Observación judicial. Procesos contra defensores de derechos humanos saharauis. Vulneración de la tutela judicial efectiva

Índice

Jesús María Martín Morillo[1]

Magistrado y Vicepresidente del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental

Gemma Elena Arbesú Sancho[2]

Abogada y Secretaria del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental

 

  1. Introducción. Objetivos y metodología

La modernidad implica la creencia de que todo ser humano posee un valor propio independiente de cuál sea su estatus, de su reconocimiento social o de la posesión de unos determinados rasgos, y de este postulado básico se desprenden un conjunto de normas de abstención y actuación, que cabe resumir en la prohibición de reducir a la persona a un simple instrumento al servicio de fines ajenos, pero también comportan el reconocimiento de una serie de necesidades que deben ser atendidas. Los derechos humanos son, en definitiva, derechos subjetivos morales que buscan proteger a la  persona frente a toda agresión externa, siendo indiferente el origen público o privado de esa agresión.

Es cosa sabida que los opositores políticos y los activistas de los derechos humanos «tradicionales» son objeto de acoso y persecución por parte de los gobiernos en todo el mundo; también los abogados e incluso los propios jueces se encuentran a menudo en el punto de mira de los gobiernos, amenazados o impedidos para desempeñar sus funciones de una forma cabal y libre.

Un instrumento muy útil para supervisar la situación de los derechos humanos  son las  observaciones judiciales. La presencia de representantes de una organización internacional o de una ONG muestra al gobierno en cuestión que se encuentra bajo el escrutinio de la comunidad internacional.

Aunque los observadores judiciales existen desde siempre, el verdadero punto de partida internacional de estos fueron los procesos de Poznan (Polonia) en 1956. Tras haber rechazado en un principio la presencia como observadores de dos abogados franceses acreditados por una ONG, el gobierno polaco de entonces, ante la preocupación internacional suscitada por estos procesos, se vio obligado a aceptar a otros tres observadores, dos de los cuales  fueron elegidos por este Gobierno, aunque de autoridad moral indiscutible.   Según la opinión general los procesos de Poznan, se desarrollaron en lo esencial,  respetando los derechos de la defensa y hoy se admite que fueron un hito importante en el camino hacia la instalación de un gobierno polaco con menor control soviético; tampoco resulta dudoso que la presencia de los observadores judiciales ayudó a desbloquear la situación.

El objeto fundamental de la observación judicial  es contribuir al reforzamiento  y a la consolidación de los DD.HH en el país observado mediante una valoración imparcial  de los procedimientos judiciales, verificando o descalificando el respeto a “las garantías legales de dichos procesos judiciales. En esta tarea  las palabras claves, a juicio de Karel Basak, son “observación” y  “valoración imparcial”. El primer término denota el papel pasivo de los observadores jurídicos,  el segundo  subraya la necesaria imparcialidad del observador y el tercero implica  que el observador ha de conocer  en profundidad el sistema judicial y los procedimientos penales  del país observado con el fin de poder evaluarlos.   Si el observador judicial no reúne estos tres requisitos, sigue diciendo este autor,  su valoración podría ser arbitraria y la misión de observación podría perder credibilidad, con lo que en definitiva, el objetivo fundamental podría verse frustrado. Es  más, una sucesión de misiones carentes de credibilidad pondría en entredicho la utilidad  de la observación judicial en general. De ahí que haga especial hincapié en los deberes de los observadores, no solo en sus derechos, y de ahí también que considere crucial la adopción de un código de conducta con una serie de directrices básicas para llevar a cabo estas misiones de observación.

En nuestra opinión los observadores judiciales que acuden a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, son juristas con una visión clara del conflicto del Sahara y de los acontecimientos políticos de Marruecos. Por eso, sin dejar de ser conscientes en todo momento  de que su misión es la de observar, no la de participar en el proceso, si que deben supervisar el desarrollo del juicio, asegurándose de que se respetan los  estándares jurídicos que deben regir los procedimientos penales y que son universalmente reconocidos.  Pero también  han de contribuir a la protección de las víctimas y al fortalecimiento de la labor de los abogados defensores que asumen la representación de estas.

En otras palabras, el observador judicial no ha de limitarse a asistir a las audiencias y a establecer contactos con personas relevantes, tales como el Presidente del Tribunal o el Procurador  del rey, sino que también ha de aprovechar para entrevistarse con militantes saharauis defensores de los derechos humanos y con los familiares de los presos, con el fin de escuchar y recoger sus testimonios y hacerse eco de sus denuncias, contribuyendo así a romper el muro de silencio que durante tantos años ha venido rodeando este conflicto.  De ahí la importancia del informe final. Este informe  ha de entregarse  por supuesto a  los responsables de la organización a cargo  de la misión de observación para su posterior remisión a los organismos internacionales competentes, pero además, en nuestra opinión habría que hacerlo llegar a las autoridades judiciales del país observado, como prueba del testimonio.

El primer problema con el que nos encontramos los observadores que acudimos al Sahara Occidental es que no hemos sido invitados por las autoridades administrativas del territorio, ya se trate de los juicios que se celebran en Marruecos ya se trate de los celebrados en El Aaiún, en esta última ciudad tiene su sede el Tribunal Penal y de Primera Instancia de El Aaiún, que es el órgano judicial con jurisdicción sobre los territorios ocupados de Saquia el Hamra y Rio de Oro; es más, posiblemente por la naturaleza de los intereses que representamos, mas bien no somos aceptables para las autoridades marroquíes, de hecho suele ser una práctica  habitual que cuando acuden observadores a los juicios estos se suspendan hasta en tres y cuatro ocasiones, incluso por motivos banales, además de existir un constante seguimiento de los observadores por parte de las fuerzas de seguridad, durante el tiempo en que se desarrolla la labor y permanecemos en el territorio.

El informe ha de recoger, desde luego, la composición del grupo de observadores, con expresión de su nacionalidad, y su experiencia profesional y legal. También han de publicarse los términos de referencia por los que se rige el grupo, con el fin de poner de manifiesto la imparcialidad y la buena fe con la que ha actuado.

Una parte del informe debe centrarse en la fase de instrucción: fecha, lugar y el modo en el que se practicaron las detenciones; si en el momento de la detención fueron informados por la policía de los motivos de su arresto y de los cargos que se le imputan; si los detenidos prestaron  declaración en las diligencias policiales, si esta fue voluntaria o mediaron actos de torturas, intimidación o cualquier otro indicio de violencia por parte de la policía marroquí, así como la existencia o no de situación previa de desaparición forzada. Para poder evaluar los resultados del informe, es necesario contar con un  resumen de estas características, dado que la experiencia recabada hasta ahora por las distintas misiones de observación insiste en que las diligencias policiales practicadas durante la detención  se convierten en el elemento determinante y decisivo en el plenario en ausencia de otras pruebas de cargo, contaminando así todo el proceso.   Han de recogerse también detalles sobre la asistencia letrada que han recibido los detenidos  en esta fase del proceso y sobre el régimen de comunicación y visitas, así como cualquier dilación o tardanza que se haya podido producir en el enjuiciamiento.

