Un relato torcido. El conflicto del Sáhara Occidental a través de la prensa

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ANA CAMACHO
Periodista, ex-corresponsal de El País para el Magreb. Investigadora de la Universidad Autónoma

EL RELATO PERIODÍSTICO sobre el conflicto del Sáhara Occidental ha cumplido un papel clave en el apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, pero tiene una importante asignatura pendiente en relación a otro elemento, de gran relevancia para la solución del conflicto. Han pasado casi 38 años desde que el último Gobierno del dictador Francisco Franco abriese las puertas a la invasión marroquí, de la que entonces era la provincia española número 53 y, todavía, su narración de los hechos sigue sin dar cuenta de que aquella entrega fue ilegal. El marco del enfoque informativo sigue, por tanto, ignorando que, tanto para la ONU, el derecho internacional y el derecho interno español, España sigue siendo la Potencia administradora de un territorio pendiente de descolonizar. Esta omisión ha dado alas a la maniobra tergiversadora de tan vergonzoso tramo de nuestra historia, de los sucesivos gobiernos de España. Ha servido para ocultar o emboscar las responsabilidades internacionales —las que España tiene con la comunidad internacional— y la responsabilidad muy particular y cercana— la que España y los españoles tenemos con el pueblo saharaui—. Responsabiliades que, sin ambages, la ONU sigue atribuyendo a España. Responsabilidades jurídicas cuyas implicaciones superan con creces las históricas y morales que también se derivan de una relación colonial. El sagrado compromiso que el informador tiene con el derecho del ciudadano a recibir una información veraz y completa impone una rectificación del relato imperfecto e, incluso «torcido», que lleva casi cuatro décadas confundiendo y despistando a la opinión pública.

La historia de este fallo del relato periodístico con el conflicto del Sáhara Occidental se remonta al comienzo del conflicto en 1975, cuando el último Gobierno de la dictadura del general Franco decidió renunciar a llevar a término el proceso de descolonización del territorio, al que estaba obligado una vez que había inscrito, voluntariamente, el Sáhara Occidental en el registro de la ONU para los territorios no-autónomos pendientes de descolonización. Lo hizo cediendo a las pretensiones del anexionismo marroquí. Para justificar un giro político que situaba a España ante un grave incumplimiento de sus responsabilidades internacionales, el Gobierno de aquellos días, presidido por Arias Navarro, puso en marcha lo que en términos de comunicación se define como una enorme maniobra de desinformación o supresión de la verdad. Proporcionar un barniz de legalidad a una salida/abandono, irregular e ilegal, del Sáhara Español, fue el objetivo de tan basta campaña de manipulación. Lograrlo exigía ocultar, al tiempo que se favorecía, una agresión torticera y sin precedentes contra el pueblo saharaui, pueblo al que España tenía la responsabilidad de defender y proteger tal y como establece el art.73 del capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas.

La pieza angular de la farsa, con la que se pretendió dar legitimidad a un acto que contravenía varios puntos del derecho internacional, fue la firma el 14 de noviembre de 1975 de una ‘Declaración de Principios con los Gobiernos de Marruecos y Mauritania’, que también había reclamado como propio el territorio sahariano. Los grandes escollos del momento, especialmente la falta de libertad de prensa en España, impidieron a los informadores desenmascarar las tácticas de confusión intencionada que lograron que esta ‘Declaración’ pasara a la Historia como los Acuerdos de Madrid, Acuerdo de Madrid, Acuerdos Tripartitos o Acuerdo Tripartito, términos, todos ellos, que evocan o sugieren la existencia de un tratado legitimado por la comunidad internacional.

Ya entonces, sin embargo, numerosas voces críticas, tanto de la izquierda como de la derecha, enfrentaron a la versión oficial un relato de los hechos que denunciaba que los supuestos acuerdos, además de inmorales, eran nulos de pleno derecho por ser contrarios a la legalidad internacional. Pero invocando su supuesta validez, el 26 de febrero de 1976, el primer Gobierno de la monarquía (también presidido por Arias Navarro), comunicó a través de una carta a la ONU la salida unilateral del territorio y el fin de las responsabilidades de España con el proceso de descolonización del pueblo saharaui. Todos los gobiernos que siguieron se fueron adhiriendo a tan perversa maquinación, todavía en vigor, que sirve para mantener la ficción de que España zanjó, honorablemente, la transferencia de la administración del Sáhara Occidental.

La ONU nunca ha desautorizado, expresamente, los ‘Acuerdos’ y aunque tampoco los ha validado no es menos cierto que no ha condenado, expresamente, el abandono español de sus deberes con el proceso de descolonización aún sin concluir. Aferrándose a las ambigüedades de esta situación, desde los distintos gobiernos se ha seguido haciendo creer que la posición oficial defendida en 1975 fue acorde a derecho y que el abandono de nuestras responsabilidades y obligaciones con el pueblo saharaui es irreversible. Se sigue alimentando así la confusión de que, al no estar ya España, físicamente, en el territorio, quedó sin papel alguno que cumplir en la solución del conflicto, excepto apoyar los esfuerzos de la ONU a favor de la paz en la región. Continúa, por tanto, la impostura de que la actitud de todo Gobierno responsable debe ser la de una neutralidad y equidistancia entre las partes enfrentadas.

Esta posición gubernamental, sin embargo, no concuerda con la inequívoca documentación emanada de las propias instancias de Naciones Unidas sobre la situación de los territorios pendientes de descolonizar. En la relación anual del IV Comité de las Naciones Unidas (que tramita los asuntos de los 16 Territorios No Autónomos que quedan en el mundo), queda reflejado que esta organización nunca dio por válidos los Acuerdos de Madrid. Los cita a pie de página para hacer constar la versión oficial española, pero en la casilla donde corresponde a la ONU señalar cuál es la potencia administradora del Sáhara Occidental, figura, indeleblemente, negro sobre blanco, España.

El entonces Subsecretario General de Naciones Unidas para Asuntos jurídicos del Consejo de Seguridad, Hans Corell, en el dictamen de 2002[1] explicó por qué la ONU no ha dejado ni un solo día de señalar a España como la potencia administradora de iure, en lugar de sustituirla en la casilla correspondiente por Marruecos, que ocupa el territorio de facto:

“El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente”.

Por tanto, añade este texto, “Marruecos ha administrado el territorio del Sáhara Occidental por sí solo”. Una amplia bibliografía académica generada por prestigiosos especialistas en la materia, tanto de la diplomacia como del derecho internacional, explican que ése “por sí solo” debe ser traducido —para los que no estamos familiarizados con el correoso lenguaje onusiano y del derecho internacional— como un acto unilateral, por el que Marruecos administra el Sáhara Occidental de facto, es decir, por la vía de los hechos consumados, pero sin legitimidad. De ahí que ningún Estado haya reconocido su presencia en el territorio.[2] Los argumentos de Corell y la posición reflejada por la ONU en el listado de territorios no autónomos coinciden con las razones que alegó la versión del frente de rechazo al abandono español del pueblo saharaui, que denunció la nulidad de los acuerdos de Madrid y, por tanto, la no validez de la dejación de responsabilidades.

Resulta sorprendente para esta investigadora que, 38 años después, el relato informativo no haya logrado siquiera suscitar un debate sobre la flagrante impostura de los sucesivos Gobiernos de España, flagrante y contradictoria, con la mantenida por la ONU. No se comprende bien por qué los informadores, me refiero a los españoles, siguen sin cumplir con la cuestión del Sáhara Occidental, no mostrando el mismo celo que, en cambio, exhibieron, y con gran entusiasmo y fortaleza de ánimo, durante la segunda guerra en Irak. Intentaron en aquella ocasión arrancarle los colores a José María Aznar, haciéndole notar la falta de concordancia entre sus actos y las resoluciones de la ONU. Denunciaban que la coalición occidental que acabó derribando a Sadam Hussein no estaba respaldada por la legalidad internacional.

Siendo el conflicto del Sáhara Occidental mucho más cercano, política, cultural y geográficamente a los intereses españoles, más justificado estaba y lo sigue estando poner el foco en las grietas que presenta la línea argumental de la versión oficial.

Es cierto que en las facultades y escuelas donde se forman los futuros profesionales de la información se suele advertir que el periodismo no es una ciencia sino un producto artesanal con una fuerte carga subjetiva que condiciona los criterios con los que el informador selecciona y ordena las piezas con las que compone la noticia.[3] Precisamente por el alto riesgo de fallo que entraña la carga del mundo estereotipado que cada sujeto arrastra consigo, la ética periodística insiste mucho en que el informador cumpla su misión con una disciplina cuya esencia debe ser la verificación[4]. Entre los varios mecanismos de control de esta disciplina destaca el estar abierto a la investigación de los hechos; contrastar los datos a su disposición con cuantas fuentes sea necesario y evitar que se cuele en la narración periodística datos falsos, enfrentando, cuando existan, las distintas versiones que haya sobre un hecho.

Ante la evidencia de las pruebas documentales, un relato periodístico que no ha logrado cuestionar el discurso político que niega que España siga siendo la Potencia administradora del Sáhara Occidental, ni tampoco ha sabido aclarar a los ciudadanos en qué consisten estas responsabilidades que la ONU señala como ineludibles, como mínimo, está incumpliendo esa función clave que tiene el informador de hacer llegar a sus conciudadanos “todos los datos de interés general que son necesarios para que los públicos entiendan el significado y la posible proyección futura de los acontecimientos públicos” [5]. Con ello, los periodistas han incurrido en un fracaso con ese compromiso que tienen con la búsqueda de la verdad en su doble papel de “custodios de los hechos” y de garantes de la honestidad del discurso político, encargados de “corregir los errores, limitar la confusión y denunciar el engaño al que suelen tender los gestores del poder”.[6]

Los códigos deontológicos que regulan la profesión periodística, incluyendo el de la propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE),[7] subrayan el respeto a la verdad como “el primer compromiso ético del periodista”. El incumplimiento de este dogma entraña la expulsión de los asociados que hayan sido sorprendidos en una infracción malintencionada. Se parte de la base que los obstáculos a los que se enfrenta el reportero para aproximarse a la verdad no siempre pueden ser sorteados con éxito. Pero, en caso de fallo o error, estos principios éticos obligan al periodista a corregir “la difusión de material falso, engañoso o deformado”. Tal es la prioridad que debe tener para el periodista el derecho del ciudadano a estar bien informado que ninguno de los principales códigos deontológicos de referencia internacional, tanto si se trata de la Declaración de Principios sobre la Conducta de los Periodistas de la FIP (Federación Internaciona de Prensa), la Resolución 1.003 sobre Ética del Periodismo aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1993 o el propuesto desde la ONU (El Código Internacional de Ética Periodística UNESCO), prevén que el deber de rectificar prescriba, ni siquiera con una confusión que lleva 38 años deformando la realidad. ¿Qué es entonces lo que lo impide corregir este relato?

1. 1975 La primera derrota de los informadores ante la gran estrategia de desinformación

El periodismo no es historia[8], suelen decir los clásicos de la teoría de la Redacción Periodística. Pero al intentar fijar las causas de los equívocos que acabaron consolidando la versión oficial y eclipsando a la del rechazo de los acuerdos de Madrid, es inevitable remontarse al relato del estallido del conflicto sahariano en 1975. Entonces, la capacidad de verificación de los reporteros fue socavada por una potente maniobra de ocultación de la verdad del Gobierno que jugó con la enorme ventaja que tienen todos los regímenes autocráticos para llevar a cabo un eficaz control del flujo informativo y deja escasa capacidad de reacción ante el falseamiento.

La pieza del relato de la crisis de 1975 que mejor demuestra el preciso plan de tergiversación con el que jugaron los entreguistas fue la llamada Marcha Verde. Las crónicas del momento reflejaron con el debido despliegue la noticia del dictamen que el Tribunal de La Haya había emitido el 16 de octubre, confirmando que el Sáhara nunca había estado bajo soberanía marroquí y la sorpresa que había provocado seguidamente el anuncio con el que el rey Hassán II hizo un llamamiento a 300.000 civiles para que marchasen pacíficamente al encuentro de sus “hermanos” saharauis. A partir de ese momento las informaciones se habían centrado en la incertidumbre sobre el desenlace de ese jaque mate alauita. Oficialmente, el Gobierno de Arias Navarro había seguido asegurando que no iba a ceder al chantaje alauita y que estaba decidido a cumplir sus responsabilidades con el pueblo saharaui, lo que implicaba defenderlo de la posible agresión y llevar a término la descolonización. Por fin, el 6 de noviembre de 1975, la Marcha Verde había cruzado la frontera del Sáhara Español cumpliendo así la secuencia con la que el Gobierno iba a justificar la firma de los llamados acuerdos de Madrid como la única salida que le había quedado para evitar una guerra con Marruecos.

En realidad, las pruebas documentales que al cabo de los años han llegado a manos de la historiografía han demostrado fehacientemente que la auténtica invasión del Sáhara Occidental ya había comenzado a través de la frontera noreste de la colonia mientras los participantes en la Marcha Verde todavía estaban en plena fase de preparativos, concentrándose a 20 kilómetros del puesto fronterizo de Tah. [9] Pero así como la invasión “oficial” del 6 de noviembre la protagonizaron miles de civiles marroquíes desarmados, la otra ocupación, iniciada el 30 de octubre, la ejecutaron tropas de las FAR, las Fuerzas Armadas Reales alauitas, que tomaron los poblados de Hausa y Echdería sin que España hiciese el menor gesto de denuncia. Esta diferencia entre las dos agresiones marcó un sustancial cambio del marco de referencia desde el que la opinión pública debía interpretar la realidad.

Con el ocultamiento de la auténtica agresión, el Gobierno había podido seguir dando credibilidad a las declaraciones con las que, hasta el último momento, había seguido asegurando que España iba a cumplir sus compromisos internacionales con el pueblo saharaui y no lo iba a entregar a sus enemigos. Su objetivo era neutralizar las voces que, incluso desde importantes sectores del propio régimen, ya por entonces estaban advirtiendo que el Gobierno estaba mintiendo y preparaba una claudicación a las pretensiones anexionistas marroquíes. El discurso gubernamental insistía así en dar a la opinión pública una imagen de firmeza y de defensa del prestigio y el honor que se oponía a los argumentos que comenzaban a dar forma a una versión disidente que ya estaba asociando la entrega española con turbias maniobras propias de una vergonzosa “traición”.

La idea de que lo que estaba preparando el Gobierno no podía explicarse racionalmente más que como una “venta” en beneficio de unos pocos, asomó en las tres partes del artículo que el semanal Cambio 16 publicó en los números 205, 206 y 208 editados entre el 3 y 30 de noviembre con el título el Sáhara no es una finca. En este texto se advertía a la opinión pública que la entrega del pueblo saharaui era contraria a derecho internacional y, consecuentemente, además de acarrear criminales consecuencias para el pueblo saharaui, iba a entrañar un grave perjuicio para los intereses, prestigio y credibilidad de España en el escenario internacional.

La última parte de este artículo apareció en el mismo número 205 que llevaba en portada un retrato del entonces príncipe Juan Carlos saludando a un militar con un título que anunciaba: Primera batalla. Juan Carlos en el Sáhara.[10] Se destacaba así la misión con la que el 2 de noviembre el futuro rey de España se había trasladado a El Aaiún para transmitir a los mandos de las tropas allí estacionadas su compromiso de que España saldría con honor. En el relato de esta misión de Estado también aparecía la contraposición de la opción justa y digna frente a la de la venta al situar la visita del entonces príncipe como un intento de poner en su sitio a los sectores que estaban presionando a favor de la entrega y con un mensaje “bien claro al mundo” de que España no iba a vender el Sáhara Occidental, “y mucho menos a regalárselo a un rey obsesionado por las anexiones imperiales”.

