Gervasio Sánchez
La desaparición forzosa de saharauis ha sido utilizada por Marruecos desde el principio de la ocupación de la ex colonia española del Sáhara Occidental. Desde 1975 hombres, mujeres, ancianos y niños han sido secuestrados por las fuerzas de seguridad marroquíes y detenidos en lugares desconocidos.
La Asociación de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) asegura que los detenidos “fueron torturados hasta la muerte, enterrados vivos o tirados desde helicópteros”. En la actualidad existen cerca de 400 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y la represión política llevada a cabo contra la población saharaui.
Hubo que esperar hasta junio de 2013 para encontrar los restos de los primeros desaparecidos. Un equipo de investigación y forense del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (Hegoa) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, acompañados por familiares y miembros de AFAPREDESA, descubrió dos fosas comunes en la zona de Fadret Leguiaa (región de Smara), en medio del desierto, a 400 kilómetros de los campamentos de refugiados de Tinduf.
Según el informe Saber al fin, escrito por el prestigioso forense Paco Etxeberria y el médico y psicólogo social Carlos Martín Beristain, las fosas fueron localizadas a una distancia de 30 metros una de otra en una zona minada, a un kilómetro de distancia del muro construido por los marroquíes a partir de 1982.
En ellas se encontraron los restos de ocho beduinos, dos de ellos niños, víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 12 de febrero de 1976 llevadas a cabo por soldados marroquíes.
Las evidencias científicas de la investigación forense confirmaban el relato de Aba Ali, testigo ocular de los asesinatos. “Los muertos presentaban heridas de bala típicas de ejecuciones extrajudiciales y en las fosas se encontraron restos de la munición empleada por el ejército marroquí en aquella época”, se dice en el informe.
Los forenses tomaron muestras para realizar la identificación genética y dejaron los restos en la fosa original. En noviembre de 2013 regresaron al lugar del enterramiento para acompañar a los familiares durante la inhumación. Treinta y ocho años después de las ejecuciones los restos fueron enterradosde forma individualizada y bajo el rito islámico, a unos metros de donde se encontraron las fosas comunes. Se conseguía cerrar una herida profunda en la memoria de los familiares.
Informe poco riguroso
AFAPREDESA ha presionado a los marroquíes para que entreguen información sobre el destino de los centenares de desaparecidos. En 1999 el Reino de Marruecos presentó un informe poco riguroso en un intento de dar respuesta a un número importante de casos de desaparecidos. En 43 casos, tal como se recoge en Saber al fin, se informó que las víctimas habían muerto durante la detención. Los marroquíes también informaron que la mayoría no eran desaparecidos reales sino que vivían en los campamentos de refugiados de Tinduf, Mauritania o España, o bien habían muerto debido a otras causas.
Más de una década después, en diciembre de 2010, el Consejo Consultivo de Derechos Humanos de Marruecos publicó en internet un informe con referencia a 207 casos de desaparecidos dándoles por muertos “debido a las condiciones del encarcelamiento”, “en medio de sufrimientos” o en “enfrentamientos militares”. Según AFAPREDESA, las informaciones proporcionadas fueron limitadas, fragmentadas e imprecisas. Cuatro de los exhumados por los forenses españoles aparecían como detenidos y fallecidos durante su cautiverio cuando habían sido ejecutados en el mismo lugar y día de la detención y enterrados en las dos fosas, tal como relata en Saber al fin. Tampoco se informó sobre el destino final de los cuerpos de las víctimas.
En ese mismo año el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada o Involuntaria le recordó al país magrebí que este tipo de delito estaba tipificado como crimen de lesa humanidad que no prescribe, y que el Estado marroquí estaba obligado a buscar los lugares de enterramiento de las víctimas, exhumar e identificar los restos, y le recomendó que trabajara con médicos forenses independientes.
Mohamed Buya Abeire, de 67 años, combatía con el Frente Polisario el 11 de junio de 1977 cuando fue hecho prisionero por los marroquíes. Antes tuve que ver como tres de sus compañeros “se convertían en una bola de fuego” al ser alcanzados por una bomba de fósforo lanzada desde un avión F5A mientras él sufría quemaduras en manos y pies. Recuerda que fue evacuado de la zona de combate en un helicóptero marroquí junto a varios soldados marroquíes muertos.
Pasó nueve meses encarcelado en condiciones extrema junto a otros cuatro compañeros saharauis, tres de los cuales murieron. Una amnistía decretada por el rey Hassan II en el aniversario de su coronación de 1978 “me benefició junto a otros 70 saharauis varones y cinco mujeres”.
Estuvo tres años trabajando en la clandestinidad en las zonas ocupadas por Marruecos hasta que en enero de 1981 fue detenido de nuevo. “Desde el primer minuto sufrí graves torturas. Me pegaban a menudo con un cable eléctrico en las plantas de los pies hasta que sangraba o me mantenían colgado desnudo y atado de brazos y pies”, recuerda con nitidez 35 años después. También recibió descargas eléctricas reiteradas en las zonas más sensibles como la nariz, los oídos, la barbilla y los tendones de las manos.
Fue llevado a la prisión secreta de Tazmamart donde pasó nueve años en condiciones deplorables. En los tres primeros años de cautiverio, 42 presos murieron por desnutrición o falta de atención médica,dos de ellos en la celda que compartía con otros 20 prisioneros.
En marzo de 1991 Amnistía Internacional lanzó una campaña internacional por la liberación de los prisioneros de Tazmamart. En junio de ese mismo año fueron liberados varios presos políticos saharauis como parte del acuerdo de alto el fuego patrocinado por la ONU, que debía entrar en vigor en septiembre.