Otra parte del informe ha de estar destinada al plenario, el grupo ha de observar los aspectos más relevantes  de la organización y desarrollo del proceso, haciendo constar los distintos actores que participan en el mismo: tribunal que lo preside, el fiscal y los abogados de la acusación  que intervienen, que abogados asumen la defensa, si los acusados han sido citados personalmente y en forma. Se ha de precisar asimismo el objeto del proceso, esto es, los hechos con apariencia o caracteres de delito que se atribuyen a los acusados – en alguna ocasión se ha dado el caso que no consta el lugar de comisión de los hechos -; un resumen de la prueba propuesta y practicada; si la declaración de los acusados es discordante con la expresada en el sumario; calidad de los testigos y los peritos, si es que los hay y, en general, cualquier factor que pueda afectar a la credibilidad  del conjunto del proceso; en el caso de que los imputados denuncien malos tratos, si existen informes médico-forenses (Art. 73 del CPP), o si en la vista reino la calma, el orden y la cortesía procesal.

En un tercer apartado se recogerá el sentido del fallo y se valorara la motivación de la sentencia, con expresión de los medios de prueba que el Tribunal ha tomado en consideración para formar su convicción, y si la condena respeta el principio de proporcionalidad.

Otro aspecto objeto de observación es el papel de la policía: el número de miembros que se hallan en el exterior del tribunal y en el interior de la Sala de vistas, que tipo de control efectúan para acceder a la sala de audiencias, si ha realizado alguna intervención o el trato dispensado a los familiares de los imputados.

Por último el informe ha de recoger en sus conclusiones si se han respetado los derechos de audiencia que, como es sabido, se expresa en el aforismo de que nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio, el principio de igualdad de partes y la calificación del proceso como un proceso equitativo.

Algunos documentos internacionales como el Art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos han definido los elementos  que nos permiten delimitar de forma precisa la noción de proceso equitativo.  Este precepto garantiza el derecho a un proceso equitativo tanto en el ámbito civil como en el penal. El principio esencial que lo fundamenta es el derecho de cada uno “a que su causa sea oída equitativa y públicamente, dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley”. Este precepto afirma igualmente:

-El principio de la presunción de inocencia hasta que la culpabilidad haya sido legalmente declarada.

– El derecho de todo acusado a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para preparar su defensa.

-El derecho a defenderse  a sí mismo o  a ser asistido por un defensor de su elección.

– El derecho a citar y  a interrogar a testigos.

– El derecho  a ser asistido por un intérprete si ello fuera necesario.

  1. Contexto de los procesos: la situación de los defensores de los derechos humanos en el Sahara Occidental.

A raíz de la llegada al trono de Mohammed VI en 1999, El discurso dominante del entorno institucional y de las élites dirigentes del régimen alauita (el Majzen)[3], vino sosteniendo durante casi  una década que las reformas  alentadas por este monarca con el fin de transformar su reino en un Estado de derecho, capaz de satisfacer las normas internacionales más exigentes -la llamada transición a la democracia en pequeñas dosis-, había tenido como resultado una profunda transformación del país en todos los órdenes: en los ordenes político, social y económico, pero de modo particular en el campo de las libertades públicas y en el campo de los derechos civiles…; se afirma en este sentido que con la aprobación del Código Procesal Penal del año 2002 se incorporaron al derecho interno los principios y disposiciones fundamentales en materia de derechos humanos tendentes a garantizar el derecho a un proceso equitativo y  a una sentencia dictada en un plazo razonable (Arts. 23 y  120 de la Constitución Marroquí). Se recuerda en este sentido que:

–     El artículo 1 establece  el derecho de toda persona sospechosa o acusada en un  proceso penal a gozar de la presunción de inocencia, mientras no haya sido condenada  en virtud de sentencia definitiva (Art.119 CM).

–     Que el beneficio de la duda aprovecha siempre al inculpado.

–     Toda persona debe disfrutar del derecho a  conocer todos los medios de prueba que existen contra ella, a contestarlos y a ser asistido por un abogado (Art. 72).

–     La autoridad judicial debe velar por la información y la garantía de los derechos de las víctimas en el curso del proceso penal.

–     El tribunal debe decidir en un plazo razonable

–     Toda persona condenada tiene derecho a recurrir la sentencia

Se recuerda asimismo que el Código no se ha limitado a enunciar el principio de presunción de inocencia, sino que ha tratado de consolidarlo, rodeándolo de varias medidas prácticas,  entre las cuales destacan:

– El derecho del acusado a ser informado de los cargos de los que se le acusa (Art. 67 del CPP).

– El derecho del acusado a comunicarse con su abogado durante la prolongación de la detención, y el derecho de este último a presentar alegaciones escritas (Arts. 137, 138 y 139 del CPP)[4].

– El derecho del acusado a que su familia sea avisada de su detención (Art. 69 del CPP).

-La prohibición de tomar fotografías de una persona detenida o esposada, o de publicar su fotografía, sus apellidos o cualquier otro signo distintivo sin consentimiento del interesado.

En el mismo sentido, y con el fin de mejorar las circunstancias de la detención y prisión preventivas, se ha pretendido reforzar el control de la justicia sobre la policía judicial  estableciendo  que el Procurador del Rey (el fiscal) está obligado a visitar los locales donde se lleva a cabo la detención, al menos, una vez por semana, para asegurarse de la legalidad de la misma y de su circunstancias. El fiscal está obligado igualmente a valorar la actividad de los oficiales de la policía judicial y a ponerles una nota, con el fin de que sus superiores administrativos estén informados de su capacidad, y de que el Tribunal de Apelación pueda ejercer, en su caso, la facultad disciplinaria (Art. 54 del CPP).

La realidad, sin embargo, es obstinada y 10 años después de la aprobación de aquel código, ese telón levantado sobre los avances reales o supuestos realizados por la política reformista expresada no puede ocultar el hecho de que el régimen marroquí no solo restringe las libertades de expresión, de reunión, asociación o de libre circulación de los miembros de las Asociaciones Saharauis para la defensa de los Derechos Humanos, sino que convierte a sus dirigentes  en el blanco habitual de sus acciones represivas, atentando contra los derechos de habeas corpus o contra el derecho a la integridad física y moral de estos ciudadanos saharauis que viven en los territorios ocupados.