El temor a la represalia por cuestionar la versión del Gobierno quedó reflejada en la advertencia con la que el artículo el Sáhara no es una finca no aparecía firmado y, en su lugar, se advertía que sus autores eran grandes conocedores del tema. Más tarde, Francisco Villar, futuro cargo en el Ministerio de Exteriores en el Gobierno socialista de Felipe González, reconoció haber sido uno de los autores de ese artículo junto a otros diplomáticos que integraban el equipo de la representación española ante la ONU en Nueva York y que habían actuado ante la indignación que les estaba produciendo ser testigos de la traición que se había puesto en marcha coincidiendo con la última fase de la enfermedad que iba a llevar a la muerte al dictador Francisco Franco.[11]

Pablo Ignacio de Dalmases, que entonces era director en El Aaiún del diario La Realidad, un medio gestionado por las autoridades coloniales, suele relatar su propia experiencia como un ejemplo de que el régimen quiso dejar claro, antes incluso del 14 de noviembre, de que no estaba dispuesto a transigir con los informadores díscolos, que se saliesen de la estricta pauta marcada por las consignas oficiales. [12] El 24 de octubre, cuando las noticias sobre el agravamiento del estado del moribundo general Franco habían disparado los rumores de que en Madrid ya se había pactado con Rabat, publicó en el diario colonial la noticia que la agencia estatal Efe había difundido sobre una entrevista concedida a la prensa española en Marruecos por el hermano del rey Hassán II, Muley Abdallah. La tituló: Muley Abdallah, hermano de Hassan, rechazó cualquier posibilidad de autodeterminación para los saharauis. El problema lo planteó el antetítulo: Parece próximo un acuerdo hispano-marroquí (según, Efe). Bajo el titular, con dos sumarios, Dalmases añadió otras dos ideas que completaban su interpretación del cable: Y calificó al Frente Polisario como agente de Argelia. A España se le promete: el 60% de los fosfatos y bases militares.

Según Dalmases, se había limitado a dar relieve a esa parte de la crónica de la agencia estatal que comentaba las declaraciones del familiar del monarca en el contexto de las conversaciones de alto nivel que se habían iniciado entre España y Marruecos y que, según el propio el autor del cable, avanzaban “aceleradamente, hacia algún resultado concreto”. Pero la reacción de sus superiores fue contundente y, por la noche del mismo día 24, la noticia del día para los más de treinta enviados especiales que se alojaban en el Parador Nacional fue enterarse de que Dalmases había sido destituido como responsable de La Realidad y también del otro cargo que simultaneaba como director de la emisora Radio-Sáhara. El que poco antes le hubiesen condecorado solemnemente con la Orden de África no libró al periodista del despido, una grave reprimenda y el susto que le supuso que un piquete de la Policía Territorial, actuando al margen de los mandos, le fuese a buscar a su domicilio para llevarle detenido al cuartel de dicho cuerpo donde fue amenazado de muerte y encerrado en una celda durante varias horas. Como explicó Ramón Criado [13], en el contexto del momento, el titular confeccionado por Dalmases podía ser resumido en una sola palabra: “traición”. El revuelo que La Realidad provocó ese día en el Sáhara Español refleja que, efectivamente, esa es la lectura que hicieron españoles y saharauis del titular del que fue el último número del único diario en español publicado en la colonia[14].

En este clima poco propicio a la transparencia, la censura no había impedido que más de 30 enviados especiales [15] acudiesen al Sáhara Español cuyo acceso estaba generalmente muy restringido. Lo cual no significa que estuviesen sujetos a fuertes restricciones a la hora de componer lo que pretendió ser un minuto a minuto de la amenaza que se cernía sobre España con la jugada de póker con la que se suponía el rey Hassán II había sorprendido al Gobierno. En su libro de memorias, Dalmases relata cómo el Gobierno General del Sáhara y el Estado Mayor del Ejército organizaban cada día briefings con estos reporteros en el Casino Militar. Algunos de estos enviados especiales han reconocido que los mecanismos de la llamada materia reservada habían seguido funcionando pese a que, oficialmente, el secreto informativo sobre el Sáhara Español había sido oficialmente levantado el año anterior. Se les impidió así contar la verdad, y reflejar la realidad que discurría al margen de la versión fabricada por los portavoces militares y que, pese a la censura, podían percibir porque en El Aaiún “las noticias corrían como gacelas” debido al malestar del ejército ante el acuerdo. Debido a ello, estaban al tanto de que las tropas habían recibido orden de no impedir la invasión militar. [16]

Sin embargo, el gran punto a favor para el afianzamiento de la versión oficial fueron las imágenes que la televisión pública (que entonces reinaba en la escena informativa sin cadenas rivales) grabó y divulgó del primer contingente de 55.000 marroquíes que el 6 de noviembre cruzó la frontera internacional marcada por el paralelo 27º 40´´. Los telediarios convirtieron así al ciudadano de a pie en testigo de esa realidad inquietante que constituía la avalancha humana de hombres, mujeres, ancianos y niños marchando a paso ligero a través del desierto, desarmados, con una vestimenta que reflejaba su pobreza, enarbolando el libro del Corán y sin importarles las advertencias españolas de que el Ejército repelería la invasión. Los teleespectadores no tuvieron dudas de que esos miles de voluntarios estaban irracionalmente dispuestos a morir con tal de cumplir la voluntad de su monarca.

No hubo en cambio ninguna cámara que recogiese las imágenes de la auténtica invasión que ya estaba avanzando por el territorio saharaui desde el 30 de octubre. Las espectaculares imágenes de la televisión pública marcaron así con tal potencia la memoria colectiva que, todavía hoy, para la gran mayoría de los españoles (incluyendo los informadores) ese 6 de noviembre suele ser todavía la fecha que fija el comienzo de la narración del conflicto del Sáhara Occidental.

El éxito del ocultamiento de la verdadera invasión no impidió que la firma de los acuerdos de Madrid generase de inmediato un movimiento ciudadano de condena ante la “conspiración” con la que se había “apuñalado” y “vendido” al pueblo saharaui. Fue en el fragor de esta batalla que nacieron las primeras asociaciones de amigos del pueblo saharaui, poniendo las bases de lo que hoy es un poderoso movimiento civil de apoyo a la lucha saharaui que ha suplido con su inquebrantable solidaridad el abandono de los gobiernos. Las manifestaciones de protesta y los actos de solidaridad con las víctimas de la agresión marroquí se vertebraron en torno a una campaña que exigió la nulidad oficial de los acuerdos origen del drama humanitario.

Testigos de primera línea de los hechos y con autoridad en la materia como el coronel Rodríguez de Viguri (para entonces ex secretario general del Gobierno en el Sáhara Occidental), el diplomático Francisco Villar o el catedrático de derecho internacional Julio González Campos, que había jugado un importante papel en la preparación de la parte documental que le correspondía presentar a España para que el Tribunal de la Haya emitiese su dictamen, fueron estrellas habituales de los actos en los que se describía la entrega como el desenlace de una conspiración urdida por los sectores más reaccionarios del régimen. Con su prestigio y autoridad profesional dieron consistencia a los argumentos con los que entonces se subrayó que los acuerdos de Madrid constituían una ficción con la que España estaba contraviniendo el derecho internacional y que, para volver a la legalidad y, a la vez, reparar el daño hecho al pueblo saharaui, el Gobierno español debía reasumir las responsabilidades de Potencia administradora que nunca había perdido.

No voy a adentrarme aquí en los argumentos jurídicos sobre los que apoyaron su tesis. Desde el punto de vista del relato periodístico lo importante es que los responsables de los acuerdos de Madrid evitaron adentrarse en el debate que ofrecía la parte contraria con su largo elenco de razonamientos legales. En su lugar, contraatacaron a la tesis de la “venta” y la “traición” poniendo mucho énfasis en sus ideales patrióticos y su apego a la defensa del interés de España. Había sido ese amor a la patria, decían, el que les había obligado a buscar una solución que evitase una guerra con Marruecos de consecuencias imprevisibles en un momento de extrema debilidad como era el cambio de régimen que perfilaba la agonía del general Franco. “Temí que aquello fuera un nuevo Vietnam” [17], solía ser una de las frasas favoritas para convencer al público que los acuerdos de Madrid habían sido la única alternativa que le había quedado a su Gobierno ante la incapacidad de la ONU para apoyar su sincera intención de llevar a cabo una descolonización del Sáhara acorde con sus propias resoluciones.

Cabe preguntarse por qué los portavoces de una versión que puso tanto énfasis en ese serio riesgo de confrontación que decían había estado a punto de llevar a la guerra a Marruecos y España por el Sáhara, evitaron tan alevosamente poner el foco mediático en la invasión militar, que les hubiese asegurado una indiscutible credibilidad ante la opinión pública. Ello hubiese permitido además llamar a las cosas por su nombre impidiendo el grave deslizamiento semántico con el que, desde entonces, el término Marcha Verde sustituyó al menos amable de invasión, asociando así el estallido del conflicto no con una agresión militar, como hubiese sido lo correcto, sino con una acción con connotaciones pacíficas (el color elegido para el epíteto hace alusión al libro del Corán). El ocultamiento de la agresión militar aseguró así un efecto deformante de lo que había ocurrido con una estrategia que no tiene nada que envidiarle al éxito de los deslizamientos semánticos con que en la segunda guerra de Irak los gabinetes de prensa interesados en imponer una visión de guerra limpia y sin sangre lograron que el discurso informativo sustituyese el término “bajas civiles” con el de “daños colaterales”.

Ocultando la invasión militar el guión oficial siguió manteniendo que el ejército español había impedido que la política anexionista marroquí cumpliese sus amenazas de apropiarse de la entonces provincia española por la fuerza. La importancia que para los entreguistas tenía introducir una secuencia que reflejaba un comportamiento ejemplar de la Potencia administradora quedó en evidencia con las gestiones con las que el Gobierno logró el 9 de noviembre convencer a Hassán II para que diese orden de retirada a los voluntarios. Oficialmente, todos los integrantes de la Marcha Verde habían regresado a sus bases de partida el 10 de noviembre, sin que ni siquiera uno solo hubiese permanecido en el territorio. Según afirmó el Gobierno, las tropas marroquíes no habían impuesto la nueva “administración” hasta que la aplicación de los acuerdos de Madrid había justificado su llegada en El Aaiún el 11 de diciembre siguiente.

Durante años, ni siquiera los simpatizantes de la causa saharaui cuestionaron esta secuencia en la que, como mucho, sobrevoló la sospecha de que la marcha no había sido tan pacífica como se decía, ni que sus integrantes fuesen exclusivamente civiles, ni que todos, absolutamente todos como decía el Gobierno, hubiesen regresado al otro lado de la frontera. Eso sí, hubo en el frente de rechazo voces autorizadas que denunciaron que la Marcha Verde había sido un decorado pactado por Arias Navarro y el rey Hassán II para dar credibilidad a la supuesta amenaza de guerra[18]. Pero sus argumentos no contaban con pruebas documentales que respaldasen esta parte de su relato con contundencia como tampoco las tuvieron para que esas acusaciones que asociaron la entrega con un escándalo de corrupción pudiesen ser algo más que una versión que se enfrentaba con gran desventaja al derecho a la defensa del honor de los afectados.

Los detractores de la entrega tuvieron que limitarse a hurgar en lo poco creíble que resultaba que la compleja preparación logística que permitió al rey Hassán II concentrar rápidamente a miles de voluntarios en la frontera sur, hubiese pasado inadvertida a los servicios de inteligencia españoles, franceses y norteamericanos pese a que su organización se había prolongado durante meses. Intentaron aprovechar, por ejemplo, las declaraciones que, tras la entrega del territorio había hecho el propio Hassán II al reconocer que nunca se hubiese atrevido a entrar en guerra con España puesto que la capacidad de combate marroquí estaba en franca desventaja. Poco tenían que hacer, sin embargo, unas declaraciones del monarca alauita, que habían pasado inadvertidas en la prensa, frente a la potente “verdad” revelada por las imágenes televisivas de la Marcha Verde.

De haber contado con testimonios de los hechos o imágenes sobre la auténtica invasión, el relato rebelde hubiese asestado un duro golpe a la credibilidad de la versión entreguista. Pero no fue hasta 1988, cuando el coronel José Ramón Diego Aguirre, responsable de los servicios de inteligencia coloniales durante la crisis de 1975, acabó con esta mentira en su voluminosa Historia del Sáhara.[19] Con anterioridad la historia del conflicto elaborada por Tony Hodges[20] ya había revelado este dato basándose en las crónicas de la prensa oficial argelina. También había aludido a esta invasión militar otra obra elaborada por Ahmed Baba Miské[21], que en los comienzos de la contienda se había hecho notar en las filas del Frente Polisario como hombre de confianza de su máximo dirigente El Uali. Pero no era lo mismo que la fuente que desvelaba el secreto fuese una parte interesada en el conflicto, a que la verdad la contase un antiguo responsable del antiguo gobierno colonial que había colaborado en la maniobra de tergiversación entreguista.

Lo que en 1975 hubiese sido un bombazo informativo pasó desapercibido para el gran público al no quedar reflejado en el relato periodístico. En mi experiencia de reportera especializada en el conflicto saharaui fui testigo de cómo el interés por aclarar el enigma de lo ocurrido en 1975 se había convertido en las redacciones de los años ochenta en un asunto del pasado más propio de la historiografía o, en el mejor de los casos, de ese género excepcional que es el periodismo de investigación, que un elemento relevante a la hora de enfocar la información sobre el Sáhara Occidental. No es de extrañar por lo tanto, que el 6 de noviembre del pasado año se volviesen a repetir extensos relatos centrados en la Marcha Verde (un ejemplo de ello es el publicado en el diario canario El Día) sin ninguna referencia a la invasión militar.[22]

El libro de José Ramón Diego Aguirre no había sido la primera oportunidad perdida de rectificar los muchos errores contenidos en la que se acabó convirtiendo en habitual narración sobre la crisis de la Marcha Verde. En 1978, la numerosa prensa que siguió los acalorados debates de la “histórica” sesión del Congreso de los Diputados sobre lo ocurrido en 1975, no reaccionó ante la confesión con la que los propios arquitectos de la operación de la entrega habían reconocido que la llegada de la invasión pacífica al territorio bajo tutela española había sido pactada con Marruecos para evitar el riesgo de una matanza. Martín Gamero, que había sido durante la crisis el embajador en Rabat, y al que sus propios compañeros diplomáticos describían como un entusiasta “promarroquí de toda la vida”, se le escapó la verdad que confirmaron otros testigos del bando entreguista: en una reunión celebrada el 3 de noviembre españoles y marroquíes habían acordado el llamado acuedo tácito por el que las fuerzas españolas desmilitarizaron una zona de unos 10 kilómetros contigua a la frontera para pemitir la entrada a la marcha durante 48 horas sin que hubiese peligro de que pisasen las minas de sus líneas defensivas. [23] Ninguna de las noticias publicadas sobre estas sesiones dieron relieve a esta incongruencia en la declaración de los entreguistas.