Su liberación se produjo el 17 de julio de 1991. Su familia lo había dado por desaparecido y creía que nunca lo volvería a ver al no recibir ninguna noticia durante la década que duró su encarcelamiento.
“Entré fuerte y sano en la prisión y salí flaco y débil. Me es difícil comprender de dónde saqué la fuerza para sobrevivir a todo lo que me hicieron”, explica lagrimeando en Rabuni, la capital administrativa de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Aunque estaba feliz por volver a encontrarse con su familia, incluidos sus hijos pequeños a los que no reconoció, “me faltaba la libertad, la policía secreta me seguía a todas partes y me interrogaban cada vez que me veían hablar con una persona”.
Hasta que en julio de 1994 decidió abandonar la zona ocupada y dirigirse a los campos de refugiados en Argelia donde vive desde entonces. Sentía que era preferible ser libre bajo condiciones extremas de supervivencia que vivir más cómodo sin aspiraciones. Resumen su vida en un par de frases: “Fui combatiente y sufrí heridas, fui prisionero de guerra, fui preso político, fui declarado desaparecido y ahora soy activista de AFAPREDESA”.
En setiembre del año 2006 familiares de víctimas saharauis y asociaciones de defensa de los Derechos Humanos denunciaron 542 casos de desaparecidos y presentaron ante el Juzgado Central Decano de Instrucción de la Audiencia Nacional española una querella criminal contra 31 ex gobernantes y ex responsables militares marroquíes por presuntos delitos de genocidio, desapariciones, asesinatos, torturas, detenciones ilegales y lesiones practicadas por el Reino de Marruecos contra los saharauis desde octubre de 1975.
Durante la instrucción llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón se envió varias comisiones rogatorias a Marruecos para conocer el estado de las investigaciones sobre las denuncias, pero ninguna de ellas recibió respuesta. Familiares de víctimas de desaparición forzosa y testigos fueron llamados a declarar por el tribunal.
La legislación española introdujo restricciones en las causas abiertas en la Audiencia Nacional que afectaban a altos cargos de otros países tras un vergonzoso pacto entre el PP y PSOE sin que existiera ningún debate parlamentario.
Pero ello no impidió que el 15 de abril de 2014 el juez Pablo Ruz, que había sustituido al Baltasar Garzón en la instrucción de la querella, se negase a cerrar la causa porque afectaba a saharauis que tenían documentación española. Los fiscales también se opusieron al sobreseimiento.
El juez Ruz emitió un año después un auto procesando a once cargos y militares marroquíes y la refrendó con una orden internacional de búsqueda de siete de ellos y con una petición a Marruecos para que identificara a los otros cuatro. Entre los procesados se encontraban varios gobernadores, inspectores policías y altos cargos militares.
“Era un civil que fue detenido en la puerta de su casa por la tarde por miembros del ejército marroquí en una jornada en la que hubo otras 27 detenciones. Fue llevado a una fortaleza militar. 24 de los 28 detenidos fueron liberados dos años después de la detención y otro prisionero estuvo más tres años encarcelado. Tres arrestados, entre ellos mi padre, siguen desaparecidos. Unas mujeres declararon que lo vieron diez días después en el hospital de Agadir aunque no está confirmado. Marruecos reconoció en 2010 haber matado a 354 saharauis que estaban desaparecidos. Mi padre estaba en la lista pero nunca nos han dicho donde lo enterraron”, cuenta Mohamed.
“Pertenecía al Frente Polisario y quedó herido en un combate contra los marroquíes junto a otro compañero y fueron hechos prisioneros. Fueron trasladados al hospital de El Aaiún, en la zona ocupada, y alguien conocido lo vio allí por última vez. La última vez que lo vimos fue meses antes cuando se instruía en una academia militar y aprovechó unos días para visitarnos. De carácter fuerte le gustaba que todo estuviera en su sitio. Su nombre nunca ha aparecido en ninguna lista de muertos entregadas por Marruecos”, explica Elbatul.
“Mi hijo pequeño fue testigo del secuestro realizado por soldados marroquíes, que también mataron a 40 camellos y centenares de ovejas. Durante décadas no conseguimos saber qué había ocurrido con él hasta que en 2013 apareció en una fosa común excavada por la Sociedad Aranzadi en Fadret Leguiaa, a 400 km de los campamentos de refugiados de Tinduf. Fue reconocido por la ropa y por el ADN. Lamenté saber que lo habían matado. Era un niño que no tenía culpa de nada”, explica el anciano.
“Durante tres años acudimos semanalmente a la prisión con ropa y comida pero nadie nos aseguró que continuaba vivo. Nunca lo volvimos a ver. Un hombre trastornado que sobrevivió a las torturas nos contó que vio a mi hijo en los días posteriores a la detención. Un jefe tribal, que fue diputado en el parlamento de Marruecos, nos contó años después que un coronel marroquí le aseguró que todos los detenidos en la prisión de Smara fueron eliminados”, recuerda el anciano Mohamed Malainin, cuarenta años después de la desaparición de su hijo.
“Se desplazaban en un coche militar seis miembros del Frente Polisario cuando fueron detenidos por el ejército marroquí. Los otros cinco aparecieron en la lista de saharauis muertos entregada por Marruecos en 2010 y hoy son considerados como mártires. Nunca he recibido una pensión por su desaparición. En 1980 me volví a casar pero mi marido murió hace años. Un hijo que tuve con él fue herido en combate y murió en el quirófano cuando tenía 17 años”, dice Marian. “Tenía meses de vida cuando mi padre desapareció. He soportado tanto dolor gracias a mi mamá. La muerte de mi segundo padre fue aún más dura porque fue él quien me crió”, comenta Jeuda.