Resulta ilustrativo en este sentido  el informe presentado por la Comisión  al Parlamento Europeo 28 de abril de 2010 –el informe Janssen- en el que puede leerse“ a pesar de los reiterados anuncios realizados por Rabat, una reforma en profundidad  de la justicia  que garantice la independencia de los jueces y asegure el acceso de los ciudadanos a la justicia  no ha visto aún realmente la luz del día”, este era, según la Comisión, “el mayor desafío que tenía Marruecos para asentar un verdadero estado de derecho”.

Lamentablemente  esta misma conclusión es la que se alcanza si nos atenemos a nuestra experiencia como observadores pues, a despecho de los pactos internacionales ratificados por Marruecos y a despecho de las normas de derecho interno que los desarrollan,  estas garantías legales se han revelado insuficientes y en la práctica se alejan considerablemente de lo que marcan los estándares internacionales para la protección de estos derechos y de los principios que rigen un proceso justo tanto en la fase de investigación judicial como en la fase de audiencia  pública.

3.- Los procesos

Como ya lo hemos mencionado los procesos sobre los que se proyecta nuestra labor de observación pueden tener lugar ante tribunales ubicados en el territorio marroquí, como en tribunales del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, pero como veremos a continuación ello es independiente de que los hechos objeto de enjuiciamiento hayan tenido lugar en Marruecos -principalmente manifestaciones de estudiantes saharauis en ciudades marroquíes en los que existen campus universitarios: Agadir o de Marrakech … –  como que estos hayan ocurrido en los territorios ocupados. Por otra parte, aunque en los últimos años los juicios venían desarrollándose mayoritariamente ante la jurisdicción penal ordinaria, llama la atención que dos casos recientes, en concreto a los defensores de los derechos humanos encausados en los procesos del conocido como Grupo de los siete y el Grupo de Gdeim Izik, a los que a continuación nos referiremos, se les aplicó la jurisdicción militar al tiempo de ser detenidos y en su posterior procesamiento.

Resulta inherente a un proceso justo y al derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial y predeterminado por la ley, por lo que debemos hacer dos consideraciones en relación a este extremo:

1º.- La incompetencia del Tribunal militar para juzgar a civiles. Los tribunales militares tienen carácter excepcional y su jurisdicción debe estar limitada a los delitos militares cometidos por el personal militar. Esta afirmación es constante en los distintos instrumentos internacionales, muchos ratificados por el estado marroquí, y desde la nueva Constitución marroquí también refrendado por ésta. El Tribunal Militar Marroquí carece de competencias para enjuiciar a los imputados civiles, constituyendo un Tribunal de Excepción prohibido expresamente por el artículo 127 de la vigente Constitución Marroquí.

2º.- La incompetencia de los tribunales marroquíes para juzgar hechos cometidos en el territorio no autónomo del Sáhara Occidental.

El Sáhara Occidental está considerado e incluido en la lista de Territorios No Autónomos por la Organización de las naciones Unidas y Marruecos no tiene reconocida la soberanía ni tampoco la condición de potencia administradora constituyéndose, por tanto, en Potencia Ocupante del Sáhara Occidental, siendo de aplicación en dicho territorio el Derecho Internacional Humanitario, el artículo  47 y siguientes del IV Convenio de Ginebra de 1949, sobre la defensa y protección de la población en los territorios ocupados, que obliga al enjuiciamiento de la población del territorio ocupado en dicho territorio, y demás Convenios Internacionales de protección de los derechos humanos y garantías procesales fundamentales.  Recordemos en relación con esta cuestión que España sigue ostentado jurídicamente la condición de potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara Occidental y Marruecos únicamente una potencia ocupante ilegal (Resolución 40/51 de la Asamblea General, de 2 de diciembre de 1985)[5].

Ante este estado de cosas la primera consideración que cabe realizar es que nos encontramos ante enjuiciamientos llevados a cabo por Tribunales que carecen de la necesaria competencia objetiva y territorial, y ello ya se trate en aquellos procesos que tienen lugar ante la jurisdicción militar como en los tramitados ante la jurisdicción penal ordinaria cuando los hechos objeto de enjuiciamiento hayan podido tener lugar en el territorio del Sáhara Occidental.

En fin y como muestra de cuanto venimos afirmando, nos vamos a referir a continuación a dos procesos seguidos ante tribunales marroquíes en los que aparecen imputados ciudadanos saharauis defensores de los derechos humanos, procesos a los que hemos asistido en calidad de juristas observadores internacionales, comisionados por el Consejo General de la Abogacía española, con el objeto de comprobar que se respetaba su derecho a un proceso justo.

3.1.- Juicio del Grupo de los siete de Casablanca

El 14 de enero de 2011 se celebró ante el Tribunal Penal y de Primera Instancia de Ain Seba’a (Casablanca) el juicio contra siete activistas saharauis defensores de Derechos Humanos. La detención había tenido lugar el día 8 de octubre de 2009 en el aeropuerto de Casablanca, a su regreso de un viaje que habían realizado a Tinduf para visitar los campamentos de refugiados saharauis. La detención se llevo a cabo  mientras en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU se discutía sobre la descolonización del Sahara Occidental y en medio de una campaña de descrédito moral  desplegada contra ellos en la prensa oficial de Marruecos; el propio Mohamed VI, en un discurso pronunciado  el 6 de noviembre con motivo del 34 aniversario de la Marcha Verde, había asegurado que respecto de la cuestión del Sahara sólo se puede ser «un patriota o un traidor».

En un claro intento de descabezar la resistencia civil saharaui, esta detención vino acompañada de sucesivos arrestos de otros relevantes activistas en los territorios ocupados: el 1 de octubre se producía la detención Sukeina Idrissi, presidenta del Foro Futuro de la Mujer Saharui; 5 días después, el 6 de octubre,  era detenido un grupo de cinco conocidos defensores de Derechos Humanos, entre ellos, Mohamed Dadach –Presidente de CODAPSO-, Larbi Messaud -Secretariado de CODESA- o  Ahmed Sbai -miembro de ASVDH; el 10 de octubre,  la que resultaba detenida en el aeropuerto de El Aaiún era Sultana Jaya y, en fin, el día 13 de noviembre era deportada a España Aminetu Haidar.

Hasta el día 12 de octubre la policía judicial de Casablanca no informó a sus familiares de que los siete detenidos se encontraban bajo custodia policial y 10 días después de su detención seguía sin conocerse el lugar exacto de su paradero, careciendo, en consecuencia, de la necesaria asistencia letrada.

Al ya conocido como Grupo de los Siete – integrado por Ali Salem Tamek, Vicepresidente de CODESA, Brahim Dahane, Presidente de la ASVDH, Degja Lechgar, dirigente de esta misma Asociación, Ahmed Nasiri, Presidente de la AMDH, sección Smara, Rachid Sghair, miembro del Comité contra la tortura de Dajla, Yehdih Terruzi, miembro de la AMDH, sección El Aaiún y Saleh Loubeihi, presidente del foro para la protección de la infancia saharauis, miembro de CODESA y de la AMDH- se le imputaron los cargos de «atentar contra la integridad territorial y la seguridad del Estado»,  fueron puestos a disposición de la Jurisdicción militar y trasladados a la prisión de Salé (Rabat).