Desde entonces, una amplia bibliografía historiográfica ha hecho constar el dato del acuerdo tácito. Pero en el relato periodístico el desconocimiento sigue reinando. De ahí que el pasado abril un diario generalmente bien informado en esta materia como ha demostrado ser Público, anunciase en un titular como asunto inédito: España pactó en secreto con Marruecos la Marcha Verde.[24]

Todavía hoy es habitual oír o leer comentarios de analistas que aluden al relato de los orígenes del conflicto como un factor irrelevante para la evolución del conflicto hacia una solución definitiva. De cara al informador, las valoraciones sobre su influencia en el presente no deberían condicionar la rectificación que exige la precisión y veracidad de los hechos. En todo caso, no es cierta la narración que explica el origen de la ocupación marroquí en el marco de un acuerdo y un evento pacífico y que no afecte al marco político del que depende el futuro del pueblo saharaui. Baste recordar las declaraciones con las que James Baker dijo que no se podía comparar la invasión marroquí del Sáhara Occidental con el intento de anexión iraquí de Kuwait en 1990[25]. El resultado de esta diferencia es que a la invasión bélica de Kuwait se aplicó el capítulo VII de la Carta de la ONU que prevé la acción militar contra los agresores. En cambio, la invasión pacífica del Sáhara no ha merecido la misma respuesta y, de hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha pasado del capítulo VI que prevé la solución de conflictos por la vía negociada.

2. La desinformación con los ‘Acuerdos de Madrid’

La gran maniobra falsificadora que tuvo como epicentro la Marcha Verde debe servir al informador recién llegado al tema del Sáhara Occidental como advertencia de la alevosa deshonestidad de la materia prima del relato legado por los responsables de la entrega y de las enormes dificultades a las que se enfrentaron los reporteros a la hora de cumplir su labor en 1975. Una de las reglas que se aplican habitualmente en la práctica del periodismo es que basta con descubrir una mentira en una narración para que la duda se extienda al resto de sus elementos. Inevitablemente esta estrategia de confusión y férreo control de la información orquestada desde el poder también se aplicó para apuntalar el barniz de legalidad que se intentó dar a la renuncia de las responsabilidades españolas y suprimir toda discrepancia, ya fuese por la vía represiva como por la de la intoxicación.

El tanto que marcó a su favor la versión oficial en este tramo fue el que coló en el relato periodístico y el lenguaje público ese otro deslizamiento semántico que dio a la Declaración de Principios el título engañoso de Acuerdos o Acuerdo, más favorable a la maniobra con la que se pretendió dar apariencia de tratado internacional legitimado por la comunidad internacional a lo que, de acuerdo a derecho internacional y a la propia normativa española, no había pasado de ser mero papel mojado.

Lo paradójico es que, mientras el lenguaje diplomático impulsaba el término “acuerdo” o “acuerdos” para señalar este pacto, los representantes del Gobierno entreguista solían corregir a los interlocutores que lo utilizaban para este caso, reiterando que lo que se había firmado el 14 de noviembre no había pasado de ser una Declaración de Principios. En el marco de su táctica para apuntalar la metamorfosis de la declaración, los responsables de la entrega ejecutaron un juego de ilusionismo de alto nivel con el que hicieron creer que los acuerdos de Madrid habían sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 20 de noviembre y que, seguidamente, habían sido legitimados por la comunidad internacional al haber quedado registrados y publicados por la Secretaría de la ONU en enero de 1976.

En realidad, lo que había sido publicado el 20 de noviembre había sido la Ley de Descolonización en cuyo texto no figuraba la Declaración de Principios. Es decir, que mientras públicamente el Gobierno insistía en la legalidad de la entrega, a la hora de cumplir con los requisitos del ordenamiento jurídico, no habían cumplido con el n.5 del art. 1º del Código Civil que exige que los tratados internacionales firmados por los Gobiernos españoles, para entrar en vigor, sean publicados en el BOE. En cuanto a la supuesta bendición de la ONU a los acuerdos, si bien el Gobierno había logrado evitar que fuesen invalidados explícitamente, su registro no supuso un pronunciamiento de la organización sobre su consideración jurídica ya que la la Secretaría carece de competencias para evaluar un documento que es enviado por un estado miembro para su registro.[26]

El relato periodístico no logró escapar a la confusión que los siguientes Gobiernos contribuyeron a mantener aprovechando las dificultades de comprensión de las florituras del lenguaje legal. Un ejemplo de ello es esta intervención de un diputado de UCD en el Congreso de los Diputados en 1977 al defender la adhesión de su Gobierno a la tesis de los entreguistas:

“Este acuerdo de principios es un compromiso cuya naturaleza jurídica gira en torno a la figura llamada “pactum de contrayendo”, que más de una vez el Ministro de Asuntos Exteriores y algunos de nosotros hemos explicado en esta Comisión y, como tal “pactum de contrayendo”, sujeto a negociación futura, diferenciándose así de los Tratados internacionales en sentido formar de exigir el cumplimiento y los requisitos de ratificación y de publicación”.

El proceso con el que se acabó haciendo pasar la Declaración de Principios por un tratado internacional pata negra fue cuajando gracias a las muchas dudas que durante años subsistieron sobre el contenido y alcance de lo que se había firmado el 14 de noviembre y que se mantuvieron hasta 1978, debido al secretismo que el Gobierno había mantenido sobre el contenido de los acuerdos.   La sospecha de que el texto que el Gobierno había divulgado al público el 5 de diciembre de 1975 solo era una parte de un texto que los entreguistas y sus herederos políticos se empeñaban en mantener en secreto, estuvo muy arraigada incluso durante los años de la Transición. Todavía en 1977, en la recién estrenada primera legislatura democrática, el Partido Socialista presentó una proposición no de ley el 27 de septiembre en la que exigía al Gobierno de la UCD que presentase a las Cortes, a la brevedad posible, un informe sobre la descolonización del Sáhara Occidental que incluyese “el texto completo de los llamados “acuerdos de Madrid”, así como cualquier otro acuerdo complementario ­–contemporáneo, público o secreto­– relacionado con este tema” y, también, que se pronunciase sobre “la naturaleza, contenido y límites de los poderes traspasados a Marruecos y Mauritania, entre el 14 de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976”. [27]

De hecho, el evento con que el Congreso de los Diputados quiso marcar la diferencia con las Cortes anteriores a las primeras elecciones democráticas legislativas del 15 de junio de 1977, fueron esas “históricas sesiones” celebradas en la Comisión de Exteriores en marzo de 1978, en las que se llamó a declarar a los principales responsables de la entrega. En esos debates, muchas de las preguntas dirigidas a estos testigos, especialmente por parte de los diputados de la oposición, reflejaron la creencia de que el Gobierno guardaba en un archivo secreto el auténtico texto firmado el 14 de noviembre que no se correspondía a la Declaración de Principios con el fin de ocultar a la opinión pública aspectos inconfesables del trato. Muchos de los políticos que intervinieron también reflejaron un gran desconocimiento sobre la situación legal en que había quedado España y la desconfianza con esa parte de la versión gubernamental que aseguraba que, pese al inesperado desenlace de la crisis de 1975, no se había producido ningún cambio legal que hubiese interferido con la vigencia del inalienable derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. De ahí que muchas preguntas se centrasen en aclarar qué fiabilidad tenía la tesis con la que, en cambio, desde Rabat se había seguido afirmando que el problema de la descolonización del Sáhara Occidental había finalizado porque lo que había hecho España (se supone que en un anejo secreto) era una cesión de soberanía.

Pedro Cortina Mauri, que había ocupado el cargo de ministro de Exteriores durante el proceso de entrega, contestó tajante:

“(con) El Acuerdo de Madrid, dígase lo que se quiera, no se ha transferido el territorio; se han transferido las facultades que tiene España con relación al territorio como potencia administradora….que la soberanía no es nuestra, sino del territorio; que no tenemos más facultades que las administradoras y que lo único que vamos a transferir son éstas, y esto es lo que se hace en el Acuerdo de Madrid…”

Antonio Carro, todopoderoso ministro de la presidencia en 1975 y considerado como el principal arquitecto del texto de los acuerdos de Madrid, se había pronunciado en el mismo sentido al admitir que lo que había exigido el rey de Marruecos a cambio de no lanzar la Marcha Verde, era un pacto de cesión territorial por parte de España y que el Gobierno se había negado tajantemente porque España no podía hacerlo en términos de derecho internacional. [28] Su conclusión, por lo tanto, era que, como consecuencia de los acuerdos de Madrid y la salida del Sáhara en 1976 se había producido una transferencia de administración del territorio que libraba a España de sus responsabilidades con la descolonización que había quedado inacabada:

El proceso de descolonizador está terminado para España, es decir, que España ya no tiene responsabilidad en el proceso descolonizador del Sahara”. [29]

Para un periodista presente en los debates debería haber resultado llamativo que ninguno de los diputados de la oposición, hubiesen replicado a Cortina y a Carro que, así como no era legal que España cediese la soberanía, tampoco lo era la supuesta transferencia de la administración. En efecto, los equívocos que ya se habían instalado en el relato de los hechos sobre la crisis de 1975 no habían logrado por entonces eclipsar la campaña que denunciaba la legalidad de los acuerdos de Madrid y, por lo tanto, de la carta a la ONU del 26 de febrero de 1976.

Aunque había sectores de la derecha que también habían rechazado la “traición”, habían sido las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda las que habían asumido el liderazgo político de este frente de rechazo. Especialmente el Partido Socialista y el Partido Comunista (PCE) habían asumido como propios los argumentos jurídicos con los que denunciaban que España aún seguía siendo responsable de la descolonización pendiente del Sáhara Occidental y rivalizaban por poner en entredicho la política del Gobierno de UCD de Adolfo Suárez por su línea continuista con lo que señalaban como un crimen del franquismo.

El primer aldabonazo de esta línea política se había producido ya con ocasión del primer aniversario de los acuerdos de Madrid, cuando Felipe González con otros dirigentes socialistas viajó a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). El PSOE y el Frente Polisario emitieron un comunicado conjunto que exigía al nuevo Gobierno de la monarquía la denuncia del acuerdo de Madrid por ser nulo de pleno derecho. Otros gestos menos conocidos pero sí muy definidos habían tenido lugar en el XXVII Congreso del PSOE, celebrado el 5 de ese mismo año, donde el partido había adoptado una resolución sobre política internacional que afirmaba:

“Ante la situación planteada en el Sáhara Occidental por el abandono del régimen franquista de las obligaciones que le correspondían como potencia administradora en el proceso de descolonización de este territorio, el PSOE manifiesta su profundo rechazo del acuerdo tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975, mediante el cual se entregó el territorio a los regímenes marroquí y mauritano…”

En otro comunicado conjunto del 8 de septiembre de 1977, el entonces secretario General del PSOE, Felipe González y el secretario general adjunto del Frente Polisario, Bachir Mustafá Sayed, proclamaron que “España, como potencia administradora, no podrá extinguir sus responsabilidades mientras el pueblo saharaui no haya obtenido el efectivo ejercicio de su autodeterminación e independencia”. [30]

Por su parte, el PCE no se había quedado atrás en la organización y adhesión a actos y manifestaciones de solidaridad prosaharauis. Como fuerza política representada en el flamante Congreso de los diputados, el 20 de septiembre de 1977 ya había pedido que se declarase la nulidad del acuerdo de Madrid del 14 de noviembre. Uniendo fuerzas con los representantes socialistas, nada más formarse la mesa de la Comisión de Exteriores, sus diputados también habían pedido la adopción de una resolución sobre este problema con el fin de que en la primera reunión de esta instancia “se tuviera un gesto de solidaridad con el pueblo saharaui”.[31]

El que ninguno de los diputados del PSOE o del PCE sacase a relucir estas reivindicaciones en las sesiones del Congreso sobre el Sáhara de marzo del año siguiente, no había coincidido con ningún giro que hiciese suponer que ambos partidos habían desistido en su postura a favor de la nulidad de los acuerdos de Madrid que había sido motivo de intervenciones en esa misma comisión del Congreso, el 7 de febrero.[32] Por el contrario, siguieron jugando un papel de relieve hasta el triunfo socialista en las elecciones de 1982 en actos de solidaridad con lemas tan significativos como el que presidió un encuentro organizado por varias organizaciones solidarias con el pueblo saharaui en 1979: “No se puede resolver un conflicto, sin acabar con sus causas”. [33]

El debate sobre el contenido de estas propuestas tuvo un escaso reflejo en los medios de referencia, incluyendo los más afines a las fuerzas de oposición de izquierda. En el relato de la evolución del conflicto (los combates contra Marruecos, la batalla diplomática en la OUA, la inflexibilidad marroquí que daba por zanjada la descolonización con los acuerdos de Madrid, el punto de inflexión que marcó la firma de los acuerdos de paz entre el Polisario y Mauritana con el reconocimiento mauritano de la RASD…), la posición de España suele salir a relucir más en términos de solidaridad o reflejando el deseo del Frente Polisario a un reconocimiento diplomático, que por los vínculos jurídicos que reclamaba la campaña contra los acuerdos de Madrid.

Bajo la fórmula de artículos de opinión firmados por autores ajenos a la redacción, que permite a los medios incluir puntos de vista que no necesariamente son asumidos por su línea editorial, Julio González Campos publicó en El País un artículo titulado sin rodeos Los acuerdos nulos de Madrid. [34] Todavía entonces el catedrático consideraba “obligado” esclarecer el alcalce de este pacto pero, “no tanto para juzgar un pasado político ya muerto, sino porque este pasado, en el caso del Sáhara Occidental, aún sigue afectando el futuro de nuestras relaciones internacionales”. La línea argumental era muy similar a la de los dirigentes socialistas o el diplomático Francisco Villar que, en el acto solidario de 1979 referido más arriba, dejó muy claro que lo que perseguía la nulidad de los acuerdos no era la vuelta a la situación anterior a la salida de España: “Se trata de que España en la medida de sus posibilidades presione y propicie una solucion negociada que conduzca a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui”, dijo. [35]

En otro artículo publicado en Diario 16, Fernando Morán, que iba a ser el primer ministro de Exteriores de un Gobierno socialista, también insistía en lo importante que era para la solución del conflicto que España desempeñase el papel que le correspondía ya que, pese a no estar sobre terreno “España tiene condición de llave en Naciones Unidas” y “solamente España y las Naciones Unidas pueden dar por resuelta la cuestion”. [36] Otra de sus observaciones era que “la organización del referéndum recae sobre el secretario general al no existir administración española” y que, salvo que el secretario general acepte la ocupación, la anexion, su referencia es la antigua potencia administradora”. Pese a estas aportaciones y las muchas entrevistas que salieron publicadas de Rodríguez de Viguri, las referencias del relato periodístico a las ideas fuerza que atacaban la ficción impuesta por los entreguistas fue escasa y limitada a colaboraciones puntuales. Las iniciativas políticas socialistas o comunistas en este sentido raramente fueron puestas de relieve con la forma de noticia con derecho a existencia propia, incluso en la prensa afín al partido.

