19 de mayo 2021
Ante la situación dramática que se está viviendo en las ciudades de Ceuta y Melilla, las organizaciones sociales implicadas en la denuncia contra la venta de un buque de guerra de la empresa Navantia a Marruecos, actualmente en proceso y en la que alegamos un largo número de incumplimientos legales, exigimos la paralización inmediata de esta venta. No se puede rearmar un socio que no es confiable y que es capaz de promover -aprovechándose de una precariedad y pobreza que él mismo provoca- que mujeres con bebés se lancen al mar arriesgando su vida. Las imágenes distribuidas a través de los medios de comunicación y el testimonio de las personas que están llegando a nuestras costas acreditan la situación de miseria grave que sufre la población de Marruecos, cuyos indicadores económicos y sociales y tasas de analfabetismo, mortalidad o déficit alimentario lo sitúan a la altura de los países africanos peor situados. Y es ilegal vender armas a un país en esta situación. La respuesta del régimen marroquí, que utiliza -como es habitual y conocido- el chantaje y la amenaza para conseguir sus propósitos espurios, arriesgando la vida incluso de sus propios nacionales; exige una nueva política internacional comprometida con la legalidad. El régimen marroquí se empeña, desde su propia condición de estado feudal, en reordenar el tablero internacional desde el salón del trono; utilizando la diplomacia de la amenaza, el soborno y el chantaje como regla del juego de un mundo globalizado que ha optado por la legalidad y la gobernanza como forma ordenada de organizarse. No podemos seguir armando a un país que amenaza la estabilidad de la región, incluido el territorio español, e incluso más allá (recordar su intervención en la guerra de Yemen y su acuerdo tripartito con Trump y Netanyahu), y que desvía sus recursos a la compra de armamento mientras su población se muere de hambre y está dispuesta a una emigración masiva y peligrosa. Marruecos es un hermoso país y sus gentes también tienen derecho a un futuro en dignidad. No podemos, como comunidad internacional comprometida con la paz, la gobernanza y la justicia, seguir alimentando la voracidad del Reino alauita y sus intereses expansionistas, que alcanzan lo que el Majzén quiera o ambicione en cada momento, como recientemente las aguas canarias. Somos conscientes de la delicada situación de nuestro país y de la importancia de mantener unas buenas relaciones con nuestros vecinos, pero esas relaciones no pueden seguir basándose en la arbitrariedad y en contentar los caprichos de un régimen que no es leal, que no es democrático -por lo que no sigue más que sus propias reglas autocráticas- y que, como se dice popularmente, en cualquier momento te puede dar “una puñalada por la espalda”. No es coherente, no es ético y no es inteligente rearmar a un gobierno así. La venta de armas a Marruecos apunta hacia la población saharaui y viola la responsabilidad jurídica de España como potencia administradora de iure del territorio no autónomo del Sahara Occidental reconocida por Naciones Unidas y la propia justicia española y europea. Denunciamos este hecho por nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y el derecho internacionalmente reconocido del Pueblo Saharaui a su autodeterminación. Si se reconoce el derecho a la libre determinación, como España lo ha hecho, no se puede rearmar a la parte que lo limita, al país que está invadiendo un territorio no autónomo. Pero no lo hacemos sólo por eso, sino porque el actual régimen marroquí desestabiliza la paz mundial y, como pequeño ejemplo, ya conocemos como sus delegaciones oficiales irrumpen en todos los encuentros internacionales cuyo propósito sea construir paz y buenas relaciones con una actitud arrogante de “niño malcriado” para obstaculizarlos. Su soberbia no tiene límites y lo estamos viendo. La actitud internacional, respaldada por los socios preferentes del monarca marroquí que también tienen sus propios intereses, ha contribuido a disfrazar su régimen de democracia y a darle múltiples herramientas para hacer su juego. Pero ya estamos viendo sus consecuencias. España tiene que liderar, por su responsabilidad histórica, sus compromisos establecidos y su propia estabilidad, este proceso que debe implicar a toda la comunidad internacional en un asunto que no es baladí. La situación obliga de forma urgente al Gobierno español y a sus socios internacionales a replantearse la venta de armas a Marruecos. Es el primer paso.