El Juez de instrucción no practicó la indagatoria hasta la última semana del mes de diciembre de 2009, sin haber avisado con antelación a los abogados de los saharauis, de suerte que fueron asistidos por un letrado saharaui que, circunstancialmente, se hallaba en Rabat. Las únicas pruebas que a la sazón obraban unidas a los autos consistían en unas imágenes captadas de la televisión de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), sin ninguna fuerza inculpatoria.

Después de varias vicisitudes, incluidas varias huelgas de hambre de los detenidos (una de ellas de 41 días ininterrumpidos) para protestar por las circunstancias de su detención y los malos tratos recibidos, en septiembre de 2010 la jurisdicción militar terminó inhibiéndose a favor de la jurisdicción ordinaria, que mantuvo los cargos de «atentado contra los intereses superiores de la Nación». En realidad los cargos concretos  no se conocieron  hasta el momento del juicio, al presentar  el Procurador del rey una acusación formal contra los imputados, momento este en el que los abogados de la defensa tomaron un conocimiento exacto de la acusación que se formulaba contra sus patrocinados.

El juicio se iba a suspender hasta en cuatro ocasiones -15 de octubre de 2010, 5 de noviembre de 2010, 17 de diciembre de 2010 y 7 de enero de 2011-, todas ellas por defectos formales imputables al Tribunal: en una ocasión (el 15 de octubre), se suspendió ante la incomparecencia de los tres imputados que se encontraban  en prisión provisional, porque el Tribunal había remitido el mandamiento de conducción a la cárcel de Casablanca  y estos se encontraban  en el penal de Salé. En otras dos ocasiones la suspensión vino motivada porque se habían olvidado de notificar el señalamiento a los imputados que se hallaban en libertad provisional y lógicamente no comparecieron a la vista. Especialmente dramática fue la sesión del día 17 de diciembre de 2010, por la violencia vivida en la sala de vistas.

Ese día, el 17 de diciembre, habíamos acudido ocho observadores de España, además, había también observadores internacionales de Francia, Italia, Gran Bretaña o Noruega y, cuando accedimos a la Sala de vistas,  después de atravesar el vestíbulo del Palacio de justicia en el que se agolpaban unas 500 personas con banderas marroquís, cantando el himno nacional marroquí acompañado de consignas sobre la marroquinidad del Sáhara, comprobamos que la sala se encontraba tomada por la policía y por ciudadanos marroquíes – unos 50 amigos y familiares de los presos Saharauis que había acudido a presenciar el juicio desde el Aaiún o Smara habían sido confinados por la policía en una sala contigua, sin comunicación con la sala en la que se celebraría el Juicio- , y por un grupo de unos 70 abogados del Colegio de abogados de Casablanca ataviados con sus togas, que no nos permitieron sentarnos en los bancos reservados al público, por lo que tuvimos que permanecer de pie en el pasillo central. Este grupo de abogados marroquíes, auxiliado por el público y ante la absoluta pasividad de la policía marroquí presente en la sala impidió la celebración del juicio, mediante agresiones, insultos y vejaciones a los imputados, a los abogados de la defensa y a los observadores internacionales que tratábamos de asistir al juicio. El Presidente del Tribunal, que abandonó la sala tres minutos después de haber hecho acto de presencia, no hizo ninguna llamada al orden ni mando guardar silencio.

El 31 de diciembre Mohamed Erguibi, Fadel Laili y los otros 5 abogados saharauis que había asumido la defensa[6] remitieron una queja al Ministro de Justicia de Marruecos, al presidente del Tribunal y al Consejo General de la Abogacía marroquí, denunciando estos hechos y exigiendo respeto y garantías de seguridad para los justiciables y para sus defensas, pero como quiera que no recibieron ninguna respuesta judicial ni administrativa y tampoco las garantías de seguridad para el ejercicio del Derecho de defensa que habían solicitado, no comparecieron a la vista oral fijada para el día 7 de enero de 2011.

A la sesión del día 14 de Enero de 2011 asistimos 3 observadores españoles -en representación del Consejo General de la Abogacía Española- y tanto el Presidente del Tribunal como  el Procurador del Rey, a los que habíamos solicitado audiencia para trasladarles nuestra preocupación sobre las circunstancias en las que estaba desarrollándose el proceso, se negaron a recibirnos. La Sala de vistas volvía a estar ocupada en su totalidad por ciudadanos marroquíes y por un elevado número de abogados con toga profesional, 60 aproximadamente, pero a diferencia de las sesiones anteriores el público asistente se comportó con normalidad.

Acusación: a la acusación ejercida por el Procurador del Rey, se sumaron hasta nueve asociaciones marroquíes de diferente índole, incluidas una asociación de carácter deportivo y otra vecinal, que se consideraban perjudicadas moralmente por la acción atribuida a los acusados.

Defensa: la Defensa de los imputados, fue asumida por abogados pertenecientes a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, al no comparecer los abogados saharauis ante la ausencia de respuesta oficial a su queja.

A las 14:30 horas el Presidente del tribunal procedió a llamar a D. Brahim Dahane, D. Ali Salem Tamek y D. Ahmed Nassiri, que eran  los tres imputados que permanecían en prisión, y dio comienzo el juicio – que se iba a prolongar durante 12 horas, hasta las 2,30 de la madrugada-, con la lectura de la resolución del Tribunal en la que se rechazaban todas las cuestiones previas de nulidad planteadas por las defensas, se denegaba igualmente la libertad provisional de los tres acusados.
El juicio prosiguió con el interrogatorio de los acusados que duró varias horas, y fue realizado y dirigido por el propio del Presidente del tribunal, sin intervención de los abogados de la defensa y  solamente en el interrogatorio de Ali Salem Tamek intervino puntualmente el Procurador del Rey.

Los abogados de la acusación particular, que en su mayoría eran los mismos que en las sesiones anteriores habían increpado y agredido a los acusados, reclamaron distintas cantidades en concepto de responsabilidad civil por daños morales. Las intervenciones de estos letrados fueron extensas y en ocasiones con tono y formas agresivas hacia los imputados y sus defensas, pero en ningún momento fueron corregidos por el Presidente del Tribunal.

A continuación intervino el Procurador del Rey, que terminó su exposición calificando los hechos como “un delito contra la seguridad interior del estado”, previsto y penado en los artículos 206 y 207 del Código penal marroquí, solicitando para  los siete acusados la pena máxima: 5 años de privación de libertad y multa.