Tras la muerte del dictador, el propio movimiento prosaharaui había denunciado el hostigamiento de las instancias gubernamentales. En muchas de las entrevistas en las que hizo constar su disgusto con la “traición” de sus superiores, el coronel Rodríguez de Viguri había asegurado haber sido objeto de presiones por el papel de referencia que estaba desempeñando en la campaña por la nulidad de los acuerdos de Madrid.[37] El temor a posibles represalias explica que los autores de varios artículos críticos con la firma de los acuerdos de Madrid publicados en el diario El Alcázar, de gran difusión en los cuarteles militares, optaran por ocultar su identidad con un pseudónimo.[38] Por su parte, desde las asociaciones de amigos del Sáhara también se denunciaron las trabas impuestas desde la administración.[39]

En 1979, Manuel Marín, miembro del grupo parlamentario socialista, seguía culpando al poder de control sobre la prensa del Gobierno de UCD de la versión manipulada que había ofrecido de las batallas que su partido siguió librando en el Congreso de los Diputados por la cuestión del Sáhara, especialmente en relación con el acuerdo de pesca que el Gobierno negoció con Rabat y al que el PSOE se opuso por incluir las costas saharauis y ser con ello un reconocimiento implícito a la pretendida soberanía marroquí sobre el territorio. [40]

Quizás ese control al que aludía el diputado socialista podía valer para los primeros dos años del posfranquismo y explicarse en términos ideológicos en el caso de los medios afines a la derecha parlamentaria. Sin embargo, a partir de las elecciones del 15 de junio de 1977, la prensa alineada con la izquierda reflejaba sin cortapisas la beligerancia opositora con el Gobierno de UCD en otras cuestiones. En todo caso, tras el triunfo socialista de Felipe González, los ecos de la campaña sobre la nulidad de los acuerdos se fueron apagando y evaporando a medida que sus principales defensores políticos dejaron de hablar de esta cuestión e, incluso, fueron virando en su discurso político hacia posiciones cada vez más coincidentes con la de las tesis entreguistas.

Lo que esta evolución política deja en evidencia, desde el punto de vista informativo, es que tanto en los medios de la derecha como en los de la izquierda, el relato periodístico falló al no incorporar el cuestionamiento expuesto en la campaña contra la dejación de responsabilidades. La falta de críticas por parte de la oposición a los argumentos con que los responsables de los acuerdos de Madrid defendieron su validez en el Congreso en marzo de 1978, fueron reproducidas con docilidad por las crónicas parlamentarias, dando así credibilidad a la versión con la que los firmantes de los acuerdos volvieron a reiterar que se había producido una cesión de la condición de Potencia administradora del Sáhara Occidental. También se falló al no pedir explicaciones a los políticos que cambiaron sus puntos de vista sobre la legalidad de los acuerdos de Madrid sin aclarar a la opinión pública, especialmente a los simpatizantes de la causa saharaui mayoritariamente afines a la izquierda, si su conversión a las tesis entreguitas estaba relacionada con un reconocimiento de que los argumentos jurídicos que habían apoyado hasta su victoria electoral eran el fruto de un error.

3. “España no tiene responsabilidad con el Sáhara”:La persistente indiferencia ante el error

Cuando en las facultades de Periodismo se explica a los alumnos las causas de que se pueda introducir un fallo en el relato de un determinado tema y permanecer un tiempo prolongado, suelen recurrir a ejemplos como el que se produjo en el primer conflicto del Golfo en 1990, con la noticia de una supuesta matanza de 312 recién nacidos en un hospital kuwaití, por los soldados del ejército invasor iraquí. Hizo falta que pasasen dos años para que un periodista descubriese que la historia que en su momento había tenido una gran resonancia, había sido en realidad un falso hecho que fuentes interesadas habían logrado saltase a los informativos en un momento de gran debate sobre los pros y contras de una intervención en Irak. Todo había empezado con el testimonio de una joven que se suponía había presenciado la atrocidad y, recién llegada del Kuwait anexionado por Saddam Hussein, había denunciado la matanza ante un grupo de congresistas que quedaron horrorizados con su escalofriante narración. Hubiese bastado para sospechar de la fiabilidad de la testigo que algún informador se hubiese preocupado de verificar la identidad de la joven: resultó ser hija del embajador kuwaití en Washington y, por lo tanto, una parte bien interesada en participar en la guerra de propaganda que va inevitablemente asociada a todo conflicto. [41]

Este caso es hoy en día también un ejemplo muy recurrente en las facultades de Periodismo norteamericanas de cómo, si la rectificación llega cuando el escenario del error ya no es noticia, resulta difícil que la corrección haga desaparecer sus efectos tergiversadores de la memoria pública. En un sistema que vive de novedades, su publicación ya no tiene el relieve que tuvo el falso hecho cuando formaba parte de un tema de candente actualidad.[42] Menos aún si su fabricación es obra de sectores políticos y empresariales con capacidad para multiplicar su propagación.

En todo caso, el restablecimiento de la verdad respecto a la falsa matanza de los bebés kuwaitíes ya poco puede incidir en la evolución política. Por el contrario, en el caso del Sáhara Occidental, un conflicto pendiente de solución, las correcciones satisfacen algo más que una curiosidad histórica. Pese a ello, una poderosa maldición que impide a los informadores españoles abordar la rectificación sobre este asunto, incluso cuando la dinámica de la actualidad les lleva a darse de bruces con su asignatura pendiente y la cuestión de las responsabilidades se convierte en noticia, con tal fuerza, que salta incluso a los titulares.

Un buen ejemplo de este fenómeno se puede apreciar en las versiones digitales de cobertura informativa que los medios de referencia hicieron en 2010 de dos intervenciones de la entonces ministra de Exteriores socialista Trinidad Jiménez en el Senado, donde levantó ampollas que dijese que “España no tiene responsabilidad sobre el Sáhara”. En El Aaiún, las fuerzas de ocupación marroquí acababan de arremeter violentamente contra la protesta pacífica del campamento de Gdeim Izik y, con esta declaración, la recién nombrada jefa de la diplomacia, respondía a las protestas del resto de los partidos contra la indiferencia del Gobierno con las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. [43]

Fue por lo tanto la pura noticia lo que llevó al responsable de la crónica elaborada por la agencia de noticias estatal Efe, y que fue recogida entre otras publicaciones por el diario 20 minutos [44], a valorar entre otros posibles ángulos de los debates sobre el conflicto saharaui la frase con la que la ministra zanjó la posición del Gobierno. De este modo, la cuestión del estatus español con el Sáhara Occidental ocupó el titular: Trinidad Jiménez: “España no tiene responsabilidades en el Sáhara Occidental”. Pese a la importancia dada a este elemento dal papel español, eligiéndolo entre otros a la hora de titular, en el cuerpo de la noticia no se aportó ningún dato que contextualizase y contrastase la afirmación del título, ni con la versión de la ONU, ni con la de la parte saharaui que, por esos días, exigía a España que actuase en función de sus responsabilidades con el pueblo saharaui.

El diario La Razón también fue de los que tituló “Jiménez: “España no tiene responsabilidad en el Sáhara”. [45] En esta crónica se destacaron las duras críticas de las fuerzas políticas a la pasividad del Gobierno socialista y se hizo mención a un enfrentamiento de la ministra con un senador del PP, Juan Van Halen que, para reprocharle su deslealtad con la causa saharaui a la que Jiménez había apoyado en el pasado, le había espetado: “Le quedan grandes el poncho, la chilaba, y el Ministerio”. En la parte dedicada a explicar el titular, tampoco se dio ningún dato al lector que pudiese levantar la sospecha de que, quizás, la ministra estaba faltando a la verdad. En un claro ejemplo de correcto pero incompleto periodismo taquigráfico, el texto se limitaba a reproducir los otros argumentos con que Jiménez había intentado reforzar su punto de vista. El colofón fue el enérgico llamamiento que la ministra había hecho al resto de los partidos, especialmente al PP, a una actitud “responsable” y “seria” porque “cualquier pronunciamiento desde la superficialidad tiene consecuencias”.

El lector de este texto hubiese tenido que repasar la información que el mismo diario había publicado dos días antes con motivo del aniversario de la Marcha Verde, [46] en la que sí se dejaba claro que España sigue siendo Potencia administradora, para tener esa información completa que le hubiese llevado a la conclusión de que la actitud de seriedad que exigía la ministra no estaba condicionada por la realidad de los hechos sino por esas “consecuencias” que aludían a una posible represalia marroquí. Pero, como explican los teóricos de la redacción periodística, la memoria de la audiencia tiene un radio muy corto, algunos dicen que incluso no más allá de la siguiente edición, razón por la cual una de las normas a la hora de elaborar una información es no dar por hecho que el público ha leído el periódico del día anterior ni, aunque lo haya hecho, se acuerde de los elementos clave para interpretar los hechos.

Una de las consecuencias que se extrae del repaso a la mayoría de las informaciones publicadas sobre esta polémica de las responsabilidades españolas, es que el ciudadano que no hubiese acudido directamente a la fuente de la noticia, escuchando los debates transmitidos en directo desde el Senado por Internet, al contentarse con el resumen periodístico hubiese deducido que ninguno de los miembros del Senado había puesto en duda esta parte de las afirmaciones de la ministra. Como en todas las crónicas se destacaba que los debates habían sido muy acalorados y plagados de durísimas críticas a la actuación socialista, la conclusión lógica del lector u oyente es que, si en un ambiente tan hostil a la ministra había habido unanimidad en lo del inexistente papel de España, debía ser porque en este punto, la oposición se había topado con una certeza irrebatible.

Si acudimos a los diarios de las sesiones del Senado nos encontramos, en cambio, con que la afirmación de que “España ya no tiene responsabilidades” sí fue cuestionada por varios senadores y que, incluso, había dado lugar a una discusión en la que habían aflorado argumentos de cierto calado que ponían en evidencia que Jiménez podía haber tergiversado los hechos, ya fuese por ignorancia o mintiendo alevosamente.

En una primera intervención el 16 de noviembre, la ministra había utilizado el Informe Corell del 22 de enero de 2002 como prueba de que su interpretación sobre las responsabilidades españolas con el Sáhara coincidía con la de la ONU. Sin que le temblase el pulso, aseguró que este documento da por válida la renuncia unilateral hecha por España a sus responsabilidades en febrero de 1976 y reconoce a Marruecos como Potencia administradora colonial de facto. [47]

Alejandro Muñoz-Alonso, senador del PP, reaccionó tajante acusando a la ministra de tergiversar el documento onusiano. “¡Por favor, no lo falsifique!”, advirtió antes de adentrarse en la lectura de dos párrafos del informe Corell con los que demostró que su contenido sostiene justamente lo contrario de lo que había dicho Jiménez. Eligió para demostrarlo el correspondiente al apartado 6º ya citado al comienzo de este texto. Seguidamente también leyó el apartado 7º donde el asesor constata que Marruecos “no figura como la Potencia administradora del Territorio en la lista de Territorios no autónomos de las Naciones Unidas”. El senador añadió un comentario a esta lectura textual para deshacer el equívoco al que la ministra había inducido a la audiencia al dar a entender que “Potencia administradora de facto” era algo más que una situación derivada de una acción de hechos consumados pero sin legitimar: “Como mucho”, dijo el senador, Marruecos es una Potencia administradora de facto, pero sin ningún título jurídico. Subrayo: sin ningún título jurídico”.

Pese a ello la ministra volvió en su siguiente turno de palabra a la carga para reiterar que “España no tiene responsabilidad sobre el Sáhara Occidental desde el día 26 de febrero de 1976”. Esta vez, Jiménez se aferró a la carta con la que ese día el Gobierno español había anunciado el fin de sus responsabilidades con el conflicto saharaui. “España, por tanto, señoría, no es potencia administradora del Sáhara al haber renunciado al ejercicio efectivo de esa Administración a través de la citada carta”. El duelo de argumentos continuó con la réplica del senador que volvió al contenido del informe Corell para subrayar que, de acuerdo con los dos párrafos que ya había leído, “España no tenía ningún derecho a presentar la carta de renuncia, porque no podía renunciar y, por lo tanto, todavía tiene una obligación que cumplir.

Una semana después, el enfrentamiento sobre las responsabilidades españolas en la cuestión del Sáhara Occidental se volvió a repetir en el Senado en términos parecidos. El senador Muñoz-Alonso volvió a insistir en sus argumentos de que España debía desempeñar un papel de liderazgo en la solución del conflicto sahariano al recordar que el Sáhara Occidental es un territorio sin descolonizar sobre el que Marruecos no tiene ningún título ni derecho, “salvo la administración de facto”. “Tenemos, aunque no les guste reconocerlo, señora ministra, una soberanía residual, porque no la tiene nadie, no se la hemos entregado a nadie”, dijo al señalar que la carta del 26 de febrero “no tiene el menor valor”. [48]

Por su parte la ministra volvió a reiterar su interpretación: “En el año 1976, con independencia del calificativo que nos produzca y con independencia de la valoración que hagamos de aquel momento, España abandonó su responsabilidad como potencia administradora en el Sáhara Occidental, y eso lo ha ido reiterando todos los años en los informes anuales que ha habido sobre el Sáhara Occidental”.

Sólo en este párrafo la ministra introducía un equívoco con una tergiversación de los datos ya que lo que los informes a los que aludió (la lista de territorios no autónomos) no reiteran una opinión de la ONU sino que se limitan a dejar constancia de que España abandonó su responsabilidad y sigue sin modificar su posición. Pero la ministra no se contentó con esta falsificación y añadió alguna más:

“En este momento España no tiene ninguna capacidad de acción, ni de potencia administradora bajo ningún concepto…desde el punto de vista estrictamente jurídico no se puede calificar a Marruecos como potencia ocupante, puesto que el ejercicio de facto, insisto, de facto, que hace Marruecos en el territorio de El Aaiún no es producto de un conflicto bélico ni de un elemento de fuerza, es fruto de un acuerdo”…

Jiménez, evidentemente, se refería a la tesis con la que los entreguistas aseguraron que la ocupación del territorio se había efectuado sin uso de la fuerza y a raíz del cumplimiento de lo pactado en la Declaración de Principios. Por lo tanto, no sólo la ministra negaba las responsabilidades de España sino que volvía a reiterar un flagrante falseamiento de los hechos en beneficio de la presencia marroquí en un territorio que no le pertenece. Explotando de nuevo las complicaciones de la jerga onusiana, dio un barniz de legitimidad a esa ocupación pese a que, el epíteto “de facto” como ya hemos dicho, hay que leerlo como “por su cuenta y riesgo” y sin que ningún estado del mundo haya reconocido la legitimidad de su anexión.

Resulta sorprendente que ni siquiera en las cronicas que pusieron de relieve las críticas que el senador Muñoz-Alonso había dirigido a la política exterior “sin garra” y “sin pulso” del Partido Socialista, en una línea que reflejaba adhesión a este punto de vista, se puso el dedo en la llaga de las contradicciones en las que había incurrido Jiménez con el informe Corell. Las líneas editoriales críticas con el Gobierno perdieron así una jugosa baza para poner en evidencia que la ministra, Jiménez padecía un grave desconocimiento del tema que, como decían en el PP, convertía la diplomacia del Gobierno de Rodríguez Zapatero en una fuente de problemas para España.

Hubo medios que obviaron esta polémica tanto en las crónicas que publicaron sobre la intervención del día 16 como la del día 24 como fue el caso de El País que tituló: Jiménez asegura que España siempre defendió la autodeterminación del puebo saharaui.

Lo mismo ocurrió con la version de Efe recogida, entre otros medios por El Correo, que destacó que Trinidad Jiménez cree que condenar a Marruecos tendría consecuencias. [49] Hay que añadir, sin embargo, que esta misma agencia dedicó un análisis no relacionado con las intervenciones en el Senado, titulado: ¿Tiene España alguna responsabilidad sobre el Sáhara Occidental?

Entre el resto de los medios que aludieron a este asunto, fueron una selecta minoría los que incluyeron en el texto elementos que recordasen al lector la doctrina onusiana sobre la condición de potencia administradora de España.

