto en la práctica privó a los saharauis –que ostentaban DNI y pasaporte español de la nacionalidad española, y les condenaba a convertirse en marroquíes, mauritanos o apátridas.

13 La lista completa de los delitos perseguibles en virtud del criterio de internacionalidad es: Genocidio y lesa humanidad; Terrorismo; Piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves; Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces; Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes; Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores; Los relativos a la mutilación genital femenina, siempre que los responsables se encuentren en España; Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España.

14 Hecho en Nueva York, aprobado por la Asamblea General de las NN.UU el 9.12.1948 (BOE de 8.2.1969). España se adhirió 13.9.1968.

15 Hecho en Nueva York, aprobado por la Asamblea General de las NN.UIU., el 10.12.1984 (BOE de 9.11.1987). España lo ratificó el 21.10.1987.

16 Conforme al art. 23.4 párrafo penúltimo de la LOPJ para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá….constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.

17 Art. 607 del actual CP.

18 Art. 174 del actual CP.

19 Integran el delito de genocidio (con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes) los siguientes actos: matar a los miembros del grupo, agredirles sexualmente, producirles lesiones deformantes o graves, someterles a condiciones que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, desplazarles forzosamente, impedirles su género de vida o reproducción, o producirles otro tipo de lesiones.

20 Las autoridades marroquíes cuentan 11 Policías marroquíes muertos y 2 ciudadanos saharauis fallecidos, uno de ellos el de nacionalidad española Baby Hamday Buyema. El Frente Polisario cuenta 19 muertos, más de 720 heridos y 160 desaparecidos, todos ellos saharauis. Como el Gobierno marroquí impidió el paso de miembros de la MINURSO o de periodistas a los restos del campamento no ha sido posible establecer de forma fiable el número de bajas entre las fuerza ocupantes y entre los acampados.

21 Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sin éxito.

22 Art. 6.1 del Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, también denominado Convenio 2000.

23 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

24 Es decir, que España no reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, dotada de territorio, instituciones legislativa, ejecutiva y judicial, población (aproximadamente 350.000 habitantes) y ejército ¡pero sí mantiene un embajador ante la Soberana Orden de Malta, entidad de Derecho internacional sin territorio (salvo el edificio de su sede en la Via Condotti, en Roma)

25 Véase la extradición que España ha solicitado de Chile (Consejo de Ministros de 15.2.2013) de seis ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), presuntos responsables del asesinato del diplomático español Carmelo Soria, en el año 1976 (Guillermo Humberto Salinas Torres; José Remigio Ríos San Martín; René Patricio Quiholt Palma; Jaime Enrique Lepe Orellana; Pablo Fernando Belmar Labbé y Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda).

26 Los dos primeros son españoles; URRU es italiana. La jurisdicción española para conocer de este delito está siendo ejercida por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 por tratarse de un delito de secuestro terrorista y regir el principio de persecución universal (art. 23.4.b de la LOPJ); pero en este supuesto no cabe hablar de territorio español (art. 8 del CC y 23.1 de la LOPJ) pues los campamentos de Tinduf están en Argelia.

27 El Tagomago patrullaba la costa sahariana en busca del Junquito, un pesquero desaparecido días antes.

28 Recientemente, la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia, de 19.3.2013 (recurso nº 245/2011) en la que ha establecido que aunque un Real Decreto (el 249/2011 de 18 de febrero) conceda a título póstumo la Gran Cruz de la Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, al haber fallecido la víctima en atentado terrorista, ello no implica que ese concreto atentado pueda imputarse al Frente Polisario. La imputación del atentado a dicha organización fue hecha por la hija del fallecido en el impreso de solicitud de concesión de la condecoración, pero ello es una manifestación subjetiva de la solicitante, sin reflejo en el acto de concesión de la condecoración.

Habían impugnado el Real Decreto la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, la Asociación Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, y la Asociación «UM DRAIGA» Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón. El destinatario de la Gran Cruz era Raimundo LÓPEZ-PEÑALVER DÍAZ-LLANOS, una de las tres víctimas de la explosión de las bombas colocadas en las instalaciones de FOS-BUCRAA el 10.1.1976.

29 Es el Decreto por el que se reorganiza el Gobierno General del África Occidental Española (BOE de 14.1.1958).Su artículo primero establece que Los Territorios del África Occidental Española se hallan integrados por dos provincias, denominadas Ifni y Sahara Español.

30 Para entonces el aparato judicial español en el Sahara, integrado por los Juzgados Territorial y Municipal de El Aaiún y el Juzgado Comarcal de Villa Cisneros, orgánicamente dependientes de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, había sido desmontado (cfr. Decreto 209/1976, de 23 de enero publicado en el BOE de 16.2.1976)

31 La única institución jurídica española existente en los Territorios Ocupados del Sahara Occidental es el Depositario de los Bienes Culturales españoles (Casa España) en El Aaiún, obviamente carente de toda función consular. Las propiedades que administra el Depositario son muy diversas: más de 50 edificios civiles (antiguas oficinas gubernamentales y viviendas), dos iglesias (San Francisco en El Aaiún, y Nª Sª del Carmen en Dajla, ambas abiertas al culto) y el Cementerio Católico.

32 En todo caso, la característica nómada va desapareciendo a medida que prosperan los asentamientos urbanos, lo que ocurre ciertamente en los Territorios Ocupados, pero también en los Territorios Liberados donde están fortaleciéndose antiguos núcleos, como Bir Lehlou y Tifariti. Entre las tribus que pueblan el Sahara Occidental o zonas próximas (Port Etienne -la actual Nuadibu- , Villa Bens -la actual Tarfaya-, Tan Tan, Gulimín, etc.) se cuentan las de Erguibat, Izarguien, Ait Lahsen, Arosien, Ulad Delim, Ulad Bu Sbaa, Ait Musa, Ait Bu Amarani e Imeraguen.

33 Limitada al sur por el paralelo 27º 40′ y al norte por el Uad Draa. Fue ocupada por España en 1916. En lugar de integrar el territorio en la jurisdicción del África Occidental Española, con la que lindaba, lo integró en el Protectorado de Marruecos, como Zona Sur del mismo con capitalidad en Villa Bens, en contraposición a la Zona Norte del Protectorado, con capitalidad en Tetuán.

34 Convertidas en Tribunales Superiores de Justicia a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.7.1985

35 El Mundo, 17.8.2011, miércoles, pág. 12.

36 En la Agrupación de Tropas Nómadas, que comprendía los dos Grupos antes citados.

37 En adelante, DGRN.

38 Sin embargo, la DGRN no reconoce la validez de los certificados expedidos por los Registros de la República Árabe Saharaui Democrática, que no sirven de título para la inscripción, siendo un Registro que no puede considerarse regular ni auténtico, ni ofrece las garantías necesarias.

39 Art. 13 del el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida, aprobado por Real Decreto 865/2001, de 20 de julio.

40 A la que se adhirió España el 24.4.1997 (BOE de 4.7.1997)