Los abogados de la defensa sostuvieron que el viaje realizado por los acusados a Tinduf se enmarcaba en el ejercicio de su derecho a libre circulación, un derecho universalmente reconocido y más concretamente en  el Art. 24 de la CM; por tanto, en su conducta no había ningún acto reprochable penalmente, sino que se encontraban en prisión por razón de sus ideas y pensamiento, interesando su libre absolución y la inmediata puesta en libertad. Mientras los abogados de la defensa se encontraban en su turno de palabra fueron interrumpidos en múltiples ocasiones por los abogados de la acusación, y cuando uno de los letrados de la defensa, el Sr. Mohamed el Messaudi [7], recriminó al Presidente del tribunal su pasividad, un abogado de la acusación se abalanzó sobre él, sin lograr alcanzarle al ser placado por otros abogados marroquíes que le sujetaron a tiempo y le sacaron de la sala de vistas. Concluidos los alegatos finales de la defensa, el presidente concedió la última palabra a los acusados, interviniendo cada uno de ellos durante quince minutos.

A lo largo de las 12 horas que duró el juicio, a excepción de las declaraciones de los imputados, no se practicó ninguna otra prueba y la documental unida a las actuaciones no fue ratificada por ningún miembro de las fuerzas de seguridad ni por los peritos.
Al finalizar el acto del juicio el Presidente del Tribunal manifestó que la Sentencia se haría pública el día 28 de enero. Pero 3 meses después de haberse celebrado el juicio seguía sin publicarse ninguna sentencia, ni absolutoria ni condenatoria. El día  15 de abril de 2011, el rey Mohamed VI, de forma sorpresiva decretó un «indulto real» para los presos políticos marroquís y, entre  ellos, el indulto también alcanzo a veinticinco ciudadanos saharauis. Pero en el caso del “grupo de los 7”, como no se había dictado sentencia alguna, no se les podía indultar; sin embargo, ese mismo día el Tribunal de Casablanca les concedió la “libertad condicional”, sin que hasta el día de hoy se haya hecho público ningún pronunciamiento.

3.2.-  Juicio contra los 24 ciudadanos saharauis imputados tras el ataque al campamento de Gdeim Izik, por presuntos delitos ocurridos durante el violento desmantelamiento de dicho campamento el 8 de noviembre de 2010.

Recordemos que el Campamento de Gdeim Izik se constituyó en las cercanías de la ciudad de El Aaiún, el 10 de octubre de 2010 y, durante casi un mes, albergó a más de veinte mil saharauis que reivindicaban pacíficamente mejoras sociales y protestaban por la discriminación a la que estaban siendo sometidos desde la ocupación de su territorio. El citado campamento de protesta fue desmantelado de forma violenta por parte de las fuerzas policiales y militares marroquíes el día 8 de noviembre de 2010, procediendo a la detención de cientos de personas saharauis, y rompiendo sorpresivamente las negociaciones que se estaban llevando a cabo en ese momento entre autoridades marroquíes y representantes del Campamento.

De entre los centenares ciudadanos saharauis detenidos en la ciudad de El Aaiún, un grupo de 24[8] fueron trasladados a la prisión de Salé (Rabat) y sometidos a la jurisdicción militar marroquí, vulnerándose con ello EL Art. 76 del IV Convenio de Ginebra, que obliga a Marruecos a no trasladar a los ciudadanos  del territorio ocupado que fueran detenidos, así como el Art. 127 de la propia CM, que prohíbe las jurisdicciones de excepción; y la jurisdicción militar, que tiene ese carácter, carece de competencia objetiva para conocer de los hechos enjuiciados, dada la condición civil de los acusados.

Al momento de iniciarse el juicio uno de los imputados, Mohamed El Layoubi, se encontraba en libertad provisional por razones de salud, permaneciendo el resto en la  prisión de Sale (Rabat), a excepción de Hassanna Aalia que sería juzgado en situación de rebeldía[9].

El Tribunal Militar Permanente de Rabat se constituyó con un Presidente y cuatro vocales militares, en representación de los distintos ejércitos, y estuvo presidido por el magistrado Sr. Noure Adine Zahafe. La acusación, en representación del Ministerio Público (Procurador del rey), fue ejercida por el Sr. Abd Alkarime Hakimi.

La defensa de los acusados fue asumida por varios Letrados saharauis: los Srs.   Mohamed Lehbib Erguibi, Mohamed Fadel Leili, Mohamed Boukhaled, Lahmad Bazaid, Abdalla Chalouke; y un grupo de letrados marroquíes, Sres. Mohamed El Messaudi, Nour Eddin Dalil, Mustafa Rachid, Aoubied Eddine y Mustafa Jaiaf.

Asistieron al Juicio en calidad de observadores internacionales Juristas de diferentes países y organizaciones, representantes del Consejo General de la Abogacía Española, de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos, así como observadores de organizaciones de Francia, Italia, Luxemburgo, Gran Bretaña y Suecia. También estuvieron presentes representantes de diferentes organizaciones marroquíes de derechos humanos.

Este juicio, como ocurre con frecuencia cuando hay presencia de observadores judiciales en las sesiones, había sido suspendido en anteriores ocasiones, el día 24 de octubre de 2012 y 13 de enero de 2013, sin justificación ni explicación alguna. En la sesión celebrada el día 1 de febrero las defensas de los acusados plantearon una serie de cuestiones previas que aludían a principios básicos del proceso penal y que entendían que no estaban siendo respetados; denunciaron en concreto: a) la vulneración del principio de publicidad de los procesos penales -dado que se prohibió el acceso a la sala a las familias de los acusados, mientras que se permitió el acceso a las familias de las presuntas víctimas e incluso, en algunos momentos, a periodistas que grababan en la propia sala-; b) vulneración del principio de equidad y del derecho a la defensa, por la inadmisión de testificales relevantes instadas por la defensa en tiempo y forma, entre ellas la del ex ministro  del Interior del Gobierno de Marruecos, un miembro del Parlamento Marroquí y varios Gobernadores de la zona; c) formularon asimismo protesta por el amplio despliegue militar y policial dentro de la sala, en la que se encontraban más de un centenar de agentes uniformados y armados; d) mostraron asimismo su disconformidad por la utilización del árabe como vehículo de comunicación oral en el Juicio, una cuestión de especial relevancia e íntimamente ligada con el derecho a la identidad, dado que todos los acusados eran saharauis y su lengua materna es el hassanía.

Planteadas estas cuestiones previas o de carácter procesal, el Tribunal hizo un receso y, tras una deliberación de más de dos horas, a su regreso a la sala se pronunció sobre dichas cuestiones procesales en el sentido de desestimarlas, a excepción de la admisión parcial de las testificales interesadas por las defensas; en concreto la excepción de incompetencia objetiva del Tribunal para conocer de la causa fue rechazada por entender que, aunque la Constitución marroquí prohíbe este tipo de jurisdicciones, no existía una norma que hubiera desarrollado el mandato constitucional y, en ausencia de este desarrollo legislativo, había que considerar que la jurisdicción militar seguía siendo la competente. A continuación, el Tribunal acordó de nuevo la suspensión de la vista oral señalándose como nueva fecha para la celebración del juicio el día ocho de febrero.