El diario Abc, por ejemplo, aludió a las declaraciones dedicadas por Jiménez al estatus de España tanto en su crónica parlamentaria publicada el día 17 como en la del día 25. En la primera se limitó a la versión de Jiménez, sin mención a las réplicas. Dio en cambio relieve al rifirrafe más folclórico pero con menos enjundia de la ministra con Van Halen con la inclusión en su versión digital de un vídeo que recogía la salida de tono del senador. En la del día 25[50], se destacó que Muñoz-Alonso había sido el senador más crítico con la ministra pero sin entrar en honduras sobre lo había sido el motivo de su enfrentamiento sobre la posición española. El falseamiento del informe Corell demostrado por el senador del PP tampoco fue incluido en un artículo que este diario publicó con el sugestivo título Un mes de resbalones del Gobierno de la Comunicación y que pretendía hacer una recopilación de las “contradicciones”, “deslices” y “lapsus” cometidas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, la mayoría de ellas relacionadas con el “huracán Sáhara”.   [51]

La agencia Europa Press, tituló su crónica por la cuestión de las responsabilidades pero tocó la polémica, aunque sólo de pasada, y en términos inexactos con el siguiente párrafo:

El senador del PP Alejandro Muñoz le ha pedido a España que “lidere” el proceso de descolonización del Sáhara porque, en su opinión, España no podía renunciar a la soberania del territorio, por lo que técnicamente ésta sigue estando en la antigua potencia administradora”. El informador olvidó que los propios responsables de los acuerdos de Madrid recalcaron que España nunca cedió la “soberanía” del Sáhara Occidental porque una potencia colonial nunca tiene soberanía sobre un territorio no autónomo.

El diario La Vanguardia tampoco fue preciso al reproducir la polémica ya que aseguró que, “frente a quienes le recordaron la responsabilidad histórica, (Jiménez) negó la mayor”. [52]El texto refleja así una confusión entre las responsabilidades históricas, que Jiménez si había reconocido explícitamente, y las jurídicas que son las que señalaba Muñoz-Alonso y que tienen un carácter ineludible.

La indefinición marcó incluso el texto de Efe que pretendía responder a la pregunta ¿Tiene España alguna responsabilidad sobre el Sáhara Occidental? recogido entre otros medios por Canarias 7. [53] En lugar de aclarar la situación, se limitó a recoger versiones tanto de expertos que responden positivamente a la cuestión como la de quienes se pronuncian en contra, respondiendo a ese principio de neutralidad que obliga a dar cuenta de todas las versiones enfrentadas sobre un tema pero obvia que, el primer deber de lealtad con el ciudadano que tiene el periodismo, superpone a este principio el de poner en evidencia la deshonestidad. Llama la atención que la pieza reproducía el equívoco de la ministra al afirmar que un documento de siete puntos elaborado por el ministerio de Exteriores en 2009 “recordaba” que “la ONU ha aceptado que Marruecos actúa como Potencia administradora de facto de dicho territorio”, como si lo determinante a la hora de gestionar el derecho internacional fuese la opinión de la diplomacia española y no la de la ONU. Como el planteamiento del texto era señalar la existencia de dos posiciones yuxtapuestas pero sin tomar partido por ninguna, se daba así a entender al lector que no hay claridad sobre la cuestión entre los propios expertos. Muy distinto hubiese sido el sentido del texto si se hubiese incluido una referencia, por ejemplo, a los informes anuales de la ONU sobre la situación de los territorios no autónomos.

Frente a estas imprecisiones, omisiones y confusiones la excepción la marcaron los diarios Público y Las Provincias.[54] El primero incluyó un título que recogía una de las falsedades de la ministra –Jiménez sostiene que Marruecos ocupa el Sáhara por “un acuerdo– . Al desarrollar la idea principal en la información incluyó una frase que recordaba que el acuerdo de Madrid ha sido considerado ilegal por la ONU. El diario canario también puso en evidencia la tergiversación del informe Corell al advertir al lector que este dictamen dice lo contrario de lo dicho por Jiménez y añadir que, “de hecho, Marruecos no está en la lista de potencias administradoras del organismo internacional”.

Algunas de las publicaciones que no hicieron referencia a la condición de Potencia administradora de España en las crónicas puramente informativas dieron pistas del debate con artículos de opinión firmados por colaboradores, manteniendo así el distanciamiento del medio. Así algunos diarios, como fue el caso de Abc, incluyeron opiniones contrarias siguiendo una pauta que da sensación de equilibrio y objetividad pero que puso en un mismo plano de igualdad las voces que recordaron que “mal que le pese al Gobierno de turno” la ONU sigue refiriéndose a día de hoy a España como el administrador de iure del territorio, y la de quienes defendieron ante los lectores la idea de que apoyar un Sáhara Occidental independiente favorecerá la creación de un estado fallido. [55]

Una de las conclusiones que se pueden extraer de la vertiente informative de este episodio es que la confusión impuesta por el triunfo del relato entreguista no ha perdido actualidad y sigue afectando al discurso público y, con ello al relato periodístico. La posición de pasividad con las incongruencias de la versión oficial no es acorde con el papel que tanto enorgullece a la profesión periodística de aguerrido perro guardián del derecho a la verdad del ciudadano. La acusación de falseamiento de un documento onusiano que el senador Muñoz-Alonso dirigió a Jiménez debería haber bastado para hacer saltar las alarmas de los informadores y haber incitado a la polémica. La mera sospecha de que la responsable de la política exterior española esté actuando deshonestamente en materia de derecho internacional o que un político de la oposición pueda atentar contra la reputación de la responsable de la diplomacia con una falsa acusación, hubiese justificado ahondar en los argumentos de cada una de las versiones para aclarar al ciudadano cuál de las dos partes no estaba diciendo la verdad y por qué.

Este episodio debe además servir de ejemplo de cómo esa inacción a la hora de aclarar la posición española en el conflicto acaba afectando a la propia calidad periodística del relato informativo. A la vista de lo expuesto, queda claro que no es lo mismo situar a la audiencia ante el discurso político expuesto por Jiménez tolerando su falseamiento, que proporcionándole herramientas para contextualizar adecuadamene el mensaje. En esta posición de tolerancia ante la tergiversación hay que incluir la transigencia con esa maniobra con la que se intenta situar en un mismo plano las versiones que reproducen la posición de la ONU y las que siguen intentando obviar esta realidad. Su resultado no es otro que el de dar legitimidad a una versión que apoya una violación del derecho internacional y priva al ciudadano de un enfoque muy distinto a la hora de valorar el mensaje gubernamental y su inacción con las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Sólo la ignorancia o la censura pueden explicar este incumplimiento informativo.

4. Recomendaciones para periodistas.El reto de desentrañar el galimatías “Potencia administradora”

Otra hipótesis que siempre hay que considerar a la hora de analizar el porqué de un fallo informativo es el desconocimiento del redactor. Como señaló una periodista en una crónica, el debate sobre si España es o no potencia administradora, obliga a adentrarse en un terreno “farragoso” para el lector y, por qué no, para el periodista. Toparse con los términos “territorio no autónomo” o “potencia administradora de facto” o “potencia administradora de iure” resulta de lo más correoso y, también es verdad, a base de eludir el escollo, no suele haber referencias sobre la importancia del tema en los artículos redactados previamente por los colegas de su propio medio.

Tras 38 años de conflicto, sin embargo, las redacciones de los medios de referencia españoles cuentan con uno o varios redactores especializados en la cuestión del Sáhara Occidental con fuertes conocimientos en la materia que han plasmado incluso en la publicación de libros de referencia en la bibliografía que manejan los historiadores que investigan el proceso de descolonización del Sáhara. Muchos de los reporteros que cubrieron los inicios del conflicto en 1975 como enviados especiales a El Aaiún, con el tiempo, fueron pasando a puestos de responsabilidad en el organigrama de redacciones periodísticas desde donde ejercen ese papel que la teoría de la comunicación suele definir con el término inglés de gatekeeper, literalmente el “vigilante de la puerta” a la publicación, ese jefe que decide qué es más notica entre las muchas informaciones que llegan al medio, y cuál va a ser su enfoque. El peligro de confusión, por lo tanto, debería reducirse a los recién llegados al tema.

Puede que estas nuevas incorporaciones tengan lugar en el frenesí de la improvisación que suele plantear en un medio una inesperada crisis política como la desencadenada por la tragedia de Gdeim Izik o, por poner otro ejemplo, la huelga de hambre protagonizada por Aminetu Haidar en el aeropuerto de Lanzarote de 2009. Suponiendo que a este redactor no familiarizado con la historia del Sáhara no se le den las debidas instrucciones y coordenadas para que pueda aterrizar en el seguimiento de la noticia sin perder tiempo precioso, su deber es remediar esta situación de desventaja inicial porque, como le solían repetir sus profesores, si no se tiene clara la problemática de la que se va a tratar, ello se reflejará en la coherencia del mensaje final que recibirá el ciudadano.

Para aquellas situaciones en las que el informador tiene que lanzarse a cubrir un asunto del que desconoce los antecedentes, se supone que una de las garantías que aseguran la búsqueda de la verdad lo más contrastada posible es lo que en las clases de Periodismo se define como el conocimiento contextual del informador, esa educación y preparación que es lo que marca la diferencia entre la ignorancia y la falta de información. [56].

El porqué los acuerdos de Madrid fueron nulos exige bucear en el Derecho Internacional, un campo que probablemente ni siquiera los redactores especializados en la cobertura de lo que llamamos tribunales, tengan nociones profundas. Es normal que un periodista sea experto en Derecho Internacional de forma muy excepcional, pero los planes de estudio de las facultades de Periodismo suelen incluir una o varias asignaturas de introducción al Derecho que deberían permitirle iniciar una investigación con cierta garantías de éxito. De la misma forma, los redactores dedicados a temas de ciencias no suelen ser científicos, ni pueden estar especializados en todos los campos de la ciencia a la vez, pero ello no impide que los medios cubran concienzudamente este segmento informativo, con gran reconocimiento por cierto de la comunidad de investigadores a su labor de “traducción” de una jerga profesional inaccesible para el gran público.

En el caso de la intervención de Trinidad Jiménez en el Senado, con gran afluencia de prensa por el relieve de la crisis del Sáhara en los informativos y, a la vez, por ser una de sus primeras apariciones públicas tras su nombramiento al frente de Exteriores, los informadores contaban con una gran ventaja: el orden del día de lo que se va a debatir suele estar establecido con antelación de cómo mínimo un día. Para el del 16 de noviembre estaba previsto, entre otras iniciativas relacionadas con la tragedia de Gdeim Izik, que la ministra contestase a la pregunta de la senadora Miren Lore Leanizbarrutia de Bizkarralegorra (miembro del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas) “sobre si el Gobierno, en la actualidad potencia administradora del Sáhara Occidental, entiende que ya ha sido descolonizada la que fue provincia española número 53.”[57]

Los recién llegados al tema o los que ya tenían conocimientos pero nunca se habían topado con el término “Potencia administradora”, tenían por lo tanto la posibilidad de remediar su ignorancia y estar convenientemente preparados para afrontar el debate que se les vino encima.

Uno de los recursos tradicionales del periodista para subsanar este tipo de deficiencias es buscar expertos acreditados en la materia que ayuden a aclarar conceptos, complementar estas consultas con lecturas (incluyendo las contaminadas por partes interesadas) y documentación institucional (en este caso de la ONU, por ejemplo) sobre el contenido de las tesis enfrentadas. En la era Internet, preguntarle a Mr. Google tanto para localizar telefónicamente a expertos, como hallar información documental, ha multiplicado las posibilidades de éxito y acortado enormemente los tiempos de cosecha de la información.

Con motivo de la redacción de este texto, a finales de agosto, lo he vuelto a comprobar: se teclea en el buscador las palabras clave “potencia administradora de un territorio no autónomo” y, en la primera página de resultados, entre los primeros cuatro títulos aparece un artículo de cierta autoridad ya que procede de una institución de prestigio y fiabilidad indiscutible en el tema que es Naciones Unidas. Pinchando en este enlace resulta que el artículo se titula La ONU y la descolnización.[58] El texto es ideal para un neófito puesto que está estructurado con la didáctica fórmula de preguntas y respuestas. Hay entre los apartados uno que viene al dedillo: “¿Qué es un territorio no autónomo”. La respuesta que se da es que en la Carta se define un Territorio No autónomo como un territorio cuyo pueblo todavía no ha alcanzado un nivel pleno de autogobierno”… “los países que administran Territorios no autónomos se llaman Potencias administradoras”.

El redactor que se está iniciando, al seguir leyendo no tiene ya dudas de que ese término duro de deglutir propio de la jerga de un colectivo profesional que los libros de estilo de los propios medios recomiendan evitar, hay que traducirlo como “territorio sin descolonizar”. Lo más probable es que el reportero quede muy sorprendido si llega al punto del artículo centrado sobre los pasos básicos hacia la libre determinación (elemento central en la cuestión del Sáhara Occidental) al comprobar que se dice claramente que lo primero que hace el Comité de Descolonización de la ONU para avanzar en este proceso es tratar el tema con la potencia administradora.

Acostumbrado a oír de políticos y diplomáticos que, nos guste o no, la “realidad” es que son los invasores marroquíes quienes administran de facto el territorio, lo normal es que el periodista siga buscando en otras lecturas. Un título que parece responder a las necesidades del redactor dice: “España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara”. Pinchando en él, es evidente por el propio título de la web que lo propone (Saharalibre.es) que está en el entorno de una de las partes en el conflicto, la saharaui. En términos periodístico ello supone de inmediato disparar la alerta ante un discurso posiblemente contaminado pero que es obligatorio atender sin prejuicios. No hay que faltar al principio de equilibrio y objetividad que queda plasmado incluso en los libros de estilo de muchos medios con fórmulas que recomiendan a los redactores que “En los casos conflictivos hay que escuchar o acudir siempre a las partes en litigio”.[59]

Sin embargo, el hecho de que un subtítulo advierte que se trata de una entrevista a Felipe Briones, actual fiscal Anticorrupción [60] sirve como mínimo para confirmar que hay juristas de prestigio españoles que apoyan esta tesis, por muy estrambótica que parecza en un principio (lo de administrar sin estar en el territorio todavía sigue siendo para el principiante un galimatías). No es en efecto lo mismo, a la hora de analizar información, que la fuente sea un reputado profesional del Derecho que no debería jugarse su prestigio, ni siquiera por una causa solidaria con la que Briones, es evidente, simpatiza. Es entonces a través de sus declaraciones cuando el novato en saharauología se entera de que “España abandona el Sáhara en febrero de 1976, cediendo la administración a Marruecos pero, para el derecho internacional y para Naciones Unidas, una Potencia administradora no puede abandonar unilateralmente sus responsabilidades en el territorio no autónomo. De este modo, el abandono por España del Sáhara es nulo y, según Naciones Unidas, España sigue siendo la Potencia administradora del Sáhara Occidental”. …

Otro detalle esclarecedor que ofrece este texto es que Briones establece una comparación entre el caso sahariano y el proceso de autodeterminación de Timor Oriental: “Portugal nunca renunció a su condición de potencia administradora, rompió sus relaciones con Indonesia y se preocupó de denunciar lo que allí estaba ocurriendo…”

Tras esta incursión, lo siguiente es intentar verificar la versión marroquí. Se encontrará con que en Rabat no se contentan con tener la administración y aseguran que lo que ellos tienen es la soberanía del territorio porque España se la entregó con los acuerdos de Madrid. La versión gubernamental que Jiménez defendió en el Senado, no precisamente sospechosa de ser propolisaria, descarta esta posibilidad. En cualquier caso, si fuese cierto, la ONU no seguiría considerando al Sáhara Occidental un territorio autónomo, pendientede llevar a término su descolonización a través de un proceso de autodeterminación.