La vista del juicio se desarrollo finalmente a lo largo de los días 8 a 17 de febrero de 2013, en sesiones que tuvieron una duración media de 12 horas diarias, circunstancia esta que iba a repercutir en la salud de los acusados, cuyo estado físico ya no era bueno al comienzo del juicio; de hecho a lo largo de las sesiones se produjeron varios desmayos e incluso los acusados Abdeljalil Larusi Lemghaimad y Ahmed Sbai hubieron de ser hospitalizados.

En relación con desarrollo de la vista en si es preciso puntualizar una serie de cuestiones que siendo específicas de este proceso en los detalles, son a la vez un ejemplo de lo que ocurre en la mayoría de los procesos contra ciudadanos saharauis a los que hemos asistido y en especial con los defensores de derechos humanos, en cuanto atañen al derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. Por una parte nos referiremos brevemente a la intervención del Procurador del Rey (el fiscal) y las pruebas presentadas por éste, y por otra, a la intervención de los Letrados de la defensa y las declaraciones de los imputados.

El Procurador del rey formuló su acusación frente a los 24 acusados con carácter genérico, sin especificar los hechos que imputaba a cada uno de ellos y, por tanto, sin que estos conocieran los hechos de los que debía responder. Así, acusó a todos los procesados con carácter general de pertenencia a banda armada, de utilización de la violencia contra los representantes de la fuerza pública en el ejercicio de sus funciones o de ocasionar la muerte (en según qué momentos la acusación venia referida a la muerte de 9 agentes de la autoridad, mientras que en otros la cifra de los fallecidos ascendía a 11 agentes) con empleo de la violencia contra los miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. En consonancia con lo anterior, tampoco individualizó las penas que debería imponerse a cada uno de los acusados sino que el Procurador del rey solicitó que el Tribunal impusiese las penas que considerase más adecuadas, interesando en todo caso  que “se imponga a los acusados las penas más duras y ejemplarizantes” (citamos textualmente el alegato formulado por el Procurador del rey).

Si, como es cosa sabida, en el proceso penal la carga de la prueba corresponde a la acusación, podemos afirmar que en el proceso de los 24 de Gdeim Izik  no existió una autentica prueba de cargo con capacidad de enervar la presunción de inocencia. Así, la prueba reunida y presentada en el caso por el Procurador del rey estuvo constituida por:

1.- Las declaraciones prestadas por los acusados durante la fase de instrucción militar del proceso, en ellas los acusados confiesan los hechos de los que se les acusaba. Llama la atención en este sentido como del acta de acusación del Procurador del rey se desprende la más absoluta identidad de todas estas declaraciones, que coinciden incluso en la forma, pese a las diferencias de toda índole que existen entre los 23 acusados presentes en la sala (en el caso concreto, ya se ha dicho, del acusado Hassanna Aalia este no llegó a prestar declaración en la Instrucción militar ni en el acto del juicio) y que necesariamente conllevan, al menos, una diferente forma de expresión.

Atendiendo a principios del proceso penal, estas declaraciones no pueden ser tomadas en consideración como prueba de cargo; en todo caso serían diligencias de investigación que habrían de ser corroborados por datos objetivos o ratificadas en el acto del juicio por los imputados. Pero esto no fue así. Cabe destacar que algunas de las declaraciones presentadas por el procurador del rey no aparecen ni siquiera firmadas sino que se observa plasmada en las mismas una huella digital, pese a que todos los imputados saben leer y escribir e incluso algunos tienen formación universitaria. Algunos de los imputados negaron incluso que las firmas que figuran en esos documentos fueran las suyas y, sin embargo, tales manifestaciones no fueron atendidas por el Tribunal ni se procedió a su autentificación mediante la práctica de la prueba pericial caligráfica.

Un hecho relevante en relación con estas declaraciones prestadas por los imputados en la fase de instrucción, y que sin duda es causa suficiente para decretar la nulidad de todo el proceso, es que los procesados afirmaron que habían sido sometidos a torturas en el curso de la investigación y que fue en medio de estas torturas cuando fueron obligados a poner su huella o a firmar unos documentos cuyo contenido desconocían.

Las torturas relatadas en el acto del juicio ya habían sido denunciadas con antelación y de manera reiterada por los imputados una vez que tuvieron asistencia letrada, solicitando se abriese una investigación en relación a las mismas; de hecho, tanto en la vista como en las denuncias previas, solicitaron la práctica de periciales médico-forenses para acreditar la veracidad de sus afirmaciones[10]. Sin embargo, tanto las periciales médicas solicitadas, como la práctica de la preceptiva investigación sobre las denuncias de torturas fueron denegadas sistemáticamente durante la instrucción y en el mismo acto del juicio al reiterar la petición.

El reino de Marruecos ratificó en junio de 1993 la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por lo que resulta preceptivo para las distintas autoridades que tuvieron conocimiento de las denuncias o alegaciones de torturas por parte de los imputados, proceder a una investigación sobre las mismas de manera rápida e imparcial[11].

El Comité contra la tortura, en sus recomendaciones de finales de 2011 en relación al reino de Marruecos, expresaba su preocupación  al constatar que:

“…la confesión sirve de base de numerosas condenas penales, lo que crea las condiciones que pueden favorecer la utilización de la tortura y de los malos tratos contra el sospechoso. El estado parte debe tomar todas las medidas para que las condenas penales se pronuncien sobre la base de pruebas distintas de las confesiones del inculpado, en particular en los casos en que este se retracta de sus confesiones durante el juicio, y para que las declaraciones que se hayan hecho bajo tortura no puedan invocarse como elemento de prueba en el curso del procedimiento, excepto contra personas acusadas de tortura, conforme a lo dispuesto en la Convención”[12].

En el caso que comentamos, así como en otros de los juicios a los que hemos tenido la oportunidad de asistir como observadores y en los que los acusados denunciaban haber sido objeto de torturas, nunca se llevaron a cabo las correspondientes investigaciones judiciales, ni siquiera en aquellos supuestos en que en el propio acto del juicio oral, los miembros del tribunal y los observadores pudimos observar los estigmas de malos tratos.

En el juicio celebrado los días 8 a 17 de febrero ante el Tribunal Militar Permanente de Rabat, hay que insistir en que no solo no se llevaron a cabo las preceptivas investigaciones judiciales sino que el Presidente del Tribunal interrumpía las intervenciones de los acusados cuando relataban los malos tratos y torturas a los que habían sido sometidos durante la detención, señalando expresamente que “esos hechos  no eran objeto del proceso, ni tenía el Tribunal competencia para pronunciarse, ni era especialista en esas materias”.

2.- Otra de las pruebas presentadas por la acusación estaba constituida por unas tarjetas que presuntamente habían sido recogidas por las fuerzas de seguridad marroquíes en el Campamento tras el desmantelamiento. Las tarjetas tenían las inscripciones de “seguridad”, “limpieza”, etc.

Los letrados de la defensa explicaron que ciertamente en el campamento Gdeim Izik había una organización pues de otro modo habría sido imposible la convivencia de más de 20.000 personas, en unas condiciones tan duras, con escasez de agua, de alimentos, sin las más mínimas infraestructuras y sin que a lo largo de un mes se hubiese producido ningún incidente dentro del campamento, hasta el momento en el que se produjo su inesperado desmantelamiento.

3.- También presentó la acusación como prueba de cargo varios cuchillos y un hacha pequeña. Instrumentos que según argumentó el Procurador del rey habrían sido utilizados para matar a varios militares marroquíes. Respecto a dichos objetos no existía la adecuada cadena de custodia, de modo que no constaba acreditada su procedencia, además de tratarse de utensilios habituales para la cocina y en buena lógica podrían haber sido utilizados en el campamento para tareas básicas. Por otro lado, estos instrumentos no presentaban manchas de sangre, ni se estableció en ningún momento su vinculación con los acusados, ni con los miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente fallecidos (insistimos en utilizar el término “supuestamente” al no haberse aportado al acto del juicio las correspondientes autopsias).

4.- A instancias del Ministerio Público se proyectó en el acto del juicio una grabación, cuyas imágenes se correspondían, según la acusación, con hechos ocurridos en el Campamento de Gdeim Izik y en la ciudad de El Aaiún después del desmantelamiento del campamento. Sin embargo, la mala calidad de la imagen impedía determinar el lugar exacto de su realización, no se podía identificar en la película a ninguno de los imputados, y desde luego no se podía establecer relación alguna entre aquellas imágenes y los hechos concretos que se estaban enjuiciando ya que el video carecía incluso de la fecha de producción, por lo que en definitiva, carecía relevancia probatoria.

5.- La acusación también presentó una lista de testigos, si bien lo hizo de forma extemporánea, sin la obligatoria comunicación previa a los abogados defensores; motivo por el cual estos formularon las oportunas protestas, no obstante ello dichas testificales fueron admitidas por el Tribunal. Sin embargo, una vez efectuada la declaración del primero de estos testigos, al no aportar datos relevantes o que pudieran servir al debido esclarecimiento de los hechos (no reconoció a ninguno de los acusados y termino afirmando que no había visto nada), el propio Tribunal considero innecesaria la práctica del resto de las testificales.

6.- Mención aparte merecen las piezas de convicción y la cadena de custodia: Durante la celebración del juicio las piezas de convicción supuestamente incautadas por la policía al desmantelar del campamento (12 teléfonos móviles, 3 Walkie‐Talkies, 6 cuchillos de cocina, 2 hachas, 1 machete, 2 bengalas, 1 carnet de identidad y 1 ordenador) estuvieron expuestas al público, pero no fueron objeto de debate alguno ante el Tribunal. Ninguna de ellas tenía huellas de ningún tipo (sangre, huellas digitales…) ni estaba aislada en bolsas de plástico para impedir su contaminación. No existía ningún expediente de cada prueba separada, ni se identificaba con ningún acusado en concreto.

            7º.- No podemos cerrar este apartado sin dejar de llamar la atención sobre el hecho insólito de que no obrara unido a las actuaciones ningún informe médico-forense con los resultados de las autopsias practicadas a los agentes de las fuerzas de seguridad que según el acta de la acusación habrían fallecido.

Los letrados de la defensa, en su turno, iban a poner de relieve la endeblez de la acusación, insistiendo en la ausencia de una auténtica prueba de cargo contra sus defendidos, y procedieron a desmontar el acta de acusación con los limitados medios de prueba que les fueron admitidos por el Tribunal.

1.- En sus declaraciones, los acusados relataron en qué consistió el Campamento de Gdeim Izik y la reivindicación pacífica de sus derechos. Algunos manifestaron su condición de defensores de derechos humanos, haciendo referencia a su labor como tales. También denunciaron el hecho de que “sus hijos morían en el mar para intentar llegar a España mientras que el ocupante les robaba sus recursos naturales en su propia tierra”. Relataron asimismo la forma en la que se desarrollaron las negociaciones que se estaban llevando a cabo entre los miembros del comité de dialogo y las autoridades marroquíes hasta que el momento en que, en la madrugada del día 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad irrumpieron en el campamento, describiendo sucintamente las propuestas que habían realizado las autoridades para solucionar el conflicto. Explicaron igualmente los imputados, como se desarrolló el ataque al campamento, así como las detenciones posteriores, de carácter masivo, en la ciudad de El Aaiún y alrededores.

Finalmente, como ya se ha dicho, denunciaron que habían sido objeto de torturas y malos tratos desde el mismo momento de su detención, primero en los calabozos de la comisaría y posteriormente durante la instrucción -uno de los imputados identificó la sala en la que se estaba celebrando la vista como el lugar en el que había sufrido malos tratos durante horas, antes de prestar declaración ante el Juez de instrucción militar-.

2.- Los testificales presentadas por los abogados defensores iban a poner de manifiesto, a su vez, la falta de verosimilitud de las declaraciones que la fiscalía había presentado como base de la acusación, explicando los testigos, con todo lujo de detalles, las fechas, horas y lugares en los que se encontraban los acusados al tiempo de ocurrir los hechos que se les imputaban, en patente contradicción con su presencia en los lugares en los que los situaba el Procurador del rey.

3.- En idéntico sentido se aportó por la defensa prueba documental acreditativa de que Mohamed Bani, acusado de ser instructor militar en el campamento, realmente había estado trabajando en su puesto de trabajo en El Aaiún hasta el día 5 de noviembre. También resultó acreditado con la testifical aportada por la defensa que Nama Asfari, que según el acta de acusación, habría sido detenido el día 8 de noviembre dentro de su jaima en el campamento -donde se le habrían incautado diversas sumas de dinero en divisas y dinares argelinos, dos machetes y una espada- conforme al testimonio de dos de los testigos propuestos por la defensa vino a evidenciar que el acusado ya había sido detenido en El Aaiún el día 7 de noviembre, en la casa de un vecino.