Queda todavía por localizar un documento oficial de la ONU que sustente que es verdad que la organización señala año tras año a España como potencia administradora y comprobar el texto original. Es un documento que anda un poco escondido en la selva del ciberespacio, debido a que su título oficial y completo no es Lista de Territorios No Autónomos sino Información sobre los territorios no autónomos transmitida en virtud del Artículo 73 e de la Carta de las Naciones Unidas. Pero, para entonces, probablemente algunos de los expertos en Derecho Internacional que se dedican al tema del Sáhara Occidental y suelen estar encantados con que un periodista se interese por una cuestión que consideran injustamente marginada en las noticias, haya contestado a su petición de ayuda. Si el reportero que está haciendo debidamente sus deberes aprovecha y le pregunta por el documento, seguro que le da indicaciones de cómo encontrarlo y, quizás, incluso le sugiera consultar copias de ediciones anteriores tanto en versión digital como algunas en papel editadas por la propia ONU con el título de ABC de las Naciones Unidas.

Una vez hallado el informe, comprobará que, así como para la ONU el Sáhara Occidental es el único territorio sin descolonizar que queda en África, su potencia administradora sigue siendo España. Hay un asterisco que remite a un pie de página en el que se explica que España se declaró desligada de sus responsabilidades en virtud de los Acuerdos de Madrid, lo que podría resultar confuso para un novato en el tema. Pero el experto le aclarará de inmediato que ese asterisco no pretende dar validez a la versión del Gobierno español sino explicar por qué España no informa sobre el Sáhara Occidental, como obliga a hacer el art. 73 para que el secretario general de la ONU pueda proceder a la actualización del informe que se publica anualmente. Un incumplimiento que queda evidente en la casilla donde se indica con qué fecha cumplen las potencias administradoras con esta obligación.

La lección quedará redonda si el periodista tiene la suerte, como fue mi caso, de que uno de los expertos con los que ha contactado saque de su estantería de publicaciones sobre la materia una edición de los informes o del ABC de Naciones Unidas de los tiempos en que Timor Oriental estaba bajo la ocupación de Indonesia. Resultará de lo más esclarecedor para el informador comprobar con sus ojos cuál era entonces la situación de Portugal con su colonia, ocupando la casilla de Potencia administradora con una nota a pie de página en la que constaba que, “desde 1977, Portugal en su condición de Potencia administradora del Territorio no autónomo del Timor Oriental, viene informando anualmente al Secretario General que se le sigue impidiendo, de facto, asumir sus obligaciones respecto de la administración del Territorio, debido a la ocupación ilegal del mismo por un tercer país”. [61]

Ahora podría ser el momento para el informador de buscar en la Carta de Naciones Unidas ese artículo 73 de la Carta de la ONU. Este documento es, a diferencia de la lista de territorios no autónomos, sumamente fácil de localizar en versión digital. Si ha seguido por este camino, el reportero se encontrará que dicho artículo 73 se encuentra en el capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas titulado La declaración relativa a territorios no autónomos. El reportero que hubiese hecho la consulta, al oír a la propia Jiménez referirse al art. 73 como un elemento importante para definir qué es un territorio autónomo, hubiese quizás quedado sorprendido de que el texto no arranque, como esperaba de las declaraciones de la ministra, con una definición de “territorio no autónomo” sino de las obligaciones que tienen las potencias administradoras con sus tutelados:

“Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo los posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacional establecido por esta carta el bienestar de los habitantes de esos territorios…” [62].

A partir de ahí seguro que también llamase su atención esa frase que añade que, entre esas responsabilidades, está la de ayudar a la población del territorio sin descolonizar a “desarrollar el Gobierno propio y a tener en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos y a apoyarles en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas». La lectura de estas líneas deberían bastar para sospechar que la línea argumental de la ministra tiende trampas hasta en los detalles más mínimos.

Mi experiencia en este proceso es que los expertos que hablan a favor de la versión oficial suelen alegar argumentos de carácter más filosófico que describen el Derecho Internacional como una ciencia imperfecta y cambiante (que lo es) pero sin aportar ningún tipo de documentación ni elemento jurídico que desmienta el informe de la ONU sobre los territorios no autónomos o la validez del art. 73. También pueden intentar desviar al informador a ese resbaladizo terreno que intenta trazar una línea divisoria entre las normas de la ONU y el derecho interno. Pese a sus deficientes rudimientos en derecho, el reportero tiene la obligación de saber que la Carta de las Naciones Unidas es ley de obligado cumplimiento desde el momento en que los estados entran a formar parte de la organización porque es una ley de rango superior, es decir, una ley contra la que no pueden colisionar las leyes nacionales. Por lo tanto, la tendencia natural será la de una nueva reacción de desconfianza a la tesis gubernamental.

A estas alturas, sin embargo, el periodista tiene ya los suficientes elementos para exigir explicaciones a los políticos que pretenden legitimar ante la opinión pública la ficción de los acuerdos de Madrid, especialmente si la ocasión lo pone en bandeja con la polémica de un opositor que acusa de falsedad a un miembro del Gobierno. Si ha superado la fase de las dudas sobre cuál de las dos versiones se ciñe a la verdad, tras denunciar la mentira gubernamental, el reportero debería ampliar su investigación intentando averigüar por qué los Gobiernos se empeñan en seguir engañando a la ciudadanía, empezando por el propio informador. Indagando con esa otra parte que es la de la versión saharaui, comprobará que si los Gobiernos no negasen las responsabilidades españolas, no podrían mantener esa supuesta posición de neutralidad y equidistancia entre agresor y agredido: el art. 73 de la Carta de la ONU no le permite otra cosa que estar del lado de los intereses saharauis. La neutralidad, por lo tanto, es otra ficción, que favorece a la parte marroquí.

5. Algunos misterios. Una verdad que se resiste a aflorar en el debate público

El relato periodístico de los medios españoles tiene una inexplicable tendencia a esquivar todo elemento que ponga luz a la condición de Potencia administradora que, sin embargo, se empeña en aflorar incluso en aquellas informaciones en las que el tema central no es el de las responsabilidades españolas. Sólo así se puede explicar que dos de los principales medios escritos españoles como son el Abc o El País, no reseñasen con la correspondiente noticia el dictamen del asesor jurídico de la ONU, Hans Corell, en febrero de 2002, en relación a la explotación de las riquezas del territorio saharaui. El hecho de que este texto confirme que España sigue siendo para la ONU la potencia administradora del Sáhara Occidental, debería haber sido motivo de comentario y una buena oportunidad de rectificar el relato periodístico con una consistente percha informativa. El silencio ha dado un nuevo balón de oxígeno al ocultamiento de la verdad vigente desde 1975.

El lector se quedó en 2002 sin la noticia de este dictamen y, lo peor, es que seguidamente no se haya subsanado este despiste repescando, como se dice en las redacciones, la información que no se dio en su momento por un error de valoración o porque se le escapó al reportero que debía haber alertardo de su existencia. La frecuencia con la que el propio discurso político saca a relucir este documento, no consiente justificación alguna a este escamoteo informativo al ciudadano.

Trece años después de difundirse el informe Corell, si consultásemos ahora mismo (tomando como referencia finales de agosto de 2013) la hemeroteca digital del diario Abc, las referencias a Hans Corell dan como resultado cinco artículos. Cuatro de ellos no tienen relación con el Sáhara Occidental sino con el anuncio de la creación del Tribunal Penal Internacional.

En el caso de El País, la misma búsqueda sólo da dos artículos y uno de ellos no tiene que ver con el Sáhara sino con la noticia del posible juicio por genocidio a los Jemeres Rojos camboyanos. El que sí tiene que ver con el conflicto sahariano está relacionado con la batalla diplomatica que, desde 2007, ha impedido se renovase el acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea. Con motivo de la polémica sobre la legalidad o no de la explotación de las riquezas de lo que sigue siendo un territorio sin descolonizar, el informador alude al informe Corell en estos términos:

“Éste (Hans Corell) señaló que Marruecos no era la potencia soberana ni administradora del Sáhara. España lo seguía siendo, según él. En consecuencia, concluyó, los contratos firmados por Rabat y las petroleras “podrían suponer una violación de la legalidad internacional si llegaran a desembocar en mayores actividades de exploración o explotación en detrimento de los intereses y aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental”.[63]

Llama la atención el empleo de la fórmula de distanciamiento “según él” a la que el autor recurre para dejar claro que no asume como certeza probada que España sea Potencia administradora. En este texto tampoco se da ninguna referencia a cuáles son las consecuencias de que Corell dictaminase que España seguía siendo la Potencia administradora, especialmente en relación al espinoso asunto de la pesca. También se echa de menos que en la versión digital del diario no se ofrezca, como suele ser habitual cuando se cita un documento de esta importancia, un hipervínculo que permita al lector consultar el original para sacar sus propias conclusiones. En su parte final, el autor añadía un dato que podría ser interpretado por el lector de forma equívoca, haciéndole creer que este texto está pendiente de algún tipo de aprobación:

“Varios países del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia, Irlanda, Colombia e Isla Mauricio, respaldaron entonces la doctrina Corell, pero Francia replicó que había que considerar a Marruecos como la potencia de facto administradora y con matices, EEUU y el Reino Unido, la secundaron”.

El artículo de Abc que cita a Corell en relación con la colonia española, anuncia que Moratinos rectifica y explica que el Gobierno no reconoce la soberanía marroquí. Tiene como fecha el 22 de diciembre de 2009, [64] es decir, que se refiere a unas declaraciones del entonces ministro de Exteriores en el marco de la crisis provocada por la expulsión de la activista saharaui Aminetu Haidar por las autoridades marroquíes y la huelga de hambre con que esta frágil mujer desafió al Gobierno español y marroquí para exigir el regreso a su hogar en El Aaiún.

En concreto, la noticia hace referencia al desenlace de la crisis, cuando ya las presiones españolas e internacionales habían logrado que el régimen marroquí permitiese el regreso de Haidar al Sáhara Occidental. El problema humano estaba resuelto pero un comunicado del Ministerio de Exteriores con un lenguaje confuso había creado una nueva tormenta. La parte conflictiva del texto decía así: “…Mientras se resuelva el contencioso, en conformidad con la posición de Naciones Unidas, España constata que la ley marroquí se aplica en el territorio del Sáhara Occidental”. La declaración fue interpretada como un reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio por parte del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero en contrapartida a la “colaboración” de Rabat en la solución que había evitado la muerte de la activista.

Las palabras con las que el ministro intentó acabar con la polvareda pusieron énfasis en que la constatación no tenía que ver con una cesión de soberanía (que el propio ministro Moratinos explicó hubiese sido imposible desde el punto de vista legal) sino a esa idea de administración de facto utilizada para atenuar tergiversadoramente la situación de ilegalidad marroquí. Quizás su sucesora, la ministra Jiménez, se inspiró en esta intervención de Moratinos cuando un año después tuvo que intervenir en el Senado porque los razonamientos y términos confusos son muy parecidos. También Moratinos, por ejemplo, había recurrido en 2009 al informe Corell para afirmar que la ONU reconoce la administración marroquí sobre el Sáhara. Una vez más, al reproducir lo que dijo este ministro, la crónica periodística no da ninguna referencia al lector de que el informe citado por Moratinos señala precisamente lo contrario de lo que pretendía defender. Tampoco aquí se aprovechan las ventajas de la versión digital para incluir el original del documento. El artículo, por lo tanto, dejaba mentir a Moratinos con la impunidad que consiente el llamado periodismo declarativo del que la prensa suele abominar como una de las lacras de la profesión, sin más distanciamiento que el recurso a la fórmula “según Moratinos”:

“Asimismo, el ministro de Exteriores ha hecho especial hincapié en el hecho de que esta es la posición que mantiene la ONU, que «ha aceptado que Marruecos actúa como potencia administradora de facto» del Sáhara Occidental y remitió al llamado ‘Informe Corell’ en el que se afirma con «contundencia», según Moratinos, que «tras el retiro de Mauritania del Territorio en 1979 y la concertación del acuerdo mauritano-saharaui de 19 de agosto de 1979, Marruecos ha administrado el Territorio del Sáhara Occidental por sí solo».

En los 32 días que duró la huelga de hambre de Aminetu Haidar la cuestión de las responsabilidades de España sobrevoló continuamente el conflicto abierto por las autoridades marroquíes en el aeropuerto de El Aaiun que le retiraron a la activista el pasaporte y la expulsaron obligándole a subir a un avión que volaba a Canarias por haber hecho constar en uno de los formularios de aduanas que su nacionalidad no es la marroquí. [65] La importancia de este elemento, sin embargo, no fue evidente para el público ya que no solía aparecer de forma explícita en el discurso público y periodístico, sino que serpenteaba en la trastienda de las negociaciones que condujeron a la claudicación marroquí, dejando pistas que sólo los entendidos saben identificar.

En esta encrucijada, Haidar rechazó las tres opciones que el Gobierno español le dio en su intento de mediar con las autoridades marroquíes: asilo político, solicitar un nuevo pasaporte marroquí o adquirir la nacionalidad española. La primera suponía que no pudiese regresar a su tierra, que era lo contrario de lo que ello exigía con su protesta. La segunda le obligaba a solicitar un documento marroquí estando en España, Potencia administradora del Sáhara Occidental que nunca debería haber privado a los saharauis del pasaporte español como se hizo el 10 de agosto de 1976 a través del Real Decreto 2258/76, hasta haber concluido el proceso descolonizador. Solicitar uno nuevo en un consulado marroquí, y más aún estando en territorio español, suponía por lo tanto un reconocimiento humillante de su supuesta marroquinidad frente a la alternativa española que le corresponde al territorio no autónomo del Sáhara Occidental. La tercera le obligaba a pedir la nacionalidad española a través de un trámite por la vía de la excepción con el que, implícitamente, venía a reconocer que España ya no es Potencia administradora y, con ello, hubiese acatado la tesis oficial de que España puede ignorar la suerte de los saharauis, que ella no pierde ocasión de rechazar. [66]

Poniendo en primer plano la importancia de ciertos principios para el futuro de su pueblo, con grave riesgo de su propia vida, Haidar se limitó a exigir a España que cumpliese con sus responsabilidades. La falta de aclaraciones en el relato periodístico impidieron al público captar la profundidad de las cuestiones que subyacían a la negativa de aceptar un pasaporte que no fuese el que le había sido retirado en un acto de abuso de poder. Incluso José Saramago, el fallecido premio Nobel de Literatura y gran amigo de la causa saharaui, mostró cierto desconcierto ante el rechazo de Haidar a estas opciones y le pidió a la activista que no arriesgase la vida y aceptase el pasaporte español. [67]

El caso Haidar fue el que impulsó a la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) a relanzar la antigua campaña por la nulidad de los acuerdos de Madrid en la que ya había participado en los años ochenta. Desde entonces ha dirigido cartas tanto al entonces Gobierno de Rodríguez Zapatero como al actual de Mariano Rajoy para que España reasuma sus responsabilidades, devuelva la nacionalidad usurpada injustamente a los saharauis nacidos españoles y sus descendientes y, siguiendo los pasos de lo hecho por Portugal en Timor Oriental haga un traspaso de la administración a la ONU, el único traspaso posible desde el punto de la legalidad internacional. Los medios de referencia españoles han silenciado, con una sola excepción (Europa Press con una crónica no reproducida por los grandes medios [68]) el desarrollo de esta campaña iniciada en enero de 2010.