Cuando la vista ya estaba finalizando, después de haber realizado sus respectivos alegatos la acusación y los abogados defensores, el Procurador del rey presentó una nueva prueba, una serie de fotografías en las que aparecían algunos acusados junto a sus compatriotas en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, alegando asimismo el Procurador del rey que algunos de los imputados habían participado en una conferencia internacional celebrada en Argel. Como iba a subrayar uno de los acusados, Ahmed Sbai, al hacer uso de su derecho a la última palabra, dicha prueba venía a despejar la verdadera razón de ser de su procesamiento, agradeciendo al Procurador del rey que hubiese aclarado el motivo por el que habían sido detenidos y serían condenados él y sus compañeros, a la par que expresaba asimismo su orgullo por haber podido realizar una visita a sus hermanos en el exilio y a los miembros del Frente Polisario. Se señaló asimismo que las visitas a los campamentos y los encuentros con miembros del Frente Polisario no son hechos delictivos, pues de facto todos los años se organizan viajes de ciudadanos saharauis que residen en las ciudades ocupadas para visitar a sus familias en los campamentos de refugiados en territorio argelino.

Todos los imputados hicieron uso de su derecho a última palabra y expresaron de modo unánime sus condolencias a los familiares de las víctimas saharauis y marroquíes, si las hubiera, así como su agradecimiento a las asociaciones de derechos humanos, encabezadas por la Asociación marroquí de Derechos Humanos y a los observadores presentes en el juicio. Del mismo modo los acusados defendieron la autodeterminación del pueblo saharaui, pidieron la liberación de los presos políticos y solicitaron que se llevase a cabo una verdadera investigación de los hechos ocurridos en el campamento de Gdeim Izik.

El veredicto. Pocas horas después de finalizar el juicio, a las 0,45 horas del día 17 de noviembre, el Tribunal leyó el veredicto, resultando condenados los acusados a las siguientes penas: nueve de ellos condenados a cadena perpetua: Ahmed Sbai, Hassanna Aalia, Mohamed El Bachir Butenguiza, Abdeljalil Lemghaimad, Abdalahi Abah, Mohamed Bani, Abdalahi Lejfawni, Sidahmed Lemjayed, Ismaili Brahim; cuatro acusados lo fueron a 30 años de prisión: Naama Asfari, Cheikh Banga, Mohamed Burial, Dah Hassan; seis a 25 años de prisión: Hossein Zaui, Mohamed Embarek Lefkir, Daich Dafi, Mohamed Lamin Haddi, Abadalahi Toubali, Mohamed Juna Babait; tres a 20 años de prisión: Bachir Jadda, Mohamed Tahlil y Mohamed Suelim Layoubi; y los otros dos, Sidi Abderrahaman Zayou y Taki El Machdoufi, a dos años y tres meses de prisión. A destacar que el procesamiento por segunda vez de Hassana Aalia, ahora condenado a cadena perpetua, en razón de unos hechos por los que ya había sido enjuiciado y condenado por un Tribunal de El Aaiún constituye una flagrante vulneración del principio de cosa juzgada.

A pesar de las gravísimas condenas, todos los imputados abandonaran la sala cantando himnos a favor de la libertad de su Pueblo y pidiendo el respeto a los derechos humanos.

  1. Evaluación de los procesos.

La conclusión que se puede extraer de todo ello es que ni el Tribunal Penal y de Primera Instancia de Ain Seba’a (Casablanca) ni el Tribunal Militar Permanente de Rabat han ofrecido al Grupo de los 7 y al Grupo de los 24 de Gdeim Izik, un juicio justo, y en general la observación de estos y de otros procesos contra activistas saharauis: el de Yahya Mohamed y el grupo de Tan-tan, el de Cheik Amidana, Chiji Brahim, Alisalem Ablagh, etc., nos permiten afirmar que los derechos humanos no se hallan suficientemente garantizados en Marruecos frente a quien se ha revelado como su primer y más acerbo infractor, el propio Estado marroquí; de suerte que  el sistema de límites y las acciones de tutela y restauración de estos derechos no se encuentran jurídicamente predispuestos de forma rígida y a salvo de cualquier intromisión política.  En este aspecto no cabe llamarse a engaño, la jurisdicción y la independencia judicial que tendrían que jugar un papel esencial para evitar la impunidad,  no se encuentra en condiciones de hacerlo de una forma eficaz, y ello impide calificar al régimen alauita como un estado de derecho.


[1] Magistrado y Vicepresidente del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental

[2] Abogada y Secretaria del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental

[3] Véase Mohamed Cherkaoui, El Sáhara, vínculos sociales y retos geoestratégicos, The Bardwell Press-Siglo XXI, Oxford, 2008.

[4] El Comité de DD.HH. (ONU, 2004), consideró excesivo el plazo (48 horas, renovable una vez, por crímenes comunes, y 96 horas,  renovable dos veces, por  actos de terrorismo), y que el acusado tuviera acceso a abogado solo desde que la custodia era extendida.

[5] Dictamen del Consejero jurídico de la ONU, S/2002/161.

[6]D. Mohamed Lahbib Erguibi, D. Mohamed Fadel Laili, D. Mohamed Boujaled, D. Bazid Lahmad, D. Abdalla Chalouk, D. Nour Eddine Dalil, D. Rachid Kenzi.

[7] Letrado actualmente imputado por desacato como consecuencia de dicha corrección, mientras que los abogados de la acusación que incluso agredieron a los imputados y otros miembros de la sala, no han sido ni tan siquiera corregidos por el Tribunal en el acto del juicio.

[8] Ahmed Sbai, Ennama Asfari, Mohamed Tahlil, Hassan Dah, Deich Daffi, Mohamed Bani, El Bachir Khadda, El Houcein Azaoui, Etawbali Abdalahi, Chikh Banga, Sidi Abdeljalil Laaroussi, Burial Mohamed, Lakhfauoni Abdalahi, Sidi Abderraham Zeyou, Mohamed Lamine Haddi, Mohamed El Bachir Boutenguiza, Ettaki El Machdoufi, Sidi Abdalhi Abbahah, Sidi Ahmed Lemjiyed, Brahim Ismaili, Mohamed Mbarek Lafkir, Mohamed Kohuna Babait, El Bakay Laarabi y Mohamed El Layoubi. 

[9] Hassanna Aalia había sido detenido en enero de 2011 y juzgado el 14 de enero por los mismos hechos por los que nuevamente fue juzgado en rebeldía ante la jurisdicción militar, vulnerándose por tanto el principio de cosa juzgada.

[10] “Me torturaron desde el primer momento, me violaron, me arrancaron las uñas con tenazas, me quemaron especialmente en mis heridas hasta que me quedaba inconsciente, ya no tengo más vida, un hombre violado ya no tiene nada”, manifestación de un imputado en la sesión de la tarde del día 12 de febrero 2013.

[11] Artículos 12, 13 y 16 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

[12] Observaciones finales del Comité contra la Tortura, aprobadas el 1 y 2 de noviembre de 2011, consecuencia del examen del cuarto informe periódico de Marruecos.