6. Reflexiones sobre la hipótesis de nuevas censuras

A la hora de plantear hipótesis a las causas del relato torcido en la cuestión saharaui, es inevitable que haga su aparición en escena el fantasma de la censura. Los periodistas especializados en este tema suelen quejarse, como lo hace el movimiento de asociaciones propolisarias, de que sus medios no les dejen un hueco para publicar informaciones sobre el tema, pero no suelen atribuir esta dificultad a una maniobra de censura o reedición de los mecanismos de la “materia reservada”. Algunos, incluso, rechazan tajantemente que haya una “conspiración” para que no se trate un tema que en la profesión se sabe que resulta muy incómodo al poder político. Lo habitual, al comentar en corrillo lo duro que resulta hacerse hueco en la escaleta informativa con este tema, es señalar como causa de sus padecimientos a la desidia e ignorancia de los responsables de las redacciones.[69]

Hay sin embargo, un caso que demuestra que, cuando la información afecta a las relaciones con Marruecos, el reportero se mueve por arenas movedizas. Es el del fallecido José Luis Gutiérrez, galardonado pionero del periodismo de investigación del posfranquismo y director durante 15 años del desaparecido Diario 16. A partir de 1995, se vio obligado a librar una extenuante batalla en los tribunales españoles. Su pecado fue provocar las iras del difunto monarca marroquí Hassán II por un reportaje publicado en Diario 16 sobre la interceptación por parte de la Guardia Civil de un cargamento de cinco toneladas de hachís que viajaba en un camión propiedad de una de las empresas del rey alauita. La demanda que le interpuso el monarca le enredó en un angustioso e incomprensible proceso que se prolongó durante más de veinte años.

Los abogados de Hassán II acusaron a Gutiérrez de haber mancillado el honor del tirano marroquí y, aunque los tribunales españoles no cuestionaron la veracidad, exactitud y rigor de la información publicada, condenaron a Gutiérrez por el titular de la información (Una empresa de Hassán II implicada en el narcotráfico).[70] Gutiérrez, conocido en la profesión como El Guti, relató en un libro[71] lo que solía calificar sin equívocos como de encarnizada persecución. Denunció lo sorprendente que resultaba que, para condenarle, se hubiese recurrido a una norma legal de la dictadura de Franco y no tuvo reparos en acusar a la Justicia española de haber cedido a las presiones de sectores políticos sensibles con los intereses marroquíes. No tenía dudas de que había sido represaliado por haber publicado una exclusiva en torno a una noticia que el Gobierno había intentado ocultar durante un año e intentó llamar la atención sobre lo que debería haber sido tratado como un atentado contra la libertad de expresión.

Su caso no arrancó protestas solidarias entre sus colegas que, por el contrario, silenciaron lo ocurrido. Esta soledad tuvo como contrapunto las muestras de enérgico y claro apoyo que en cambio, recibió de organizaciones de prestigio comprometidas con la salvaguarda de la libertad de expresión en todo el mundo. El Comité Mundial para la Libertad de Prensa (WPFC) o el Instituto Internacional de la Prensa (IPI) o Reporteros sin Fronteras, son algunos de los ejemplos de este respaldo internacional. Al final, la pesadilla de Gutiérrez acabó con un triunfo por goleada del aguerrido periodista. El Tribunal de Estrasburgo acabó dándole la razón con un enérgido vapuleo a la práctica de la judicatura española. Pese al final feliz, esta odisea judicial ha seguido siendo en la profesión un ejemplo disuasorio del poder de los intereses marroquíes en España.

Aún así, el caso de Gutiérrez ha sido muy excepcional. En las propias aulas de Periodismo los teóricos reconocen que en la actualidad no hace falta recurrir a una censura al estilo franquista para condicionar al periodista. Aunque al redactor no se le explique desde la redacción qué política sigue su medio, lo normal es que aprenda a “anticipar lo que se espera de él, a interiorizar los derechos y obligaciones de su status, a conseguir premios y evitar castigos”.[72] Para ello sirven de indicación algunas iniciativas de la dirección y de los redactores más antiguos: “Un gesto, un comentario oblicuo o marginal, resultan orientadores. Hay, además, cosas que se publican y otras que no se publican. Los redactores hablan de sus jefes y así se orientan respecto a preferencias, intereses, afiliaciones”. Como dice Gomis así es como el redactor se entera de la política que se sigue en su medio y, como añade este maestro del periodismo, “falta por ver por qué la sigue”.

La constatación de esta deriva no se circunscribe a los profesionales españoles. Serge Halimi, escritor francés y miembro de la dirección de Le Monde Diplomatique, tras estudiar redacciones de prestigio francesas como la del diario Le Monde llegó a la conclusión de que la censura en los medios existe bajo la forma de los intereses empresariales que calan desde el Consejo de Empresa por la cadena de mando hasta el redactor. La causa, en su opinión, es que el profesional del periodismo se ha conformado con el grado de libertad que tiene. “Saben”, asegura, “muy bien lo que no se quiere que se diga. Si algo les compromete lo más mínimo, lo dejan a un lado y escriben sobre otra cosa que no les comprometa”.[73]

Volvamos ahora a esa contradicción tan frecuente en las redacciones españolas, entre el tropel de periodistas enganchados a la evolución del conflicto sahariano pero enfrentados al muro de la escasa receptividad e, incluso, indiferencia de sus jefes a sus sugerencias e indicaciones para dar mayor relieve a este tema.[74] Puedo asegurar que no se exagera y, también, quiero dejar constancia de lo muy frustrante que resulta esa experiencia que para un reportero supone llegar a la redacción con una noticia y, al intentar venderla (como se suele decir en la jerga de los plumillas) al redactor jefe que le corresponda, recibir como respuesta una expresión de aburrimiento que no deja posibilidades de recurso al veredicto. Como muchos otros colegas, con la cuestión del conflicto saharaui tuve que resignarme a que, sugerir dedicar un espacio al Sáhara, suponía exponerse a un alto riesgo de recibir como respuesta: “este tema no interesa”. Eso sí, sin que nunca hubiese ninguna alusión a consignas precisas de alejarse de la cuestión. [75] Tampoco me explicaron nunca en qué estadísticas se basaban para decir que a los lectores españoles no les interesaba el Sáhara, menos aún habiendo como hay 35.000 niños saharauis que todos los años pasan el verano con familias españolas que los acogen dentro del programa Vacaciones en Paz.

Pese a esos datos supuestamente tan adversos para el interés mediático sobre el Sáhara Occidental, la libertad que dio la era Internet provocó un big-bang de webs y blogs con los que los simpatizantes de la causa saharaui han ido supliendo, sin grandes alaracas pero mucha eficacia, los silencios y omisiones de los medios de referencia. Pese a sus escasos medios cosechan interesantes éxitos que no concuerdan con este supuesto desinterés público.

Así por ejemplo, este pasado mes de abril, al cumplirse el sexto aniversario de su creación, el sitio SáharaLibre.es lo celebró con los siguientes datos: más de 22,5 millones de accesos, con ratios de más de 10.000 entradas diarias y, en puntos de máxima actualidad del tema saharaui con más de 50.000 accesos al día. No es de extrañar que, seguidamente, el diario El País, objeto de muchas acusaciones de promarroquinismo por parte del movimiento prosaharaui, haya incluido en su paleta de ofertas de la versión digital un blog de temática específicamente saharaui, eso sí, de contenido más cultural que político.

He también de añadir, en relación a mi experiencia sobre el terreno informativo, que coincidiendo con mi descubrimiento de que había claves del conflicto que habían quedado indebidamente en la sombra y, a raíz de mi insistencia en sugerir vías para remediarlo, fui trasladada a otra sección y a otros cometidos menos lucidos que el del reporterismo. Mi apasionante carrera de enviada especial quedó definitivamente truncada al ser arrojada a las catacumbas del turno de noche que se suele reservar a los redactores no receptivos con los “toques” de sus jefes. En contrapartida, al seguir cultivando mi especialización africanista en mi tiempo libre, tuve el privilegio de ser una de las primeras periodistas en rescatar, tras el olvido impuesto por el fin de la Transición a la causa de la nulidad de los acuerdos de Madrid, un reportaje cuyo tema central era la ficción sobre la que se asienta la falsa neutralidad oficial.

Lo publiqué en Mundo Negro [76] la revista de referencia en España para asuntos africanos. No lo cuento por fatua vanidad sino para destacar primeramente que el mérito no fue mío sino de los directivos de la revista que se entusiasmaron con la historia y me dieron libertad absoluta. En segundo lugar, ello me da pie para hacer aquí un pequeño homenaje al fallecido abogado Francisco Fernández-Goberna, inspirador de la historia que se centraba en una de las varias demandas que este letrado interpuso en un vano intento por lograr la nulidad de los acuerdos de Madrid. Fui testigo de que hubo colegas que estaban al tanto de las vicisitudes de este letrado contra el falso tratado y que hubiesen estado encantados de publicar su historia si hubiesen logrado, como yo, encontrar un redactor jefe que se la comprase sin poner mala cara ni hacer bromas despectivas sobre su irremediable y visceral idealismo.

7. La influencia del relato periodístico sobre el Sáhara en la visión de la opinión pública

Uno de los dogmas sobre la alta responsabilidad que tiene la labor periodística es el que atribuye a la prensa un papel clave en la construcción de la actualidad y en el cómo percibe la ciudadanía los conflictos la opinión pública. Cabe por lo tanto preguntarse sobre el posible impacto de las imperfecciones del relato periodístico en ese proceso de modelado de la opinión pública en relación al conflicto sahariano que, en este caso, juega un papel de primer orden en la batalla política que sigue su curso.

Incluso personalidades nada sospechosas de simpatías propolisarias han reconocido que el factor que ha compensado la gran desventaja política del pueblo saharaui para defender sus inalienables derechos frente al anexionismo marroquí, ha sido el leal y enérgico apoyo de un imponente movimiento solidario muy arraigado en la ciudadanía desde la crisis de 1975. La importancia de la opinión ciudadana es lo que en efecto ha impulsado en los últimos años a la propaganda anexionista marroquí a centrarse, con un gran despliegue de medios, en el lanzamiento de mensajes dirigidos a socavar esa alta sensibilidad de la ciudadanía española con la causa saharaui.

En este frente de la información, el propio régimen marroquí ha acusado a la prensa española, incluyendo a los medios de referencia, de simpatizar con la causa saharaui y faltar con ello a su debido respeto de la objetividad y neutralidad.[77] En los conflictos, es muy habitual que los agresores exijan neutralidad a los reporteros. John Martinkus, el periodista australiano de referencia en el largo conflicto de Timor Oriental (es el único que lo cubrió desde su estallido hasta la independencia) suele contar que los invasores indonesios de la colonia portuguesa calculaban cuidadosamente su despiadada guerra sucia informativa teniendo en cuenta la obligación que tenían los periodistas de atender a todas las partes enfrentadas, para atenuar la versión de las víctimas.[78] En realidad, el anexionismo marroquí ha intentado explotar el tradicional recurso con el que los agresores suelen intentar aprovechar el principio de objetividad al que se debe el relato periodístico para diluir su culpabilidad en una equidistancia entre quien incumple la ley y la víctima de esta infracción. Una falsa neutralidad equivalente a la que practican la política oficial española y que le resulta sumamente beneficiosa.

Es evidente que la mayor parte de los periodistas españoles no se han dejado arrastrar por esta trampa que obvia que la objetividad no tiene por qué ser neutral y, menos aún, cuando está de por medio la defensa de los derechos humanos y la superioridad del principio de veracidad. Ello explica que los propios periodistas no suelan tener reparos en reconocer públicamente que las redacciones de los medios españoles son decididamente simpatizantes con las víctimas saharauis de la represión marroquí y que denuncien las acciones con las que los ocupantes del Sáhara Occidental suelen obstruir, amendrentar e, incluso, impedir su labor en el territorio como una consecuencia de su política de ocupación ilegal.

Una de las grandes quejas del anexionismo marroquí con los informadores españoles ha sido el inequívoco apoyo que han mantenido durante estos 38 años al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, pese a las maniobras intoxicadoras con las que su estrategia diplomática y propagandística ha intentado devaluar lo que es un derecho inalienable. Lo más que ha logrado en este terreno es ese deslizamiento semántico con el que algunos redactores se refieren al Frente Polisario como “separatistas”, en lugar de emplear el término “movimiento de liberación” como hace la ONU, y sin darse cuenta que ello conduce al equívoco de un proyecto político que pretende desgajar un territorio integrado en un Estado, especialmente con el lector recién llegado al tema y que no tiene claro que el Sáhara Occidental nunca formó parte de Marruecos. Pero, aunque los medios hayan admitido ocasionalmente voces favorables a las tesis marroquíes, generalmente por la fórmula de los artículos de opinión firmados por colaboradores externos, no han contribuido a ningún debate que cuestione el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, sino más bien, todo lo contrario.

Ello, quizás, haya compensado la tacañería informativa y contribuido a que dos de cada tres españoles sigan apoyando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. El dato procede de las encuestas sobre política exterior del Barómetro del Real Instituto Elcano realizadas en 2012 [79] que explican que este favor prosaharaui va más allá y ve con buenos ojos que el Sáhara Occidental logre la independencia.

Otra encuesta del mismo Barómetro realizada en 2007 señalaba además que casi tres cuartas partes (73%) de los españoles creía que el Gobierno español debería dar prioridad a los derechos del pueblo saharaui frente a los intereses de España en la región, mientras que sólo un 18% se pronunció por la actitud egoísta de que lo primero son los intereses de casa. [80] Los informes sobre estas encuestas no reflejan que se haya vuelto a repetir esta pregunta pero, teniendo en cuenta la evolución en otras respuestas relacionadas con el tema, los puntos a favor de la causa saharaui no deberían haber registrado una caída, sino más bien todo lo contrario.

La opción favorable a la independencia registrada en 2012 constituye, en efecto, un repunte respecto a otros estudios de febrero-marzo de 2010 [81] y noviembre de 2010 [82]. En estas ocasiones se había preguntado a los encuestados qué opción debía apoyar España en relación al Sáhara (situación actual, independencia o mayor autonomía dentro de Marruecos). La creación de un Estado saharaui había logrado el sí de uno de cada tres encuestados.

Estos datos parecen indicar, por lo tanto, que las imperfecciones de la narración periodística no han debilitado las fuertes convicciones que la opinión pública española ha venido mostrando desde 1975, sobre cuál debe ser el camino hacia la paz. No hay, sin embargo, que cantar victoria. Según estas mismas encuestas, cuando se pide a los entrevistados identificar el problema más grave que se tiene con Marruecos, el Sáhara Occidental es, a mucha distancia, el menos importante con apenas un 10%, frente al de la inmigración (56%), el de Ceuta y Melilla (18%) y, sorprendentemente, la pesca (11%).[83] Es decir que, pese a sus simpatías prosaharauis, la opinión pública no tiene claro hasta qué punto muchas de las crisis hispano-marroquíes y, especialmente, la de la pesca, son sacudidas que tienen en realidad su epicentro en el tablero sahariano. Cabe plantearse, desde el punto de vista de un informador, en qué medida se ha contribuido desde los medios a que los españoles no consideren que la solución de un conflicto que se desarrolla a una distancia de sus fronteras equivalente a la distancia entre Madrid y Segovia, no afecte a sus intereses. No es desde luego por ingenuidad puesto que, en cambio, sí consideran vital para la seguridad e intereses de España una intervención en Malí, situado a más de 2.000 kilómetros de nuestras fronteras (con el favor del 45,7% de españoles) y pese a que, en general, la inestabilidad en el norte de África les parece importante (44,7%) e, incluso, extremadamente importante (38,1%). [84]

Otro elemento llamativo: hay un 23,2% de partidarios de zanjar la confrontación con un Sáhara Occidental integrado en Marruecos en el marco de la solución autonómica. A ellos que hay que sumar, en el lado de los no prosaharauis, un 7,2% que ven con buenos ojos que la situación siga como hasta ahora y un 10,2% de los que no saben, no contestan. Si analizamos la relación entre respuestas y edad de los encuestados, los partidarios por la independencia se encuentran principalmente en la franja de edades comprendidas entre los 45 y 64 años (45%), mientras que, entre los menores de 30, los porcentajes se equilibran con un 31% a favor de la independencia y un 32% a favor de una mayor autonomía.

El número de los partidarios de que se mantenga la situación actual también aumenta entre los más jóvenes llegando a un 11% en la franja comprendida entre los 18 y 29 años. Es decir, los españoles más inclinados hacia una solución “realista” y no acorde a derecho internacional o que se muestran indiferentes, aumentan en esa franja de la población nacida cuando la Transición ya había diluido el mal recuerdo de la traición. Sería interesante que una próxima encuesta de este barómetro averigüe si esta franja poblacional más proclive a la indiferencia sabe que España sigue teniendo responsabilidades con el pueblo saharaui y, por lo tanto, se encuentra en una situación de ilegalidad por no cumplir el art. 73 de la Carta de la ONU. Se aceptan apuestas.


[1] Carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico”, Consejo de Seguridad de la ONU, 12 de febrero de 2002. UN Doc S/2002/161, enero de 2002, párr. 6.

[2] “Información procedente de los territorios no autónomos transmitida en virtud del Artículo 73 e de la Carta de las Naciones Unidas, Informe del Secretario General”, Asamblea General de la ONU, 14 de marzo de 2013, UN doc. A/68/64.

[3] GOMIS, L. Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona, Paídós, 1991, pág. 70.

[4] ROSENSTIEL, T. y KOVACH, B. The elements of journalism. Nueva York, Three Rivers Press, 2001, pág. 4.

[5] MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L. El lenguaje periodístico. Madrid, Paraninfo, 1989, pág. 141.

[6] HALL JAMIESON, K. y WALKMAN P. The Press Effect, Politicians, Journalists, and the Stories That Shape the Political World. Oxford University, Nueva York, 2003, pág. 15, pág. 197.

[7] Código deontológico de Federaciones de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), 23 de marzo de 2010:: www.fape.es/codigo-deontologico.htm

[8] GOMIS, L. Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona, Paídós, 1991, pág. 32.

[9] ZUNES, S. Y MUNDY, J. Western Sahara. War, Nationalism and Conflict Resolution, Nueva York, Syracuse University Press, 2010, pág. 6.

[10] “No habrá saldos en el Sáhara”, en Cambio 16, n.205, 10 de noviembre de 1975, págs. 20 y 21.

[11] VILLAR F. El proceso de autodeterminación del Sahara, Valencia, Fernando Torres Editor, 1982, pág.338.

[12] DE DALMASES, P. I. Huracán sobre el Sáhara, Barcelona, Editorial Base, 2010, págs. 194-208.

[13] CRIADO, R. Sáhara, pasión y muerte de un sueño colonial. Chantillon-sous-Bagneux, Ruedo Ibérico, 1977, págs. 216 y 217.

[14] «El diario “La Realidad” fue suspendido por sus informaciones sobre un posible acuerdo entre España y Marruecos», en La Voz de Galicia, domingo 26 de octubre de 1975.

[15] DE DALMASES…, pág.192.

[16] PRIETO P.: «Arenas Ardientes, en La Razón, 23 de noviembre de 2010. http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_343279/historico/8589-arenas-ardientes-por-martin-prieto#.Ui3rDLx4Iy4

[17] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 32, 15 de marzo de 1978, pág. 65.

[18] VILLAR, F.: «Los mitos de la “marcha verde” (I) acuerdos nulos de Madrid», en Diario 16, Madrid, 20 octubre de 1978, pág.15.

[19] DIEGO AGUIRRE, J. R: « La guerra del Sáhara », en Historia, num. 188, diciembre 1991, pag, 12.

DIEGO AGUIRRE, J. R. Historia del Sáhara. La verdad de una traición. Madrid, Kaydeda Ediciones, 1988, pág.731 y 743.

[20] TONY HODGES. The Roots of a Desert War, Lawrence Hill & Co., Westport (Connecticut), 1983, pág.219.

[21] MISKÉ, A.B. Front Polisario, l´ame d´ un peuple. París, Ed. Rupture, 1978, pág. 201 y 202.

[22] MORENO, R. : « La Marcha Verde»,, El Día, 6 de noviembre de 2012.

http://eldia.es/2012-11-06/criterios/8-Marcha-Verde.htm

[23] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Exteriores, núm. 31, 14 de marzo de 1978, págs. 37.

[24] LEÓN, S: « España pactó en secreto con Marruecos la Marcha Verde”. El Público digital, 14 de abril de 2013.

[25] SHELLEY TOBY. Endagame in Western Sahara: What Future for Africa´s Last Colony?. Zed Books , 2004, pág. 137.

[26] PONCE DE LEÓN M. Y ARTS, K.: El Derecho Internacional y la Cuestión del Sáhara Occidental. Nueva York, IPJET, 2010, pág., 82.

[27] Boletín Oficial de las Cortes, n. 35, 30 de noviembre de 1977. Págs. 9 y 10 de noviembre de 1977.

[28] Diario de Sesiones del Congreso… núm. 32., pág. 67.

[29] Diario… núm. 32, 15 de marzo de 1978, pág. 43.

CARRO, A: «La descolonización del Sáhara», en Revista de Política Internacional, num.144, marzo-abril 1976, págs. 25 y 28.

[30] Libro Blanco, 20 años bastan. El referéndum en el Sahara Occidental. Madrid, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, 1995, págs 9-13.

[31] “PCE y PSOE pidieron solidaridad con los saharauis”, en El País, 11 de noviembre de 1977.

[32] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Exteriores, núm.12, 1978, pag 395.

[33] Sahara, pag. 51

[34] GONZÁLEZ CAMPOS, J.: «Los acuerdos nulos de Madrid», El País, Madrid, 18 de septiembre de 1977.

[35] Sahara…., pag. 51.

[36] MORÁN, F.: «La solución del Sáhara sin España, sería a costa suya, Madrid», Diario 16, Madrid, 18 de julio de 1979.

[38] VILLAR…, pág. 368.

[39] «En León, el Sáhara es “materia reservada”», El País, Madrid, 21 de mayo de 1976.
http://elpais.com/diario/1976/05/21/espana/201477617_850215.html

[40] Sahara 14..,   pág 16.

[41] HALL JAMIESON, K. y WALKMAN P.: The Press Effect, Politicians, Journalists, and the Stories That Shape the Political World. Oxford University, Nueva York, 2003, pág. 15.

[42] SÁNCHEZ NORIEGA, J. L. Crítica de la seducción mediática. Madrid, Editorial Tecnos, 1997, pág. 88.

[43] Boletín Oficial de las Cortes Generales. Senado. IX Legislatura, Serie I Boletín General, 16 de noviembre de 2010, N.544, pag. 5460.

www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/ds/CS0442.PDF

[44] «Trinidad Jiménez: «España no tiene responsabilidades en el Sáhara Occidental»», Efe, en 20 minutos, Madrid, 16 de noviembre de 2010.

http://www.20minutos.es/noticia/875537/0/trinidad-jimenez/sahara/responsabilidad/

[45] MACÍAS, C.S. «Jiménez: «España no tiene responsabilidad en el Sáhara», en La Razón, Madrid, 18 de noviembre de 2010. http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_342649/historico/6765-jimenez-esperara-a-que-se-aclaren-los-hechos-para-pedir-explicaciones-a-marruecos#.Ui3o_7x4Iy4

[46] RUBIO, A. «Desmemoria histórica», en La Razón, Madrid, 16 de noviembre de 2010 http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_342154/historico/2048-desmemoria-historica#.Ui3oXbx4Iy4

[47] Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Asuntos Exteriores, IX Legislatura, Núm. 100, 16 de noviembre de 2010, págs. 5445-5463.

[48] Diario de Sesiones del Senado, Comisión de Asuntos Exteriores, IX Legislatura, N.442, 24 de noviembre de 2010, págs. 6-23.

[49] «Jiménez cree que condenar a Marruecos «tendría consecuencias», en El Correo, 16 de noviembre de 2010. http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20101116/sociedad/critica-silencio-trinidad-jimenez-201011161426.html

[50] CERVILLA, P. «El Senado da la espalda a Trinidad Jiménez en su intento de defender a Marruecos», en ABC, Madrid, 25 de noviembre de 2010.
www.abc.es/20101124/espana/senado-espalda-trinidad-jimenez-201011241724.html

[51] MONTAÑÉS, E.: «Un mes de «resbalones» del Gobierno de la comunicación», en ABC, 20 de noviembre de 2010.

http://www.abc.es/20101119/espana/resbalones-comunicativos-201011180922.html

[52] IZQUIERDO, L. «La oposición asedia al Gobierno en el Senado por el Sáhara», La Vanguardia, 16 de noviembre de 2010. http://www.lavanguardia.com/politica/20101116/54072189363/la-oposicion-asedia-al-gobierno-en-el-senado-por-el-sahara.html

[53] Efe: «¿Tiene España alguna responsabilidad sobre el Sahara Occidental? »,, en Canarias7. 10 de noviembre de 2011
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=189659&p=5

[54] DE LAS HERAS, P. «El Jiménez alega que España no tiene «responsabilidad» en el Sáhara», en Las Provincias, 17 de noviembre de 2010.
http://www.lasprovincias.es/v/20101117/politica/jimenez-alega-espana-tiene-20101117.html

[55] ALFONSO R.: «El Sahara y Al Qaida», en ABC, 18 de noviembre de 2010. http://www.abc.es/20101118/internacional/sahara-qaida-20101118.html

[56] GOMIS: Teoría… pág. 96.

[57] Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, IX Legislatura, Serie I: Boletín General, 15 de noviembre de 2010, Núm. 544. pág. 5.

[58] Las Naciones Unidas y la descolonización Preguntas y respuestas, en web de la ONU:
http://www.un.org/es/decolonization/questions_answers.shtml

[59] El País. Libro de Estilo, decimosexta edición, Madrid, Ediciones El País, pag.22.

[60] SOLÁ MAÓ, M: «España sigue siendo la potencia administradora del Sáhara Occidental», Menorca.info (reproducido por SaharaLibre.es), 13 de agosto de 2009.

http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=2919

[61] ABC de las Naciones Unidas. Nueva York, Departamento de Información Pública de la ONU, 1998, Pag. 308

[62] Carta de las Naciones Unidas en Internet: http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm http://www.un.org/es/documents/charter/

[63] CEMBRERO, I.: «El Polisario lanza una ofensiva contra el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos», en El País, 23 de enero de 2009. http://internacional.elpais.com/internacional/2009/01/23/actualidad/1232665206_850215.html

[64] «Moratinos rectifica y explica que el Gobierno no reconoce la soberanía marroquí», en El País, 22 de diciembre de 2009.
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-22-12-2009/abc/Nacional/moratinos-rectifica-y-explica-que-el-gobierno-no-reconoce-la-soberania-marroqui_1132697568947.html

[65] GONZÁLEZ, M. y CEMBRERO, I: «Rabat pidió a España y Francia que admitieran su jurisdicción en el Sáhara», en El País, 19 de diciembre de 2009. http://elpais.com/diario/2009/12/19/espana/1261177202_850215.html

[66] POZAS, A.: «Aminatu Haidar: «España tiene responsabilidad para que se haga justicia en el Sáhara»», en Cadena Ser, 13 de marzo de 2013. http://www.cadenaser.com/espana/articulo/aminatu-haidar-espana-tiene-responsabilidad-haga-justicia-sahara/csrcsrpor/20130313csrcsrnac_21/Tes

[67] «Saramago no entiende por qué Haidar rechazó pasaporte español si tenía de Marruecos y «ella tampoco es marroquí»», en Europa Press, Arrecife, 1 de diciembre de 2009.
www.europapress.es/islas-canarias/noticia-saramago-no-entiende-haidar-rechazo- pasaporte-espanol-si-tenia-marruecos-ella-tampoco-marroqui-20091201161033.html

[68] «APDHE pide que España devuelva la nacionalidad a los saharauis y ceda a la ONU sus «responsabilidades» en el Sáhara», en Europa Press, 16 de julio de 2013.
http://www.europapress.es/epsocial/cooperacion-y-desarrollo-00331/noticia-sahara-apdhe-pide-espana-devuelva-nacionalidad-saharauis-ceda-onu-responsabilidades-sahara-20130716105016.html

[69] MARTÍNEZ LILLO, P., GIMENO MARTÍN, J.C., ARIAS CAREAGA, SY TANARRO ALONSO, C.: Memoria y tiempo presente del Sahara Occidental. Política, cooperación y cultura. Cuadernos Solidarios, N.8. Madrid, UAM Ediciones, 2012, Pag 596.

[70] GUTIÉRREZ, J.L.: «La persecución», en Leer, Madrid, S&C, N. 155 de septiembre de 2004.

[71] GUTIÉRREZ, J.L.: En defensa propia. Madrid, Leer Documento, 2004.

[72] GOMIS. Teoría…, pág. 83.

[73] REIG, R.: La comunicación en su contexto: una visión crítica desde el periodismo, Sevilla, Centro Andaluz del libro, 2002, pág. 163.

[74] MUÑOZ ORTEGA, M.: « El factor informativo en el conflicto del Sahara Occidental», Madrid, Latitud 194, enero de 2013.

http://latitud194.com/web/wp-content/uploads/2013/01/doc_sahara.pdf

[75] «VI Aniversario de SáharaLibre.es… Duelen mucho más `los nuestros»´, 23 de mayo de 2012.

http://www.saharalibre.es/modules.php?name=News&file=article&sid=5855

[76] CAMACHO, A: «El acuerdo que nunca existió», en Mundo Negro, febrero de 2004, págs. 34-44

[77]SANZ J.C.: «El Gobierno de Marruecos tacha de racista a la prensa española en la crisis del Sáhara», en El País, Casablanca, 14 de noviembre de 2010.
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/11/14/actualidad/1289689203_850215.html

[78] «EAST TIMOR: TNI used media strategy to disguise militia links», Australian Broadcasting Corporation reproducido por Back Door Newsletter on East Timor, 7 de julio de 2001. http://members.pcug.org.au/~wildwood/01juldirty.htm

[79] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 29ª oleada. Resultados de marzo-abril de 2012. Madrid, Real Instituto Elcano, abril de 2012.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie29

[80] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 15ª oleada. Resultados de junio de 2007. Madrid, Real Instituto Elcan, junio de 2007. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleada15

[81] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 23ª oleada. Resultados de febrero-marzo de 2010. Madrid, Real Instituto Elcano, marzo de 2012.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleada23

[82] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 25ª oleada. Resultados de noviembre de 2010. Madrid, Real Instituto Elcano, diciembre de 2010.

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleada25

[83] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 16ª oleada. Resultados de noviembre de 2007. Madrid, Real Instituto Elcano, diciembre de 2007.
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleada+16

[84] Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE). 32ª oleada. Resultados de febrero de 2013. Madrid, Real Instituto Elcano, febrero de 2013. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/barometro/oleadabrie32